En la primera sesión de ordinaria de la Comisión Agraria Nacional (CAN), que se celebró hoy en el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, el gobierno y varias organizaciones sociales concensuaron la ley y el paquete de decretos agrarios que propuso el Presidente Evo Morales para redistribuir las tierras en el país. A la reunión […]
En la primera sesión de ordinaria de la Comisión Agraria Nacional (CAN), que se celebró hoy en el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, el gobierno y varias organizaciones sociales concensuaron la ley y el paquete de decretos agrarios que propuso el Presidente Evo Morales para redistribuir las tierras en el país. A la reunión –inició del diálogo nacional por la tierra–, no asistieron la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y gremios vinculados al latifundio como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
La Confeagro explicó que no asistió a la cita porque el gobierno cometió un error al convocar a la reunión. Las autoridades invitaron para el martes 31, cuando el evento estaba previsto para el miércoles 31 de mayo. La organización envió una carta a la CAN pidiendo una nueva fecha de reunión. El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Hugo Salvatierra lamentó el error, pero de igual forma celebró la sesión considerando que había el quórum respectivo.
Participaron en la primera sesión del diálogo Salvatierra, el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz; el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Freddy Condo, el viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente Juan Carlos Salgueiro y el director Nacional del INRA Fernando Salazar. En representación de los campesinos estuvieron el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Rufo Calle, dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).
En la reunión de la CAN se discutió el proyecto de ley modificatorio de la Ley 1715, denominado «Para vivir bien», y se aprobó el paquete de seis decretos que serán presentados al Congreso. Las autoridades explicaron que la Reforma Agraria iniciada en 1953 y continuada en 1996 es un proceso inconcluso, no sólo porque falta seguridad jurídica sobre grandes extensiones de tierra sino principalmente porque no ha cumplido con uno de los postulados básicos: la redistribución de las tierras.
Según Salvatierra, la alta concentración de suelos en pocas manos origina conflictos socialesy obstaculiza el desarrollo basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. La CAN informó que el Estado dispone de 2,2 millones de hectáreas que serán distribuidas entre campesinos e indígenas del país. Salvatierra aseguró que en ocho meses existirán cuatro millones de hectáreas de tierra fiscal.
Tuto y la derecha conspiran
El gobierno denunció que la dirigencia de la CAO, el ex presidente Jorge Tuto Quiroga y la agrupación política que lidera, Poder Democrático Social (Podemos), están interesados en crear un clima de violencia y confrontación. «Hay gente de Podemos, de agrupaciones ciudadanas, gente que hasta ahora mantuvo un control y acaparamiento de tierras, que van a ser afectados con este plan que emprende el gobierno», declaró Salvatierra.
En los últimos días, los grandes empresarios de la tierra desafiaron abiertamente las medidas gubernamentales destinadas a eliminar latifundios y organizaron un comité de defensa que vulnera la Constitución Política del Estado. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Alfredo Rada aseguró que los hacendados incurren en prácticas que lindan con lo «delincuencial».
Salvatierra acusó a Quiroga y a Podemos de crear un clima de confrontación, toda vez que el gobierno visitó los lugares donde supuestamente habían sido avasallados predios productivos por campesinos e indígenas. «Es precisamente a la inversa de lo denunciado, hay gente que ha acaparado tierras y que pretende el despojo de campesinos y de colonos menonitas», denunció el ministro.
La autoridad invitó a la Cámara Agropecuaria del Oriente, a Fegasacruz, a que la semana próxima «vayamos con prensa, con organismos de derechos humanos y la iglesia para verificar en el terreno la verdad de lo que existe en Guarayos».
El Movimiento Sin Tierra en Pando denunció que un señor de apellido Janko, alentado por el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, ocupa tierras para culpar al MST y al gobierno.
Las 100 mil hectáreas que se adjudicó ilegalmente el ex ministro de Educación Hedim Céspedes fueron posteriormente revertidas al Estado, pero ahora aparecen nuevos dueños. «No pueden haber nuevos dueños si desde 1992 a la fecha no se adjudicó un centímetro. Estamos realizando una auditoria jurídica en la provincia Ángel Sandoval y German Bush; tenemos la documentación en nuestras manos, vamos a disponer que una comisión jurídica evalúe si los números de expedientes de esta gente son reales o no», advirtió la autoridad.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Rufo Calle lamentó la ausencia de la dirigencia cruceña y la acusó de intentar «desestabilizar el proceso de saneamiento». «Los grandes latifundistas están utilizando a los propios hermanos campesinos que cultivan y prestan servicios a los mismos latifundistas», denuncio el dirigente.
«Entiendo que en su congreso en Santa Cruz han resuelto no venir porque no están de acuerdo con la política agraria del gobierno y tampoco con nosotros», lamentó Salvatierra, refiriéndose a la inasistencia empresarial a la reunión de la CAN.
Salvatierra advirtió que «los latifundistas en Santa Cruz son muchos y el gobierno sacará a la luz pública los nombres de esta gente interesada (…) el Estado les quitará las tierras porque no cumplen ninguna función social ni económica y es importante que la gente conozca esos nombres».