«Cinco pesos, ocho horas» era la leyenda que se podía leer en los carteles de los más de tres mil trabajadores mineros que tomaron las calles de Cananea, Sonora, un 1ro de junio de 1906. Estos hombres estaban dejando a la historia de nuestro pueblo una valiosa enseñanza: la clase trabajadora sólo necesita valentía y […]
«Cinco pesos, ocho horas» era la leyenda que se podía leer en los carteles de los más de tres mil trabajadores mineros que tomaron las calles de Cananea, Sonora, un 1ro de junio de 1906. Estos hombres estaban dejando a la historia de nuestro pueblo una valiosa enseñanza: la clase trabajadora sólo necesita valentía y organización para hacer que la tierra se cimbre y los burgueses demuestren lo que son: un puñado de cobardes asesinos, una minoría rapaz.
La huelga de Cananea es recordada por ser uno de los movimientos que abrieron camino a la Revolución Mexicana, uno de los tantos en los que el Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por los hermanos Flores Magón, realizó su tarea de agitación, propaganda y organización, y despertó en los obreros la conciencia de lo indigno de sus condiciones laborales. Primero fue en la Unión Liberal Humanidad donde los obreros más conscientes se agruparon; poco tiempo después nació el Club Liberal de Cananea. Estas dos expresiones del PLM fueron la punta de lanza de un movimiento que, aunque en su mayoría fue espontáneo, cuestionó la explotación, el despojo y la represión que la empresa Cananea Consolidated Copper Company imponía a los mineros, y exigió una jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo suficiente y un trato justo.
Ante estas exigencias, el dueño de la empresa, William C. Greene, respondió: «Es del todo imposible aumentar los salarios sobre su nivel actual…», y a la justa manifestación obrera siguió la represión: elementos militares y policíacos del Estado mexicano, soldados estadunidenses, empleados gringos de la mina y pistoleros al servicio de la compañía imperialista asesinaron a 23 trabajadores y dejaron heridos a 22 más. Así gobernaba la burguesía mexicana: al servicio del capital extranjero, de los capitalistas nacionales y de los latifundistas.
Tuvieron que pasar muchos años para que en 1971 la mina de cobre de Cananea, la más grande del país y la tercera más grande del mundo, pasara a manos del gobierno mexicano y, con esto, que el usufructo de nuestras tierras y riquezas sirviera al desarrollo del pueblo. Sin embargo, la burguesía siempre estuvo al acecho, y con la entrada del neoliberalismo, ese mismo gobierno oligarca que con la huelga de Cananea demostró su carácter servil y sumiso ante el capital extranjero y nacional, volvió a entregar nuestra riqueza a la burguesía.
En agosto de 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari y su equipo de gobierno, entre el que se encontraba Claudio X. González, remataron la mina de Cananea, valuada en dos mil millones de dólares (mdd), por sólo 400 mdd al ahora llamado Grupo México, en ese entonces dirigido por el empresario minero Jorge Larrea.
Grupo México, dirigido actualmente por el hijo de Larrea, Germán Larrea Mota Velasco, es un conglomerado de empresas conformado por Southern Copper Corporation, ASARCO, Minera Los Frailes, Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, Texas Pacífico, México Compañía Constructora, GM Servicios de Ingeniería, Perforadora México, Grupo México Energía, Grupo México Autopistas y Entretenimiento GM de México.
En el sector minero, Grupo México es la compañía minera más grande en el país, opera en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, y, sólo en el último año, tuvo una ganancia de 6 210 mdd, por la venta de 1 millón 054 mil 414 toneladas de cobre anuales. Culpable de la muerte de 65 mineros en 2006 en la mina Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, esta empresa tiene su mina estrella, Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, responsable del «desastre ecológico más grande de México»: el derrame de 40 mil litros cúbicos de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. Además, tiene una extensión concesionada para la explotación minera en Sonora de casi seis millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.
