La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) fue notificada de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación a pedido de las empresas aceiteras Cargill, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Terminal 6 SA, T6 Industrial SA, Molinos Agro SA, Renova SA y COFCO Internacional SA en forma conjunta con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), con el objetivo de cercenar el derecho a huelga y limitar el alcance de la protesta contra la Ley Bases.
La huelga por tiempo indeterminado, que debía comenzar en la medianoche del miércoles, era parte de las protestas contra el proyecto de Ley Ómnibus, denominado «Bases», en particular, y contra la política económica del gobierno nacional que tienen como principal enemigo a la clase trabajadora, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a las y los jubilados. Lo prueba su debut en diciembre con una devaluación y la liberación de precios, que lo único que hizo fue licuar nuestros salarios y jubilaciones.
La decisión del gobierno nacional, que ejecutó la Secretaría de Trabajo de la Nación, sólo tuvo como objetivo cercenar el derecho a rechazar en las calles a la Ley Bases y al Paquete Fiscal, que contiene una regresiva y noventista Reforma Laboral junto a un paquete de medidas que sólo favorecen a los sectores más concentrados y opulentos de la economía.
Con esta medida coercitiva que tomó el Poder Ejecutivo, se condiciona la posibilidad de las y los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón a expresarse democráticamente en las movilizaciones ante el Congreso y en las distintas localidades de nuestro territorio nacional.
Por eso, reafirman la necesidad de poner en marcha un plan de lucha que incluya una nueva Huelga General convocada por la CGT. Se debe profundizar en medidas de fuerza para frenar la política de un gobierno que ataca a quienes trabajamos, que busca destruir la industria nacional y liberar a los más ricos del pago de impuestos.
En el marco de la conciliación obligatoria, el gobierno fijó una audiencia para el próximo 19 de junio para tratar esta medida que es tan política como la Reforma Laboral que busca legalizar el fraude laboral y el despido discriminatorio. Exigen que allí se siente el presidente Javier Milei o su ministro de Economía, Luis Caputo, o -al menos- Federico Sturzzeneger, coautor de la Ley Bases junto a los estudios patronales de las empresas nacionales y multinacionales más poderosas.
ATE analiza una vigilia y toma de ministerios
Los gremios que representan a los trabajadores estatales, UPCN y ATE, no se quedarán de brazos cruzados ante la próxima ola de desempleados estatales que está planificando la administración Javier Milei. Por un lado, creen necesario realizar protestas por áreas y por otro dan cuenta de un cóctel de medidas de fuerza de contundencia.
ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, es el gremio más combativo contra el ajuste de los empleados estatales, desde el 10 de diciembre pasado, y prepara una serie de acciones para el 27 de junio, tres días antes de la fecha en la que vencen los compromisos laborales que la Casa Rosada tiene en la mira, con Javier Milei y Luis Caputo decididos a echar personal. Como lo determinó el congreso del sindicato, y por unanimidad, habrá paros, asambleas, cortes de ruta y la instalación de una carpa en Plaza de Mayo para la fecha mencionada.
En el menú de medidas de protesta se incluye la chance de realizar, el 29 de junio, vigilias en los ministerios y organismos, con ocupación total. Antes de eso, habrá manifestaciones en contra de la Ley Bases, que tenía debate pendiente en el Senado, con un paro y movilización al Congreso el miércoles 12. Dicha actividad está respaldada por un sector de la CGT, el de Pablo Moyano, las dos CTA y los movimientos sociales.
“No podemos aceptar que la respuesta a esta crisis profunda que generaron sea la Ley Bases, una ley que incorpora una reforma laboral absolutamente regresiva. En 2015, la OIT ya estudió 63 países que impulsaron en el mundo legislaciones similares y todas fracasaron. Para terminar con la emergencia de empleo y salario que existe hoy, hay que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno”, indicó Aguiar sobre el rumbo del Gobierno en el discurso que pronunció en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Bajo ese marco, agregó: “Enfrentamos un programa económico orientado a entregar a las potencias extranjeras todas las riquezas que producimos exclusivamente los trabajadores, y es con la unidad del movimiento obrero y un pueblo que se niega a firmar su propio certificado de defunción que lo vamos a derrotar”.
En UPCN, que dirige Andrés Rodríguez, quien también ocupa una silla en el Consejo Directivo de la CGT, la motosierra contra el personal estatal también preocupa y la apuesta pasa por el avance de manifestaciones en cada área en donde se produzcan despidos. Precisamente, detallaron que cada delegación de cada organismo o ministerio encarará su propia pelea. Y no se descarta la realización de alguna medida de alcance general.
Por caso, en marzo pasado, UPCN y ATE se movieron en sintonía, protagonizando manifestaciones en conjunto, y hasta se conformó una mesa con dirigentes de sindicatos que nuclean a empleados estatales, ya que cada organismo descentralizado tiene su propio gremio, como la Anses y el PAMI. En la Anses, por ejemplo, los empleados están bajo el paraguas del Secasfpi, que denunció “la extorsión” por parte de la dirección ejecutiva de Mariano de los Heros al momento de reclamar por los trabajadores despedidos.
“Buscaron sembrar miedo entre los trabajadores mediante despidos masivos, lo que se vio complementado por la intención de disciplinar a las organizaciones sindicales con extorsión”, dijeron desde el Secasfpi.
En torno a UPCN, vale destacar que ya exploró la vía judicial ante la cuestión: en abril, luego de la primera ola de despidos de personal, presentó el primer amparo colectivo para que el recorte quede sin efecto. La presentación fue realizada en la Cámara Nacional del Trabajo. Según Rodríguez, la acción se complementó “con la lucha gremial que es lo más importante, oponerse a estos atropellos e injusticias del gobierno nacional, echando gente a mansalva”.
Asimismo, comentó: “Mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, que consagra al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.
