«Santos es el chivo expiatorio», «¿y los otros?», «se ensañan contra Santos», «Santos Ramírez nos ha traicionado», «Santos lo perjudica al Evo», «Santos Ramírez es el jefe de la mafia masista», «Se acabó el futuro político de Santos», «Hay que terminar con todos los corruptos: nuevos y viejos»…Esas son algunas de las manifestaciones de medios […]
«Santos es el chivo expiatorio», «¿y los otros?», «se ensañan contra Santos», «Santos Ramírez nos ha traicionado», «Santos lo perjudica al Evo», «Santos Ramírez es el jefe de la mafia masista», «Se acabó el futuro político de Santos», «Hay que terminar con todos los corruptos: nuevos y viejos»…Esas son algunas de las manifestaciones de medios de difusión y personas respecto del destino que, dicen, merece el ex Presidente de YPFB.
En esta columna semanal, el anterior sábado (7-II-09), dijimos: «A falta de paredón, cárcel para los corruptos». Entre los que manifestaron su acuerdo con este punto de vista, entre otros, se cuenta un docente de la UMSA quien sugiere que un referéndum decida que se instaure el fusilamiento en Bolivia. Le respondimos que dentro de la actual democracia, todavía limitada que rige en nuestro país, le espera la cárcel a S. Ramírez y a todos los implicados en el caso YPFB. Agregamos que el paredón de fusilamiento quizá sea posible como castigo contra los que dañan a nuestro país y, también a la economía atrasada y aún dependiente, como es la nuestra, y como resultado de un proceso aún más avanzado que el actual.
Un senador del MAS dijo que este partido «está herido de muerte» debido a los posibles actos de corrupción, aparentemente evidenciados en YPFB, hasta este momento.
El Vicepresidente de la República señaló que para combatir la corrupción los gobernantes se «amputaron» una mano y que no dudarán de hacerlo otra vez con similar propósito.
En el lenguaje utilizado por aquellos dos políticos (el primero es médico), afirmamos que lo urgente es practicar una cirugía mayor para extirpar la corrupción de nuestro país. Esa cirugía, de inmediato, debe ejecutarse en la empresa estatal de los hidrocarburos. Lo abarcado hasta este momento promete investigación, proceso y sanción. Y seguro que el pueblo está vigilante respecto de las medidas que se toman respecto de los involucrados en los actos de corrupción los que deben ser confirmados o desmentidos en el juicio que apenas empieza, con la investigación, imputación formal y detención preventiva de Ramírez.
Cirugía mayor para extirpar la corrupción del país quiere decir, además, continuar una campaña sistemática, todos los días, para acabar con la corrupción: exigir la ley anticorrupción para investigar las fortunas «truchas» (pero que se niega a sancionar la derecha en el Senado) tiene que ser parte de esa campaña. Ésta debe continuar con la investigación sobre el manejo de recursos económicos asignados a las alcaldías, varias de las cuales tienen a masistas como alcaldes y cuyo mandato de varios de ellos ha sido revocado ante la demanda de los pobladores afectados por el fraude. Se trata de conseguir que rindan cuentas, sin trampas, los diputados que recibieron dinero para ejecutar obras, por ejemplo, en El Alto. Están en esa línea las denuncias sobre el trámite de visas bolivianas para ciudadanos chinos, de lo que se responsabiliza a un ex parlamentario y ex constituyente del MAS, lo que se debe esclarecer y, si cabe, procesar y sancionar al probable responsable. Otro caso es el de los tractores, vendidos de manera indebida en Santa Cruz, de lo que se culpa a un ex ministro del actual gobierno, todo lo cual merece otra averiguación, entre otras cosas, para establecer quiénes deben responder por esa acción presumiblemente punible. La sindicación de contrabando a un ministro en funciones tiene que concluir, y si aquél es encontrado culpable de un delito de contrabando, por favor, que pague sus culpas, como decidan los tribunales competentes.
Otra vez decimos que el Presidente de la República, pidió en más de una oportunidad, que tengamos el coraje de denunciar actos de corrupción, por escrito, y con nombre y apellido.
La corrupción real y presunta, particularmente la del último tiempo, debe ser explicada de manera paciente y convincente. Hay necesidad de vencer el desaliento que aquella provoca, incluso entre quienes apoyan al gobierno. Necesitamos un discurso para esclarecer a los confundidos frente a lo que hacen corruptos y corruptores. Tenemos que afirmar, mucho más todavía, a los que son base de apoyo del gobierno. Y con los enemigos del proceso y del gobierno, es necesario que polemicemos, con la mayor solvencia posible, en tanto enemigos de los cambios.
