Comida y vivienda en el centro de los reclamos sociales

Las organizaciones afirman que la “pobreza alcanza al millón de personas y la indigencia a centenares de miles que se concentra en el sur de la ciudad con índices cercanos a los nacionales como resultado del ajuste que se descarga sobre los trabajadores para pagarle al FMI”.

“La falta de trabajo, el aumento de precios en los alimentos, con una canasta básica que supera los $300.000, arroja a cada vez más familias trabajadoras a una situación desesperada. El trueque de alimentos por otros productos de primera necesidad es cada vez más común en las ferias o grupos de wasap. Las listas de espera en los comedores populares de las villas y barrios no paran de crecer. El relevamiento de 18.000 personas que esperan un plato de comida es apenas un recorte de una realidad dramática que Larreta y el recién asumido Gabriel Mraida se niegan a atender. Ante esta situación las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero llevaremos adelante un plan de lucha que se inicia con una jornada de ollas populares en todas las villas y barrios para reclamar el derecho a la alimentación de nuestros pibes, jubilados y de todas las familias”, expresaron.

En este marco los principales reclamos son asistencia alimentaria a todos los comedores populares y la creación de trabajo genuino

Los cortes fueron en:

* Corte central Avenida Piedrabuena y Eva Perón (Oculta / Santander / Villa 15 / Villa 15 2 / Bermejo / manzana 28)

* Av. Cruz y Escalada (villa 20 / villa 20 2 / villa 20 3)

* Av. Eva Perón y Escalada (Cildáñez / Parque avellaneda / Liniers)

* Av. Cruz y Perito Moreno (M. Ferreyra / Guerrero / Manzana 7 / Rivadavia 1 / Rivadavia 2 / Riestra / Manzana 19)

* Av. Cruz y Mariano Acosta (Fátima 1 / Fátima 2 / Piletones 1 / Piletones 2 / Carrillo / Monoblock)

* Av. Vélez Sarsfield e Iriarte (Zavaleta 2124 / Pavimento Alegre / San Blas / Crovara)

* Av. Caseros y La Rioja (Pompeya 1 / Pompeya 2 / Parque Patricios / La Boca / Once / Balvanera / Abasto / Constitución)

* Ministerio de Educación Villa 31 (Villa 31 / Villa 31 2 / Villa 31 3 / Rodrigo Bueno)

* Punta Arenas y San Martin (Carbonilla / Playón / Jonte)

Gobierno de la CABA busca multar con $ 100.000 a cartoneros y recicladores

El oficialismo porteño busca modificar el Código de Faltas con una serie de medidas persecutorias contra cartoneros y recicladores. Las cooperativas del sector denuncian su carácter discriminatorio: “los pobres y los desamparados no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir y una multa no va a cambiar la realidad”.

La iniciativa es impulsada por el jefe de Gobierno electo y su vicejefa, Jorge Macri y Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. El proyecto prevé “actualizar” sanciones y faltas referidas al área, además de una nueva “causa” a castigar: una sanción para quien “manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública”.

La multa que se deberá pagar es de 100 a 700 unidades fijas, además de la obligación de realizar trabajos comunitarios y cursos. De esta manera, las multas oscilarían entre los 14.666 y los 102.662 pesos, dado a que cada unidad fija tiene un valor de 146,66 pesos.

El texto también plantea que “cuando el/la autor/a de la infracción sea cometida por una persona jurídica, será sancionada con una multa de 700 a 8.000 unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”. Por lo que en este caso las sanciones variarán entre los 102.662 y 1.173.280 pesos.

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) aseguraron: “Dicho proyecto tiene varios artículos que plantean aspectos regresivos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Para nuestro mayor espanto, el proyecto original planteaba también multar por hasta 100.000 pesos a aquellas personas que revisen los contenedores de disposición de los residuos en la CABA”.

“Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales. Por eso exigimos que se dé marcha atrás con el proyecto, que cese la persecución y el secuestro de bolsones y carros por parte de fiscalización que hay en toda la Ciudad (sobre todo en la zona de micro y macrocentro) y que el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al Poder Ejecutivo”.

Por su parte, la diputada del MST en el FITU, Vanesa Gagliardi, señaló que “de manera exprés, la UCR puso en tratamiento un proyecto que envió Larreta y que, con la excusa de que se ensucia o daña el espacio público, pretende multar con cifras millonarias a las organizaciones políticas y sociales que se movilizan (…). No nos extraña que Unión por la Patria no haya dicho nada al respecto en la reunión de comisión y avale esta política en contra de los que luchan, porque quienes se movilizan en defensa de sus derechos, también enfrentan al gobierno nacional”.

En el mismo sentido, Celeste Fierro, legisladora electa del MST en el FIT Unidad, señaló: “(Jorge) Macri no asumió y ya comienza a delinear el carácter represivo de su gobierno. El radicalismo de Lousteau, que lo enfrentó en la interna, hoy hace el trabajo sucio. Milei y Marra salieron terceros, pero el PRO y la UCR se apropiaron de su agenda y muestran la sintonía que tendrán en el próximo gobierno (…). Además de no resolver ninguno de los problemas de los trabajadores, ahora avanzan en su persecución. No se conforman con las denuncias civiles y penales que ya hacen a las organizaciones que enfrentan las políticas de este gobierno, hoy buscan amedrentarlas con multas. Por eso vamos a movilizarnos a la Legislatura para enfrentar este nuevo avance represivo”.

La obra social de los cartoneros, al borde de la quiebra

Por Violeta Pastoriza

Hace 10 años, cartoneros y cartoneras fundaron su propia mutual de salud. Aunque eran monotributistas y realizaban aportes, no lograban acceder a la cobertura de ninguna obra social. Hoy, la Mutual Senderos brinda sus servicios a 38.000 trabajadoras y trabajadores de distintas ramas de la Economía popular y sus familias.

La Mutual Senderos -obra social de las y los cartoneros- nace y logra su encuadre jurídico a partir de un acuerdo con la Obra Social de la Asociación Mutual de los Obreros Católicos (OSAMOC), con quienes se habían conocido a través del entonces cardenal Jorge Bergoglio, y compartían una misma mirada social y humana en el trabajo por los excluidos.