El Banco Central dio a conocer un informe que registra el alarmante cierre de aproximadamente 275.000 cuentas sueldo, lo cual se traduce como una fuerte caída de los empleos registrados. Ante este panorama, el abogado, Guillermo Lizarrondo declaró:
“En términos futuros, se viene dando lo que es una baja en lo que son los niveles de empleo, este dato más duro, que no proviene de una encuesta, sino de un informe del Banco Central que habla del cierre de las cuentas sueldo”, comentó Guillermo Lizarrondo. “Nos viene dando una baja del empleo formal, estos son datos que reflejan el empleo registrado”, agregó.
Posteriormente, Lizarrondo planteó: “El Gobierno pudo visualizar este escenario en su momento por eso había dictado las medidas del decreto de necesidad y urgencia, preparando un escenario para esta situación económica”. Luego, manifestó que, “es importante situarse dentro de lo que es la postura de un empleador, las grandes empresas suelen cumplir la normativa, suelen pagar los salarios básicos acorde a las escalas salariales y si generan un despido suelen formarlo bien”.
“El problema principal lo tenemos con las PyMEs sobre todo, que actualmente se encuentran un poco en una situación de estar entre la espada y la pared ante la baja del consumo”, sostuvo el entrevistado. “La relación interpersonal genera todo más complejo, además, las empresas grandes tienen un asesoramiento mucho mejor, a veces tienen un estudio jurídico particular que los asesora”, complementó.
Por otro lado, el abogado, remarcó que, “la situación económica lleva a muchos empleadores, con la baja del consumo, a tener que rescindir de sus empleados necesariamente porque ha bajado el consumo o porque no pueden vender lo que están produciendoy muchas veces la decisión del despido pasa por ahí”.
Ley Bases y contrarreforma laboral
Por Eduardo Lucita (EDI)
La reestructuración económica, social y política del país puesta en marcha desde el primer día del gobierno Milei, tiene un punto de materialización en el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal que serán tratados por el senado en la próxima semana. Las relaciones laborales están en el centro del debate.
Tanto la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 contienen capítulos dedicados a la mal llamada reforma laboral. En realidad, es una contrarreforma en toda la línea contra los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales, por eso tiene el apoyo del bloque de las clases dominantes. Estas ven la oportunidad histórica de imponer una relación de fuerzas duradera a favor del capital y en contra del pueblo trabajador.
El DNU
Las concepciones del gobierno Milei acerca de la forma ultraliberal de gestionar y administrar la fuerza de trabajo están definidas en el DNU. Allí se ponen en discusión la forma de financiar la actividad sindical, la cláusula de ultraactividad, la descentralización de la negociación colectiva y el modelo indemnizatorio. La eliminación de la penalidad por multas a las empresas y otras cuestiones que llevan a que los trabajadores pierdan derechos conquistados durante años y a desnaturalizar a sus organizaciones sindicales, limitando su ámbito de actuación.
La reacción de la CGT no se hizo esperar judicializó el capítulo laboral que ahora está pendiente de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la contrarreforma volvió a aparecer en el proyecto de Ley Bases original (conocida como Ley Ómnibus) que fue totalmente recortada cuando su debate en diputados. Luego de un extenso y controvertido tratamiento el oficialismo logró la media sanción y pasó a senadores.
Trazos gruesos
En la Cámara Alta la oposición colaboracionista (parte de la bancada radical y otras bancadas) no firmaron el dictamen proveniente de diputados e impulsaron una serie de modificaciones que en los hechos profundizan el contenido del DNU.
Limitan el derecho de huelga, sancionan los bloqueos y otras medidas de fuerza, amplían el período de prueba. Eliminan las multas a empresas por trabajo no registrado o mal registrado. Habilitan que en las convenciones colectivas los paritarios acuerden nuevas formas de indemnización basadas en el Fondo de Cese Laboral, como existe en el gremio de la construcción. En el caso de despidos por discriminación eliminan la obligación de restablecer al despedido en su puesto de trabajo y su reparación integral.
Deslaboralización
El abogado laboralista Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma caracterizó la contrarreforma como un proyecto de “Deslaboralización”. Explica que los cambios propuestos “…no solo precarizan, sino que sacan la relación del universo del derecho del trabajo”.
Es que las medidas propuestas en la ley producen cambios en la figura del trabajador independiente. Estimulan la contratación de trabajadores que podrían pasar a ser locadores de servicios. Limitan el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Trabajo al excluir de la misma a las contrataciones de obras y servicios profesionales, incluso las mediadas por agencia. Con lo que no habría relación de dependencia, por lo que estas relaciones quedan fuera del alcance de las disposiciones vigentes en lo civil y penal. En la misma línea está todo lo referido a contrataciones en las que contra el pago de la prestación se emita factura, recibo o se pague por bancos o medios electrónicos. En síntesis: impulsan la informalidad, la flexibilización y burlan, o condicionan, la relación de dependencia
Argumento trillado
Como han argumentado tantas otras veces la reforma laboral siempre se presenta como el instrumento necesario para crear empleo. Pero como sabemos las diversas reformas que se han implementado hasta ahora nunca dieron resultados. Lo que crea empleo es el crecimiento de la economía. Sin embargo, la elasticidad empleo/producto en nuestro país es muy baja, por lo que no se trata de cualquier crecimiento sino uno que registre tasas altas, como lo fue en el primer período kirchnerista cuando el crecimiento a tasas chinas permitió crear millones de puestos de trabajo. No es el caso actual que estamos en una profunda recesión que está destruyendo puestos de trabajo (los datos oficiales conocidos esta semana muestran que la recesión se está profundizando más aún). Ya hay estimaciones que pronostican una tasa de desempleo del orden 7.5 al del 10% de la población económicamente activa.
