Movimientos sociales que apoyan al software libre, el hardware libre, el conocimiento libre y la cultura libre están suscribiendo el siguiente comunicado, luego de que el diputado Leomagno Flores, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, aparentemente en coordinación con Microsoft, iniciara una campaña contra la inclusión del software libre […]
Movimientos sociales que apoyan al software libre, el hardware libre, el conocimiento libre y la cultura libre están suscribiendo el siguiente comunicado, luego de que el diputado Leomagno Flores, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, aparentemente en coordinación con Microsoft, iniciara una campaña contra la inclusión del software libre en la Ley de Infogobierno, cuyos 5 artículos aprobados en 2006 fueron anulados (se les «levantó la sesión») el pasado 22 de enero a solicitud del diputado del PSUV Geovanni Peña, lo que permite reiniciar la discusión de la Ley desde cero.
A continuación, el comunicado.
Leomagno Flores, diputado de AD
RECHAZO A LA INJERENCIA DE LA EMPRESA MICROSOFT, A TRAVÉS DEL DIPUTADO LEOMAGNO FLORES DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE INFOGOBIERNO
Desde el año 2004, partidarios de la comunidad de software libre comienzan a discutir y formular un proyecto de Ley para introducirlo en la Asamblea Nacional. Este proyecto sufrió modificaciones y, en el año 2006, la Asamblea Nacional comenzó a discutirlo con el nombre de «Ley de Infogobierno», que tiene como propósito reglamentar el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar la forma de trabajo del Estado. Que los innumerables computadores y equipos informáticos de nuestros entes públicos sirvan para reducir la burocracia al mínimo necesario y lograr que las comunidades organizadas se adueñen del poder. Que las millones de personas que trabajan para el Estado puedan ser más eficientes resolviendo los problemas de nuestro pueblo.
En aquel momento, el debate se centró en la obligatoriedad del uso de Software Libre en la plataforma tecnológica del Estado, algo que ya había sido ordenado por el Presidente Chávez en 2004 a través del Decreto 3.390 para el Poder Ejecutivo Nacional, pero que ahora debía ampliarse a todos los poderes públicos.
Al utilizarse software libre, el Estado posee el código fuente (los «planos») del software, que le permiten examinar cómo funciona dicho software, nos da la posibilidad de modificarlo y compartirlo con terceros, lo que es fundamental para entender cómo funciona el software que usamos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país y poder usarlo en numerosos entes públicos o compartirlo con nuestra población, sin el pago de licencias adicionales.
El software privativo, por el contrario, le niega a sus compradores estas posibilidades. Quien adquiera software privativo (bien sea un producto para un sólo computador, como Microsoft Windows, o un gran sistema de gestión empresarial que se usa en cientos de computadores, como SAP) no puede ver el código fuente de las aplicaciones, porque la empresa ha decidido cerrar y privatizar el conocimiento dentro del mismo, y ha decidido prohibir cualquier técnica para que sus usuarios puedan conocer cómo funciona, puedan modificarlo o adaptarlo a sus necesidades. Esta es una forma de esclavizar a los pueblos del mundo, pues el comprador de software privativo, ante cualquier requerimiento o necesidad de adaptar el software, debe pagar montos adicionales a las empresas para que éstas sean las que ejecuten las adaptaciones. Además, el software privativo puede ocultar código que permita espiar o sabotear las computadoras donde está instalado, y debido a que no se puede examinar el código fuente, no es posible detectar estas amenazas.
Creemos que la decisión impulsada por el Presidente Chávez de usar software libre en el Estado es una medida absolutamente acertada, y nos permite asegurarnos de que las y los venezolanos somos capaces de manejar, reparar y mejorar la tecnología que adquirimos, dejando de ser meros compradores de tecnologías para participar en su desarrollo.
Sin embargo, las grandes transnacionales del software encabezadas por Microsoft, así como las cámaras de empresarios locales, movieron sus engranajes y sus aparatos de lobby en el año 2006, iniciando una oscura campaña mediática contra el software libre, acusándolo de ser una»marca» manejada por personas supuestamente interesadas en quedarse con «negocios» del Estado, e incluso seduciendo a algunos diputados de la revolución con su mensaje [4]. Finalmente, la fuerte protesta de la comunidad de software libre causó que la discusión de aquel proyecto de ley, que había eliminado al software libre de sus líneas, fuera suspendida.