¿Por qué está al borde de la quiebra? Porque brinda un servicio eficiente en un esquema que no lo es: las obras sociales a monotributistas. Además, con los altos niveles de inflación, lo que ya era difícil se está volviendo imposible. Mientras se da un incremento exponencial de los costos de medicamentos, insumos y prestaciones médicas, el ingreso por afiliado está totalmente desfasado y resulta insuficiente. La mutual se sostiene con el aporte del Monotributo Social. Por cada afiliado/a ingresan $2.700 por mes, mientras que un día de internación, por poner sólo un ejemplo, le cuesta $65.422. Lo recaudado por aportes ronda un 33% del costo promedio estimado de cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO). La mutual tiene las mismas obligaciones de cobertura que cualquier obra social: operaciones, partos, tratamientos complejos, medicación ambulatoria y de alto costo, se realizan con cobertura al 100% a través de una cartilla de clínicas privadas para el segundo y tercer nivel de atención. 

Para entender cómo es esto posible hay que saber que se trata de una institución sin fines de lucro, es una experiencia de organización comunitaria con un objetivo político y social, no de mercado. Sin esa base, pobreza y salud, son variables que no se cruzan. Mientras que las prepagas se pelean por quedarse con las personas más jóvenes y sanas con trabajo registrado, la mutual recibe a la población con más problemas y menos ingresos, las sale a buscar y alienta que se atiendan. Lo hace con un modelo propio de atención primaria de la salud que pone el foco en la prevención y la promoción, con acciones en los espacios de trabajo, en los barrios populares, impulsadas por profesionales de perfil comunitario. Y adaptando todos los mecanismos burocráticos que en cualquier obra social buscan dilatar la atención, a esquemas accesibles y posibles para sus afiliados. Afiliados que en su mayoría no tienen computadora ni internet en sus casas, viven en zonas alejadas sin vehículos, no están bancarizados, y muchas veces tampoco están alfabetizados, por lo que cualquier trámite, si no tiene un acompañamiento, resulta una barrera difícil de pasar. 

La exclusión y la mala salud van de la mano. Natalia Zaracho, actual diputada nacional, ha contado en el Congreso el día que se enteró que su hijo tenía plomo en sangre y cómo eso la marcó en su vida política. No tenía mala suerte, sus desgracias eran colectivas y tenían responsables. La historia de Natalia y su hijo es la de muchas familias, que por el solo hecho de ser pobres, sufren problemas de salud desde muy temprana edad. La inseguridad de la vida trae muchas enfermedades que se repiten en las poblaciones excluidas sin que haya un abordaje específico desde el Estado. La falta de acceso a servicios, como agua potable o cloacas, son la base de muchas enfermedades evitables. El trabajo sin derechos, arrastrando un carro, recostando la espalda durante horas sobre una máquina de coser, trabajando la tierra a mano alzada o cocinando para cientos de personas en cocinas improvisadas, a veces con fuego a leña, requieren de un enorme esfuerzo físico. La mutual construye salud ahí, en la extrema pobreza, con muy pocos recursos y un abordaje integral. 

Algunos pensarán que no es necesaria una mutual, porque ya existe un sistema público de salud, hay salitas y hospitales de atención gratuita. Más allá de que el esquema está colapsado, es una discusión profunda, anclada en la historia de nuestro país, sus sindicatos, incluso el peronismo, de reivindicar y construir organización a partir del trabajo. Las obras sociales son una conquista del movimiento obrero que, con aciertos y errores, todos reconocen como un beneficio. ¿Por qué los cartoneros no merecen tener su obra social? Más aún si lograron levantarla con esfuerzo durante 10 años. En este punto es donde la existencia de la mutual va más allá del acceso a la salud, porque es un ejemplo de todo lo que falta: las vacaciones, el aguinaldo, la licencia por maternidad, y podemos seguir con todo aquello que nuestro país le dio a los más humildes del siglo pasado, pero aún le debe a los cabecitas del SXXI.

Estamos atravesando momentos críticos, muchas conquistas y derechos se ven amenazados. Sin embargo, ha habido excepciones y medidas extraordinarias para diferentes sectores. El gobierno ha autorizado aumentos sustanciales para prepagas a lo largo del año, reconociendo así que los costos son más elevados. Sin embargo, el aporte del Monotributo Social no se actualiza desde enero. Ni tampoco se han buscado otras alternativas que hagan posible la subsistencia de un proyecto de salud que dé cobertura efectiva a esta población. La Mutual Senderos se encuentra en estado de alerta, exigiendo al estado un aumento en los ingresos que le permitan seguir existiendo. Sostienen que, si esta situación no se revierte pronto, irán a la quiebra, y decenas de miles de familia quedarán sin cobertura. La UTEP tiene hoy medio millón de afiliados y afiliadas. Deberíamos estar discutiendo cómo ampliar esta experiencia para que llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras de la Economía popular, en lugar de tener que reclamar para que siga existiendo. 

Que los derechos sean una realidad y no meros enunciados que no se cumplen, dependen de que el Estado fortalezca experiencias como esta. El domingo nos enfrentamos a un proyecto que busca reducir el estado al mínimo, sabemos que, si “la libertad avanza”, los derechos de las familias más humildes retrocederán. Pero tenemos que entender para vencer esos discursos, no basta con decir que son malos, hay que demostrar que el estado puede garantizar salud y educación de calidad, ser eficiente y dar respuesta ahí donde más le cuesta llegar. La experiencia de la mutual muestra que eso es posible cuando hay comunidad organizada.

El Gobierno suspendió a 1.100 beneficiarios del Potenciar Trabajo

La medida fue tomada por los ministerios de Economía y de Desarrollo Social. Según la Dirección de Migraciones, los beneficiarios suspendidos hicieron viajes al exterior, con pasajes aéreos, a países no limítrofes. El tema se originó en una denuncia del fiscal Marijuán. Las organizaciones sociales aseguraron que «ni el ministerio tiene el listado» de las supuestas irregularidades.

La inflación en octubre fue de 8,3 % y acumula 142,7 % anual

A seis días del balotaje el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la variación de precios de octubre que fue de 8,3 % respecto al mes anterior, un dato que refleja una preocupante situación para millones de familias trabajadoras. En los últimos doce meses la suba promedio de precios fue de 142,7 %, para los alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 153,8 %. Bajo el acuerdo con el FMI y sus planes de ajuste no hay remedio para la inflación que sigue hundiendo los ingresos populares.

Si bien la inflación se desaceleró respecto de los dos meses previos (12,7 % en septiembre y 12,4 % en agosto), arrastra una dinámica muy alta luego de la devaluación que realizó Sergio Massa luego de las PASO de agosto y sigue por arriba del índice de julio (6,3 %). Así, en los primeros diez meses del año ya acumuló un aumento de 120 %, según el Indec.

De acuerdo al informe, la división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (12,6%), producto de las subas en los servicios de telefonía e internet. Le siguieron Prendas de vestir y calzado (11,0%) –por el cambio de temporada–, y Equipamiento y mantenimiento del hogar (10,7%).

