Frente a la presión de las autoridades por detenerla, la primera caravana en llegar a Ciudad de México debate cómo seguir. La situación desenmascaró la larga crisis que vive Honduras, donde la violencia, la pobreza y el autoritarismo empujan a la gente a partir, y la migración es el verdadero sostén de la economía nacional. […]
Frente a la presión de las autoridades por detenerla, la primera caravana en llegar a Ciudad de México debate cómo seguir. La situación desenmascaró la larga crisis que vive Honduras, donde la violencia, la pobreza y el autoritarismo empujan a la gente a partir, y la migración es el verdadero sostén de la economía nacional.
Ya son cinco los grupos de migrantes que atraviesan México en caravana rumbo a Estados Unidos. Van a pie, «a jalón» de los camiones en la ruta o, cuando pueden pagarlo, en autobús. La Policía Federal dice que son 17 mil personas; 4 mil ya están en la capital mexicana. Es un éxodo.
La sangría de gente es apenas una muestra que permite intuir la profundidad de la crisis hondureña: servicios públicos devastados, salarios de chiste y un presidente impopular que simboliza un sistema opresivo con toda disidencia. «¡Fuera joh!», gritan los migrantes al marchar, en referencia al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En este éxodo viaja gente de las dos ciudades principales de ese país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, de aldeas de las zonas rurales, y trabajadores de campo guatemaltecos. Los salvadoreños también están: se acercaron en grupos más pequeños y en su propia caravana. Hay familias enteras que han sido amenazadas en sus países de origen. Cuando los padres se sienten en peligro, no dejan a sus hijos atrás.
Otros ya estaban en México, pero como su trámite de refugio no avanzaba, las caravanas se transformaron en la manera obvia de subir al norte por un país peligroso, sin tener que pagar los costos del «pollero», ni las extorsiones de la policía o la «migra».
En varias oportunidades durante la sucesión actual de marchas migratorias el gobierno federal mostró el garrote, con represión o demoras en la ruta durante las horas más duras del sol mesoamericano. Aunque algunos gobiernos locales ofrecieron ayuda humanitaria, la respuesta solidaria de los pobladores que recibieron a los centroamericanos rebasó a la autoridad, en un despliegue de redes de ayuda y autoorganización como el ocurrido tras el sismo del 19 de setiembre de 2017. Los mexicanos tienen el migrar en la genética, y las respuestas xenófobas se mantienen confinadas a las redes sociales.
Antes de que la primera caravana saliera de Chiapas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el plan de contención Estás en tu Casa. Según sostuvo en un comunicado la coordinadora de los migrantes centroamericanos en México, la medida no ofrece nada distinto a lo que ya garantiza la legislación vigente, mientras reduce la posibilidad de solicitar refugio a los estados de Chiapas y Oaxaca. La respuesta del éxodo fue seguir caminando.
Los primeros miembros de estas caravanas que pidieron refugio en territorio mexicano fueron recluidos por el Instituto Nacional de Migración (Inm) en la Feria Mesoamericana de Tapachula durante más de dos semanas. El confinamiento duró hasta el 5 de noviembre, cuando se anunció el cierre del predio y se desalojó sin aviso previo ni planificación a unas 2 mil personas, según denunció la Misión de Observación del Éxodo Centroamericano en Chiapas, integrada por diversas organizaciones sociales.
Ahora el gran campo de refugiados está en Ciudad de México. La autoridad local armó lo que llama un «puente humanitario» para coordinar la ayuda, que concentró en un solo punto: el estadio Jesús Martínez, «Palillo», ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, de la capital mexicana.
Arde Honduras
La primera vez que esta cronista cubrió la ruta migrante en México, los hondureños ya eran mayoría. Sentado bajo la pequeña línea de sombra del albergue de la ciudad chiapaneca de Palenque, un trabajador de la industria textil hondureña de 33 años trazó en 2015 los motivos que hay detrás de lo que ahora ocurre.
«La gente se ha rebelado en San Pedro, en Tegucigalpa, en Comayagua, pero ellos responden con su Policía Militar para gasear y golpear a las personas y luego hacen que los medios tarifados no publiquen cuando hay manifestaciones contra el gobierno», explicó.
Recordó el golpe de Estado de 2009 y el posterior estado de sitio que duró seis meses -con toque de queda a partir de las 5 de la tarde-, los escándalos públicos de corrupción que fueron cebando el malestar entre la gente, los bajos salarios que ahogaron a los pocos que tenían trabajo: «1.500 lempiras (60 dólares) a la semana y explotados los siete días».