En el sector de transporte, Grupo México obtuvo ganancias por 1 767 mdd durante el 2017, y opera a través de diversas líneas ferrocarrileras, entre las que se encuentra el Ferrocarril Mexicano, propiedad de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, vendida durante el periodo neoliberal con Ernesto Zedillo. Fue gracias a esta privatización que Grupo México se convirtió en el operador ferroviario más grande de México en cobertura y tamaño de flota: su red cubre aproximadamente el 71% del área geográfica del país y casi el 80% de las áreas industriales y comerciales. Además, Germán Larrea posee más de la tercera parte de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera los aeropuertos internacionales de las principales ciudades del país, con excepción del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
En infraestructura, este monopolio de la burguesía ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como perforación terrestre y marina, que incluye arrendamiento y operación de plataformas petroleras, los cuales se han visto ampliamente beneficiados con la reforma energética y las concesiones de las autopistas nacionales: no son fortuitas sus ganancias por 608 mdd, durante el 2017.
Desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, las filiales mineras, de infraestructura y de transportes de Grupo México han recibido 333 concesiones, con una vigencia hasta el año 2063, las cuales aproximadamente representan 83 582 hectáreas del territorio nacional, según datos de la Secretaría de Economía.
Como puede verse, la fortuna de Germán Larrea Velasco -miembro de la oligarquía burguesa agrupada en el Consejo Mexicano de Negocios-, valuada en 17 mil 300 mdd, se ha fincado en el robo al pueblo, pues todas las empresas que ahora le pertenecen alguna vez fueron propiedad del Estado, de manera que las ganancias que de ellas se obtenían alimentaban el erario público, es decir, al presupuesto a la salud pública, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda social y a los servicios básicos con tarifas justas. Así, gracias al despojo, a la explotación y a la represión del capitalismo y sus políticas neoliberales, Larrea Velasco es el segundo hombre más rico de México y el número 79 del mundo.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es momento de terminar con el neoliberalismo, pues sólo ha significado pobreza, corrupción y violencia. Para esto, ha emprendido una serie de reformas gubernamentales que apuestan a la «austeridad republicana»; es decir, al adelgazamiento de las nóminas de la alta burocracia, a la eficiencia del uso de recursos de algunas instituciones públicas -como Pemex- y al recorte de personal que, justamente con la entrada del neoliberalismo, perdió todos sus derechos laborales de manera que fueron contratados bajo el esquema de trabajadores por honorarios, de confianza, eventuales y prestadores de servicios. En pocas palabras, a un ajuste presupuestal que permita al gobierno «hacer más, con menos» y destinar lo ahorrado a políticas públicas en «beneficio de los más pobres», y a la seguridad pública.
Sin duda, consideramos que es urgente que la alta burocracia deje de percibir los cientos de miles de pesos que año con año se embolsan. Sin embargo, creemos que para acabar con el neoliberalismo en los hechos, también es necesario que esa mafia que aún sigue en el poder, devuelva al pueblo lo que se robaron: aquellas empresas que eran nuestras y servían al bienestar de los trabajadores, pues aunque mientan y nos digan que gracias a ellos tenemos trabajo, nosotros no olvidamos que esa riqueza sale de nuestras tierras y la generan nuestras manos. Es cierto, necesitamos «un gobierno del pueblo y para el pueblo», y la única manera de acercarnos a eso es que el Estado recupere la propiedad de los grandes medios de producción (las minas, la industria petrolera, las fábricas, las telecomunicaciones, entre otros), y que vuelva a tener el control sobre la explotación de los recursos naturales.
Hemos escuchado que la corrupción dejó a nuestra patria en banca rota, que no hay dinero y que justamente ésta es la razón de la austeridad. Sin embargo, consideramos que la austeridad no debe aplicarse únicamente a altos funcionarios de gobierno, pues aunque esa burguesía mezquina haya aceptado aumentar el salario mínimo, la realidad es que los precios de los alimentos y los servicios siguen aumentando, de manera que debemos seguir apretándonos el cinturón con las políticas de austeridad que los patrones nos imponen. Más bien, la austeridad debe aplicarse, como dicen, «de arriba para abajo», pero no únicamente al gobierno, sino a toda esa oligarquía, a esos vividores del sufrimiento e incertidumbre del proletariado.
Así, el presidente debe utilizar la comunicación directa que tiene con esa minoría rapaz -a través del Consejo Asesor Empresarial conformado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán-, para exigirles que devuelvan lo robado, pues sólo así se podrá garantizar una justicia social a corto plazo.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ENGENDROS DEL NEOLIBERALISMO del No. 39 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.