A tan solo una semana de desembarcar de Washington, donde mantuvo reuniones por la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, participó el domingo pasado de una charla llamada “Cómo salir de la trampa de la deuda eterna”, junto al ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, y al ex candidato a presidente ecuatoriano Andrés Arauz.
Allí, a diferencia de lo que sostiene Guzmán en las reuniones con Kristalina Georgieva, el FMI fue tratado como parte del problema, y no de la solución, de la carga de la deuda.
El funcionario argentino señaló que “lo que necesitamos es que Argentina esté integrada, pero apropiadamente integrada” al orden internacional entre los Estados nación. En este plano, encierra la vieja ilusión de alcanzar (con una “buena negociación”) “acuerdos sustentables que permitan el crecimiento y el pago de los compromisos”. En efecto, vale mirar la experiencia del exministro griego en su paso por el gobierno de Syriza para archivar cualquier conclusión semejante.
En el espejo de Grecia
Varoufakis había sido el encargado de llevar adelante las negociaciones por la deuda externa griega a inicios de 2015. Syriza, la coalición de centroizquierda que ganó las elecciones en 2015, llegó al gobierno con las pancartas de la antiausteridad, pero a los seis meses terminó abrazando el programa de ajuste al que venía a poner fin. El primer ministro Alexis Tsipras se terminó arrodillando ante la “troika” (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) con la firma del Memorándum de entendimiento que implicaba un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador, contrariando el resultado del referéndum popular convocado por el propio gobierno, que había arrojado un rotundo rechazo al programa de austeridad. Esto motivó la renuncia de Varoufakis, impotente de alcanzar siquiera un modesto programa de reestructuración de la deuda.
¿Qué falló? El fatal desenlace indica que no es suficiente la firmeza que puedan tener los funcionarios en la negociación ni, como él admite, una discusión de diagnóstico macroeconómico. A pesar de las más de 30 huelgas generales contra los planes de austeridad que actuaron como catapulta para su victoria electoral, la estrategia neorreformista de Syriza nunca estuvo orientada a desarrollar la movilización, menos que menos a estimular un norte de radicalización para enfrentar los duros planes de la Troika. Al contrario, mientras que a la vista de Varoufakis y Tsipras el capital financiero se volcaba a la “acción directa” a través de golpes de mercado y fuga de capitales, el gobierno de Syriza llamaba a la concordia.
Mientras la fuga de capitales se desarrollaba sostenida a un ritmo de 200 y 300 millones de euros diarios con picos de más de 1.000 millones, el planteo de Varoufakis siempre estuvo sujeto a lograr una reestructuración de la deuda. La dureza del discurso, denunciando la responsabilidad de los acreedores en la crisis de deuda griega para convertirla en una “colonia deudora” (como la define en su libro Comportarse como adultos), no se acompañó de medidas soberanas para preservar el ahorro nacional y los recursos ante el saqueo y la especulación que continuaron llevando adelante los fondos financieros y la banca privada agudizando la crisis y la extorsión. Según relata Varoufakis en su libro, estuvo en elaboración como parte de un “plan B”, que apuntaba, en caso de romperse las negociaciones con la troika y entrar en un camino de salida forzada de la zona Euro, a la creación de una moneda propia y tomar medidas contra el vaciamiento financiero. Pero esto nunca pasó de un esbozo, torpedeado por la dirigencia de Syriza. Para el propio Varoufakis, el mejor escenario siempre fue lograr un acuerdo con la Troika para la reestructuración de la deuda, de forma de volverla “pagable” cambiando el programa económico por uno con medidas económicas expansivas, intención que se probó imposible no solo en Grecia, sino también en Portugal, España, Italia, y el resto de la Eurozona.
Si bien para Varoufakis la amenaza de ruptura con el FMI, con la Comisión Europea y con el Banco Central Europeo era central para tener poder de negociación, lo cierto es que esta se volvió pólvora mojada ante la evidencia de que la dirigencia de Syriza no estaba dispuesta a llevarlas adelante a medida que el país se iba quedando “seco” de euros. Al igual que ocurre con Guzmán, es desde estas condiciones que la «alternativa» del default se muestra como una aventura, abonando así a los argumentos de los apologistas del régimen de que la cesación de pagos solo puede traer el peor de los males: una crisis aguda por escasez de dólares, una devaluación y el aislamiento del resto del mundo. Se iguala así cualquier repudio al chantaje de los acreedores con un escenario de “default” o cesación de pagos como las varias que protagonizó la Argentina, por lo general de manera caótica. La cesación de pagos que por lo general se impone como hecho consumado de los gobiernos que intentan infructuosamente pagar hasta que no tienen con qué, como ocurrió en la Argentina en 2001, y sin ir acompañada de otras medidas defensivas, no tiene nada que ver con un verdadero desconocimiento soberano de la deuda como el que propone la izquierda, que implica otras iniciativas fundamentales como la nacionalización de los bancos y el monopolio estatal del comercio exterior.