«Cuando empezaron los movimientos, muchos nos quejamos. No han querido bloquear las redes sociales porque las usan para intimidarnos. En Facebook no se puede publicar cosas contra el gobierno», contó el hondureño. Mencionó como ejemplo la persecución al periodista David Romero, quien luego sería condenado a diez años de prisión por difamación, tras revelar un millonario desfalco del oficialismo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
En aquel entonces el hombre migraba a escondidas, porque el Plan Frontera Sur llevaba un año en pie y la ruta mexicana estaba llena de retenes de la migra. Todos los albergues, en su mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, ya anunciaban que las violaciones a los derechos humanos de la gente en tránsito se habían disparado, debido a la militarización sin pausa de los estados del sureste.
Es en ese marco que debe leerse el avance de las fuerzas armadas mexicanas sobre la frontera con Guatemala que se vio el pasado 19 de octubre en el río Suchiate, cuando ingresó el éxodo actual. Se trata de la culminación de un proceso represivo que ya lleva cuatro años y que busca cerrar la frontera sur de México hasta convertirla en el verdadero muro prometido por el presidente de Estados Unidos (véase Brecha, 26-X-18).
Entre quienes llegaron por estos días a Ciudad de México, una joven de 26 años del departamento hondureño de Yoro denunció lo mismo que aquel obrero: trabajo doméstico con cama -un día libre cada 15- por 1.500 lempiras la quincena. Ella tiene un hijo de 10 años que dejó con su madre y al que tiene que mantener.
«Honduras está atrapada en un círculo vicioso de bajo crecimiento debido a factores como la violencia, el escaso dinamismo de la economía y la debilidad institucional. Hay un agotamiento del sistema político tradicional hondureño, que no responde a las necesidades de la población», analizó en entrevista con Brecha el economista Noé Pino.
Pino fue presidente del Banco Central de Honduras, ministro de Finanzas y embajador en Washington. Actualmente se desempeña como docente universitario. Según él, la migración que hoy vemos convertida en una situación dramática comenzó tras los efectos del huracán Mitch, en 1998.
La ola migratoria ha quedado registrada en las cifras de expulsión. «Si tomamos en cuenta la última década, Estados Unidos ha estado deportando entre 70 mil y 80 mil hondureños al año», explicó Pino. «No nos debe extrañar lo que estamos viendo ahora. Se venía dando diariamente», señaló el economista, y mencionó además que desde los últimos años México deporta una cantidad similar a la de su vecino del norte. Ahí se ve uno de los efectos del Programa Frontera Sur: en un año y medio -entre fines de 2016 y abril de 2018- México deportó a Centroamérica 60 mil niños y adolescentes, sin más proceso que una entrevista.
«Tenemos las cifras de las deportaciones, pero no sabemos cuánta gente se queda irregularmente en Estados Unidos, cuántos logran evadir la deportación», agregó el experto. Esas personas son clave para Honduras, por el peso que ocupa en su economía el envío de dinero que hacen desde el exterior. «Se calcula que para 2018 vamos a recibir alrededor de 4.600 millones de dólares, lo que hace de las remesas la principal fuente de ingreso por exportaciones. Esto quiere decir, puesto en término muy gruesos y muy duros, que el principal producto de exportación de Honduras son las personas», sostuvo Pino.
En ese sentido, el periodista y ex diputado opositor Bartolo Fuentes afirmó a Brecha: «Juan Orlando Hernández no tiene ningún interés en detener la migración. Lo que no quiere es que se haga pública, pero a él le gustaría que se fueran 50 mil para bajar la presión en el país». Fuentes acaba de salir de Honduras por el temor a una detención arbitraria (véase «Persigan al mensajero»). El gobierno hondureño lo señala como el promotor de la caravana, algo que tanto él como otros integrantes del éxodo desmienten.
Cruzar México
Cuando atravesó el estado de Chiapas la primera de las actuales caravanas, el gobierno federal mandó a su policía y a agentes de Migración para «explicarle» la propuesta del presidente a la cabecera del éxodo. Los retuvo casi cinco horas sobre el asfalto caliente hasta que les permitió el paso. A la segunda caravana también le cerró el camino en el puente binacional Rodolfo Robles, sobre el río Suchiate, mientras la marina impedía el abordaje de la gente a las balsas. Los migrantes armaron un pasamano para cruzar, con sus hijos y sus cosas sobre la cabeza, mientras un helicóptero les volaba encima con el ruido ensordecedor de sus aspas.
