El conflicto en la sureña ciudad de Oaxaca, México, continúa pese al retiro de casi la totalidad de los funcionarios de la Policía Federal Preventiva. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones de los derechos fundamentales y evalúan la crisis de la entidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México dio a conocer este viernes su informe preliminar sobre el conflicto en la sureña ciudad de Oaxaca, donde señaló que en el estado »aún no se ha restablecido el pleno goce de los derechos fundamentales» y denunció que la Policía Federal Preventiva (PFP) ha utilizado la violencia de manera »reiterada» y »excesiva».
»En la ciudad de Oaxaca se mantiene la situación de conflicto y aún no se ha restablecido el pleno goce de los derechos fundamentales, además la Policía Federal Preventiva, que intervino para restablecer el orden, ha utilizado la violencia reiterada y excesivamente, con lo cual la vida institucional, social, económica y cultural del estado se ha visto dañada» reza el comunicado.
»Oaxaca sigue siendo una zona en la que no existen condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos humanos», añade.
La CNDH informó que ha recibido más de mil 200 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos en el conflicto político y social del estado de Oaxaca.
»A la fecha son 1.211 las quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos, a consecuencia del supuesto uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales», señaló el texto.
En este informe, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, sostiene que »en Oaxaca sigue pendiente una resolución del conflicto para que se recupere el estado de derecho y se restablezcan condiciones de seguridad y tranquilidad».
La CNDH denuncia que »el gobierno del estado utilizó la fuerza para disolver el plantón de la sección 22 del SNTE y posteriormente dejó de prestar diversos servicios y ejercer funciones que le son propias, como la de educación, libertad de tránsito, salud, seguridad, procuración y administración de justicia».
Asimismo, precisa que en el estado hubo un vacío en el ejercicio de funciones públicas que generó hechos de violencia.
En el conflicto, señala, »han muerto 20 personas. Se tiene el registro de 370 lesionados y 349 detenidos.
Como consecuencia de lo anterior, el informe también destaca que también hubo violencia de parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que los integrantes del movimiento popular han bloqueado vialidades, impedido el libre tránsito y cerrado oficinas.
También da cuenta de que integrantes de la APPO agredieron a los visitadores de la CNDH.
La PFP ingresó el 29 de octubre en la capital oaxaqueña para acabar con las protestas que protagonizaba un amplio movimiento opositor desde julio pasado para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, al que acusa de represor por intentar poner fin, mediante la represión policial, a una huelga de maestros.
Pese a la reducción este fin de semana de los efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de más de 4 mil 500 a 500, el conflicto en la región no ha cesado.
Misión de observación
Una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), inició este lunes una misión de observación en Oaxaca, para recoger las denuncias de violaciones de los derechos humanos en la entidad y emitir un informe de la situación en el estado sureño.
Integrada por representantes de nueve países, la misión se desarrollará en dos etapas. Un primer grupo viajó este lunes a Oaxaca, donde permanecerá hasta el 2 ó 3 de enero, y el segundo estará en la entidad del 7 al 20 de enero, según explicó Ignacio García, integrante de la CCIODH.
En una rueda de prensa sostenida este lunes, García informó que la delegación se entrevistará con autoridades, organizaciones y participantes en el movimiento social que surgió en mayo de este año en la entidad (APPO), con el fin de elaborar un informe que presentarán a instancias internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Anunció que la CCIODH buscará el ingreso de sus observadores a las cárceles donde están las personas que fueron detenidas durante todo el conflicto, para entrevistarlos y recoger sus impresiones.
Por su parte, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aplaudió la visita de la delegación, pero lamentó que tengan que venir observadores internacionales para que se hagan públicas las violaciones a las garantías individuales que vive el país.
La APPO no está derrotada
El vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Jesús López, expresó este lunes que no habrá una reconciliación con el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, pese la liberación de 43 compañeros el pasado fin de semana.
Para López, el diálogo con Ruiz sólo »se dará hasta que renuncie a su cargo».
Al entregar los testimonios de varios participantes en el movimiento a la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), López señaló que la APPO no está derrotada.
Agradeció la presencia de esa ONG internacional, porque »vendrán a constatar las agresiones de que ha sido objeto el pueblo de Oaxaca», señaló.
En el marco de la conferencia de prensa en la que se informaron las acciones que realizará la CCIODH, Ignacio García, integrante de la misma, indicó que los activistas internacionales no están en México sólo para realizar trabajo moral, sino para brindar apoyo a los afectados »y usar todas las medidas posibles para la solución del conflicto».
Informaron que mexicanos destacados -intelectuales, artistas y luchadores sociales- conformarán una comisión que intentará romper el cerco informativo para explicar lo que en realidad pasa en Oaxaca.