Una rebelión de policías de bajo rango en Bolivia, en demanda de un aumento salarial, concluyó en la noche del viernes al comprometerse el gobierno a estudiar beneficios colaterales para los agentes del orden. El acuerdo fue anunciado a reporteros por el comandante general de la policía, Isaac Pimentel, al finalizar un diálogo de más […]
Una rebelión de policías de bajo rango en Bolivia, en demanda de un aumento salarial, concluyó en la noche del viernes al comprometerse el gobierno a estudiar beneficios colaterales para los agentes del orden.
El acuerdo fue anunciado a reporteros por el comandante general de la policía, Isaac Pimentel, al finalizar un diálogo de más de seis horas que estuvo precedido por amenazas oficiales de medidas enérgicas para evitar que la protesta se convirtiera en un motín contra el gobierno de Evo Morales.
«Ya está todo solucionado, no hay más medidas de presión y todos los servicios policiales están normalizados,» dijo Pimentel.
Un representante de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías confirmó que habían sido levantadas las huelgas de hambre que realizaban desde el jueves seis representantes del sector en los distritos de Santa Cruz y Cochabamba, finalizando también el «estado de emergencia» de los 15.000 policías de base de todo el país.
Pimentel explicó que cuatro comisiones mixtas definirán una reformulación del presupuesto policial, para posibilitar el incremento de bonos destinados a la alimentación, transporte y equipamiento de los uniformados.
Los policías de bajo rango, cuyos salarios básicos arrancan en el equivalente a unos 100 dólares mensuales, pedían un incremento del siete por ciento, el doble de lo que les concedió el gobierno.
Medios locales recordaron que protestas parecidas se convirtieron en violentos motines en los años 2000 y 2003, con saldo de decenas de policías muertos.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, quien había calificado a la protesta de un movimiento político, dijo que el gobierno no permitiría que se desencadene un «proceso de insubordinación» ni que se ponga en peligro a la ciudadanía.