En uno de los grupos grandes detenidos en la frontera vino un costarricense de 43 años que relató así a Brecha el cruce: «Salimos como 400 personas en una caravana de (la ciudad guatemalteca de) Tecún Umán, pero cinco quilómetros antes de entrar a Tapachula nos emboscaron y nos cayeron Migración y los federales, con cuatro buses adelante, las ‘trocas’ en que andan ellos, los antimotines. Nosotros nos agachamos y vino uno de los antimotines y comenzó a pegarle a un muchacho hondureño». A ese siguieron otros golpes y «luego ya todo fue un desmadre». En su mayoría quedaron detenidos. El hombre contó que sólo nueve pudieron escapar tras esconderse en un matorral cercano, y llegaron a Ciudad de México pagando transporte.
Junto a él, una muchacha flaquita comentó que había venido en autobús desde la localidad veracruzana de Acayucan. Por ese viaje pagó unos 600 pesos mexicanos (30 dólares). En conjunto con su hermano también pagaron el boleto de otra muchacha que viaja con un niño. Según dijo, en ese autobús «eran puros hondureños», y explicó que ellos han pagado el transporte de buena parte de los trayectos que han recorrido.
De esos gastos también habló a Brecha Tomás González Castillo, un fraile que comanda el albergue La 72. «Una comida para 7 mil personas ¿quién la da? Hay una organización colectiva de los pueblos por donde van pasando, eso ya es un gasto enorme. Ahora, multiplícalo por dos o tres comidas al día. Es mucho dinero», subrayó el sacerdote.
González Castillo contó que también ingresa gente por la zona donde trabaja, en la frontera del estado de Tabasco que da al Petén guatemalteco: «La mayoría entra por Tapachula, pero hay muchos que por ser rechazados están tomando nuestra ruta, por Tabasco. En el albergue, en diez días llegaron 1.500 personas. Es lo que habitualmente recibimos en un mes. Está migrando todo tipo de gente, pero en su mayoría son de Honduras».
El fraile fue crítico con las nuevas autoridades que actúan en el tema. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el académico Tonatiuh Guillén estará al frente del Inm y que Andrés Ramírez Silva, un ex funcionario de Acnur, encabezará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. «El Inm está perdido. No creo que una persona pueda componer esto, por mucha voluntad política y buena intención que tenga. Están prometiendo demasiado, y creo que tienen que poner los pies sobre la tierra», sostuvo González Castillo.
El religioso, un referente en el tema de la movilidad fronteriza, denunció que los propios agentes estatales atacan a los migrantes, les cobran por pasar y los extorsionan ofreciéndoles seguridad.
Pánico en Veracruz
Desde la noche del sábado 3 de noviembre hasta el momento de publicarse esta nota los miembros de la primera caravana vienen llegando a Ciudad de México con cuentagotas, en contraste con el impulso masivo con que lograron cruzar la frontera guatemalteca.
La situación, que agrava la vulnerabilidad de los migrantes, es en buena medida responsabilidad del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El 2 de noviembre Yunes había prometido 150 camiones para trasladar a los integrantes de la caravana desde la ciudad veracruzana de Sayula de Alemán hasta la capital mexicana. Dos horas más tarde el jerarca negó esa ayuda con el pretexto de que la Ciudad de México no tenía las condiciones para recibirlos.
La Misión de Observación del Éxodo Migrante en Veracruz denunció «la dispersión del éxodo en 300 quilómetros de ruta» de ese estado, «producto de la frustración, el desconcierto y la desesperación» provocadas por la acción del gobernador. Un miembro de esa organización de la sociedad civil relató a Brecha un panorama desolador, de «mucho caos», luego de que la gente se lanzara a la carretera y recorriera los 70 quilómetros que separan Sayula de Alemán de Ciudad Isla, epicentro de una región de enorme peligro, donde son comunes las desapariciones forzadas y el accionar de las organizaciones criminales.
Los antecedentes violentos de la zona, que comprende el límite entre Veracruz y Oaxaca, por donde pasó la caravana, multiplicaron los titulares de prensa que decían que una parte de la gente había sido «secuestrada por camioneros y entregada al cartel de Los Zetas». Aunque nadie ha podido confirmar ese extremo, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, alimentó los rumores al afirmar que tiene indicios de que entre 80 y 100 migrantes están desaparecidos. El funcionario dijo basar su denuncia en su propia impresión de lo ocurrido en la ruta y en testimonios que él mismo recogió.
