El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, confirmó hoy la existencia de grupos armados irregulares al servicio de terratenientes en la región oriental del país. En una conferencia con la prensa extranjera sobre la nueva política de tierras del gobierno, que genera resistencias empresariales y regionalistas, el ministro reveló también, sin mayores detalles, […]
El ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo Salvatierra, confirmó hoy la existencia de grupos armados irregulares al servicio de terratenientes en la región oriental del país.
En una conferencia con la prensa extranjera sobre la nueva política de tierras del gobierno, que genera resistencias empresariales y regionalistas, el ministro reveló también, sin mayores detalles, haber recibido amenazas de muerte.
Ante una pregunta sobre la existencia de fuerzas paramilitares en el oriental departamento de Santa Cruz, Salvatierra dijo que es un hecho que allí hay grupos armados irregulares, y dijo que el Estado actuará conforme a la ley contra esas organizaciones ilegales.
Recordó que en años pasados terratenientes de esa región usaron sicarios contra campesinos que ocupaban tierras y rechazó la exacerbación de tensiones y la promoción de la violencia, que atribuyó a propietarios indebidos de tierras, afectados por la nueva política.
Se refirió así a un pronunciamiento de los Comités Cívicos de Santa Cruz y otras regiones, de beligerancia contra la llamada segunda reforma agraria, y dijo que tras esas agrupaciones operan centenares de acaparadores ilegales de tierras.
Reiteró que el gobierno busca el diálogo sobre los decretos que profundizan la reforma agraria de 1953 y apuntan a una distribución justa de la tierra, con la reversión al Estado y la redistribución de los predios que no cumplen una función económica y social.
Mencionó el ministro diversas modalidades de escamoteo de esos requisitos, las cuales no serán posibles con los nuevos decretos y el control social a cargo de la sociedad civil y sus organizaciones, pues el tema compete a todo el país y no sólo a los ivolucrados.
Al desvirtuar la campaña regionalista y conservadora contra la política gubernamental, señaló que el ejecutivo confía en la comprensión de los empresarios legales y productivos, que conforman la gran mayoría y son ajenos a los acaparadores de tierras.
Desmintió piezas maestras de la campaña opositora, al negar que el gobierno se proponga trasladar campesinos del altiplano andino al oriente, y dijo que la política -a debatirse desde el viernes próximo- propugna dar tierras a los campesinos del territorio correspondiente.
Salvatierra también negó que el ejecutivo promueva o acepte las tomas de propiedades y dijo que, por el contrario, ha exhortado al Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST) a abstenerse de hacerlas y acogerse a la nueva política.
Preguntado sobre denuncias de tomas de predios, señaló que éstas han ocurrido siempre, tanto por parte de campesinos sin tierra como de empresarios que se apropian dolosamente de grandes extensiones usando el poder político o la corrupción.
Aseveró que la propiedad privada legal será respetada, al igual que las llamadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de las comunidades indígenas, las cuales son intangibles.
La prioridad de las dotaciones gratuitas, inicialmente de unos cuatro millones de hectáreas, será para agrupaciones comunitarias -a fin de evitar el minifundio o la reconcentración de la propiedad- y sin condionarla al apoyo técnico y crediticio.
Añadió que el apoyo a los agricultores será brindado por un fondo de respaldo a los pequeños productores, que cuenta inicialmente con 100 millones de dólares aportados por Venezuela, a los que deben sumarse otras fuentes de cooperación.
El apoyo con la dotación de semillas, maquinaria, proyectos y otros medios será dado por una corporación a formarse con el apoyo de Cuba y Venezuela, en el marco de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), señaló el ministro.
Respecto a la participación del Banco Mundial en esa ayuda, Salvatierra dijo que está condicionada al respeto absoluto a las políticas del gobierno y a la soberanía nacional y al abandono de imposiciones privatizadoras y neoliberales.
Puntualizó que Bolivia «necesita ayuda y no imposiciones».