Al menos 11 personas murieron y otras 50 resultaron heridas el 11 y el 12 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando en la Amazonia boliviana cuando participaban en una manifestación campesina
A más de 21 meses de acaecidos, se inicia hoy en el Tribunal Sexto de Sentencia de la Paz el juicio oral por los sucesos conocidos como «La Masacre de Pando».
El 11 y 12 de septiembre del 2008 al menos 11 personas murieron y unas 50 resultaron heridas en hechos de violencia en este departamento de la Amazonía boliviana.
Los hechos ocurrieron en el contexto de una manifestación campesina motivada por preocupaciones relativas a retrocesos en cuanto a la distribución de tierras y el manejo de otros recursos naturales a nivel departamental. En los días y meses posteriores, varias comisiones nacionales e internacionales fueron conformadas a efectos de investigar los hechos e identificar presuntos responsables. Hoy, luego de una larga espera provocada tanto por demoras en las investigaciones judiciales como por una serie de contiendas procesales, el caso ha llegado finalmente a la etapa de juicio.
La lentitud e inestabilidad del sistema judicial boliviano han alargado y agudizado el sufrimiento de las víctimas de la violencia en Pando, las que merecen ahora un juicio que les dé garantías de que se proveerá justicia imparcial y justa. Una larga serie de contiendas de competencia y recusaciones interpuestas por ambas partes, sumada a la incapacidad del sistema de justicia para responder de forma inequívoca a cada incidente procesal, ha provocado una situación de inseguridad jurídica tanto para las víctimas y sus familiares, como para los acusados.
Ha llegado el momento de demostrar a todas las personas vinculadas al caso de la «Masacre de Pando», que existe un sistema judicial capaz de actuar de forma independiente e imparcial, y de amparar sus derechos. La imparcialidad del tribunal que tiene a cargo el caso será demostrada por su capacidad para abarcar todos los hechos de violencia relacionados con el mismo, tanto los principales como los conexos. Sería inaceptable que la fragmentación de los procesos investigativos y la incertidumbre alrededor del marco judicial correspondiente pusieran en duda el derecho de las víctimas a la justicia.
Amnistía Internacional considera que los graves hechos que ocurrieron en septiembre de 2008 deben ser objeto de una investigación independiente y de un juicio justo que termine con la correspondiente sanción a los responsables y reparación a las víctimas.
A su vez, este proceso judicial debe incluir las otras posibles violaciones de derechos humanos que se cometieron luego de los hechos del 11 y 12 de septiembre, como las alegaciones de torturas y otros malos tratos sufridos por 15 campesinos detenidos de forma ilegal en Pando a raíz de la violencia, y toda alegación de ausencia de garantías durante el proceso de aprehensión, traslado y detención de las personas acusadas en varios momentos del proceso debe ser debidamente investigada y, de comprobarse, debe establecerse la correspondiente sanción para los responsables.
A efectos de asegurar un juicio justo que además sea apreciado como tal por la sociedad en su conjunto es imprescindible que el principio de presunción de inocencia rija en este caso como en cualquier otro procedimiento penal. Expresiones de condena desde el poder político antes de que el tribunal haya dictado su fallo sólo pueden entorpecer la labor judicial y poner en tela de juicio la imparcialidad e independencia del juzgador.
Además, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que testigos y otras personas han sufrido amenazas motivadas por su vinculación al caso. Es de fundamental importancia que las autoridades correspondientes investiguen estas amenazas y brinden la seguridad necesaria a aquellos que se sientan vulnerables. Al mismo tiempo, es necesario que el gobierno provea los recursos necesarios para que los testigos que residen en Pando y que participarán en el juicio puedan trasladarse con total seguridad a la sede del tribunal.
AI
Una delegación de Amnistía Internacional visitó la región de Pando, al norte de Bolivia, para indagar el estado de las investigaciones sobre los hechos de violencia del 11 y 12 de septiembre del 2008, cuando al menos 11 personas murieron y unas 50 resultaron heridas. Estos hechos trágicos se dieron en el contexto de una manifestación campesina motivada por preocupaciones relativas a posibles retrocesos en cuanto a la distribución de tierras y el manejo de otros recursos naturales a nivel departamental.
La organización también recabó testimonios sobre amenazas y amedrentamiento en contra de ciertos testigos, defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales recibidos en el marco de las investigaciones del caso.
En el juicio que hoy se inicia participan tres querellantes particulares que representan a diferentes víctimas de los hechos, además del Ministerio Público como acusador formal. La acusación fue presentada por el Ministerio Público el 12 de octubre de 2009 e incluye como acusados a 26 personas. El número de testigos propuestos tanto por la parte acusadora como por la defensa ronda los 600.
La organización estuvo de nuevo en Bolivia del 7 al 18 de junio de 2010 para recabar información sobre las reformas al sistema de justicia. Durante su visita se reunió con distintos actores políticos, miembros de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, con ONGs y movimientos sociales y con representantes de la comunidad internacional.