Algo más que derecho laboral
En este artículo nos hemos centrado en las implicancias de la Ley Bases en el mundo laboral. Sin embargo, sus alcances, junto con el llamado paquete financiero y el DNU, que sigue vigente para todo menos para lo laboral, van mucho más allá. Por empezar mantiene, más acotada, la cesión de funciones legislativas al poder ejecutivo. Contiene un régimen para grandes inversiones que estipula concesiones -jurídicas, económicas, tributarias- que difícilmente se encuentren en otros países y que funcionará con total ajenidad al entramado productivo local, mientras da vía libre para la explotación de los recursos naturales, sin previsión alguna del daño ambiental. Desregula el sector energético, impone empresas estatales a privatizar, elimina la moratoria para jubilaciones. Rebaja impuestos al capital, reintegra el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría y sanciona un blanqueo sin mayores requisitos.
Lo que está en juego es si un gobierno tan frágil, que acumula fracasos y que en seis meses no ha logrado sacar ninguna ley, ¿Esta vez podrá? Si el proyecto sale con el visto bueno del senado la aprobación por diputados amenaza ser automática.
La pregunta es entonces: ¿La sociedad argentina permitirá que le impongan un nuevo ciclo de reformas liberales (extremas), como lo fue bajo el menemismo? ¿Se dejará imponer un cambio de régimen que incluya cuestionamientos a los derechos democráticos más elementales. A la protesta social, al federalismo?
Si la Ley Bases y el paquete fiscal pasan se corre el riesgo que los planes de reorganizar el país al servicio de las corporaciones y del imperio occidental se conviertan en irreversibles, con los efectos sociales y políticos previsibles.
Dinámica movilizadora
Sin embargo, hay reservas en nuestra sociedad. Grandes movilizaciones en los últimos meses, dos paros generales contundentes, multitudinarias concentraciones en defensa de la universidad y la escuela pública y para el Primero de Mayo lo prueban.
La CGT ha demostrado que es quién efectivamente puede cambiar la relación de fuerzas, acaudillando al conjunto de los explotados, oprimidos y excluidos por el capital. Como lo hizo el 24E. Está por ahora expectante, como siempre privilegiando el diálogo, pero no parece haya mucho espacio de negociación. Mientras que hay sectores internos –grandes sindicatos, las regionales de la central, la Corriente Federal más los gremios combativos y clasistas- que sí van a movilizar, incluso algún sindicato paralizará sus tareas.
La próxima semana, posiblemente el miércoles 12, se juegue el destino del país y de las próximas generaciones. Hay que estar ahí rodeando el Senado y rechazando estos proyectos de entrega y empobrecimiento económico-cultural.
Sigue la huelga azucarera en Tucumán
El lunes, por tercer día consecutivo la mayoría de los ingenios tucumanos estaban paralizados en medio de la zafra. Desde la CART, Cámara que nuclea a los empresarios del sector, lanzaron un comunicado en donde denuncian de «salvaje» e «ilegal» la medida, y amenazan con sanciones. Es que el paro se sostiene por la bronca que hay en las bases obreras y a pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El gobernador, Osvaldo Jaldo, salió a plantear que el paro hace daño y que hay que buscar soluciones. Los obreros ponen en el centro la lucha contra los salarios de hambre en la industria insignia de Tucumán.
Mientras se desarrolla el paro, con la excepción de los ingenios del Grupo Los Balcanes propiedad de Jorge Rocchia Ferro, se va intensificando la presión de las patronales y el gobierno. La exigencia de la FOTIA es de un aumento del 165%, que llevaría el salario inicial azucarero a $821.000 hasta la zafra del próximo año, es decir, mantener el salario por debajo de la canasta básica ($828.158) durante todo el año. No se incorpora en las demandas de los sindicatos la necesaria cláusula gatillo por inflación o revisión mensual, para que a lo largo de los meses los aumentos no se coman lo conquistado. En el marco de una cosecha récord, las patronales explotadoras del azúcar se oponen a estas demandas salariales básicas.
En diversas entrevistas, Roberto Palina (Secretario General de la FOTIA), plantea que en los ingenios donde las patronales lleguen a pagar lo que se exige, se levantará el paro. En estos ingenios aumentan en base a cifras en negro o no remunerativas y que sacarán apenas pasen unos meses. Está decisión de levantar las medidas en los ingenios donde haya acuerdo, debilita la pelea de conjunto y abre la puerta a sectores que pueden quedar aislados.
El salario inicial es hoy de $320.000, en el umbral de la indigencia. Mientras las patronales amasan fortunas y se preparan para ganar aún más.
El gobernador Osvaldo Jaldo, que venía apareciendo como equilibrista en el conflicto, salió a rechazar el paro y de asegurar que daba “permiso” al paro, pasó a declarar que el paro “hace mal”.
El pasado miércoles en Tucumán y en todo el país salieron a las calles para frenar la Ley Bases.
Catamarca: Los municipales tras 27 días de paro, aceptaron la oferta de un 25% de aumento y un bono
Tras casi un mes de paro, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de la capital catamarqueña aceptaron en asamblea la última oferta de la intendencia de Gustavo Saadi. La municipalidad realizó una última oferta del 25% de aumento más un bono extraordinario para julio. Aunque la asamblea del SEOM aceptó esta oferta, el fin de la medida de fuerza está supeditado a que la Municipalidad dé marcha atrás con los descuentos por días de paro y algunos despidos.
Inicialmente el Gobierno había ofrecido un 3,8% de aumento y luego una segunda propuesta “mejorada” de 8,8%. Con la última oferta del 25%, el incremento salarial será de 15% por planilla complementaria para junio y 10% se efectivizaría en agosto. En junio también se pagaría el bono extraordinario de $60.000. Cuando se completen estos incrementos, ningún empleado municipal cobraría menos de $500.000.
Los municipales habían comenzado la semana pasada un acampe frente al Palacio Municipal, luego de semanas con movilizaciones diarias en las que el intendente Saadi intentó aplicar un “protocolo antipiquetes”.
Desde el SEOM adelantaron que, pese a esta oferta, el Gobierno sigue sin sentarse a dialogar y que el acuerdo sólo alcanzaría hasta julio.