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,7%). Al interior de la división impactó la suba de Carnes y derivados, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

La escalada de precios es un golpe al bolsillo de la clase trabajadora, los más afectados son los sectores informales que perdieron un 44,1% con respecto a 2016.

Mientras Javier Milei sigue proponiendo una dolarización de la economía que viene de la mano de una brutal devaluación (que llevaría por lo menos al peso a $ 3.000) que espiralizaría aún más los precios, Sergio Massa sostuvo que la inflación “se baja con déficit cero”, es decir con más ajuste, y también con una nueva devaluación. Ninguno de los candidatos que va al balotaje ofrece una salida en beneficio de los trabajadores y los sectores populares.

El reparto de costos de la suba de precios de los últimos años recayó sobre todo a los bolsillos de las familias trabajadoras. La inflación no es un fenómeno “neutral”, que afecta a todos por igual. Mientras los grupos económicos concentrados han logrado sacar una ventaja y aumentar sus ganancias, la clase trabajadora sufrió un deterioro de sus salarios e ingresos.

“Las ramas industriales donde los grupos económicos tienen una presencia significativa lideraron los incrementos de precios. A tal punto que los precios aumentaron 25% por encima de los precios al consumidor entre 2019 y 2022”, señala Pablo Manzanelli.

En los últimos años hubo un incremento de la desigualdad. La transferencia de ingresos desde los asalariados al gran capital fue de U$S 70.000 millones durante el actual gobierno del Frente de Todos, más otros U$S 31.000 millones transferidos durante el macrismo (Centro Cifra).

«Vivienda sí, desalojo no»

Las familias de la denominada Casa Santa Cruz, del barrio porteño de Parque Patricios, lograron llegar a un acuerdo para que se postergue el desalojo judicial por seis meses y se abra una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio y que celebraron la noticia con aplausos y cánticos de «Vivienda sí, desalojo no».
Como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará durante esos seis meses un pago al propietario del edificio, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consignan una vivienda alternativa y puedan irse del lugar, informó Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires.«Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando», resaltó Abasto, uno de los dirigentes que acompañaron a las familias de la Casa Santa Cruz en medio del megaoperativo policial desplegado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo el desalojo que había dispuesto el juez Fernando Cesari.
También se hicieron presentes legisladores nacionales y porteños, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el asesor tutelar Gustavo Moreno, integrantes del Instituto de la Vivienda porteño y referentes de agrupaciones políticas y sociales.
“Se va a firmar un acuerdo que implica, en principio, la suspensión del lanzamiento. El juez retira el oficio de mandamiento -que es el instrumento con el que se hace el lanzamiento-, eso nos da la seguridad de que no se va a hacer el desalojo próximamente y se va a construir una mesa de trabajo con Ciudad -y estamos trabajando para que Nación también- para producir una solución definitiva al conflicto», precisó Abasto.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unos 350 adultos, entre ellos más de 100 niños, niñas y adolescentes.Se trata de un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del ’90, y en el que fueron instándose familias desde 2004. Hoy la edificación cuenta con servicios de agua, luz y cloacas.
En la mañana de este martes 31 de octubre, a instancias de la orden de desalojo dispuesta por la justicia, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que incluyó el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.
«Estamos tratando de confirmar una mesa de diálogo, sabemos que hubo otras, pero vamos a intentar que ésta funcione, donde estarían el gobierno de la Ciudad, que es el primer responsable de resolver el problema habitacional y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que el juez vea que hay garantías para poder levantar el desalojo o suspenderlo o que pueda hacerse de forma escalonada. Las familias quieren vivir dignamente», había anticipado esta mañana Marisa Graham.
«Es terrible no saber lo que va a pasar», dijeron las familias de Casa Santa Cruz, cuando sabían que el desalojo era inminente.
«Los niños viven acá, van a las escuelas de la cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos nenes? Yo, como Defensora de los derechos de NNyA, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas. Vamos a tratar de impedir que se haga el desalojo en estas condiciones», expresó la funcionaria nacional.
Asimismo, el diputado nacional Itai Hagman (Unión por la Patria) manifestó que este conflicto es de «larga data», y que «ya hubo otros intentos de desalojos del edificio».«Lamentablemente siempre pasa lo mismo. Esta es la única respuesta que hay del Estado, en este caso a través del Poder Judicial pero también del gobierno de la Ciudad es el desalojo, cuando lo que se está reclamando es una solución habitacional a las más de 100 familias», afirmó.
Por último, Hagman sostuvo: «Uno esperaría que un gobierno, en lugar de mirar cuál es el negocio que puede hacer un privado, piense en cómo se resuelve la situación habitacional. La idea es evitar que hoy se dé el desalojo y abrir una mesa de negociación para intentar de buscar una solución».
En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos Berenice Iañez aseguró: «En los 13 años del juicio de desalojo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ofreció ni acercó ninguna solución definitiva para garantizar la vivienda digna de las familias que hoy viven en la Santa Cruz. Frente a la ausencia de una propuesta y la resolución del juez que planteó el desalojo estamos acompañando a las familias»
«Las familias hicieron todo lo que se les fue pidiendo: se constituyeron como cooperativa, se inscribieron para la 341, para la autogestión para la construcción de vivienda. Siempre presentaron vocación de querer contribuir en la solución del problema», opinó.
Su par María Bielli también expresó: «Esperamos que haya voluntad de resolución. Creo que esta es una política sistemática del gobierno porteño de abandonar a su suerte a todos aquellos y aquellas que lo que reclaman es una solución habitacional definitiva en una ciudad que se encargó de expulsarlos. Esto es una muestra más de cómo se prioriza la especulación y el negocio inmobiliario por sobre el derecho básico elemental al acceso a la vivienda».
El pasado lunes 30, se realizó un festival y vigilia en apoyo a las familias que viven el lugar, algunas de ellas desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140.
El jueves anterior, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil número 60.En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició el juicio por desalojo que hoy se encuentra en instancia de ejecución.

Movilización de vecinas y vecinos ante la falta de respuesta por recursos pedidos hace meses en Tigre

El jueves 16 vecinas y vecinos de Las Tunas y Delfino, partido de Tigre, se movilizaron al Centro de Atención al Vecino por respuestas concretas a los reclamos urgentes realizados hace seis meses. Denuncian que, tras haber sufrido inundaciones en mayo y en agosto, los pedidos de recursos a las Agentes Territoriales del municipio como chapas y otros elementos de primera necesidad no han sido atendidos. 

