Una orden de detención contra el fiscal Milton Mendoza emitida por comunarios de Ayo Ayo, que en la semana pasada lincharon a un alcalde acusado de currupción, provocó una remezón en el gobierno y autoridades de justicia bolivianas. La «orden de detención» fue emitida ayer por la comunidad de Ayo Ayo, que reunida determinó citar […]
Una orden de detención contra el fiscal Milton Mendoza emitida por comunarios de Ayo Ayo, que en la semana pasada lincharon a un alcalde acusado de currupción, provocó una remezón en el gobierno y autoridades de justicia bolivianas.
La «orden de detención» fue emitida ayer por la comunidad de Ayo Ayo, que reunida determinó citar al fiscal Milton Mendoza e incluso «allanar» su casa para detenerlo, lo mismo que a Roberto Chino y Plácida Quispe de quienes se dice están vinculados con el esquema de Altamirano.
«No les tengo miedo», dijo Mendoza que, como el gobierno, insiste en calificar el linchamiento del alcalde como un asesinato, aunque los comunarios dicen que sólo se trató de un acto de justicia comunitaria.
Otros fiscales paceños declararon apoyo moral y material para Mendoza.
En la semana pasada, Benjamín Altamirano, alcalde de Ayo Ayo fue linchado por una multitud de comunarios que, cansados por la inoperancia del sistema judicial, decidieron tomar la justicia por sus propias manos
Después del hecho, por orden fiscal, la Policía detuvo a Saturnino Apaza y otros dos campesinos considerados sospechosos del linchamiento, decisión que provocó una áspera reacción de la comunidad que amenazó con dinamitar el gasoducto y voltear torres eléctricas del sistema interconectado nacional, si no se pone en libertad a los detenidos.
Sin embargo, el gobierno de Carlos Mesa envió a la delegada Presidencial Anticorrupción, Lupe Cajías, con una propuesta que permitiría el acceso a los fondos de la copoarticipación popular, la que fue rechazada, lo mismo que el asesor de la Comisión de Ética del Congreso.