Proyecto Canaima Educativo. Foto: AVN
Es entendible por qué Microsoft estaba tan molesta. Para ellos, el proyecto «Canaima Educativo» (las Canaimitas) no es un proyecto de inclusión social; es un negocio. No ven a 2,3 millones de niños y niñas -la gran mayoría de sectores populares- felices porque tienen un nuevo instrumento para su educación, cultura e inclusión.
No ven a miles de personas con discapacidad que se sienten útiles al poder tener acceso a la informática e Internet. Lo que ven es un potencial negocio para vender 2,3 millones de licencias de Windows, sin incluir las licencias del software educativo y los contratos de soporte y asesoría.
El software libre ha traído un gran ahorro para el país, al permitir que sistemas desarrollados para una institución pública puedan compartirse con muchas otras, como ocurre con los sistemas de facturación y almacén en los diferentes entes del Ministerio de Alimentación y de Comercio, y en empresas de producción social como Industrias Diana. Ha creado muchos puestos de trabajo y ha ahorrado al Estado una cantidad de dinero aún no cuantificada en materia de licencias, estimable en varios cientos de millones de bolívares al año.
Ley de Infogobierno, de nuevo a la palestra
Con el paso del tiempo otros funcionarios públicos, como la entonces ministra Socorro Hernández, intentaron reactivar la discusión sobre la Ley de Infogobierno sin mucho éxito. No fue sino hasta hace unos meses que dicha ley volvió a mencionarse en los medios de comunicación, de la mano del diputado del PSUV Geovanni Peña, interesado en reactivar su discusión.
Y nuevamente, las grandes empresas transnacionales del software (aquellas que convencen a los gobiernos de cambiar sus legislaciones para adaptarlas a sus intereses, usando tratados de libre comercio y acuerdos como el derrotado ALCA o el actual ACTA [5]) vuelven al ataque.
En esta ocasión, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputado Leomagno Flores -miembro del partido Acción Democrática por el estado Táchira- ha sido quien inició los ataques contra las tecnologías libres al asegurar, en el debate del parlamento el pasado 22 de enero, lo siguiente en torno al proyecto de ley de Infogobierno:
«De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de ‘abrir los caminos al software libre’. Uno cree que software libre pudiera ser mucho software que la gente pudiera, a su libre albeldrío, tomar uno, y no. Software Libre es simplemente la dictadura de un sistema informático, violando el principio básico de la neutralidad tecnológica, y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones». [1]
Dichas declaraciones son absurdas. Todo producto de software privativo viene acompañado de una licencia de usuario, texto que el abogado Flores debe conocer bien dada su profesión, y que indican los derechos y responsabilidades que tiene el usuario del software. En el caso de las licencias de Microsoft Windows [7] se indica claramente que «el presente contrato le otorga solamente algunos derechos de uso de las características incluidas en la versión del software licenciado. Microsoft se reserva todos los demás derechos» y se pasa a explicar que está prohibido «utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software» (algo usual en estudiantes de computación e ingeniería), «hacer público el software para que otros lo copien», «Hacer copias» (más allá de una copia de seguridad) o «alquilar, arrendar o prestar el software». Derechos tan elementales como conocer el funcionamiento del software o compartirlo con terceros (que están totalmente garantizados con el software libre) son expresamente prohibidos por la licencia de Windows, pero según el diputado Flores el dictador no es Microsoft, sino su contraparte: el Software Libre.
Leomagno Flores y Microsoft
Una sencilla búsqueda en Google nos probó que estos ataques no son inocentes y que alguien había preparado con anterioridad a este abogado y ex gobernador tachirense. El pasado 30 de mayo de 2012, Flores asistió junto a los diputados Richard Blanco y Walter Márquez al foro de «Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe» en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos [2], foro que Microsoft realiza todos los años desde 1998 con el fin de «convencer» a políticos y diplomáticos latinoamericanos de la importancia de salvaguardar sus intereses.
El presidente de Microsoft para América Latina, Hernan Rincón, la ex Secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno estuvieron entre los participantes junto a invitados de Brasil, Argentina y otras nacionales suramericanas (resaltan funcionarios del empresario Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de Buenos Aires), e incluso los Presidentes de Colombia y Chile, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, participaron a través de video-conferencias [3].
