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Conflicto político boliviano pierde nervio

Fuentes: IPS

Al iniciar su octavo mes de gestión, el gobierno  de Evo Morales comienza a afrontar presiones de distintos sectores, que  sin embargo no logran conmover las estructuras del cambio  «revolucionario» en el que está embarcado.  Superada una semana en la que la tónica la pusieron tres sectores  –maestros, transportistas y trabajadores de la salud– cuyas […]

Al iniciar su octavo mes de gestión, el gobierno  de Evo Morales comienza a afrontar presiones de distintos sectores, que  sin embargo no logran conmover las estructuras del cambio  «revolucionario» en el que está embarcado.

 Superada una semana en la que la tónica la pusieron tres sectores  –maestros, transportistas y trabajadores de la salud– cuyas demandas,  totalmente independientes, confluyeron en movilizaciones simultáneas el 29  de agosto, la amenaza proviene ahora de los departamentos orientales y  sureños articulados en la llamada «media luna» (Santa Cruz, Beni, Pando  y Tarija) cuyas dirigencias cívicas han convocado a un paro cívico para  este viernes.

La radical medida decidida en departamentos que hasta antes de la  asunción de Morales, en enero, se hacían llamar «la Bolivia productiva», en  oposición al occidente, donde las huelgas son desde hace décadas parte  del paisaje cotidiano, cuenta esta vez con el explícito apoyo de las  prefecturas (gobiernos departamentales dependientes del Poder Ejecutivo)  y de la derechista Poder Democrático Social (Podemos), principal fuerza  política opositora.

El origen de la movilización se remonta al primer día de septiembre,  cuando tras casi un mes de discusión, fue aprobado el borrador del  Reglamento de Debates de la Asamblea Constituyente, en el que los  representantes del oficialismo impusieron el criterio de la mayoría absoluta para  aprobar los informes de comisión y avances parciales del articulado de  la que será la nueva constitución, dejando la mayoría especial de dos  tercios sólo para aprobar el texto íntegro de la carta magna.

Esta decisión de los constituyentes del gobernante Movimiento al  Socialismo (MAS) y de representantes de organizaciones sociales afines  contraría la postura de los partidos opositores, que exigen que cada  aprobación parcial también requiera dos tercios de los votos.

El lunes, los comités cívicos (representantes de intereses regionales y  empresariales) de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, junto a los  prefectos y dirigentes de Podemos acordaron convocar al paro en protesta por  esa decisión del MAS, y expresaron que el partido de gobierno estaba  conduciendo al país a una suerte de totalitarismo.

Asimismo, se acordó que los constituyentes de las fuerzas opositoras no  asistieran a las sesiones de la Asamblea Constituyente que funciona  desde agosto en la capital, Sucre. Pero esta decisión sólo fue acatada, e  inicialmente, por los representantes de Podemos.

El martes la reacción gubernamental fue virulenta. En sendas  conferencias de prensa en la oriental Santa Cruz y en La Paz, sede del gobierno,  Morales sostuvo que la protesta respondía únicamente a los objetivos  políticos de Podemos.

«Es un paro político, es un paro de un partido, Podemos, y lamento que  los comités cívicos se subordinen, se sometan a un partido que  finalmente con esa actitud quiere dividir Bolivia», dijo el primer mandatario.

Paralelamente, los movimientos sociales de esos cuatro departamentos se  declararon opuestos a la medida de fuerza. La Coordinadora de Pueblos  Étnicos de Santa Cruz, una de las organizaciones más influyentes en el  oriente boliviano, las centrales sindicales nacional y departamentales,  las federaciones de trabajadores campesinos y otras entidades indígenas  se pronunciaron en contra del paro y amenazaron con bloquear los  accesos a la capital oriental.

El miércoles, y ante la evidente oposición al paro, los constituyentes  de Podemos se reincorporaron a las sesiones de la Asamblea, donde  nuevamente fue aprobado en su primera estación, por mayoría, el Reglamento  de Debates.

Desde Santa Cruz, analistas señalaron que la adhesión de Podemos a la  protesta convocada por los cívicos no se debía tanto a que esa fuerza  política fuera la articuladora de la movilización, sino a que era la  única forma que encontraba para «ganar presencia» en el escenario político  nacional.

Además, la reacción de las organizaciones sociales ya ha comenzado a  mostrar que el paro cívico, si llega a realizarse, no tendrá la  contundencia prevista cuando fue convocado, tanto por la falta de adhesión de  grupos mayoritarios de la población cuanto por aparentes fracturas dentro  de los movimientos cívicos, cuyos miembros reconocen intereses  particulares mimetizados detrás de demandas generales.

La protesta brota en la región donde se concentran, por un lado, las  riquezas gasíferas y petroleras del país y, por otro, las mayores  extensiones de tierra cultivable y ganadera, ambos objetivos de las primeras  medidas tomadas por el gobierno: la nacionalización de los hidrocarburos  y la «revolución agraria» o reforma en la propiedad rural.

Hugo Moldis, coordinador del Estado Mayor del Pueblo, una alianza de  movimientos sociales afines al gobierno, ve cuatro escenarios posibles a  partir del rebrote de la conflictividad.

El primero, que llamó «la vía Mandela» en referencia al ex presidente  sudafricano Nelson Mandela (1994-1999), los cambios que se pretende  implementar serían únicamente políticos y simbólicos, mas no estructurales.

El segundo, «la vía leninista», consistiría en profundizar cambios  revolucionarios «quemando etapas, como se ha estado haciendo hasta ahora»,  y recurrir al uso legítimo de la fuerza para controlar a sectores  opositores y evitar intentos de separatismo procedentes del oriente, como  los que se anunciaron a través de espacios solicitados en algunos medios  de comunicación durante el último fin de semana.

El tercero, «la vía gramsciana», en alusión al político y teórico  marxista Antonio Gramsci (1891-1937), consistiría en «ir articulando  consensos, no sólo al interior de los sectores sociales y de izquierda, sino  también con sectores empresariales y regiones», dijo Moldis a IPS.

En el cuarto escenario que imagina, «la vía chilena y venezolana», los  grupos de poder económico intentarían articular a la sociedad civil en  contra de los movimientos de izquierda, polarizando a la población y  promoviendo espacios de desestabilización.

Dinámicas similares se presentaron antes del derrocamiento del  presidente chileno Salvador Allende, en 1973, y en 2001 y 2002 en Venezuela  contra el actual mandatario Hugo Chávez.

Moldis cree que los movimientos sociales bolivianos están apostando por  la vía gramsciana antes que por la leninista, pero su materialización  dependerá de «cuánto y quién sea el que agreda. Si la agresión es  abierta, la respuesta será una mayor radicalidad de la revolución boliviana».  El primer escenario, dice, es el menos probable.

En cuanto al último, hay coincidencia de varios analistas consultados  en que dependerá de los resultados del paro de este viernes, en el cual  las clases medias urbanas, casi exclusivamente, tendrán  protagonismo.