Ahora el gobierno analiza cerrar 50 dependencias de la Anses y despedir otros casi 2.000 trabajadores
Entre marzo y abril el Gobierno cerró cincuenta de oficinas de atención al público de ANSES en jurisdicciones de todo el país, sobre todo de pueblos del interior, que se quedaron sin la única oficina que tienen de atención al público a menos de 50 kilómetros. Para eso recortó personal contratado, pero también de planta permanente.
En estas Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Anses las personas podían gestionar, entre otros trámites, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar, la beca Progresar, la jubilación y más prestaciones sociales.
Esta situación obliga a moverse a pueblos linderos, recorriendo una distancia de más de 100 kilómetros, al menos, para hacer un trámite, fomentando además la concentración y el colapso de la atención al público.
Sobre este escenario agudo se monta una nueva ola de cierres de oficinas y despidos que se ejecutaría en junio.
Ahora Mariano De Los Heros, titular de la ANSES, analiza bajar las persianas de otras 49 oficinas y recortar 1.900 puestos de trabajo.
Al día de hoy la planta de trabajadores de la Anses alcanza los 13.000 puestos de trabajo. Según las estimaciones de los gremios, la consecuencia del cierre de dependencias implica un recorte superior al 15% del staff.
Hubo casi 120.000 despidos en el primer cuatrimestre del año
La recesión que sufre la Argentina está siendo acompañada por una fuerte caída del empleo, sobre todo en la construcción, según estadísticas oficiales.
En el primer cuatrimestre del año, el empleo privado se redujo en casi 95.000 personas mientras que el público en 22.000.
El presidente Javier Milei había señalado queya hubo 25.000 despidos en el Estado y que sumaría otros 50.000 en los próximos meses.
Según datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado se redujo de 6,37 millones 6,27. Y los puestos en el empleo público, en Nación y Provincias, cayeron 3,48 millones a 3,46 millones.
A su vez, el empleo formal en Casas Particulares se achicó en unas 10.000 personas y aumentó el número de Monotributistas en 40.000 personas (de 2,03 millones a 2,07 millones).
Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la contracción del empleo asalariado registrado privado se mantuvo en abril.
Asamblea
Desde la Junta Interna ATE Mingéneros convocaron a una asamblea abierta para el martes 11 de junio, a las 15.30, en Plaza Congreso, bajo la consigna: “Sin Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no hay sociedad igualitaria”.
El reclamo con la firma de más de 2.000 periodistas en su día
“En estos primeros seis meses la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milei, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público –como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados– y el ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial”, expresa en el Día del Periodista el gremio SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) en un comunicado que cuenta con la firma de más de 2.000 trabajadores de prensa y fue dado a conocer este 7 de junio bajo la consigna “Sin salarios dignos ni libertad de expresión. Nada para celebrar, ¡mucho por lo que luchar!”.
El escrito difundido por el sindicato se da a horas de la difusión de una encuesta realizada entre periodistas que concluyó que, en abril de 2024, el 76% de los trabajadores y las trabajadoras de prensa cobró, en su principal empleo en prensa, sueldos por debajo de la canasta básica total del INDEC que determina la línea de pobreza, ubicada ese mes en $828.158.
Para SiPreBA, “la eliminación de la pauta oficial, la parálisis del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia y ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores, ”van en sintonía con una política de ataque más general a la cultura, que incluye el desguace del INCAA, el vaciamiento del ENaCom y la prohibición de toda discursividad orientada a no reproducir la desigualdad de género”.
De acuerdo al gremio, la prensa vive “una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que están consagradas en la Constitución nacional y son la base de la democracia que logramos construir en estos 40 años. El proceso democrático tuvo errores, tiene deudas, pero destruirlo no hará mejor la vida en este país”. Y agrega el comunicado: “El periodismo es una herramienta fundamental para mejorar la sociedad democrática en base a una ciudadanía bien informada y no puede ser reemplazado por las redes sociales, que cumplen otra función. Esto se da en un contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión”, denuncia.
Según el relevamiento hecho por SiPreBA, “el 61% cobró sueldos por debajo de la línea de pobreza incluyendo la suma de la totalidad de sus trabajos, dentro y fuera de prensa. La cifra duplica a la del 2023, que era el 30% del total”, detalla.
“En esas condiciones es imposible ejercer el oficio con el profesionalismo que nuestro rol social requiere: no hay libertad de expresión ni derecho a la información garantizados con salarios de pobreza”, revela el informe tras relevar el testimonio de más de mil trabajadores y trabajadoras de Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, Telefé, Ámbito Financiero, Crónica, Canal 9, Télam, Diario Popular, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, elDiarioAR y la Televisión Pública.
El comunicado completo y las firmas
La República Argentina asiste a uno de los peores momentos para el ejercicio de la libertad de expresión de los últimos 40 años de vida democrática. En estos primeros seis meses la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milei, una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público –como en la asunción presidencial sin reporteros gráficos o jura de ministros sin acreditados–, ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del FOMECA. A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Télam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y Contenidos Públicos S.E. y en particular un ataque a su rol federal, a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores.
Los hechos enumerados van en sintonía con una política de ataque más general a la cultura, que incluye el desguace del INCAA, el vaciamiento del ENaCom y la prohibición de toda discursividad orientada a no reproducir la desigualdad de género.
Quienes trabajamos en prensa estamos viviendo una grave afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información, que están consagradas en la Constitución nacional y son la base de la democracia que logramos construir en estos 40 años. El proceso democrático tuvo errores, tiene deudas, pero destruirlo no hará mejor la vida en este país. El periodismo es una herramienta fundamental para mejorar la sociedad democrática en base a una ciudadanía bien informada y no puede ser reemplazado por las redes sociales, que cumplen otra función. Esto se da en un contexto de precarización laboral y salarios de pobreza, que hacen que ejercer nuestro oficio con calidad sea cada vez más difícil, destruyendo la profesión.
