Luego de cuatro semanas de reclamo, la lucha docente converge con el reclamo de los rectores en una Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública. El Gobierno aún no acordó la paritaria docente y el presupuesto universitario continúa licuándose: 44% en lo que va del año. Además, el Gobierno solo giró el 25% del […]
Luego de cuatro semanas de reclamo, la lucha docente converge con el reclamo de los rectores en una Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública. El Gobierno aún no acordó la paritaria docente y el presupuesto universitario continúa licuándose: 44% en lo que va del año. Además, el Gobierno solo giró el 25% del presupuesto durante los primeros seis meses, desfinanciando al sector e intentó estigmatizar una lucha que hoy llega a las calles. Hablan los rectores.
Académicos, estudiantes, científicos, trabajadores no docentes, gremios, organizaciones sociales y autoridades de distintas universidades públicas nacionales saldrán a la calle para decirle no al ajuste y evidenciar que las cifras y el discurso oficial corren por senderos diferentes:
- El presupuesto universitario 2018 se devaluó un cuarenta y cuatro por ciento en dólares.
- El giro de los fondos mensuales para gastos de mantenimiento de las universidades tuvo demoras de hasta cinco meses, y aún hoy sigue sin regularizarse.
- El salario de los docentes universitarios lleva tres meses de pérdida de un poder adquisitivo que, de concretarse la propuesta paritaria oficial, sería un 7,5 por ciento menor al de 2015.
- Del presupuesto anual pautado para el funcionamiento de las instituciones, el gobierno adjudicó durante el primer semestre apenas el 25 por ciento y recortó mil millones de pesos del presupuesto general.
Sin embargo, el ministro de educación Alejandro Finocchiaro expresó que la lucha docente es un complot «kirchnero-troskista» y su predecesor Esteban Bullrich aseguró que «hay una campaña montada» que no permite visibilizar el desarrollo. Marcos Peña juró que en sus tres años de gobierno duplicaron el presupuesto universitario, cuando en verdad cayó un 12 por ciento, y el integrante de la jefatura de gabinete Iván Petrella difundió que existía un docente cada nueve alumnos, cuando en verdad son 140 estudiantes por profesor.
«La respuesta del gobierno frente a esta situación es muy burda», dijo a Nuestras Voces Yamile Socolovsky, secretaria internacional de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). «Tratan de tapar el sol con el dedo y no hacen más que generar un mayor malestar, la sensación de que el gobierno no está dimensionando en toda su magnitud la crisis política que está construyendo con sus propias medidas».
El pasado miércoles el ministro de Educación ofreció por tercera vez consecutiva un quince por ciento de aumento salarial para los docentes universitarios y agregó sumas remunerativas no bonificables de 456 pesos en noviembre y 228 en diciembre. La paritaria pasó a un cuarto intermedio y seguirá debatiéndose el próximo viernes, luego de una marcha que se espera multitudinaria.
«Es una movilización convocada por todos los sindicatos de la docencia universitaria, trabajadores no docentes de las universidades y todas las agrupaciones estudiantiles. Está siendo acompañada por todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que están planteando una oposición a la política de ajuste del gobierno», agregó Socolovsky.
Con fuerte apoyo institucional
A pesar de los reiterados intentos del oficialismo por separar la lucha salarial docente del desfinanciamiento universitario, la situación de emergencia en las universidades públicas logró mostrar unidad: «Es que se trata de una situación global. El sistema universitario en su conjunto está en crisis: Retrasos en las partidas presupuestarias, detención de las obras, aumentos salariales muy por debajo de la inflación para los docentes y acuerdos insuficientes para los no docentes. Todo esto en el marco de un espiral inflacionario, depreciación de la moneda y suba del dólar», explicó a Nuestras Voces el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi.
Este año el gobierno nacional llegó a deberle a la UNJu cinco meses de gastos de mantenimiento. «En este momento tenemos dos meses de retraso. Parece poco pero estamos hablando de dos meses de alta inflación», explica Tecchi y tiene razón: según el propio INDEC la inflación de junio fue de 3,7 por ciento, la más alta de los últimos dos años.
