A cinco días de la realización de la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente, no hay quien ponga en duda la vistoria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales. La única pregunta que cabe es si ese partido superará el 54 por ciento por ciento de votos logrados por el […]
A cinco días de la realización de la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente, no hay quien ponga en duda la vistoria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales. La única pregunta que cabe es si ese partido superará el 54 por ciento por ciento de votos logrados por el ahora presidente en las elecciones de diciembre de 2005. Los más optimistas esperan que el MAS logre el 70 por ciento de votos. En ese marco, el rechazo a la autonomía propuesta por la derecha en Bolivia, parece ser un hecho y la única pregunta que queda es qué porcentaje de la población le dirá no a las oligarquías.
Los resultados de una encuesta realizada por Equipos Mori y publicada en el semanario Época dan cuenta de una alta popularidad del presidente Morales, la misma que con seguridad beneficiará al partido de gobierno.
Según los resultados de la encuesta, el 68 por ciento de la población cree que en el país el país va en la dirección correcta, es decir que el gobierno hace lo que la gente quiere.
Esos datos muestran que el presidente tiene el 81 por ciento de popularidad a nivel nacional. En la combativa ciudad de El Alto, el 96 por ciento de la población respalda al Presidente, mientras que en Santa Cruz, el considerado reducto de la oligarquía, un sorprendente 68 por ciento apoya al presidente.
Esta aprobación se acentuó tras la aprobación del decreto de nacionalización de hidrocarburos, medida que hace del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, el de mayor respaldo popular con un 56 por ciento.
Los resultados de la encuesta señalan que el 94 por ciento de los bolivianos apoya la nacionalización, un porcentaje que llamó la atención de los encuestadores que afirman que en el pasado nunca vieron un porcentaje tan elevado de apoyo a una medida gubernamental.
Preocupación entre los poderosos
Los resultados de esa encuesta se conocen días después que Adolfo Franco, un funcionario de USAID presentara lo que él llamó el «último pensamiento» de la administración Bush.
En contaposición de la opinión de los bolivianos, Estados Unidos no vio con buenos ojos la nacionalización, no le convence la política económica del gobierno boliviano, ni el nuevo rumbo de la política antidrogas y ahora le preocupa un potencial mayoritario apoyo a los candidatos del MAS en la Asamblea Constituyente.
«El nuevo gobierno boliviano, muchas veces, ha demostrado inclinaciones de consolidar el poder Ejecutivo y promueve reformas potencialmente antidemocráticas a través de la Asamblea Constituyente y otros medios», dijo Franco.
En respuesta, Morales afirmó que el MAS ganará la Asamblea Constituyente con entre 70 y 80 por ciento de apoyo, y atribuyó a ese apoyo las declaraciones del funcionario de USAID. «Tienen sus encuestas, saben que vamos a ganar con 70, 80 por ciento, por eso lanzan esas afirmaciones», dijo.
Pero Estados Unidos no es la única preocupada por la popularidad de Morales y la aplicación de su política económica. Los poderosos en Bolivia, terratenientes, políticos que gobernaron el país desde 1985 y los medios de comunicación realizaron una intensa campaña en la que no presentaron propuestas, sino intentaron una serie de ataques («guerra sucia»), muchas veces sin mayores fundamentos.
La estrategia de la oposición se basó en sembrar miedo y la confusión. Acorralada por una movilización social muy pocas veces vista en Bolivia, la oposición se embarcó en una campaña que tiene como ejes la siembra de rumores destinados a minar la estabilidad económica y quitarle la base social que por ahora disfruta el gobierno del presidente Evo Morales. Las autoridades tuvieron que salir con sendas declaraciones para desmentir un posible corralito financiero, o la aplicación de un impuesto a los salarios.
De todos los argumentos hasta ahora expuestos, probablemente el más peligroso para dañar la estabilidad del gobierno fue un supuesto «corralito financiero» o una escandalosa revaluación del boliviano al punto de hacer que pase de 8 bolivianos por dólar estadounidense a sólo 4 bolivianos por la unidad de la moneda norteamericana. Tales extremos, según los rumores desatados, estarían inmersos en el Plan de Desarrollo Económico presentado por el gobierno para intentar desmontar el esquema neoliberal vigente en Bolivia desde agosto de 1985.