En Las Tunas, partido de Tigre, el barrio sufrió en mayo y en agosto inundaciones, por lo que ante las pérdidas materiales varias vecinas y vecinos han realizado pedidos de recursos a las Agentes Territoriales del municipio, como chapas y otros elementos de primera necesidad. Estos pedidos no solo no fueron atendidos al día de hoy, sino que las autoridades responsables evaden las respuestas. Para agravar la situación, el pasado viernes 10 de noviembre las lluvias casi desbordan el arroyo cercano nuevamente, por lo cual es urgente la intervención de las autoridades municipales.

A esos pedidos se suman las de vecinas que atraviesan una situación de violencia de género y deben esperar meses para acceder a una simple casilla prometida por esta gestión estatal. “Quienes habitamos el barrio sabemos que los recursos están y exigimos que sean distribuidos entre las y los vecinos que los necesitan y no sólo por amiguismos”, relatan las personas damnificadas, muchas de ellas estudiantes de los Bachilleratos populares.

En esos espacios educativos también tienen comedores y reparto de mercadería, dada la terrible situación económica que se deteriora día a día. En ese sentido, el reclamo por cupos de comedor también está presente, ya que se reduce la compra de alimentos frescos con la Tarjeta Alimentar que no actualiza su monto acorde con la inflación.

Por todo esto, la comunidad educativa de los Bachillerato Popular Raíces, Bachillerato Proyecto Uno y FAR salieron a las calles el jueves 16 de noviembre a exigir en el Centro de Atención al Vecino (CAV) que el Intendente del Municipio de Tigre, Julio Zamora, cumpla con los reclamos de vecinas y vecinos. Adhieren a este reclamo el SUTEBA Tigre y el Colectivo Reagrupando, entre varias organizaciones de la Zona norte del Conurbano bonaerense.

Las familias de Guernica siguen organizadas para que se cumpla lo acordado

En la primera semana de noviembre se cumplieron tres años desde la madrugada en la cual un gigantesco operativo policial comandado por Sergio Berni arrasó con los barrios que más de 3.000 mil familias venían convirtiendo en su hogar en el distrito de Presidente Perón. La pandemia enlutaba al mundo entero en ese inolvidable 2020, y miles de mujeres con sus familias se vieron imposibilitadas de pagar un alquiler, mientras la crisis no paraba de profundizarse. De la necesidad de un techo para sus hijos surgió una experiencia de recuperación de tierras de una magnitud que pocas veces se vio en el Conurbano bonaerense, que tuvo continuidad a lo largo del tiempo, y que logró que parte de las tierras recuperadas fueran destinadas a la construcción de viviendas para las familias desalojadas.

El martes 30 de octubre, mujeres y niños que forman parte de la Asamblea Permanente de Guernica se presentaron ante los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Dejaron una carta donde constan los nombres de los integrantes de la Asamblea que fueron designados por sus compañeros y compañeras para integrar una Comisión de seguimiento de las obras que se están llevando adelante en Guernica, para tener una participación activa en el proceso de construcción de las tan esperadas casas que el gobierno de Kicillof se comprometió a entregarles.

Se logró el compromiso de una próxima reunión con los funcionarios a cargo del caso, y se expresó la preocupación de los vecinos ante la publicación de notas en algunos medios que anticipaban que la entrega de las viviendas tendrá lugar mucho después de lo pautado. Ante esta situación, quienes integran la Asamblea Permanente consideran que el seguimiento de la situación debe ser de todas las familias que son parte de este proceso para que se garantice la construcción hasta la entrega de cada casa a cada una de las familias que tienen el compromiso firmado.

Como vienen planteando desde hace tres años, es necesario que tanto el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la ministra de gobierno de la provincia del Buenos Aires, María Cristina Alvarez Rodríguez, como el municipio comandado por Blanca Cantero cumplan con los compromisos asumidos en actas que fueron por ellos firmadas, en un largo proceso que incluyó numerosas movilizaciones en Guernica, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, además de reuniones y asambleas.

En el medio de una campaña electoral donde no se para de hacer promesas que luego no se cumplen, agravado por una crisis económica y social donde los sueldos son superados por la inflación y los alquileres imposibles de sostener, las familias de Guernica continuarán organizadas y se mantendrán movilizadas como lo han hecho todos estos años porque es su derecho el acceso a una vivienda.

Se inauguró la 4ta. Cumbre Latinoamericana por el Agua

La cuarta edición de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos comenzó el viernes 10 en Mar del Plata, cruzada por el inicio de la exploración petrolera offshore y el impacto de los agrotóxicos. Recibió a asambleas ciudadanas y organizaciones sociales de todo el país para intercambiar experiencias y promover acciones de participación comunitaria en defensa del agua para la vida.

“El Agua Vale más que el oro” fue la consigna nacida en la cordillera, a principios de siglo, para enfrentar el extractivismo megaminero. “El agua vale más que todo” se actualizó la consigna a partir de la lucha de asambleas ciudadanas y organizaciones sociales en todo el país frente a un modelo, del agronegocio a la minería, que pone en riesgo el acceso al agua. Con esa consigna, desde el viernes y hasta el domingo, se realizará en Mar del Plata la cuarta edición de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. “Es un encuentro que surge para intercambiar e informarnos sobre cuáles son las causas y los orígenes de la crisis ecológica actual y cómo eso impacta en nuestro ambiente, nuestra salud y nuestras economías. Surge por la necesidad de generar lazos entre las comunidades siendo el agua el hilo conductor de todas las problemáticas y conflictos ambientales que atravesamos”, explica Sofía Sañudo, vocera de la Cumbre.

La elección de la ciudad atlántica tiene como objetivo visibilizar la instalación de las petroleras en el Mar Argentino y el riesgo que implica para el ecosistema marino, el potencial impacto de la contaminación en actividades como la pesca y el turismo, y la continuidad del modelo basado en la energía fósil que científicos, organismos internacionales y hasta los propios gobiernos reconocen como causa de la actual crisis climática. 

El comenzaron a llegar a Plaza España los representantes de asambleas y organizaciones socioambientales de Río Negro, Córdoba, Chubut, Neuquén, Salta y Uruguay. También se sumaron a las jornadas de debate voceros de las comunidades mapuche Lof Pu Folil, Epu Lafken y la comunidad ranquel Rupu Antu Linkoln y del Tercer Malón de la Paz. “Va a ser muy enriquecedora su visita por todo lo que están atravesando en defensa del agua”, valoró Sañudo, que integra la Asamblea Paren de Fumigarnos Mar del Plata, una de las organizadoras junto a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Asamblea Luna Roja, Verde Mundo, Asamblea Ecoparque-Camet y Ecos de Mar.

El objetivo de la Cumbre no es solo la denuncia de los impactos de los extractivismos y los intercambios entre los activistas sino también “promover acciones de participación comunitarias en relación a las decisiones que se toman desde el Estado y los gobiernos”. 