Con alrededor de doce mil alumnos regulares y más de cuarenta años de historia, Tecchi aseguró que la Universidad se encuentra » postergando pagos y tareas de mantenimiento para poder completar el año» y agregó que de no encontrarse una solución «vamos a quedar en una situación muy complicada para el año que viene» .
Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, también se movilizará en el día de hoy en defensa de la Universidad Pública. » El atraso que estamos teniendo en los pagos es muy importante. La inflación y la devaluación nos dejan con una pérdida de poder de funcionamiento de más del 30 por ciento. Eso es plata que se usa para pagar los servicios, pagarle a los proveedores, sostener las becas y las actividades académicas», explicó el rector a este portal.
Para Villar, la mayor preocupación radica en lo que será el presupuesto 2019: «Venimos regulando y la gente se está intentando adaptar a funcionar con menos, hacemos mucho esfuerzo, pero yo me pregunto: ¿Qué va a pasar el año que viene?». El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó para el presupuesto 2019, que se debatirá en el mes de septiembre en el Congreso, no menos del 32 por ciento de actualización en gastos de funcionamiento y la actualización necesaria de los fondos destinados a recursos humanos para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Todavía se desconoce cuál será la oferta oficial. Debido al debate por el presupuesto del año entrante – expresión legislativa del ajuste – la CGT realizará un paro el próximo 25 de septiembre y ambas CTA agregarán movilizaciones durante el día anterior.
«De todos modos, hay universidades que están mucho peor y que corren el riesgo de no llegar a fin de año», aseguró Villar. Una de ellas es la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), ubicada en Florencio Varela con más de 30 mil alumnos y nueve años de antiguedad, en donde aseguraron que, de no resolverse la situación, el presupuesto no alcanzará para pagar los sueldos de noviembre y diciembre.
La UNAJ es una de las 17 universidades creadas en el conurbano bonaerense en el período 2004-2015 y forma parte del complejo universitario fuertemente criticado por el gobierno actual: «Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad» , dijo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. «¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura«, la siguió el presidente.
Sin embargo, según el presupuesto 2018, estas universidades significan apenas el 4 por ciento del presupuesto total universitario: «El porcentaje más grande corresponde a las siete universidades históricas de nuestro país: Buenos Aires, Córdoba, La Plata, UTN, Rosario, Tucumán y Cuyo», afirmó Villar y agregó «La plata que necesitan es muy poca en relación al presupuesto total y no se la dan».
Todo ajuste es político
Para Socolovsky la emergencia universitaria no es una novedad: «Esta crisis se viene construyendo desde 2016 y es parte de un proyecto general, un proyecto de transformación estructural de la sociedad argentina en su desarrollo económico y social. Apuntar sobre el sector científico – tecnológico, las universidades y la educación está directamente relacionado con la intención de llevar a la Argentina a una situación de dependencia económica y cultural, a reprimarizar la actividad económica y a abrir vías de mercantilización de un sector que para la sociedad argentina ha sido históricamente un territorio de derechos».
«Desde que asumió la alianza Cambiemos, cuando empezó a producirse lo que llamamos subejecución selectiva del presupuesto universitario, recortando becas, limitando fondos para comedores o albergues universitarios, programas de extensión y de investigación, desde ahí que existe la crisis. El cese unilateral de los convenios de las universidades con distintas dependencias del Estado fue uno de los primeros decretos de Macri, todo fue configurando un escenario de recorte y después el progresivo desfinanciamiento que se fue produciendo en donde cada presupuesto, tanto en 2016 como en 2017, estaba por detrás de la inflación que ellos mismos proyectaron. Se agraba con la disparada inflacionaria, con los recortes en el sector público y en el gasto social pero es una situación que no es nueva».
En nuestro país existen 57 universidades públicas que dependen en forma directa del Ministerio de Educación de la Nación, con más de 150 mil docentes y alrededor de dos millones de estudiantes, todos ellos saldrán hoy a la calle para defender la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
Fuente: http://www.nuestrasvoces.com.