Frente a la grave inundación ocurrida en las últimas semanas, es tiempo de poner freno a la codicia empresarial, a la ganancia desenfrenada y es necesario recuperar la capacidad de ordenamiento territorial, atributo indelegable de todo Estado. Dos semanas después las aguas ya bajaron. El desastre general, los daños y las pérdidas materiales y humanas […]
Dos semanas después las aguas ya bajaron. El desastre general, los daños y las pérdidas materiales y humanas están expuestas y a la vista. Analistas, especialistas, políticos, gobernantes, funcionarios dan sus opiniones y cargan las tintas en los otros o en el clima. Nadie se hace responsable, ni paga.
Otra vez el azote de las lluvias, otra vez los ríos desbordados, otra vez los campos, los cascos urbanos y las viviendas anegadas. Los medios de comunicación saturan de información y de opiniones. Consultan a especialistas en hidráulica, académicos, investigadores, funcionarios, opinólogos de todo pelaje. Que el cambio climático; que las obras no se hacen; que los canales clandestinos; que la compactación de los suelos; que la subejecución de las partidas; que las construcciones en los humedales, que el plan hídrico maestro, que los planes de contingencia… y cada una de estas aseveraciones tiene su contrapartida que la refuta. Todo genera una gran confusión, tal vez buscada, porque cuando las competencias están muy distribuidas, cuando las informaciones y opiniones son contradictorias las responsabilidades se diluyen.
Los que no eluden su responsabilidad son las organizaciones de la sociedad civil que inundación tras inundación, catástrofe tras catástrofe, mejoran su accionar, perfeccionan sus formas de atender las emergencias, suman cada vez un mayor número de instituciones, donantes y voluntarios y dan respuestas que las distintas instancias estatales (nacional, provincial, municipal) parecen no tener. Es como si a diferencia del Estado ellas sí tienen un plan de contingencia, para atender a los sectores más vulnerables e indefensos frente a fenómenos meteorológicos extremos. Un plan que no es público, que no está escrito, pero que sí existe y se cumple cuando se necesita, aunque siempre resulte insuficiente.
No es que no se sepa pero conviene reiterarlo: las causas de las inundaciones de esta época son multicausales, resultan de una combinación perversa de cambio climático, intereses empresariales y connivencia estatal. Todo presidido por la lógica del capital.
El calentamiento global
El cambio climático, esencialmente el calentamiento global por los gases invernadero, es el producto de un modelo de acumulación capitalista productivista sustentado en el uso irracional de la energía. Basta ver los informes de organismos internacionales que dan cuenta de cruentas sequías seguidas de grandes inundaciones. Incluso los estudios de migraciones dan cuenta de un nuevo tipo, ya no producto de las guerras o por razones económicas, sino por causas climáticas. Las estadísticas muestran que en el noroeste bonaerense en 10 días llovió lo que es promedio para todo un año y que este agosto es uno de los más lluviosos en los últimos 100.
Pero ya las agencias meteorológicas internacionales, entre ellas la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, habían alertado que nos afectaría el fenómeno Niño, caracterizado como «fuerte» para este año, que ya había dado muestras tempranas en EEUU y Asia. ¿Porque entonces no se hizo nada preventivamente? Más aún con los antecedentes recientes: la ciudad de La Plata sufrió cuatro grandes inundaciones en los últimos ocho años, la de Buenos Aires otro tanto, mientras que Luján siete en los últimos cuatro.
El empresariado
Pero no todo son alteraciones de la naturaleza, está la actividad de los hombres. Es conocido que en los campos sojeros los propietarios hacen canales clandestinos para facilitar el escurrimiento de las aguas -en Provincia de Buenos Aires se han detectado 1600 cursos de aguas no autorizados, más de 100 de ellos en Luján- mientras que la siembra directa, si bien preserva la tierra, compacta los suelos, lo que se ve agravado por la falta de rotación de los cultivos, por lo tanto se pierde capacidad de absorción. Esto pasa aguas arriba, mientras que aguas abajo pululan los emprendimientos inmobiliarios en zonas inundables -los promocionados barrios cerrados o los «countries» con sus canchas de golf- que requieren levantar los terrenos o hacer terraplenes que alteran el curso de las aguas, achican las cuencas y bloquean el curso natural de las aguas. En la cuenca del Luján se han computado 100 barrios cerrados sobre zonas de desagües naturales, 20 de ellos están en construcción.
Los canales clandestinos permiten incorporar a la explotación tierras antes poco productivas; la siembra directa incrementa notablemente la productividad de la actividad, mientras que las tierras conocidas como humedales, precisamente porque son inundables, son de muy bajo costo por lo tanto beneficio neto para los «desarrolladores urbanos». No es otra cosa que la lógica del mercado, la voracidad del capital que se expresa en la búsqueda incansable de la maximización de la ganancia empresaria sin importar los costos socio-ambientales.
El Estado
Los distintos niveles del Estado no están exentos de responsabilidades. Obras previstas y presupuestadas -en los ríos Luján, Areco y Salado- no han sido cumplidas o están a medio camino o con grandes demoras. Los planes de mantenimiento no siempre se ejecutan y no parece existir un sistema preventivo que pueda reducir el impacto de las inundaciones. Hay subejecución de partidas y desvíos de fondos hacia gastos corrientes. Los funcionarios han mirado para otro lado cuando la construcción de canales clandestinos y han permitido la desregulación territorial con los barrios cerrados, los clubes náuticos y la construcción de barrios populares al borde de los ríos, en zonas inundables.
Basta ya
Es tiempo de poner freno a la codicia empresarial, a la ganancia desenfrenada. Las obras son necesarias -estaciones de monitoreo, represas, defensas, canales aliviadores- también los planes de mantenimiento -desmontes, limpieza de los cauces- y de contingencia para paliar el impacto de las inundaciones. Pero no es solo esto: hay que volver a lo que se pueda de los ciclos naturales. Es necesario recuperar la capacidad de ordenamiento territorial, atributo indelegable de todo Estado.
Es tiempo también de que empresarios involucrados, funcionarios estatales y representantes políticos hagan sus aportes dinerarios y asuman el costo de los desastres que promueven con su búsqueda insaciable de la ganancia unos y la subordinación a la lógica del capital otros.
Recursos: que aporten los responsables
Las grandes obras y los planes de mantenimiento deben hacerse con fondos presupuestarios, pero la emergencia se atiende con gastos corrientes que aumentan el déficit de las arcas del Estado (nacional y provincial). Sin embargo, es posible crear un Fondo específico para atender las necesidades de los afectados a nutrirse con fondos provistos por los responsables directos y controlado por organizaciones de las comunidades afectadas.
Entre otras fuentes de recursos posibles: fuerte sanción económica a los propietarios de los campos donde se han comprobado canales clandestinos (con la obligación de cancelarlos de inmediato). Impuesto especial a los desarrolladores de urbanizaciones en zonas inundables y a los propietarios de estos inmuebles. Sanción a los funcionarios que autorizaron estas construcciones. Contribución obligatoria a las 500 mayores empresas del país. Contribución obligatoria de un mes de sueldo al personal político ejecutivo de los Gobiernos nacional, provincial y estatal de las áreas involucradas, extensible a senadores y diputados provinciales y legisladores de los distritos afectados.
Puede resultar solo un aporte más, pero será también un poco de justicia.
Eduardo Lucita es miembro del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.