La tragedia griega es harto conocida: desde el primer “rescate” de la “Troika” en el 2010 (préstamos para rescatar a los acreedores) pasando por el tercero de ellos con Tsipras, fueron permanentes las misiones del FMI para el monitoreo de la economía, feroces imposiciones de ajuste para reducir el déficit en múltiples dimensiones: desde recortes de la planta estatal, reducción del salario mínimo, privatizaciones, aumento del IVA, hasta contrarreformas laboral, jubilatoria, sanitaria, entre otras, atacando conquistas de los trabajadores, que mantuvieron hundido al país durante años, envuelto en una crisis social sin precedentes con niveles de desocupación en 20 puntos. Después de la capitulación de 2015, el martirio siguió por varios años. Cuando el país entró otra vez en crisis por la pandemia, todavía continuaban fuerte las secuelas de la catástrofe económica y la austeridad.
En el espejo de Ecuador
Otro de los exponentes del convite en el CCK fue el ecuatoriano Andrés Arauz, ex candidato a presidente por el correísmo en las recientes elecciones de abril de este año. En su intervención vía remota destacó la negociación de la deuda con los acreedores privados llevada adelante por Rafael Correa que implicó una “quita” de capital, y propuso recrear un “club de países deudores” para compensar las asimetrías que se enfrentan los países dependientes en la negociación con los acreedores más poderosos del mundo. Esta idea de conformar un club de deudores, que desde las crisis de deuda que asolaron la región a comienzos de los años 1980 se planteó más de una vez, nunca fue llevada adelante, para regocijo de los acreedores. La renegociación de la deuda de Ecuador con los acreedores privados en el año 2008 fue presentada en su momento como una ruptura de los moldes que rigen los patrones de endeudamiento y reestructuración. Si bien, a diferencia del caso griego, el gobierno ecuatoriano se apoyó en ese momento en una auditoría de la deuda que concluyó que una parte de la deuda era ilegítima, este resultado fue aprovechado para declarar una cesación parcial del 70 % de la deuda en bonos, mediante la cual el gobierno pudo recomprar sus propios papeles devaluados y así obtener una “quita”.
Tras la “negociación con firmeza” y el alcance de la “renegociación sustentable”, se abrió paso al cantar de los pagos seriales. No muy distinto a lo que terminó realizando Néstor Kirchner en la Argentina, así como en Brasil, Bolivia y otros países, donde una porción significativa de los recursos extraordinarios del boom de los precios de las commodities que gozó la región entre 2003 y 2013 se fueron por la alcantarilla de los pagos de esa deuda supuestamente «sustentable». Ese «desendeudamiento» por esos años fue presentado como un acto «soberano», aunque terminó siendo parte de los factores que, a fuerza de llevarse reservas, dejaron a los países más frágiles cuando la coyuntura internacional cambió de signo fuertemente desde 2013. Dicho sea de paso, Arauz omitió que la reivindicada auditoria de la deuda se interrumpió en lo sucesivo, como denuncia el especialista Olmos Gaona.
Llama la atención que Arauz no haya hecho mención a la actual crisis de deuda del país con el FMI. ¿Otra vez al FMI y al ajuste en casa? ¿Qué sucedió con aquella exitosa renegociación que Arauz nos presenta como una épica? En el caso de Ecuador, no hubo un “Macri”: fue el ex presidente Lenin Moreno (delfín correísta que rompió con este a poco de asumir) quien cerró un acuerdo con el organismo por U$S 6.500 millones en 2019, desembarcando un nuevo paquete de medidas de ajuste. Esto originó un profundo rechazo popular y un estallido de jornadas de protesta de los trabajadores y pueblos originarios contra el FMI que, no por casualidad, ahora volvieron a emerger justo dos días después de su exposición en la charla.