«No hay necesidad de bajar la cotización del dólar en el mercado nacional porque con eso, sencillamente iríamos en contra del sector exportador nacional. Uno de los objetivos del gobierno es que este sector sea capaz de insertarse en el mercado internacional y, por eso, haríamos mal en bajar el dólar. Son especulaciones políticas y no tienen ningún fundamento económico», dijo el ministro de Hacienda, Luis Arce.
El retiro de dólares del sistema financiero, uno de los objetivos de quienes impulsaron el rumor, provocaría un golpe directo al gobierno de Morales, aunque según Arce los más perjudicados son los ahorristas pues al sacar sus depósitos, experimentan un daño económico mediante la pérdida de intereses y el costo económico que implica efectuar estas transacciones.
Pero la política cambiaria no es atribución del gobierno, sino del Banco Central de Bolivia, una institución que según la ley 1670, aprobada durante el primer gobierno del neoliberal y ahora fugado Gonzalo Sánchez de Lozada es independiente. «El BCB no modificará el régimen cambiario actual, consistente en ligeras apreciaciones o depreciaciones del boliviano respecto al dólar estadounidense en función a los objetivos de competitividad de las exportaciones bolivianas, estabilidad del sistema financiero y, principalmente, mantener una inflación baja y estable», dijo esta entidad en un comunicado.
Nadie se hizo responsable de los rumores de corralito. Lo que sí hizo la oposición es pagar una profusa campaña de publicidad que ataca la considerada gran influencia del presidente venezolano Hugo Chávez.
El jefe de UN, el ex mirista Samuel Doria Medina, fue más allá y denunció en base a un informe de pauteo de Publimarket que la petrolera PDVSA financiaba la campaña del MAS para las elecciones. La empresa responsable atribuyó su informe a un error, aunque Doria Medina insistió con sus denuncias.
Una propuesta para que la Iglesia Católica deje de ser oficial en Bolivia, motivó otra serie de protestas, las mismas que llegaron desde el Vaticano. Pero también en ese caso, Morales aclaró que nunca se habían pensado hacer las reformas anunciadas y responsabilizó a Alfonso Vía Reque, un funcionario de la Cancillería durante el último gobierno de Sánchez de Lozada de ser el responsable de esos rumores. «Nunca planteamos eliminar la materia de religión, nunca habíamos pensado siquiera en eso. La religión nos enseña a ser respetuosos, eso es lo que yo he aprendido», dijo el Jefe de Estado. «No es posible que la Iglesia sea instrumento de partidos derrotados y que no tienen moral ni etica para acusarnos», añadió.
La llegada de una misión de médicos cubanos fue también motivo de protesta para los médicos que en Bolivia hicieron de ese servicio un negocio. La encuesta de Mori estableció que el 72 por ciento de la población cree que esa misión es una decisión adecuada. El mismo día que se conoció la encuesta, un periódico en Argentina denunció a dos médicos bolivianos involucrados en el tráfico de órganos.
Entre los opositores a Morales están -a excepción del MBL- todos los partidos políticos que gobernaron el país desde 1985, aquellos que dieron via libre a aplicaron las políticas neoliberales en Bolivia; las transnacionales afectadas por la nacionalización de los recursos naturales, los terratenientes agrupados en la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que sienten amenazadas las tierras que detentan, en muchos casos sin haber seguido los procedimientos legales, y los medios de comunicación que, como el caso de Unitel, de propiedad de la familia Monasterios, conocidos terratenientes afincados en Santa Cruz, el periódico La Razón que tiene ligazones con capitales españoles afectados por la nacionalización, o con el periódico El Deber, vinculado a las oligarquías cruceñas. En este caso, días atrás, Alvaro Monasterios, un personaje ligado a los propietarios de ese periódico y como tal era gerente en el periódico La Prensa de La Paz, fue involucrado en una millonaria estafa a la Caja Nacional de Salud.
Las elecciones de representantes a la Constituyente del domingo próximo y el referéndum tendrán un carácter plebiscitario. Todas las encuestas le dan al partido del presidente como ganador, a la par que Morales se inclinó por el No al pedido de autonomías, por considerar que ese mecanismo sólo busca preservar los privilegios de las oligarquías.
No son buenos tiempos para la derecha. La encuestas de Mori señala que el perfil negativo de Jorge Quiroga, su principal exponente sube.