Todas las evaluaciones de libertad de expresión de universidades, sindicatos, foros y asociaciones de periodistas y comunicadores demuestran que en estos seis meses se han incrementado los ataques a la prensa y que la mayoría de ellos provienen del Presidente de la Nación o de sus políticas públicas, con el intento de cierre de Télam como la más grave pero no la única. Las obligaciones de abstención de censura de parte del Estado y el compromiso con las políticas públicas de fomento de la cultura y la comunicación inclusiva son parte necesaria del resguardo de una sociedad que no derive hacia el autoritarismo.
A contramano de todas estas políticas, el Estado Argentino firmó –en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa– una declaración promovida por UNESCO junto a más de 30 países a favor del respeto de la libre expresión. Las y los abajo firmantes exigimos que se reviertan las políticas que detallamos aquí, que niegan rotundamente lo firmado por el gobierno argentino, y hacemos saber al mundo de lo que sucede en nuestro país con el periodismo, la comunicación y la libertad de expresión.
Acto por Télam
Convocado por FATPREN, SiPreBA, ARGRA, la Confederación de Medios Autogestivos, la Federación Internacional de Periodistas, el Frente Cultural Federal, Carrera de Comunicación de la UBA y las redes nacionales de carreras de Ciencias de la Comunicación, entre más espacios, el viernes 7/6 se realizó un acto en defensa del periodismo, de la lucha por condiciones dignas de trabajo, del derecho a la información y de la libertad de expresión.
Frente al acampe de los trabajadores y las trabajadoras de Télam, que lleva más de 95 días, la conducción fue de Ariel Zack y Gabriela Radice, quienes presentaron los críticos datos de la Encuesta #SiPreBA2024: 3 de 4 trabajadores/as de prensa del AMBA cobran sueldos de pobreza y consideran que la libertad de expresión empeoró a partir del gobierno de Milei.
La periodista Noelia Barral Grigera y el periodista Ezequiel Fernández Moores le pusieron voz a «Nada que celebrar: un día del periodista sin libertad de expresión» la declaración firmada por más de 2000 periodistas que denunciaron los ataques a la prensa y a la cultura. También habló la periodista Nancy Pazos, integrante de Periodistas Argentinas, criminalizada por el ministro de Justicia en la última semana.
«Con su lucha honran la historia de periodistas como Rodolfo Walsh», dijo el diputado Hugo Yaksy, dirigente de CTA-T a su turno en el escenario. «El pueblo debe crear su propio futuro, con organización y convencimiento, tal como lo están haciendo acá», compartió el diputado «Paco» Manrique, dirigente de SMATA y de la CGT. Junto a compañeros y compañeras periodistas, participó un gran arco de dirigentes políticos, sindicales y sociales de diversos sectores.
«Somos quienes defendemos Télam desde hace tres meses la semilla de la reconstrucción de la agencia y de los medios públicos», sostuvo Carla Gaudensi, adjunta del SiPreBA y sec. General de FATPREN. «No nos resignamos con los datos de la encuesta: los contamos porque hay que mostrar la realidad. Mientras, estamos dando la pelea por los salarios, por las condiciones de trabajo, así como vamos a seguir en la calle contra el DNU 70 y la Ley Bases», dijo Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA. Y en el noveno aniversario del SiPreBA, agregó: “la situación es crítica, pero tenemos para celebrar esta unidad que nos permite luchar por el oficio, por el derecho a la información y por la libertad de expresión.
Los salarios le ganaron a la inflación en abril, pero acumulan una caída de 11% desde diciembre
Los salarios registrados experimentaron un aumento nominal de 16,1% en abril e hilvanaron el segundo mes consecutivo de crecimiento por encima de la inflación. No obstante, el salto del tipo de cambio de 118% de diciembre y la posterior tormenta inflacionaria redundaron en una caída real de 11% desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada.
Así se desprende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), un índice salarial que difunde mes a mes la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Según los últimos datos correspondientes al cuarto mes del año, el sueldo promedio de los trabajadores en blanco trepó a $819.501,72. En marzo, había anotado un alza de 14% hasta posicionarse en $705.832,58. En ambos casos, superó al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a cada mes: 8,8% en abril y 11% en marzo.
Desde la consultora Romano Group destacaron que la suba mensual es de 6,7% en términos reales. Es decir, descontando el efecto de la inflación. Si se pone la lupa sobre la trayectoria interanual, se registra un fuerte retroceso de 20,1%.
«Creemos que un gran componente que explica la gran recuperación de este indicador (y que además también la fuerte caída anterior) es una metodología. El hecho, por ejemplo, de no contemplar conceptos no remunerativos (que con el correr del tiempo normalmente se vuelven remunerativos) hizo que caiga abruptamente los primeros meses debido a que un fuerte componente de los aumentos fue a través de NR», sostuvieron.
Siguiendo esa línea argumental, los analistas de la firma de consultoría económica manifestaron que «es por ello también que ahora cuenta con una importante suba». «Preferimos ver todos los indicadores de ingresos, con sus respectivas salvedades en cuanto a su construcción», aclararon sobre la forma correcta de leer los datos económicos.
Por su parte, el economista Salvador Vitelli remarcó que el índice se ubicó un 11% por debajo del nivel de noviembre de 2023, aunque puntualizó en que aminoró la caída desde el -19% que había alcanzado en febrero de 2024 contra el mismo mes del año pasado. En diciembre, enero y febrero, los ingresos de los trabajadores sucumbieron al combo de devaluación más inflación.
La última medición de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es relativa a marzo y arrojó un incremento de 10,3%, por debajo de la suba del costo de vida. A la vez, avanzó 200,8% interanual contra un IPC de 287,9%. De esta manera, los sueldos se elevaron 45,5% contra una dinámica inflacionaria de 51,6% en el primer trimestre del año corriente.
El RIPTE se traduce como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que en relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
Su difusión se efectúa a los 45 días de finalizado el periodocorrespondiente debido al tiempo que transcurre entre la recepción y el procesamiento de las Declaraciones Juradas que los empleadores presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En cuanto a su metodología, la Secretaría de Trabajo subrayó que contempla «los salarios de los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA». Al mismo tiempo, solo cuantifica los componentes remunerativos del salario. En concreto, aquellos imponibles al sistema de seguridad social).