“Mientras tanto, juego con tus reglas”
“Grecia siempre cumplirá sus obligaciones con sus acreedores” planteó Varoufakis en su traje de ministro, y en efecto no dejó de cancelar los vencimientos con el FMI. Estos incluyeron un pago de U$S 750 millones cuando no tenía claridad si el fisco iba a quedar con un resto para pagar los sueldos públicos y jubilaciones a fin de mes. Nada que envidiarle tiene el discípulo de Stiglitz por estos pagos, que aún en pandemia y con más del 40 % de la población en la pobreza desembolsó religiosamente cada uno de los pagos previstos con el FMI mientras mantiene las negociaciones. Con los U$S 4.216 millones que ya el Gobierno del Frente de Todos destinó al Fondo, podrían haberse cubierto 8,2 millones de ingresos de emergencia de $ 50.000, o construido 177.300 viviendas. Hasta fin de año Guzmán tiene previsto destinar otros U$S 2.300 millones más al pago de capital e intereses al organismo.
Noemí Brenta apunta en su libro Historia de la deuda externa argentina que “el propio FMI calcula que por cada $1 en que el gobierno corta su gasto, la actividad se reduce entre $1,5 y $2. De ello resulta una base menor para cobrar impuestos, por lo que el gobierno se ve impelido a redoblar los aumentos de impuestos y la baja del gasto para hacer “espacio fiscal” que le permita atender la deuda. Se produce así un perenne círculo vicioso”, y agrega, “la austeridad es una herramienta para disciplinar y humillar a las poblaciones”. Guzmán no solo pagó, sino que llevó adelante en 2021 uno de los ajustes fiscales más elevados y rápidos de los últimos tiempos, generando la envidia de Cavallo y Dujovne por el logrado casi “déficit cero” en la primera mitad de año.
Con las manos vacías
El encuentro de Guzmán en el CCK junto a Varoufakis, así como las “encendidas” declaraciones de Alberto Fernández [1] ocurrieron a tan solo una semana del encuentro de la misión argentina en Washington para renegociar la deuda con el FMI. Los trascendidos son pocos, la foto con Kristalina, el tuit protocolar. Para no variar, las negociaciones siempre son a espaldas del pueblo trabajador.
Al parecer, Guzmán no consiguió traer ni la promesa de quitar los sobrecargos que cobra el Fondo a la Argentina por haber contraído un volumen de préstamo extraordinario. Al final, no había FMI bueno; ni siquiera la supervivencia de Georgieva al frente de la entidad terminó jugando a favor del ministro. No sorprende, entonces, que ante un panorama más sombrío para el acuerdo, el Gobierno argentino intente posar de “duro” en campaña electoral. Quizás lo único que termine pudiendo mostrar a su favor en unos meses es que logre firmar un acuerdo con el FMI, ya importando cada vez menos si lo puede edulcorar de “sustentable”.
Se blanquea lo que el FMI nunca dejó de ser: una entidad que representa al capital financiero internacional y va a presionar por imponer sus condiciones de más ajuste y reformas estructurales. Para reafirmar su rol, el organismo publicó un informe para la cumbre del G-20 donde se pide a las economías que realicen reformas laborales y tributarias y reduzcan las regulaciones. En particular, para la Argentina se “recomienda”: “políticas activas sobre el mercado laboral”, aumentar los impuestos jerarquizando al consumo y a la propiedad, y flexibilizar las regulaciones para los mercados; y también otras medidas como “reducir la carga tributaria sobre el empleo”, la liberalización del comercio y aliviar la «protección» de la legislación laboral.
“Convalidar y pagar”
En el CCK, Guzmán afirmó que “el uso de los fondos [del préstamo de Macri, NdR] fue absurdo: de esos U$S 45 mil millones de dólares, U$S 21 mil millones se usaron para pagar deuda insostenible a acreedores privados en deuda extranjera, y U$S 24 mil millones financiaron salidas de dólares”, y a continuación sentenció que “el pueblo argentino pagó la campaña de Macri”. Pero a pesar de la ilegitimidad de esa deuda, el Gobierno insiste con reconocerla.
En el 2022 Argentina tiene pautados vencimientos por unos U$S 19.000 millones con el FMI, y otros U$S 2.000 millones con el Club de París, una cifra que supera las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. El Frente de Todos, al descartar de su radar la posibilidad de un desconocimiento soberano de esa deuda, está obligado a llegar a un acuerdo con el Fondo para patear vencimientos, o dirigirse inexorablemente hacia un default que se descargará sobre los sectores populares. En cualquiera de estos dos casos, a la larga lleva a pagar sobre el sudor y el hambre del pueblo trabajador, sin romper con los condicionamientos del imperialismo.
