«Parece una competencia para ver qué partido gasta más dinero. Es una grosería en un estado tan pobre», dijo Alex, un joven de 30 años que trabaja como taxista en esta ciudad chiapaneca del sur mexicano, a 30 minutos por carretera de la frontera con Guatemala. Alex se refería al denunciado reparto de beneficios establecidos […]
«Parece una competencia para ver qué partido gasta más dinero. Es una grosería en un estado tan pobre», dijo Alex, un joven de 30 años que trabaja como taxista en esta ciudad chiapaneca del sur mexicano, a 30 minutos por carretera de la frontera con Guatemala.
Alex se refería al denunciado reparto de beneficios establecidos por planes estatales de asistencia a los pobres -materiales, alimentos, ropa, tarjetas de compra, etcétera- de las fuerzas políticas para obtener votos en los comicios del domingo 1.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, encabezaba este lunes el escrutinio provisional, con 39 por ciento de los votos, cuando se habían computado más de 95 por ciento de las actas.
Además de la elección de presidente de la República y de 500 escaños de diputados y 128 del Senado, hubo comicios en 15 estados, incluyendo alcaldías y legislaturas regionales y en siete de ellos para renovar gobernaciones.
Los sureños Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres del país. El primero tiene un producto interno bruto por persona de 3.600 dólares -menos de la mitad del promedio nacional- y solo uno de sus 122 municipios escapa de los índices de marginación del Consejo Nacional de Población.
Los chiapanecos eligieron gobernador, alcaldes y diputados locales. El Instituto Federal Electoral (IFE) proclamó ganador al postulante de la coalición formada por el PRI y el Partido Verde, Manuel Velasco, con 45 por ciento de los votos, según datos parciales del escrutinio primario.
De acuerdo con los resultados preliminares, el único municipio en el que no ganará el PRI en este estado es la capital, Tuxtla Gutiérrez, también la única que no registra altos niveles de pobreza.
En los días previos, se multiplicaron las denuncias sobre el uso electoral de programas sociales destinados a los más pobres.
El martes 26 de junio, los habitantes de una comunidad del municipio serrano de Motozintla detuvieron un camión que transportaba bolsas de fertilizante porque pensaban que serían utilizados para comprar votos para los candidatos del PRI. Aunque el conductor negó las acusaciones, los campesinos se repartieron la mercancía sin esperar a la investigación oficial.
El caso más grave se registró en la comunidad Rincón Chamula, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde tres personas fueron asesinadas cuando esperaban en fila para emitir su voto.
«Desde la madrugada del día de hoy (lunes), ha estado recibiendo reportes de denuncias de irregularidades cuya gravedad y cantidad ha aumentado conforme ha transcurrido la jornada», señaló, en su último reporte, la organización no gubernamental Contamos.org.mx.
La organización documentó más de 500 denuncias de anomalías, de las que 39 por ciento corresponden a compra de votos, 33,85 son de irregularidades en mesas de votación, y 19,1 a propaganda durante la veda electoral.
Sin embargo, las autoridades electorales, el presidente Felipe Calderón y el propio Peña Nieto minimizaron las denuncias y aseguraron que la jornada se celebró con «incidentes menores».
El conteo de votos también da ventaja al PRI en Tapachula, una de las cuatro ciudades de Chiapas utilizadas por el narcotráfico para transportar droga y paso obligado de miles de inmigrantes centroamericanos.
Días antes, en el municipio costero de Huixtla, habitantes denunciaron la presencia de tres vehículos provenientes de la capital del estado repletos de fertilizantes, supuestamente del equipo de campaña de un candidato a diputado federal del hasta ahora gobernante Partido Acción Nacional (PAN).
«La batalla fuerte por el voto de los pobres se ha dado entre el programa de Piso Firme del gobierno federal y Chiapas Solidario, una estructura que creó el gobernador (Juan) Sabines», dijo a IPS un reportero local.
Piso Firme fue uno de los programas que promocionó la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez, como un logro de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, sus anuncios generaron polémica porque presumían cifras que no coincidían con los informes oficiales. La postulante quedó tercera, con 26 por ciento de sufragios.
Chiapas Solidario es una reproducción a escala estadual del exitoso Programa Nacional de Solidaridad que creó en 1991 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se basa en una estructura de asambleas de barrio que definen el uso de los recursos entregados para fines sociales.
Los planes federales, en cambio, están desde la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000) «focalizados», es decir que entregan remuneraciones económicas en forma directa a los beneficiarios.
En México hay 52 millones de personas en la pobreza y casi 23 por ciento de ellas son indigentes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este país tiene 112 millones de habitantes.
Los tres principales postulantes presidenciales destacaron en sus campañas el combate a la pobreza. Sin embargo, el tema dejó de ser el eje del discurso del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, quien hace seis años había competido bajo el lema «Primero los pobres».
La última encuesta publicada por el diario Reforma mostró una mutación clara en la extracción social y nivel educativo de los votantes del candidato de la izquierda, que quedó segundo en los comicios del domingo, con 32,5 por ciento.
Según ese sondeo, las preferencias electorales por Peña Nieto entre electores que contaban solo con educación básica duplicaban las de López Obrador. La proporción era exactamente inversa entre votantes egresados de educación superior.
En la declaración de zonas de atención prioritaria para 2011, la Cámara de Diputados registró 1.251 municipios con grados de marginación alta o muy alta, en los que viven 17 millones de personas.
En esas zonas empobrecidas han aparecido los mayores índices de votación en los últimos siete años, indican análisis del sociólogo y doctor en ciencia política Manuel Reyna, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Reyna expuso que al menos 20 de los municipios más pobres del país registran el porcentaje más elevado de participación electoral nacional.
Varios de ellos están en el sudoriental estado de Veracruz. Por ejemplo, en las elecciones locales de 2010, el municipio de Mixtla de Altamirano -el tercero más pobre de todo el país- registró una concurrencia a las urnas de 76 por ciento, y Magdalena, distrito nahua de la región montañosa de no más de 3.000 habitantes, registró 91 por ciento de participación electoral.
La batalla por el voto de los pobres arreció en la última semana en todo el país. En Veracruz, representantes del PRI denunciaron ante la fiscalía de delitos electorales que el gobierno federal, a través de la estructura del Programa Oportunidades, estaba supuestamente condicionando y coaccionando a familias beneficiarias para que votaran a los candidatos del gobernante PAN.
El caso más polémico fue el hallazgo de miles de tarjetas de compra en tiendas de autoservicio, distribuidas por el PRI. El monto acumulado de esos llamados «monederos electrónicos» supera los 50.000 dólares y rebasa por mucho el tope legal de donación de particulares a una campaña.
Un vídeo grabado en el central estado de Guanajuato el 24 de junio, en un mitin del hoy victorioso Peña Nieto, documentó la movilización de personas de localidades con gran migración, que recibieron tarjetas para hacer llamadas de larga distancia sin límite hasta el día de los comicios y otras que les servirían para recibir beneficios de programas sociales, «si gana el candidato».
También en la capital se vieron estas prácticas.
En Jardines de San Lorenzo, barrio pobre del oriente de Ciudad de México, desde temprana hora del sábado 30 había filas de personas esperando una «bolsa de trabajo», para la que debían presentar tres copias de la credencial de elector y contestar al ingreso por qué partido votarían. Las esquinas estaban custodiadas por militantes del PRI.