Desalojaron y reprimieron a trabajadores del INTI
“A los que nos vienen a reprimir, en el INTI les certificamos los chalecos antibalas”, cuestionó una de las manifestantes tras el desalojo del corte por parte de Policía de la Ciudad. Trabajadores protestaban contra el anuncio de mil despidos y cierre de sedes provinciales del organismo.
Ante la inminencia de cerca de 1.000 despidos y tras el anuncio del cierre de sedes provinciales, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se manifestaron en Constituyentes y General Paz y fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, que usó gases y palos para desalojar el corte de calle.
“A los que nos vienen a reprimir, en el INTI les certificamos los chalecos antibalas”, cuestionó una de las manifestantes. “A los trabajadores que no estamos armados con la plata del Estado nos vienen a reprimir como si nada. Es una barbaridad lo que están haciendo”, dijo.
El corte comenzó a media mañana del miércoles 5, cuando trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron en la mano al Riachuelo de la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Pueyrredón.
Mientras el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, dialogaba con uno de los oficiales a cargo del operativo, desde el ministerio de Seguridad de CABA ordenaron a la Infantería avanzar contra la protesta. Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad de la Nación usó las redes sociales para celebrar el desalojo del corte.
“Intervino Policía de la Ciudad sobre la General Paz y cuando levantamos el corte y volvimos al organismo armaron un cordón de Infantería bloqueando la puerta, con nosotros adentro, como amenazando. Daba la impresión de que iban a ingresar, pero no lo pueden hacer porque no es su jurisdicción. Después llegó la Policía Federal, pero quedaron en los colectivos, sobre la colectora”, relató después de la protesta Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital.
“Tuvimos una reunión con el presidente del organismo. El escenario es que dicen que tienen que ajustar, que no tienen presupuesto, que no se los asignan. Y por eso tienen que despedir. Dicen que, aunque el organismo deje de hacer todo, no les alcanzaría el presupuesto para nuestros sueldos. Hay compañeros que cobran menos de 300.000 pesos.
Ellos plantean que las sedes de extensión las quieren revisar para cerrar y despedir a un 30%. Esa es la orden del Ministerio (de Economía)”, agregó Lynn. Eso implica despedir a unos 1.000 trabajadores y trabajadoras.
El corte del miércoles se resolvió en el marco de una asamblea. Había otra convocada para el próximo martes 11, pero podría adelantarse. “Dependiendo los canales de diálogo en estos días, vemos cómo seguimos”.
«Ya echamos a 25.000 estatales, vamos a despedir a 50.000 más»
El presidente de la Nación Javier Milei disertó este miércoles 5 en el Latam Economic Forum y lanzó advertencias e improperios en distintas direcciones. «Ya echamos a 25.000 estatales, vamos a despedir a 50.000 más», adelantó.
En otro orden, se refirió a la votación en Diputados que dio media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. «Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo, me importa tres carajos».
Los empresarios millonarios presentes aplaudieron a rabiar. Envalentonado, el mandatario continuó: «Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche».
“Más del 30 % de los trabajadores formales están viviendo en condiciones de pobreza”
Un estudio de la UCA dio como resultado que la pobreza en Argentina ascendió al 55,5% y la indigencia al 17,5%. Estos datos corresponden a un informe del primer trimestre del 2024 desarrollado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Agustín Salvia, sociólogo, magister en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales y director del Observatorio de la UCA, contó que se hizo una microsimulación, en el primer trimestre del 2024.
Según el entrevistado, es importante tener en cuenta que en ese período hubo “un fuerte shock de impacto de devaluación y aumentos de precios”, motivo por el cual “se incrementaron los niveles de pobreza que tanto oficiales, como nuestros giraban alrededor del 41% en el semestre”. Y continuó: “Pero en el último trimestre del año ya había ascendido al 44%, eso elevó al 49% la pobreza y subió a más de 15% la indigencia”.
En continuidad con el tema, Salvia mencionó las medidas que se tomaron en enero, por parte del Gobierno, que “aliviaron la situación de la indigencia”, pero “siguió creciendo el hecho de que las clases medias trabajadores formales perdieran capacidad adquisitiva en sus ingresos”. “Si bien, en febrero y marzo, comenzó a estabilizarse la situación económica para los trabajadores formales, la situación de las familias siguió agravándose”, siguió.
Para el sociólogo, terminar un trimestre con un promedio de 55% de pobreza y con 17% de indigencia significa que, “las clases medias bajas cayeron en la situación de pobreza” e implica que, “más del 30 % de los trabajadores formales están viviendo en condiciones de pobreza” en cuanto a capacidad de consumo, pero “todavía no han perdido su capacidad de ser clase media”.
Con respecto a la clase indigente, Salvia explicó que hace unos meses parte de los que hoy forman parte de este grupo “eran pobres trabajadores informales” o receptores de los programas sociales que, “siguen recibiéndolo, pero su limitación de su poder económico creció” porque “los trabajos han radiado”. Y añadió: “No solo aumentaron los precios de los bienes y servicios básicos, sino que, la recesión redujo la cantidad de trabajo del sector informal de la economía”.
Al ser consultado sobre la tasa de desempleo, el doctor informó que, “se mantiene relativamente baja” porque “lo que está ocurriendo es que se pierde cantidad de horas de trabajo”. Y ejemplificó: “Hay menos horas y menos rendimiento, en donde un cartonero recoge menos cartón, el vendedor ambulante vende menos en la vía pública y los servicios de jardinería se reducen, producto de que la clase media está teniendo menos capacidad adquisitiva”.
Para finalizar, expresó: “El desafío real del Gobierno es que no aumente el desempleo y se mantenga un nivel mínimo de actividad porque eso mantendrá la cohesión social y se podrá esperar que efectivamente venga un proceso de reactivación”.
