Hago referencia al excelente artículo de Rolando Cordera, publicado por La Jornada el 15/04/07 bajo el título «Privilegios que matan», en el que comenta la información surgida de la Auditoría Superior de la Federación relativa al tratamiento de privilegio a los grandes grupos empresariales, nacionales y extranjeros, aplicado por la autoridad fiscal mexicana, que tiene […]
Hago referencia al excelente artículo de Rolando Cordera, publicado por La Jornada el 15/04/07 bajo el título «Privilegios que matan», en el que comenta la información surgida de la Auditoría Superior de la Federación relativa al tratamiento de privilegio a los grandes grupos empresariales, nacionales y extranjeros, aplicado por la autoridad fiscal mexicana, que tiene su contraparte en la sistemática discriminación de los más pobres, por lo menos, en lo tocante a la distribución de los recursos públicos. El artículo remata con una conclusión lapidaria: «Caminar hacia la izquierda se vuelve con los días cuestión de supervivencia y de auténtica seguridad nacional, y no estará mal que de ello tomara nota la propia izquierda política».
Cuando en la palestra la derecha vocifera contra el aborto, bajo el argumento de la defensa de la vida, los hospitales públicos languidecen por falta de recursos y la gente muere por enfermedades curables, o por falta de agua potable, o por hambre o por tantas otras causas propias de la miseria en que se encuentra la mitad de la población, incluidas la «gastritis crónica» de una anciana indígena de la Sierra de Zongolica y la muerte de mujeres por abortos clandestinos. Es indudable que si los recursos públicos, en vez de regalarse a los grandes empresarios, se destinaran a la atención de las necesidades de la gente, se estaría actuando realmente en defensa de la vida.
Pero quiero subrayar el mensaje final a la izquierda política o a una parte de ella que, haciendo gala de amnesia o de indignidad, intenta hoy vestirse de moderna y tolerante, a base de deslindarse de la lucha encabezada por Andrés Manuel López Obrador para rescatar el país con el instrumento de la movilización popular, único válido en las actuales circunstancias. Hablan de los errores del dirigente (que los hubo) como causantes del fracaso, pretendiendo ignorar que, aún con ellos, la elección se ganó y que, como medida de los recursos comprometidos en el fraude, da cuenta la cuantificación de los privilegios de sus actores. Asumir el atraco como un hecho consumado y preparase para intentar ganar en futuras elecciones, adoptando el disfraz de la izquierda «moderna» no es otra cosa que ser cómplices de la matazón que implica la continuidad de la derecha neoliberal en el poder. Entre otros argumentos, aducen que la movilización social resta espacios al diálogo democrático y a la expectativa de un triunfo electoral, sin mirar que a ella, y a nadie más, se deben los breves espacios (1997-2000) en que se ha podido competir electoralmente con cierta equidad. Suponen que quienes se han adueñado del país y sus recursos, van a correr el riesgo de perder sus privilegios y su impunidad en aras de un juego democrático limpio y por la graciosa gestión de los izquierdistas modernos; habrá que preguntarle a la Sra. Bachelet si esto es posible.
Tomar nota de la realidad genocida y no salir a las calles a exigir su transformación es una aberrante complicidad. Así como también, salir a la calle sin propuesta de país, es desgastar la energía popular y engordar la de los privilegiados. La convocatoria de la Convención Nacional Democrática implica una movilización con proyecto y con cauces (ya no se diga causas) para obligar a la creación de las condiciones que garanticen la justicia y el equilibrio en la aplicación democrática, y reivindiquen la participación popular como elemento sustantivo de la democracia.
No se pretende una suma acrítica de las fuerzas de la transformación. Señalar errores resulta indispensable para la eficacia del proceso, incluso el cuestionar la actuación de los dirigentes. Lo que no se vale es que, en el juego de ambiciones personales, se ahogue el reclamo de millones de mexicanos y mexicanas que, en la cotidianeidad, ven canceladas sus aspiraciones de bienestar y justicia.
No está lejos de comprobarse el sentido criminal de los deslindes y las ambiciones. Oaxaca enfrenta el grave riesgo de que, en las inminentes elecciones legislativas locales, se consolide la posición del sátrapa Ulises Ruiz y se dé al traste con la vigorosa movilización de la APPO y sus muertos. La izquierda se está dispersando en la tierra de Benito Juárez.
Insisto: el fraude electoral no puede ni debe olvidarse.