La campaña anticorrupción que sugerimos supone emprender, junto a las señaladas, la ideologización de la gente que apoya al proceso: se trata de las ideas que demuestren que la corrupción es un subproducto del capitalismo (dependiente y atrasado) modo de producir y de vivir que, sin fraude, es imposible que consiga su desarrollo pero, a la vez, que en medio de los cambios de la formación social boliviana, también, es un riesgo que se corrompan dirigentes de aquellos cambios por lo que, respecto de ellos, es necesario redoblar la guardia.
Líderes de los cambios se corrompen porque no tienen la suficiente conciencia política o porque la derecha se empeña a fondo para conseguir que esos dirigentes se conviertan en actores de la corrupción en beneficio personal. Este último quizá sea otro mecanismo utilizado por la derecha como Caballo de Troya o como quinta columna, es decir, recursos para erosionar al proceso de cambios por dentro. No queremos decir con esto que Santos Ramírez ha sido inducido al delito. Ocurre o quizá ocurrió algo más grave: los enemigos de los cambios utilizan todas las artes y las malas artes posibles para combatir y derrotar al proceso boliviano para lo que operadores suyos ayudan a la implosión del nuevo orden el que, con enormes dificultades, se construye
La cirugía mayor para extirpar la corrupción tiene que complementarse con otra tarea gigantesca: medidas económicas que transformen la economía boliviana y que las debe tomar el gobierno, creemos, sin dilaciones innecesarias.
El Presidente de la República afirmó que con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) empieza a edificarse el socialismo comunitario. De inmediato quizá no suceda tanto. Sin embargo, nos animamos a proponer que se desmonte, materialmente, al DS 21060, al neoliberalismo. Algo se ha hecho de esa profiláctica labor, pero es insuficiente. Hablamos de hacer lo que el ahora Presidente interino de YPFB admitió que no se hizo: cambiar el modelo de acumulación. De lo que se trata, pues, es de dar los pasos reales, entre nosotros, para sustituir la forma de producir y repartir.
Hablamos de industrializar el gas, de producir litio metálico, de organizar empresas agropecuarias del Estado (allí donde haya tierras fiscales sin campesinos y sin indígenas que las posean colectivamente), sugerimos la utilización adecuada de las aguas de los ríos de Pando sin sacrificar la biodiversidad y con el menor impacto ecológico, así como de cultivar castaña allí. En el mismo cauce hablamos de conseguir que las empresas chilenas nos paguen por las aguas del Silala (porque son manantiales y no río internacional). En fin, se trata de acabar con la racha que nos mantiene como exportadores de materias primas, de recursos naturales sin valor agregado, esto es, exportadores de gas con el que regalamos líquidos a Petrobrás (en la que los capitales privados son el 60 por ciento), proveedores de zinc y junto con el cual obsequiamos indio, permisivos frente al saqueo de la ulexcita (con la que se produce boro) con lo que se benefician empresarios de Chile, otra vez gratis.
Lo decimos de otra manera: tenemos una nueva CPE que representa la más destacada reforma jurídica y política de este tiempo, con la que debemos rescatar efectivamente nuestros recursos naturales, a los que debemos añadir un nuevo valor, reiteramos. Es que la peculiaridad principal de esa reforma se explica así: lo frecuente es que una Constitución se apruebe después de los cambios en la economía, en la sociedad y en la cultura. Queremos decir que, en un proceso distinto al que vivimos en Bolivia, primero se hubieran recuperado los recursos naturales y, después, se hubiera aprobado una CPE. Sin embargo, esperamos que aquella reforma resuelva las contradicciones que afectan a los pueblos indígenas y siquiera algunas contradicciones clasistas. Pero para ello hay necesidad de una fuerza social y política organizada, unida y con capacidad política para que la nueva CPE sea un «libro abierto» en el que se lean los cambios a realizar. (Estos dos criterios difunde Borón en una nota suya sobre el referendo del 25 de enero).
La nueva Bolivia o el Estado plurinacional serán imposibles si no se materializan, realmente, los cambios en la economía. La economía neoliberal (capitalista, dependiente y atrasada), que todavía predomina, traba la articulación de aquel Estado definido en la nueva CPE.
Evo Morales, sobre todo en sus discursos difundidos fuera del país ha dicho que el capitalismo es el culpable principal de las desgarraduras que padece la humanidad. Al promulgar la nueva CPE el Presidente identificó al imperialismo como a nuestro enemigo principal, este criterio lo compartimos plenamente. Falta, ahora, enfrentar al imperialismo con medidas que transformen la economía boliviana. Por todo ello, reafirmamos el título de esta nota: es urgente una cirugía mayor para acabar con la corrupción que provoca sobresaltos a la transición y medidas económicas que transformen Bolivia. Sólo así será posible vencer las dificultades que amenazan los cambios, sólo así se darán pasos de gigante para defender y consolidar al gobierno democrático y popular.