El Gobierno disolvió la Subsecretaría contra la Violencia de Género
Por Mariana Carbajal
En la semana de Ni Una Menos y con cifras de femicidios que aumentan, el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que debe encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares. Hace dos semanas, la Subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde serían absorbidas algunas de sus funciones. Este jueves, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. En el texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19:57 del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”. A última hora, el Ministerio de Justicia confirmó la medida. Desde organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de la medida.
La decisión significa un retroceso enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009. El mensaje es claro: al Gobierno no le importa que casi cada día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja.
“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”, dice el texto de la renuncia.
Barcia, una funcionaria que se caracterizó por no hacer ninguna declaración pública ni dar entrevistas desde que llegó al cargo hace cinco meses desde la fiscalía especializada en Violencia de Género de CABA, donde se desempeñaba, ya no fue a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras.
Frente a esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año. Este mediodía realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría, en Paseo Colón 181. Según contaron, les informaron que los despidos llegarían al 80 % de la planta del ex Ministerio de MGyD.
“A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta», dijo Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos.
De esta forma, quedarían alrededor de 150 trabajadorxs vinculadas al área. “Es muy impactante comprobar cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas. Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional -el artículo 8 de la ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas- y de las obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
En seis meses de gestión el Gobierno de Milei, desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente que tenía la Subsecretaría (disponible para todo el año) en términos reales ya era un 62% más bajo que el de 2023, de acuerdo con un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La disolución de la Subsecretaría implica “un desprecio por lo público brutal y nosotras necesitamos de manera imperiosa el Estado para proteger, acompañar, asistir a las víctimas de violencia de género y reducir brechas de desigualdad”, señaló Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país, desde diciembre. Además de Nación, cuatro gobiernos provinciales -Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz- que en los mandatos anteriores habían jerarquizado sus áreas de género con la creación de ministerios dieron marcha atrás, siguiendo el camino de la motosierra de Milei y las redujeron a secretarías o subsecretarías. Estas medidas marcan que las decisiones del Gobierno -primero vaciando y desarticulando políticas de prevención y asistencia a víctimas y ahora eliminando la Subsecretaría- sin dudas impactarán en las provincias, con un retroceso en políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidad de la violencia de machista y atacar sus causas estructurales, sostenidas en la desigualdad de género.
“Acá hay una planificación para profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en vidas. Y significa una falta de respeto a nuestro marco normativo y a las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional para con el país entero. En la provincia de Buenos Aires, seguiremos, tal cual manifiesta siempre nuestro gobernador Axel Kicillof con Estado presente, profundizando el camino de construir el Ministerio, y de transversalizar la perspectiva de género”, agregó Díaz.
“Es muy grave la desaparición de la Subsecretaría. Aunque ya estaba debilitada, y con presupuesto reducido, están dejando en banda a las mujeres, niñas y diversidades que sufren violencia de género. ¿Qué va a pasar con la Línea 144, que es fundamental para la prevención? ¿Qué pasará con el Registro Único de casos que permite analizar la magnitud del problema para intervenir? ¿Y con el Programa Acompañar? Están desmembrando sus funciones. Van a decir que cumplen con los compromisos que tiene el país en el tema, pero estarán a cargo de gente que no está especializada. Es un retroceso muy grande”, consideró la médica epidemióloga Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Bianco tenía una reunión con Barcia agendada desde el lunes para conversar sobre el W20 (Women20) una red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad civil, negocios, emprendimientos y think tanks. Pero el encuentro fue pospuesto desde la Subsecretaría día a día hasta que fue cancelado.
La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara Baja, acompañó a las trabajadoras frente al edificio donde funcionaba la Subsecretaría. “El gobierno de Milei sumó un nuevo eslabón a la larga cadena de actos contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad por motivos de género”, dijo la legisladora. Y advirtió que la disolución del área “no es solo un problema en materia de política pública sino también un mensaje hacia la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa”.
Triunfo de los desmotadores en Safico
Tras la contundente medida de fuerza en las tres plantas de Safico-La Banda, Quimilí y Sirlex, ubicadas en la provincia de Santiago del Estero, la empresa retrocedió en su arbitrario accionar y cumplió con lo firmado en el acuerdo salarial desmotador, abonando los montos correspondientes a la totalidad de los compañeros trabajadores.
La respuesta obrera se definió ante el hecho de que, de manera sorpresiva e injustificada, la patronal de Safico había dividido el aumento y abonado sólo la mitad de lo acordado por la misma, junto a otros representantes de la parte empresaria, en el acuerdo paritario cerrado hace pocas semanas atrás.
El acuerdo fue firmado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA), y los representantes patronales de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos (ADAA) como tal, junto a ocho empresas asociadas del sector que sumaron expresamente su firma, entre ellas Safico.
Sin embargo, de manera ilegal, la empresa Safico decidió aplicar un 32,5% de aumento en las remuneraciones correspondientes al mes de abril, cuando estaba establecido un aumento del 65% por convenio para el mismo mes.
Ante la fuerte medida de los compañeros trabajadores desmotadores de Safico La Banda, Safico Quimilí y Sirlex S.A. La Banda, que pertenece a Safico, la patronal abonó la totalidad del aumento tal cual correspondía.
Una vez más, se demuestra que la huelga es la herramienta con que las y los trabajadores defienden y garantizan sus legítimos derechos.
¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de los trabajadores desmotadores!
El Sutna cerró un acuerdo salarial por marzo y abril
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) firmó un acuerdo que contempla una actualización salarial del 11% para marzo y 8,8% para el mes de abril, remunerativos y acumulativos, con pago retroactivo. La negociación, que continuará ahora para el periodo mayo 2024-febrero 2025, se realiza en medio de un fuerte conflicto con epicentro en los 97 despidos en Fate.
Este miércoles en la Secretaría de Trabajo de la Nación, comparecieron representantes paritarios del Sindicato Único del Neumático Argentino (SUTNA) y de cada una de las empresas empleadoras del sector en el país.
