Bolivia y Estados Unidos están cerca -con un avance del 99 por ciento- de iniciar una «nueva era»1 en sus relaciones bilaterales. Si el acuerdo marco, que gira en torno a cuatro puntos, se firma -pues la discrepancia en torno al 1% restante puede abrir otros cauces todavía inesperados-, el gobierno indígena-popular le habrá dado […]
Bolivia y Estados Unidos están cerca -con un avance del 99 por ciento- de iniciar una «nueva era»1 en sus relaciones bilaterales. Si el acuerdo marco, que gira en torno a cuatro puntos, se firma -pues la discrepancia en torno al 1% restante puede abrir otros cauces todavía inesperados-, el gobierno indígena-popular le habrá dado a su similar estadounidense una agenda muy difícil de cumplir o, por el contrario, Obama tendrá la oportunidad de meter la cabeza en condiciones más favorables de las que ahora tiene para desarrollar su política exterior hacia América Latina.
Vayamos por partes. El 21 de mayo de 2009 -cerca de nueve meses después de que el embajador Philip Golberg fuera expulsado de Bolivia por sus estrechos vínculos con la oposición no democrática-, el canciller boliviano David Choquehuanca y el entonces secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Thomas Shannon, quien se reunió por una hora con Evo Morales, anunciaron estar trabajando en torno a un acuerdo marco de cuatro puntos.
Además de Golberg -un embajador que desempeñó un papel de primer orden en la división de Yugoslavia-, de Bolivia también fueron expulsadas en el segundo semestre de 2008 la agencia antidrogas DEA -que cumplía un papel de inteligencia política- y USAID cuyos recursos no inscritos ante el gobierno boliviano se destinaban principalmente a ONG con actividades de subversión a título de derechos humanos, participación ciudadana, democracia y medio ambiente.
El «documento de gran valor»2 fue propuesto por la Cancillería y consiste en: diálogo político, cooperación de Estado a Estado, responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento del comercio. Además, se acompañaron diez principios: respeto a la soberanía, integridad territorial, no injerencia en asuntos internos, respeto al estado de derecho, al ordenamiento jurídico y a la diversidad, promoción de la paz y la no violencia, justicia social para un desarrollo equitativo y armonía con la naturaleza.
Shannon se fue contento y con la idea de celebrar la próxima reunión en Washington en diciembre de ese año. La cita se canceló por decisión boliviana y Estados Unidos solo se limitó a decir que «esa fecha fue un poquito ambiciosa»3. Luego Arturo Valenzuela fue designado en el cargo de Shannon, quien ahora está como embajador en Brasil, y la boliviana María Otero jura como Subsecretaria de Asuntos Democráticos y Globales del gobierno estadounidense.
La cancelación de la reunión se explica porque entre mayo y diciembre de 2009 las relaciones volvieron a un nivel de tensión muy alta. El canciller boliviano sostuvo que «sería ingenuo pensar que Estados Unidos no está haciendo nada»4 para evitar que Evo Morales gane las elecciones del 6 de diciembre; el presidente del Estado Plurinacional afirmó que «Estados Unidos no tenía moral para hablar de terrorismo y acusar a otras naciones de promoverlo» y el 17 de diciembre, en Copenhague, aseveró que «Obama es peor que Bush».
Bolivia tenía razones para protestar: Estados Unidos estaba brindando apoyo al binomio de la oposición dura Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández, de los cuales el segundo enfrenta un proceso legal acusado por la masacre de Porvenir en septiembre de 2008, en el marco de una estrategia global que se proponía un golpe cívico prefectural con apoyo de mercenarios extranjeros5.
Cinco días después de las elecciones generales en Bolivia, Hillary Clinton sostuvo que «es realmente una mala idea» que Bolivia establezca relaciones diplomáticas con Irán y, en alusión directa a Evo Morales y Hugo Chávez sostuvo: «deberían considerar las consecuencias que puede tener para ellos. Esperamos que lo piensen dos veces».
A ese ambiente, ya demasiado caldeado, se suma un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos que agrupa a todos los organismos de seguridad, incluida la CIA y el FBI, en la que se lee que «la amenaza que representa para la estabilidad de la región una fuerza regional que lidera Chávez y en la que están Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia».
