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El Estado mantiene su negativa a reconocer la desaparición forzada de dos eperristas pese a los informes recabados, advierte

Comisión mediadora pide a EPR y gobierno voluntad de diálogo

Fuentes: La Jornada On Line

México, DF. La Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal presentó un informe sobre la interlocución establecida para dar cauce a las peticiones de dicha organización. En el documento de 21 cuartillas, los integrantes de la comisión advierten a ambas partes que requieren aclarar «con toda nitidez la actitud […]

México, DF. La Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal presentó un informe sobre la interlocución establecida para dar cauce a las peticiones de dicha organización.

En el documento de 21 cuartillas, los integrantes de la comisión advierten a ambas partes que requieren aclarar «con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir», y para ello solicitan al EPR «la reconfirmación» de la tregua así como de una real voluntad política por parte del gobierno que se refleje en la presentación con vida de EdmundoReyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

De igual manera solicita un diálogo directo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y la Procuraduría General de la República.

Sus señalamientos, aclara, parten fundamentalmente de lo asentado en el documento «Análisis de Desaparición Forzada de Personas» entregado el pasado 13 de junio al gobierno federal en el cual se establecen las características de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez para determinar que se trata de una «desaparición forzada».

A ello se suma la «negativa» por parte del Estado reconocer dicho delito pese a los informes recabados y que indican que los dos militantes del EPR fueron detenidos por » agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de la ley «, establece el informe.