El gremio reclamó en la audiencia la homologación de un acuerdo firmado con las empresas Bridgestone y Pirelli para que se respete la cláusula que cubre la inflación del mes de marzo y abril. “Hasta el 30 de abril tendremos cubierto nuestro poder adquisitivo”, aseguró el secretario general Alejandro Crespo.
Fate SAICI, por su parte, manifestó que “en el marco del difícil contexto que se encuentra atravesando no se encuentra en condiciones de adherir a la propuesta salarial realizada por las empresas de Bridgestone y Pirelli. Sin perjuicio de lo expuesto Fate informa que en la medida de sus posibilidades extremará sus esfuerzos a fin de honrar el cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado”, según consta en actas de la audiencia.
El sindicato rechazó lo expresado por Fate “por no haber razón, atento a que la mayoría de las empresas han aceptado el acuerdo salarial arribado y solicita a esta autoridad administrativa, la aplicación ante la falta de adhesión por parte de Fate de la regla de la mayoría (art. 5 de la ley 23546), y se intime oportunamente a la empresa Fate SAICI a dar cumplimiento al acuerdo salarial alcanzado, bajo apercibimiento de aplicar la ley 25.212. Asimismo, solicitan se fije nueva audiencia para continuar con las negociaciones paritarias de los periodos restantes”.
Quedan 10 meses de negociaciones para completar el período anual contemplado paritario para el sector del neumático y dada la inestabilidad económica, el gremio apura la fecha para una nueva reunión que permita continuar negociando. La nueva audiencia quedó entonces fijada para el día 29 de mayo de 2024 a las 10:00.
El SUTNA continúa movilizado. Este viernes 24 a las 19 horas realizará “un gran lentejazo clasista y solidario”, con la participación de bandas y artistas de folklore, cumbia y rock ante las tres fábricas de Fate, Pirelli y Bridgestone.
ATE rechazó el 9,1% ofrecido en la paritaria y denunció una pérdida salarial del 22,4%
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó este jueves de forma tajante la oferta del Gobierno de aumentar los salarios en un 9,1% para el personal de la Administración pública nacional y denunció una pérdida del 22,4% de los ingresos.
El Gobierno propuso un 2% de aumento retroactivo a abril último y otro 7% acumulativo para este mes, por lo que en el bimestre los estatales percibirán una mejora del 9,1% a pagar en mayo.
Sindicalistas de la ATE y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), al mando de Andrés Rodríguez, se reunieron este jueves en las dependencias laborales de la Avenida Callao al 100, ocasión en la cual la Secretaría de Trabajo ofreció a los gremios una mejora salarial del 9,1%.
Aunque la UPCN aceptó la oferta oficial, Aguiar en cambio la rechazó y sostuvo que “la caída del salario desde la asunción de la actual gestión es estrepitosa, por lo que la oferta es inaceptable porque ni siquiera se corresponde con los datos de inflación del Gobierno, y no es posible que el gremio sea cómplice de este recorte brutal de los ingresos”, denunció el sindicalista.
Para Aguiar, el ofrecimiento del Gobierno representa “una caída del 22,4% del poder adquisitivo de los estatales durante el último año”, y añadió que “con el correr de los meses el ajuste en el sector público se consolida y es mayor, por lo que con esta paritaria y al inicio del mes de junio decenas de miles de estatales serán considerados como nuevos pobres”.
En un documento, Aguiar agregó que “los propios datos oficiales muestran que desde que asumió el Gobierno los salarios cayeron en picada y, a partir de ahora, el ingreso promedio en la administración pública apenas alcanzará para cubrir la mitad del costo de la canasta familiar básica”, y ratificó que la ATE “no será cómplice de la destrucción salarial”.
“El grave recorte salarial de forma rápida se disparará a las provincias y municipios. Es preciso continuar y profundizar el plan de lucha en todo el país”, señaló Aguiar.
Las
paritarias del Convenio 214/06 comprenden el período entre junio de
2023 y mayo de 2024, por lo que el sector público nacional cerró el año
de
negociación con un aumento del 200,9%.
La inflación proyectada para mayo, según el Relevamiento de Expectativas
de Mercado (REM) del Banco Central es de 7,5%, por lo que la caída del
salario real es de un 22,4%.
En noviembre último -a seis meses de iniciada la paritaria- el acuerdo había quedado 3,4% por arriba de la evolución de los precios, pero a partir de diciembre “los convenios se ubicaron de forma sistemática por debajo de la inflación, consolidando la pérdida real del poder de compra”.
Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia necesitó 828.158 pesos en abril último para no caer bajo la línea de la pobreza, pero sin embargo la Junta Interna de ATE-Indec informó que ese ingreso debería ser como mínimo de 1.253.953 pesos.
Aguiar y los representantes paritarios de la ATE firmaron un acta complementaria, en la que ratificaron y asentaron las demandas del gremio, que exigió que “ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza, un aumento salarial por encima de la inflación, la apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, en especial los más postergados como el del Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Iosfa (la obra social del sector), cuyos ingresos iniciales se ubican por debajo de la línea de la indigencia”, señalaron.
La ATE también demandó al Gobierno un inmediato aumento salarial para los trabajadores contratados por el decreto 1.109/17, la liquidación del incremento de haberes este mes, el cese de las políticas de ajuste, la incorporación de una suma fija al salario en concepto de ‘Orientación’ para el convenio general que garantice el reconocimiento de la función y un haber digno y que se garantice la continuidad de los procesos de regularización del empleo público y pases a planta.
Del mismo modo, reclamó “el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados desde el 10 de diciembre”; rechazó “cualquier privatización de empresas públicas, el DNU 70/23 y la Ley Bases” y defendió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a la vez que exigió la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que procura cercenar el derecho a peticionar a las autoridades y el amedrentamiento a los estatales.
Fuentes: Infogremiales, Red Eco Alternativo, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano,Indymedia Trabajadoras/es, Somos Télam
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