Distintas fuentes de información coinciden en el aumento de la violencia contra las mujeres en México: en los primeros ocho meses de 2019, cada mes 310 mujeres fueron asesinadas. Bajo este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 40/2019 «Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a […]
Distintas fuentes de información coinciden en el aumento de la violencia contra las mujeres en México: en los primeros ocho meses de 2019, cada mes 310 mujeres fueron asesinadas. Bajo este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 40/2019 «Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida violencia en México».
En la Recomendación publicada este 6 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNDH se dirige a la Secretaría de Gobernación (Segob), el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República; así como las Secretarías de Seguridad Pública, Salud, organismos legislativos y Ejecutivos de las 32 entidades federativas. A quienes propone una serie de acciones con la finalidad de «contribuir en la garantía de los derechos a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia» de las mexicanas.
La CDNH analiza seis aspectos que deben abordarse con política pública en Derechos Humanos y perspectiva de género: 1) violencia feminicida, 2) violencia feminicida contra niñas y adolescentes, 3) la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), 4) presupuestos públicos para la atención a la violencia, 5) refugios para mujeres víctimas de violencia, y 6) acceso a la justicia para las mujeres.
Para esta Recomendación la Comisión Nacional parte de un contexto de violencia en aumento que es exhibido por distintas fuentes de información, a pesar de que se carece de un mecanismo para registrar de manera homogénea los casos de feminicidio en el país; en los primeros ocho meses de 2019, mensualmente 310 mujeres fueron asesinadas, es decir, 10 al día.
La CNDH obtuvo este promedio de la documentación de enero al mes de agosto de 2019 que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 638 presuntos delitos de feminicidio, sumando mil 843 registros de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.
A la par, el organismo nacional de Derechos Humanos, observó con especial preocupación la violencia feminicida de las que son víctimas -directas e indirectas- niñas y adolescentes. Según el «Diagnóstico de acceso a la justicia y violencia feminicida» que hizo la propia institución, de las víctimas de homicidios dolosos en 2016 en México, un 11 por ciento fueron niñas y adolescentes. Lo que se traduce a por lo menos un caso de una menor de edad por cada 10 homicidios dolosos.
A pesar del aumento de las cifras de casos de feminicidio en los últimos años, su investigación no es una prioridad para algunas entidades, indica el organismo. «La eficaz investigación de las muertes violentas de mujeres implicaría trabajos de profesionalización a través de la creación de protocolos, con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos».
A su vez tampoco han logrado ser efectivos mecanismos como la Alerta de Violencia de Género (AVG), único en el mundo y a través del cual las autoridades públicas buscan atender de forma emergente la violencia feminicida en localidades específicas, pero la CNDH recalca que no se observan cambios sustanciales en el contexto de entidades que cuentan con una declaratoria de AVG. Especialmente en estados que llevan cuatro años con la Alerta (Estado de México, Morelos) o en aquellas entidades que cuentan con dos Alertas declaradas (Estado de México y Veracruz).
Al 15 de octubre de 2019, en el país se han solicitado 34 procedimientos de AVG en 28 estados de la República, de los cuales, 20 han resultado en declaratorias de Alerta de Género; en 10 entidades no fue declarada; y cuatro entidades se encuentran en alguna fase del procedimiento.
De la misma forma la Comisión hace hincapié en que los servicios y acompañamiento que ofrecen los refugios a mujeres víctimas de violencia extrema resultan fundamentales para salvaguardar su vida. «La operación de los refugios deben ser prioridad de política pública», sentencia el organismo, luego que este año corrieron el riesgo de dejar funcionar por la decisión presidencial de cesar el apoyo económico a organizaciones de la sociedad civil, que son las principales operadoras de estos espacios.
La CNDH recuerda a su vez la obligación que tienen el Estado de enfocar recursos financieros para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Celebra que, en el ámbito del presupuesto federal, concretamente en el Anexo 13 «Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres», los montos asignados se han incrementado anualmente: en 2017 dicho presupuesto se incrementó a 27 mil 424 millones de pesos (mdp), en 2018 fueron 28 mil 000 mdp y en el presupuesto de este año (2019) el Anexo contó con una asignación de 63 mil 209 mdp.
Recomendaciones
En este sentido, entre las recomendaciones, la Comisión Nacional plantea a la Segob elaborar el «Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres», tomando en cuenta los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y recomendaciones de emitidas por el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).
A la vez, recomienda reforzar todos los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres; y en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, fortalecer los esfuerzos que éstas realizan en las tareas de prevención y atención a la violencia feminicida.
Al Congreso de la Unión la CNDH llamó a hacer reformas pertinentes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en varios rubros: para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia; para incluir coordinación interinstitucional, presupuestos públicos, y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM); así como definir procesos del mecanismo de AVG.
A los Ejecutivos locales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se les pide profesionalizar un servicio civil de carrera especializado en género y violencia de género. Mejorar las condiciones laborales del personal especializado encargado en la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres para asegurar condiciones dignas y todos los derechos laborales, así como asegurar los recursos presupuestales para este rubro, la capacitación y evaluación permanente.
Además de generar mecanismos de protección, atención y reparación a las víctimas indirectas del feminicidio, especialmente a la niñez en orfandad.
A los Congresos locales se les pide asignar recursos a las dependencias de la administración pública encargadas de atender la violencia contra las mujeres; por su parte a la Secretaría de Salud federal y locales, se exige cumplir con la Norma Oficial Mexicana 046, para identificar a las usuarias afectadas por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo para prevenir un feminicidio.
En tanto, a la Secretaría de Seguridad se le pide contar con un «Protocolo homologado de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y feminicidio» y la Fiscalía General de la República un «Protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio con perspectiva de género y de Derechos Humanos».
Esta recomendación fue aprobada por el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional en su sesión ordinaria el 14 de octubre de 2019.