Rechazan nueva Constitución y la aprobada pensión para ancianos que recorta sus ingresos
En un doble intento por aumentar la presión sobre el presidente de Evo Morales, «cívicos» regionalistas se declararon hoy en huelga de hambre «indefinida» en cuatro provincias enfrentadas con el gobierno central, al tiempo que gobernantes departamentales opositores viajaron a Estados Unidos para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas, presuntos atropellos a la democracia y al Estado de derecho en este país andino.
Los prefectos serán recibidos este martes en la sede de la OEA en Washington, pero al día siguiente, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, «el gobierno a su vez presentará un informe sobre el racismo, las violaciones a los derechos humanos y las agresiones en contra de la propiedad privada y del Estado, cometidos por» esos mismos funcionarios.
La delegación provincial está integrada por los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz, Manfred Reyes Villa de Cochabamba, Mario Cossío de Tarija y Ernesto Suárez de Beni.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lamentó que los prefectos hayan optado «por hacer un periplo» a Estados Unidos antes de acudir al diálogo convocado por Morales para la tarde del martes.
También en el plano diplomático, la administración de Bolivia fue respaldada por los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay- y asociados -Venezuela, Chile, Ecuador y Perú- mediante una carta en la que declararon «su firme sostén al régimen institucional boliviano, basado en el respeto a los principios democráticos» y rechazaron «todo intento de vulnerar la estabilidad del gobierno y de los órganos elegidos por el pueblo».
En oposición a la nueva Constitución y a la aprobada pensión para los ancianos (Renta Dignidad), que será financiada con impuestos a los hidrocarburos que antes iban directamente a las administraciones departamentales, se instalaron piquetes (huelgas) en Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando.
El vicepresidente Alvaro García Linera reveló en una entrevista con la estatal Televisión Boliviana, haber intentado sin éxito que los opositores entablaran un diálogo con el gobierno y para ello convocó a los prefectos de Pando y Santa Cruz, al opositor partido Podemos y al presidente del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic, un empresario a quien el gobierno acusa de acumular una fortuna ilegítima y quien dijo sumarse a la huelga de hambre.
«Les dijimos: aquí estamos para dialogar, para cambiar nuestro texto, reconociendo sus puntos de vista. Como mayoría fuimos flexibles. Les dijimos: ustedes como minoría tienen el derecho a ser incorporados en el texto», y la respuesta en cuatro ocasiones fue «no, no va la Constituyente», apuntó García Linera. A lo que no tienen derecho es a «chantajear», subrayó el funcionario.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, descartó a su vez el «rumor» que dijo fue generado por las autoridades del departamento de Santa Cruz, de que se va a instaurar un «estado de sitio», lo que ha ocasionado que haya gente haciendo compras de emergencia en supermercados.