En ese sentido, la cumbre impulsará tres campañas en marcha. “Por un agua limpia en las escuelas”, iniciativa provincial que exige el análisis de los pozos de agua y el acceso agua pura en los establecimientos rurales, que sufren la contaminación con agrotóxicos. La campaña “Iniciativa Popular Agua para la Vida”, lanzada en 2022, con el objetivo de alcanzar una consulta popular que cuestione el actual modelo; y también la iniciativa “Fuera Mekorot”, en rechazo a la empresa estatal israelí que firmó un acuerdo con diez provincias argentinas para el manejo del agua sin consulta previa ni acceso a la información.  

Además, el Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar) –que reúne a investigadores de grado y posgrado– y el Grupo Aguas –de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)– realizaron un relevamiento entre los participantes de la Cumbre –que tuvo sus dos días de asambleas en el Campamento Municipal Laguna de los Padres– para trazar un mapa de las luchas por el agua en todo el país: organización, acciones, impactos y respuestas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El Acuerdo de Escazú, vigente por la Ley 27.566 desde 2020, aún huelga en cumplir los compromisos de acceso a la información y consulta.   

“La industria del consumo para el descarte y el extractivismo necesitan agua para desarrollarse. Ante eso es necesario informarnos sobre cuáles son sus impactos y exigir poder tener un mayor acceso a la información y la toma de decisiones”, insiste la vocera y resalta que, de la mano de las políticas extractivas, se está avanzando con reformas provinciales para abrirles camino como ocurrió en Jujuy y podría ocurrir también en La Rioja, además de los acuerdos interprovinciales con Mekorot.  

A 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, la llegada del buque BGP Prospector de la petrolera noruega Equinor ―para iniciar la exploración offshore del bloque CAN 100 en el Mar Argentino junto a YPF y Shell― pone de manifiesto el avance del modelo extractivo frente a las demandas locales. “Ante el cambio climático que estamos atravesando deberían estar pensando en un plan de transición energética, pero lo que estamos viendo es una profundización de la extracción de combustibles fósiles en nuestros territorios”, lamenta Sañudo como síntesis de la pelea que inauguró el “Atlanticazo” en enero de 2022 y lo extendió a todas las ciudades costeras. 

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó tratar el recurso de queja presentado por agrupaciones ambientalistas para frenar la exploración hidrocarburífera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Con la noticia fresca, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras adelantó su pronunciamiento: “La resolución fue tomada a los pocos días del comienzo de la prospección sísmica, que efectivamente comenzó el 9 de octubre en el bloque CAN 100 Y luego sobre el 108 y 114. Es, al menos, llamativa esta coincidencia en las fechas. Pareciera sugerir que el camino está allanado para todo el proyecto petrolero”.

Piden elevación a juicio a procesados por defender el agua y el territorio

Compartimos comunicado de les vecines procesades.

Desde el conjunto de procesadxs por defender el agua y el territorio, queremos comunicar que en el día de la fecha el Fiscal Gelvez ha formulado el pedido de ELEVACIÓN A JUICIO NUESTRA CAUSA, por creernos autorxs “criminalmente responsables” del delito del art 194 del Código Penal, por protestar contra el avance extractivista, en defensa de la iniciativa popular, en la ruta nacional N° 3 el pasado mayo de 2021.

Este pedido de elevación a juicio de nuestra causa se realiza un día antes de que la misma prescriba. Jugaron hasta último momento con la posibilidad de liberarnos de este injusto proceso al que la justicia nos está sometiendo, pero no lo hicieron.

Queremos dejar en evidencia la persecución y el amedrentamiento del Estado hacia lxs luchadorxs sociales. Sabemos que el modelo extractivista que intentan imponer constantemente a lo largo y ancho del país no es posible sin la represión y la criminalización hacia quienes se oponen al mismo, en ese punto nos encontramos nosotres ahora, siendo criminalizades por ser parte de un pueblo que luchó, lucha y seguirá luchando.

Somos 5 vecinxs, laburantes, profesionales, militantes populares y toda la diversidad que pueda caber en el grito No A LA MINA. Somos defensores del territorio como tantos otrxs de Trelew, Rawson y Puerto Madryn y enfrentaremos un juicio porque esta justicia se pone a tono con el poder político y los intereses de las multinacionales. De esta manera, es la única en la que se puede considerar que cometimos un delito al defender el agua. Nosotres estamos convencidxs de que hicimos lo que teníamos que hacer, que no fue ni más ni menos que ser parte de un pueblo entero que dijo que en Chubut no pasarán y ¡no pasaron!

Fuimos abrazadxs desde todos los territorios a lo largo de estos dos años, estamos hermanadxs con cientxs de luchadorxs que atraviesan la misma situación frente a la justicia y esa es nuestra fortaleza, saber que no somos un caso aislado, sino más bien parte de una clase que lucha por hacer cumplir sus derechos y por una vida digna, libre de opresores, libre de saqueos, que queremos elegir cuál es nuestro destino como pueblo y no permitiremos que sigan digitando nuestro presente y futuro.

Seguiremos gritando que LUCHAR POR EL AGUA NO ES DELITO y enfrentaremos lo que se viene con la frente en alto, porque si hay algo que sabemos es que amamos nuestro territorio y jamás dejaremos de defenderlo.

¡Absolución ya!
Procesades por defender el agua y el territorio
Chubut, jueves 26 de octubre de 2023.

Dueños de Rotativos Ares abandonan el taller

Trabajadores de la empresa gráfica Rotativos Ares -localizada en el partido de San Martín (Buenos Aires)- mantienen la permanencia en el taller tras el cierre intempestivo el pasado 11 de septiembre dispuesto por sus dueños Manuel y Gabriela Ares por el cual están en riesgo 25 fuentes de trabajo.

Rotativos Ares es una gráfica creada hace 40 años dedicada a la impresión de etiquetas autoadhesivas y formularios continuos con trabajadores que cuentan de 15 a 39 años de antigüedad.

Según comunicaron los trabajadores, los dueños decidieron cerrar unilateralmente sin la intención de pagar ningún tipo de indemnización sumado a la deuda salarial. Posterior a ello presentaron un pedido de quiebra ante los Tribunales Comerciales de San Martín donde fue rechazada por no contar la documentación adecuada ni los requisitos legales mínimos para tal fin.

Asimismo, desde la Federación Gráfica Bonaerense informaron mediante un comunicado que “los empresarios se niegan a presentarse en las audiencias de conciliación convocadas por el ministerio de Trabajo o reunirse en forma directa con los trabajadores para encontrar una solución”.