Hernán Rincón, presidente de Microsoft Latinoamérica, en videoconferencia con Juan Manuel Santos en el evento «Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe» en el que también asistió Flores.
Sebastián Piñera participando en la videoconferencia del foro «Lideres Gubernamentales de América Latina y el Caribe» en el que también participó Leomagno Flores (Foto: Presidencia de Chile)
Indica la noticia que Leomagno Flores participó en el foro tratando el tema del «proyecto de Ley del Infogobierno, que vienen adelantado desde el seno de la comisión que dirige» [2]. No es casual que el diputado Flores, miembro de un partido tradicionalmente asociado en Venezuela con la corrupción; partido que apoyó la intervención extranjera en el año 2002 que se materializó en el golpe de Estado de abril y el paro petrolero de diciembre; partido que se ha opuesto de forma vehemente a las políticas sociales del gobierno del Presidente Hugo Chávez -incluyendo el uso del software libre por razones de soberanía, independencia y desarrollo-, ahora acuda a los Estados Unidos a consultar con la transnacional Microsoft un proyecto de Ley que debe responder única y exclusivamente a las necesidades de nuestro pueblo y no a las de empresas transnacionales.
Nos unimos a los mensajes emitidos por el Presidente Chávez, quien batalla por su recuperación en La Habana, Cuba, y quien, a través de su vicepresidente Nicolás Maduro, instó este 26 de enero a «seguir enfrentando la mentira de la derecha internacional con la verdad permanente» y a «no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y ante el odio de los enemigos de la Patria, que andan buscando por dónde le hacen a la revolución». Esta campaña contra las tecnologías libres en el Estado venezolano, iniciada por Microsoft a través del diputado Flores, es una arremetida contra el derecho de nuestro pueblo a determinar cuales son las tecnologías que más le convienen y más necesita.
El software libre es una reacción de los movimientos tecnológicos y sociales de todo el mundo ante la privatización del conocimiento y la cultura. Es una lucha que el imperialismo no se toma en juego: le costó la vida a Aaron Swartz, gran luchador por el software libre y la libertad de conocimiento, que estaba amenazado de enfrentar 50 años de cárcel por haber publicado 4 millones de artículos científicos de las universidades del mundo, conocimiento que las naciones del Norte se empeñan en privatizar mientras que los pueblos del sur luchamos por compartir. [6]
Microsoft entregó memos internos de PDVSA a la embajada estadounidense en Caracas solicitando su intervención contra la Ley de Infogobierno.
Cables del Departamento de Estadonorteamericano liberados por Wikileaks [5] muestran cómo las embajadas estadounidenses en diferentes países del mundo -incluido el nuestro- han trabajado con Microsoft de forma injerencista, para tratar de alterar las legislaciones en países como Brasil, Vietnam, Italia, Francia, México, Bulgaria, El Salvador, Japón, España, Honduras, China, Nigeria, Suecia y muchas otras naciones, en muchos casos con éxito.
Instamos a nuestros diputados y diputadas a continuar documentándose sobre la materia, comprender la urgencia de la discusión de esta ley y no permitir que lobbystas enviados por empresas nacionales y transnacionales les convenzan sin escuchar a su contraparte: la comunidad de tecnologías libres que lucha por la construcción de un nuevo socialismo.
Estamos completamente a sus órdenes para colaborar con la redacción de esta ley y defenderla, como complemento necesario de la Ley de Interoperabilidad -otro recurso legal que se apoyará en las tecnologías libres para acabar con el burocratismo- ante los ataques de quienes nunca han tenido ningún interés en el desarrollo de nuestro país, ni en acabar con la pobreza ni la desigualdad social a pesar de que ostentaron el poder por más de 40 años.
Atentamente,
COMITÉ DE VOCEROS Y VOCERAS DE LA COMUNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES
COLECTIVO «CONOCIMIENTO LIBRE PARA EL SOCIALISMO» (COLIBRIS)
COLECTIVO TELETRIUNFADOR
COLECTIVO BLENDERCHEVERE ASOCIACIÓN «SOFTWARE LIBRE DE VENEZUELA» (SOLVE) COLECTIVO PINGÜINO-VE (Si deseas añadir tu colectivo, sólo escríbenos a Lbracci @ gmail . com)
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