Prefectos (gobernadores) y dirigentes de comités cívicos de cinco regiones del país -Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba-, más los cívicos de Chuquisaca, enviaron dos ultimátums al gobierno del presidente Evo Morales. Uno, para que deje sin efecto, antes del 15 de noviembre, la redistribución del impuesto al gas; otro, para que la Asamblea […]
Prefectos (gobernadores) y dirigentes de comités cívicos de cinco regiones del país -Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba-, más los cívicos de Chuquisaca, enviaron dos ultimátums al gobierno del presidente Evo Morales. Uno, para que deje sin efecto, antes del 15 de noviembre, la redistribución del impuesto al gas; otro, para que la Asamblea Constituyente apruebe, a más tardar el 14 de diciembre, la autonomía departamental.
En una declaración emitida la noche del jueves, tras reunirse en la ciudad de Tarija, prefectos y cívicos advirtieron que tomarán medidas coordinadas de presión extrema y llamarán a la «desobediencia civil» si no quedan sin efecto las disposiciones que reducen las participaciones de las prefecturas en la recaudación del impuesto a los hidrocarburos (Idh), con el fin de que el gobierno nacional utilice esos fondos para pagar las pensiones vitalicias de las personas mayores de 60 años.
En el segundo ultimátum, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba señalaron que asumirán «el derecho democrático de autogobierno» si el órgano fundacional no incluye en la nueva Constitución el concepto de autonomía antes de que culmine sus trabajos, el 14 de diciembre.
Asimismo, autoridades y cívicos de los departamentos mencionados decidieron crear el Consejo Nacional Democrático, que tendría como objetivo la «defensa de la soberanía, la unidad, la estabilidad económica y la democracia» en el país, y designaron presidente del mismo al prefecto cruceño Rubén Costas.
Esas determinaciones, «ilegales e inconstitucionales, buscan que corra sangre en el país», consideró el vocero presidencial, Alex Contreras.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, del gobernante Movimiento al Socialismo, dijo que la mencionada reunión no fue para defender los recursos del Idh, «sino para conformar una mafia política que se encargará de implementar de facto las autonomías departamentales en caso de que la Constituyente no concluya su trabajo».
En otro orden, una turba de unos 500 jóvenes impidió con violencia extrema la reinstalación, esta mañana, de las sesiones del foro constitucional en la ciudad de Sucre, golpeando a siete asambleístas del departamento de La Paz y a cuatro periodistas.
Imágenes televisivas mostraron cómo los agresores se ensañaron con los constituyentes indígenas. Hubo insultos racistas contra los asambleístas y el presidente Evo Morales.
Los reportes consignaron que algunos estaban ebrios. Los jóvenes iniciaron anoche una guardia en torno al teatro Gran Mariscal para evitar el reinicio de la plenaria de la Constituyente, a solicitud del presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca y rector de la Universidad de Sucre, Jaime Barrón, debido a que en la convocatoria a la sesión no se incluyó la reincorporación del traslado de poderes de La Paz a Sucre.
Cinco organizaciones de indígenas, campesinos, colonizadores y mujeres anunciaron que a partir del martes próximo instalarán una guardia permanente en Sucre para garantizar que las sesiones de la Constituyente se efectúen de manera pacífica.