“Nada justifica el irresponsable e insensible cierre de esta empresa dedicada a uno de los rubros con más demanda de la industria gráfica como son las etiquetas autoadhesivas y dejar sin trabajo a compañeros de 15 a 39 años de antigüedad”, agregaron.

La respuesta de los trabajadores para defender los puestos de trabajo y salarios adeudados es una permanencia en el taller donde cuentan con el respaldo del gremio. Como con tantas otras experiencias en la actividad gráfica ante el abandono patronal han conformado la Cooperativa de Trabajo Unión Gráfica San Martín ya inscripta en el INAES buscando reactivar el taller.

El delegado, Hugo Trejo, indicó: “Había algunas dificultades como tienen muchas empresas, pero no justifica tomar la decisión que tomaron, no merecían esto los trabajadores con tantos años de antigüedad”.

“Puntualmente estábamos trabajando en la producción de etiquetas de vino donde teníamos clientes importantes como las bodegas Dante Robino y Dellepiane, además de Aerolíneas Argentinas”, añadió.

Trejo indicó que la empresa “no se presentó a ninguna de las audiencias convocadas por el ministerio de Trabajo, nunca dieron la cara. Tomamos la decisión de permanecer en el taller para cuidar las máquinas es, además, una empresa bien equipada”.

En el proceso de conformación de la cooperativa tuvieron el apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense en donde una de las características históricas del gremio (al menos más de dos décadas) es contribuir a la organización de cooperativas de trabajo en donde los dueños abandonan los talleres y a sus trabajadores. Actualmente existen 25 cooperativas gráficas como respuesta a esa situación.

El plenario de FeTraEs da apoyo a Massa

Trabajadores de espacios comunitarios, fábricas recuperadas, cooperativas, emprendimientos de agricultura familiar, cuadros técnicos e intelectuales, nucleados en la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs), realizaron el sábado 11 un plenario provincial en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda donde manifestaron su apoyo al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, para el balotaje del próximo 19 de noviembre.
En el plenario provincial, que se hizo con la consigna «Por La Patria, Massa presidente» y participaron unos 1.200 militantes de diferentes sectores que integran la Federación, se realizó con el objetivo de «redoblar esfuerzos de cara a la campaña nacional en las elecciones del 19 de noviembre», informaron los organizadores en un comunicado.
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, Eduardo Montes, observó que «la derecha política y sus cómplices económicos y mediáticos, buscan impedir un proceso electoral en paz y estabilidad».
«Nos enfrentamos a una nueva alianza antinacional y antipopular que busca consolidar el ascenso del proyecto amoral y anti nacional del neoliberalismo en su más salvaje expresión», advirtió en un comunicado.
Y señaló que: «Creemos profundamente que estos espacios de encuentro y debate son fundamentales y necesarios para poner en valor el lugar de la militancia».
En el plenario estuvo el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y en el acto de cierre participaron el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco; el decano de la UTN, Luis Garaventa, y equipo; la funcionaria Fernanda Miño, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el dirigente y sindicalista Mario «Paco» Manrique; la funcionaria Mariela Bembi, los dirigentes de La Patria Es El Otro, Adrián Grana y Juan Marino, y el militante peronista Pablo Fernández.
En el encuentro estuvieron diferentes espacios comunitarios territoriales de la provincia de Buenos Aires, integrantes de Fábricas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo, representantes de organizaciones de la Agricultura Familiar, intelectuales y técnicos.
Fuentes de la organización indicaron que en el plenario «se debatió en base a un documento que la organización dará a conocer en sus redes», que «analiza el contexto político actual y establece la tarea y la importancia de la militancia en el panorama electoral».
El documento que se debatió, según trascendió, expresa que «la Patria hoy está en peligro y la democracia define su suerte en las elecciones del próximo 19 de noviembre».
«No se trata de la confrontación electoral entre dos modelos, uno ligado a postulados liberales y otro de raigambre nacional y popular, sino de una contienda que tiene en un extremo a quien promueve la destrucción y exterminio del otro como método de liderazgo político, la violencia como forma de sesgar la opinión y la destrucción pública y política de quien piensa distinto», plantea el texto.
«Llegamos a noviembre del año 2023 en vísperas de un balotaje posibilitado en gran parte por el esfuerzo de la militancia, que luego del resultado estremecedor de las PASO ha demostrado su compromiso y capacidad para aportar al triunfo de Unión por la Patria en la elección general del 22 de Octubre, que determinó la victoria de nuestro compañero gobernador Axel Kicillof y de nuestro compañero candidato a presidente Sergio Massa», remarca.

Definen “votar al peronismo para frenar a la ultraderecha”

Por Tierra Viva

El resultado de las elecciones presidenciales del domingo, con un 36,6 % de los votos para el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre el 29,9 % obtenido por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se recibió como un alivio entre las organizaciones campesinas, que ven en el candidato de la ultraderecha un futuro sin posibilidades para políticas destinadas al sector de la agricultura familiar. 

La aspiración es que continúe una gestión en la Casa Rosada que abra las puertas al diálogo, a pesar de las contradicciones de un gobierno peronista que no dejó de favorecer a las cadenas del agronegocio y las empresas extractivas, a las que pone como protagonistas para el incremento de las exportaciones. La coalición oficialista mantiene cuentas pendientes con el sector: acceso a la tierra, financiamiento para la producción y políticas para abastecer de alimentos sanos al mercado interno.

Los distintos voceros de las organizaciones campesinas nucleadas tanto en la Mesa Agroalimentaria Argentina como en la UTEP-Agraria destacan la necesidad de continuar trabajando en unidad para fortalecer la posición de las organizaciones campesinas ante las deudas de leyes y programas que reclaman desde hace años y no han dejado de hacerlo durante los cuatro años de gobierno del Frente de Todos, en los que se avanzó tibiamente con la promulgación de la Ley de Agricultura Familiar y la creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesinas (Inafci), con escaso presupuesto para avanzar en políticas de producción y de acceso al derecho a la tierra.   

“Estuvo en juego perder todos los derechos conquistados y la gente abrió los ojos, votó por defenderlos, aun sabiendo que al otro día continuará sufriendo una inflación que agobia”, evaluó Miriam Samudio, referente de Productores Independientes de Piray (PIP-UTT), desde Misiones, donde Milei volvió a ser el candidato más votado, pero mostró un estancamiento frente al crecimiento electoral de Massa.    

Desde Mendoza, otra provincia donde la ultraderecha se impuso, el presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), Ricardo Sirotiuk, celebró el “panorama favorable en base al miedo que teníamos todos” porque “si hay un gobierno de La Libertad Avanza, no tendremos oportunidades”.