Por si eso no fuera suficiente, la administración estadounidense no ha respondido al pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada -acusado de la masacre de octubre de 2003 que terminó provocando una gran sublevación que lo forzó a renunciar y huir a Estados Unidos en la tarde del 17 de ese mes- y de expulsión de Hugo Achá, Manfred Reyes Villa y de otros que huyeron a ese país para no dar cuenta a la justicia por distintos delitos de los que se los acusa.
Ese es el contexto en el que se lleva adelante la reunión del lunes 1 de junio pasado en La Paz. Es más, el jefe del Estado Plurinacional se encarga de aclarar que la reunión fue solicitada por los Estados Unidos. La responsabilidad se le da, como es lógico, al Canciller y el emisario enviado por Hillary Clinton, que no ha incluido a Bolivia en su segunda gira por varios países de América Latina, tiene que resignarse a la imposibilidad de un encuentro con Morales.
La información oficial es escasa e impide sacar conclusiones más precisas. Sin embargo, tomando en cuenta la posición de larga data de Evo Morales, aún antes de asumir por vez primera la conducción del país, no es difícil anticipar que los términos del restablecimiento de las relaciones Bolivia-Estados Unidos darán mucho que analizar.
Sin embargo, desde la perspectiva boliviana, si el acuerdo marco sale como se ha planteado, Estados Unidos tendría que, en el primer punto -diálogo político-, dar señales contundentes de no inmiscuirse en asuntos internos, aceptar los alcances de la política exterior de Bolivia que de mirar solo al norte ahora le pone énfasis a las relaciones Sur-Sur y asumir que hay en marcha un proyecto estratégico de orientación no capitalista.
Por lo demás, la administración Obama tendría que revisar su decisión de instalar bases militares en Colombia y Panamá, promover la paz y la violencia en la resolución de las controversias y admitir las relaciones con Irán, Rusia y otros países que se encuentran afectando el peso de Estados Unidos en esa parte del mundo.
En el segundo punto -responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico-, el acuerdo marco obligaría a Estados Unidos a combatir el narcotráfico en su territorio y diferenciar entre coca y cocaína y priorizar la sustitución de los cultivos de coca antes que la erradicación y renunciar a la idea de un regreso de la DEA, lo cual implica cambiar su estrategia antidrogas para América Latina.
En el tema de la cooperación, que está registrado como el tercer punto planteado por Bolivia, el acuerdo marco se expresaría en cumplir con lo dispuesto por la Declaración de París y el Consenso de Monterrey, donde los países que prestan ayuda oficial al desarrollo (AOD) acordaron sujetar sus recursos a los planes de desarrollo de los países beneficiarios y disminuir los costos de transacción que reducen la ayuda en un alto porcentaje. Es decir, para ser precisos, USAID volvería al país, inscribiría sus recursos en el Viceministerio de Inversión Pública (lo que no hizo nunca) y no financiaría a otras ONG estadounidenses que como en Caranavi y Palos Blancos se dedican a canalizar dineros hacia dirigentes sociales y comunidades de base.
Y, finalmente, en el cuarto eje -fortalecimiento del comercio- una de las primeras acciones de Estados Unidos, incluso antes de la firma del acuerdo marco, pasaría por la restitución del ATPDEA y empezar a trabajar en un acuerdo comercial de largo aliento que respete las asimetrías y se mueva en torno a la complementariedad.
Pero hay otra manera de leer la aceptación estadounidense de la propuesta boliviana para el restablecimiento de las relaciones bilaterales: primero, la necesidad de tener un embajador en La Paz, tanto por razones políticas como simbólicas y estratégicas.
Es probable, incluso, que Estados Unidos sacrifique a algunos de los «refugiados» en su territorio y los entregue a la justicia boliviana para que respondan por los delitos que se los acusa.
Segundo, poner en movimiento su política del doble carril, ya desarrollada desde los primeros años de la década de los 60: diplomacia por un lado y subversión por otra.
Por tanto, el anuncio de una «nueva era» de las relaciones bilaterales boliviano-estadounidenses todavía tiene más incertidumbres que certezas y el anticipo de nuevos conflictos.
* Periodista y escritor boliviano, magíster en relaciones internacionales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rJV