En una entrevista radial (Radio Fórmula, 5-XI-18) Peimbert reconoció no tener cómo contactar a los denunciantes de esas supuestas desapariciones, por lo que no puede comprobar si ya se reencontraron con quienes buscaban. Tampoco ha dado nombres o fotografías de las personas faltantes, lo primero que se hace en casos de desaparición. Desde la Misión de Observación en Veracruz sostuvieron que no hay forma de dar una certeza absoluta del destino de cada uno de los migrantes que pasaron por ese estado.
A pesar de la irresponsabilidad de las autoridades, de haber menguado sus fuerzas tras padecer lluvias, lodazales y decenas de noches durmiendo en el suelo, y de saberse engañada por los gobernantes, la gente se las ha ingeniado para concentrarse por miles en la capital mexicana. La caravana decidirá en asamblea cómo continuar. Dicen que seguirán hacia el norte.
Tierra para todos
Mientras el éxodo se mueve por México, un pequeño grupo de mujeres centroamericanas entró al país por el paso fronterizo entre la localidad chiapaneca de Talismán y la aldea de El Carmen, en el departamento guatemalteco de San Marcos.
Conforman la 14ª Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos en México, que hacen lo que las autoridades no encaran: buscarlos. En este año, tres mujeres (una nicaragüense y dos hondureñas) se reencontraron con sus hijos, con quienes llevaban una década sin contacto.
Es el resultado de la alianza del Movimiento Migrante Mesoamericano (una organización mexicana) con los comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Al llegar a Ciudad de México, durante el Foro Mundial de las Migraciones, las mujeres de esta caravana participaron como la delegación centroamericana en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, y se reunieron con el otro polo migratorio: el que recorre el camino entre África y Europa.
Las mujeres que buscan a aquellos originarios de Túnez, Argelia, Senegal y Mauritania desaparecidos en los pasos hacia Italia y España expresaron su reconocimiento al avance de las centroamericanas para empujar la desidia oficial.
En los 14 años que lleva realizándose, la Caravana de Madres ha encontrado a 301 personas que estaban desaparecidas en México. Cada año las mujeres recaban pistas con un método sencillo: extienden las fotos de los miles que faltan a lo largo de las distintas rutas migratorias que existen en el país, y le piden a la gente de los pueblos que las miren y digan si reconocen a alguien. Así de sencillo.
Luego siguen esas pistas y se las entregan a la autoridad para sus búsquedas oficiales. También preguntan entre los que viven aquí y son de allá si tienen contacto con sus familias, o si desean que ellas las busquen.
Junto a mujeres como Fatma Kasraoui, que busca a su hijo Ramzi Walhasi desde 2011 -desaparecido al migrar junto a otros nueve jóvenes de su barrio tunecino-, y Souad ben Sassi, madre de Bader Msalmi -también desaparecido desde 2011, cuando salió hacia Italia-, llegó Imed Soltani.
A Soltani le faltan dos hermanos, Slim y Bethesen, que tenían 31 y 27 años al desaparecer en marzo de 2011. Además preside la organización La Terre pour Tous, de Túnez. Formalmente el Estado reconoce 504 personas desaparecidas, pero las madres cuentan 2 mil.
Gracias a la traducción de Yu, una de las voluntarias de la cumbre, Soltani dijo a Brecha en francés que son las madres quienes en realidad presiden la organización, y que él ocupa el cargo formalmente.
«Nuestro trabajo es contra las políticas de la Unión Europea y el sistema actual, en que los gobiernos funcionan como el coyote. Al mismo tiempo que empujan a estos jóvenes a salir, les ponen barreras. Son políticas que han construido muros contra las personas que se mueven», afirmó.
Soltani sostuvo que estas organizaciones de madres de desaparecidos, que se han formalizado en el último año, son una forma de reclamar a los gobiernos por su responsabilidad en la desaparición de migrantes, «mostrarles lo que han ocasionado con sus políticas».
Su preocupación y la de las madres de su organización son los campos de refugiados en Libia, donde se concentra a los migrantes en condiciones precarias y se busca impedir su salida hacia Europa.
«El problema con Libia es que el gobierno no funciona como tal, sino que hay muchas mafias a cargo. El gobierno de Italia y el de la Unión Europea han trabajado con esas mafias dándoles fondos para que bloqueen el tránsito de la gente», dijo Soltani.
El propósito de La Terre pour Tous es realizar una caravana que salga de Túnez hasta esos campos de refugiados, como forma de pronunciarse contra estas políticas, según explicó el militante.