Sirotiuk reconoció que hubo votos para la ultraderecha entre los propios pequeños productores de Mendoza, Jujuy y Salta, lugares donde La Libertad Avanza volvió a imponerse en las generales, y consideró que se trata de un “voto con odio y bronca”. “Eso pasó porque no han llegado realmente políticas al territorio. A los monotributistas y pequeños productores no les llegaron las políticas reales. Todo está diseñado pensando en las exportaciones, pero hay necesidades que tienen que ser diferenciadas para la agricultura familiar. Si tenemos un próximo gobierno justicialista, tendrá que escuchar al territorio”, sostuvo.

Por su parte, Lautaro Leveratto, coordinador nacional de la Federación Rural, aseguró que “lo que está en juego en esta elección presidencial es una patria libre y soberana, pero también resolver el acceso a los derechos mínimos para gran parte de la población que hoy no tiene acceso, como el derecho a la alimentación, al trabajo y a la vivienda”.

“El 36,6 % de los votos obtenidos nos deja en muy buenas condiciones para enfrentar la segunda vuelta, teniendo que trabajar chacra por chacra para lograr que las y los agricultores familiares y de la economía popular voten a Massa para presidente y no a Milei”, confió el dirigente del Frente Nacional Campesino (FNC), Pablo Benetti, aunque reconoció que “la situación económica y social no es buena, y que muchos y muchas compañeras la están pasando muy mal, porque lo que producimos se devalúa, cuando vamos al supermercado todo sube, mientras se distorsionan los precios de los insumos dolarizados”, a lo que suma el aumento de los alquileres y la falta de acceso a la tierra que expulsa a los productores del campo. 

Omar Príncipe es de Villa Eloísa, Santa Fe, a cien kilómetros de Rosario. Es chacarero, dirigente de la organización de pequeños productores Bases Federadas y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). En tierra santafesina, donde el peronismo perdió la elección a gobernador con Juntos por el Cambio, Milei se impuso en las presidenciales. Príncipe marcó que las internas peronistas impactaron en el resultado electoral local, pero destacó el repunte con la candidatura nacional de Massa.

“Desde la Mesa Agroalimentaria tenemos un pedido de reunión con el candidato Sergio Massa, para trabajar en todas estas políticas que consideramos indispensables en un nuevo gobierno. El momento oportuno para presentar nuestras propuestas como entidad representativa de los pequeños y medianos productores del movimiento cooperativo es en estos días, antes del ballotage”, señaló Príncipe.  

“Si bien estamos atravesando una crisis, vamos a resolver los problemas con más democracia y no con menos”, afirmó Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), organización que nuclea a cooperativas de la zona central del país, fundamentalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, provincias de la zona núcleo del agronegocio. Unión por la Patria logró una contundente victoria en territorio bonaerense, incluso recuperando decenas de municipios del interior, mientras que Milei se quedó con Córdoba y Santa Fe.  

La mirada de Rossi es positiva y consideró que los resultados nacionales, a favor del oficialismo, son una “apuesta a un gobierno que está más ligado a la producción que a la timba financiera; más ligado a la industrialización, al trabajo, a un Estado más presente y eficiente, contra la privatización de la salud, la educación y la jubilación. Se votó un esquema de gobierno afín a las mayorías y no a una idea que por innovadora que parezca, claramente retrocede en el tiempo, piensa en una Argentina de cien años para atrás y no en un futuro mejor”.

“Milei en su campaña propone que el Estado no exista, que se elimine el peso argentino y nuestra soberanía económica. Pero nosotros creemos que el Estado es imprescindible para tener igualdad de oportunidades. Si no hay Estado, el mercado regula para las grandes corporaciones y los grandes poderes económicos. Nuestra línea de trabajo y nuestros objetivos son totalmente diferentes”, ratificó Príncipe sobre el posicionamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Y la delegada del MNCI-ST sintetizó: “Unión por la Patria es el frente que brinda la oportunidad de seguir disputando la construcción de la soberanía alimentaria.”

El respaldo de las organizaciones campesinas y de pequeños productores está definido por la candidatura de Unión por la Patria, pero los productores son conscientes de que deben seguir “sembrando conciencia, que falta mucho por hacer y que debemos organizarnos para seguir proponiendo qué país queremos y estamos construyendo desde el sector que produce alimentos. El Gobierno tiene que entender que tienen que sentarse a discutir con este campo que alimenta”, reclamó Samudio desde Misiones. 

De cara al ballotage, para Rossi la clave es “visibilizar las propuestas”. Desde la Mesa Agroalimentaria hay presentados cinco proyectos de ley, que tienen que ver con la segmentación de los impuestos, con el acceso, el uso y la tenencia de la tierra, con el arraigo. “Tenemos que hacer foco en esas iniciativas y que la agenda política las tenga en cuenta”, aseguró. Los proyectos fueron presentados en septiembre de 2022, pero hasta el momento no hubo avances en el Congreso.

Desde la Federación Rural, Leveratto recordó que esa organización también impulsa desde hace seis años “una ley integral que permita el acceso a la tierra de familias arrendatarias y la protección de los cinturones zonas y valles productivos, principalmente periurbanas”.

“En estas tres semanas antes del ballotage hay que incorporar en la agenda política la necesidad de implementar políticas públicas para la agricultura familiar, pero esto tiene un componente extra, que es la cuestión climática: la sequía de los últimos dos años fue realmente terrible. Sus consecuencias fueron terribles, estamos viendo desesperadamente cómo hay agricultores que están dejando su campo, dejando de alquilar”, alertó el dirigente de Bases Federadas. 

En ese sentido, el presidente de la Fonaf advirtió sobre cómo “las economías regionales han quedado totalmente descartadas”, a pesar de los anuncios recientes del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, sobre la quita de retenciones, sino hablando de los productores que integran “el país de la producción del campo que alimenta”. “No vamos a descartar los granos, la pampa húmeda donde hay productores chicos, en esos espacios que tienen necesidades como en cualquier provincia. Pero las organizaciones tenemos que profundizar nuestros pedidos y estar más unidas que nunca”, consideró Sirotiuk.

En ese contexto, el titular de la Fonaf también convocó a la autocrítica de las organizaciones campesinas para no caer en las prácticas de “un país egoísta”. Por su parte, Manini reconoció que el escenario que se abre más allá del 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta electoral, es de un “futuro complejo y difícil, que requiere fortalecer la organización y la militancia”. 

“Tenemos la oportunidad de fortalecer las políticas públicas para la agricultura familiar campesina Indígena, como sujetos estratégicos para garantizar alimentos saludables para el pueblo argentino. En noviembre deberemos dar un nuevo paso y eso requerirá un movimiento campesino organizado y movilizado”, sostuvo la dirigenta del MNCI-ST. 