Es por ello que, a continuidad de su afirmación, Guzmán aclaró “estamos intentando refinanciarla en cuotas que no impidan el desarrollo de nuestro pueblo», buscando recrear otra vez la ilusión de que ambos objetivos son compatibles. Refinanciar el Stand By con un acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años implica no solo convalidar el fraude de la deuda anterior, sino una hipoteca insalvable para el país. Suponiendo un acuerdo con el Fondo que implique vencimientos a razón de U$S 5.000 millones anuales, los servicios totales de la deuda externa se llevarán al menos U$S 12.500 a 15.000 millones por año a partir de 2025. Lo maquiavélico del caso es que Guzmán, previendo de antemano este nuevo fraude, le aseguró al FMI una ley para que el acuerdo sea votado en el Congreso para otorgarle un manto de legitimidad al pacto de ajuste.
Solo dos veces en la historia nuestro país firmó acuerdos de facilidades extendidas: uno en 1992 bajo la gestión de Domingo Cavallo; otro en 1998 con el Chicago Boy, Roque Fernández. Después de aplicar profundas contrarreformas estructurales, la década terminó con nuestra propia tragedia griega: la crisis de 2001.
¿Se puede patear el tablero, decir “chau FMI”?
Una de las moderadoras de la charla, Luci Cavallero, destacó en Página/12 que “la discusión sobre la negociación de la deuda externa estuvo casi ausente durante todo el debate electoral”. Efectivamente, las dos opciones de “acuerdo o default” a las que el Gobierno y la oposición quieren reducir el debate, están íntimamente asociadas entre sí. Estas “opciones” solo responden al objetivo de preservar los negocios de los grandes capitalistas a costa de descargar las crisis sobre los trabajadores y el pueblo pobre.
La única voz disonante que alerta (en cuanto debate u oportunidad se presenta) las profundas consecuencias que trae el acuerdo con el FMI es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, que plantea una salida para terminar con la “deuda eterna”. Desde la dictadura hasta esta parte se pagaron más de USD 600 mil millones pero la deuda argentina se multiplicó por 43 [2]. Hay que “patear el tablero”. El desconocimiento soberano de la deuda externa y la expulsión del FMI del país, basados en la movilización obrera y popular, constituyen un primer paso esencial para poner fin a la decadencia infinita a que somete la clase capitalista a las mayorías populares.
El no pago de la deuda es inseparable de un conjunto de medidas de defensa nacional y de resguardo de los recursos, que impidan los golpes de mercado que buscarán imponer los grandes capitalistas así como la fuga de capitales. Está comprobado que los bancos privados son los principales vehículos de la “fuga” así como de la transferencia hacia “guaridas fiscales” de los activos financieros (en lo fundamental aquellos no declarados) de las familias ricas y grandes empresas, que se agudiza en tiempos de crisis. Su nacionalización para formar una banca estatal única, bajo control de los trabajadores, es una poderosa herramienta para discutir democráticamente los criterios y prioridades del crédito, para poder canalizarlo hacia inversiones que respondan a las necesidades sociales, de infraestructura y vivienda que vienen largamente postergadas, así como preservar el ahorro nacional y los depósitos de los pequeños ahorristas, generando crédito barato para el pequeño comercio, talleres y pequeñas firmas.
También la perspectiva de un desconocimiento soberano de la deuda implica poner en cuestión quién controla los dólares generados gracias a la explotación de nuestros recursos naturales y el trabajo cotidiano de millones de personas al servicio de los patrones. Solo 50 empresas controlan el 60 % de las exportaciones. Las divisas son claves para el desenvolvimiento de la economía y el control de los precios internos, afectados permanentemente por el poder que tienen las agroexportadoras y las alimenticias de imponer condiciones, afectando el poder de compra y deteriorando los salarios. Junto con la expropiación de los grandes terratenientes, el monopolio del comercio exterior permitiría apropiar la renta agraria que hoy se lleva el agropower, controlar las divisas de las exportaciones y definir las prioridades de importaciones de acuerdo a las necesidades de la producción y las inversiones en infraestructura más urgentes.
A contramano de la cultura de la resignación, este camino propone conquistar una sociedad organizada y planificada según las necesidades sociales y no según las ganancias de una minoría. La lucha por este programa implicará para la clase trabajadora tomar conciencia de la necesidad de una organización propia con una política independiente, echando a la burocracia de los sindicatos, y avanzar hacia el objetivo de conquistar un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo.
Notas
[1] El acto homenaje por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner se convocó con el lema del expresidente “primero se crece, después se paga” (con un “se paga” en mayúsculas).
[2] Actualizado al II trimestre 2021, según datos de Oficina Nacional de Crédito Público, Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía.
Lucía Ortega. Economista de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Como-salir-de-la-trampa-de-la-deuda-eterna