El integrante del FNC coincidió con la necesidad de construir “la más amplia unidad entre las diferentes organizaciones del sector”, para aportar a la victoria de Unión por la Patria, que ofrece “mejores condiciones para salir a la lucha, para mejorar justamente lo que falta y defender lo que ya hemos logrado”. Benetti consideró que la predisposición del oficialismo con el sector de la agricultura familiar quedó demostrada tras los daños sufridos por los productores del cordón hortícola del Conurbano bonaerense a fines de agosto. “Se salió a la lucha y el gobernador de Buenos Aires dio enseguida respuestas a nuestras demandas, además de sumar una gran ayuda del gobierno nacional de la mano de la Secretaría de Agricultura y el Inafci”. 

En tanto, Leveratto sostuvo que la agricultura familiar y campesina tiene “la capacidad de resolver la problemática del acceso a los alimentos en Argentina”. En ese sentido, añadió: “Somos un sector altamente productivo que solamente requiere apoyo y planificación del Estado para desarrollar el total de sus fuerzas productivas. Desde la Federación Rural no tenemos dudas que la es la agricultura familiar, cooperativa y de pequeños y medianos productores la que puede aportar en el combate a la inflación con producción nacional”. Al mismo tiempo, indicó la importancia de generar mecanismos para el acceso a la tierra, al agua, a la comercialización y a los insumos. 

“Massa dijo que llamará a la unidad nacional para construir una Argentina productiva. Y ahí debemos estar los que producimos alimentos. Tenemos propuestas concretas y hay que luchar para que se implementen”, afirmó desde Misiones la productora del PIP-UTT para recordar que el oficialismo mantiene cuentas pendientes con el sector en caso de renovar otros cuatro años.

“Hemos tenido un montón de percances en este Gobierno, más allá de la herencia que quedó del gobierno anterior. Tenemos problemas: lugares donde falta la tierra y agua para producir. Y esa es la gente que produce la comida de todos los días. Pero para adelante tenemos la oportunidad de poder sentarnos y ser escuchados. Si hay un gobierno de La Libertad Avanza, no tendremos esa oportunidad”, completó el presidente de la Fonaf.  

Príncipe señaló la problemática pendiente de los pequeños productores rurales: “En Argentina, entre el 60 y el 70 por ciento de la agricultura se hace en campos alquilados y faltan políticas claras y un Estado presente que regule el tema de los arrendamientos. Eso favorece a los fondos de inversión, a los financistas y a los pooles de siembra que son quienes elevan los costos de arrendamiento y desplazan a pequeños y medianos productores”. 

En ese tono, Príncipe advirtió que eso impacta directamente en uno de los problemas más críticos que el ministro candidato del oficialismo no pudo resolver: la inflación. “Ese proceso de concentración tiene consecuencias en el precio de los alimentos. La concentración está en toda la cadena de valor. Mes a mes vemos una inflación del diez o el doce por ciento mensual y lo que más aumenta en muchos casos es el precio de los alimentos. Por eso este es un tema que no importa sólo al sector agropecuario, sino a toda la sociedad argentina porque todos consumimos alimentos. Las grandes preguntas son: ¿Qué queremos producir? ¿Quién queremos que produzca los alimentos en Argentina?”, planteó el dirigente de Bases Federadas. 

Los ejes de campaña de Massa también marcan como prioridad el avance del extractivismo minero, que impacta directamente en la explotación y contaminación de recursos esenciales como el agua para la producción de alimentos. “Sin duda, si Massa gana, va a ser un Gobierno que tendrá las contradicciones que muchas veces han tenido otros gobiernos, en lo que tiene que ver con las disputas por los territorios. Sea por los avances de la frontera agropecuaria, por la minería o por lo que fuera. Nuestro movimiento tiene una larga historia de lucha de sus comunidades, lo ha demostrado en estos últimos meses con la reforma impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, que tiene mucho que ver con el futuro de esos territorios campesino-indígena. Y nosotros seguiremos también marcando esa agenda de lucha”, aseguró Manini. 

Entre los puntos positivos de lo planteado en campaña por Massa, el presidente de Fecofe destacó que Massa haya mencionado la segmentación de impuestos entre sus propuestas de campaña. “Hay que recordar que el campo no es una cuestión homogénea donde somos todos iguales. Creo que a eso Massa lo puede entender porque ha hecho segmentación de políticas en otros sectores, segmentando tarifas, por ejemplo. De la misma manera queremos tener políticas diferenciadas para la agricultura familiar”, compartió el dirigente de Bases Federadas. 

En ese sentido, Rossi agregó la necesidad de modificar la Ley de entidades financieras, para que se ponga a disposición de la producción y no de la especulación y la segmentación de impuestos. “Hoy tenemos grandes corporaciones que pagan menos impuestos que una PYME”, cuestionó y contrapuso: “Massa tiene conocimiento de esa situación, como actual ministro de Economía, con una crisis muy fuerte y un FMI que impone condicionamientos muy fuertes. En el poco tiempo que lleva como ministro ha logrado el esquema de fondos rotatorios y las compras por parte del Estado a las cooperativas. Por eso, como presidente, creo que puede llegar a tomar medidas importantes”. 

Benetti insistió en la importancia de la “unidad en la lucha” que dé a las organizaciones campesinas la “fuerza necesaria” para que un futuro gobierno tome como políticas la “Ley de arrendamientos rurales, la segmentación de las retenciones, un subsidio de emergencia para las y los agricultores, créditos accesibles y a tasas subsidiadas para pequeños productores, entrega de insumos, herramientas y maquinarias”.

De cara a un posible gobierno de Sergio Massa, Leveratto aseguró: “Nuestras propuestas tendrán mayores oportunidades de ser llevadas a cabo, y trabajaremos para que eso sea así, proponiendo y marcando nuestras discrepancias cuando sea necesario, como siempre lo hicimos”.

“En un gobierno de unidad nacional tiene que tener en cuenta a todos los sectores. El agronegocio tiene un peso importante en la decisión política y también debería ocurrir lo mismo con la agricultura familiar y con las cooperativas”, advirtió Rossi y destacó el espacio de diálogo con la Mesa Agroalimentaria tuvo en marzo pasado junto a la Mesa de Enlace, convocado por Massa. “La salida de la crisis es con producción de alimentos sanos y a precios justos, que lleguen a la mesa de todos los argentinos”, aseguró. 

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Tiempo Ar, Bachillerato Popular Raíces, Radio Gráfica, Indymedia Trabajadoras/es, El Grito del Sur, FACCyR-UTEP, Página/12, La Izquierda Diario, Télam, Tierra Viva.

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