El pintor Francisco Toledo conformó el Comité de Liberación 25 de Noviembre, con el objetivo de apoyar «a las personas que han sido detenidas de manera irregular durante las marchas y manifestaciones de descontento sociual a lo largo de las últimas semanas en esta ciudad». Los 149 detenidos el pasado 25 de noviembre, luego de […]
El pintor Francisco Toledo conformó el Comité de Liberación 25 de Noviembre, con el objetivo de apoyar «a las personas que han sido detenidas de manera irregular durante las marchas y manifestaciones de descontento sociual a lo largo de las últimas semanas en esta ciudad».
Los 149 detenidos el pasado 25 de noviembre, luego de un enfrentamiento entre militantes de la APPO y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), fueron trasladados al penal de Nayarit, bajo el argumento de que son reos de alta peligrosidad, por lo que ahora los abogados de este Comité apelarán para que sean regresados a penales de la entidad.
En un documento leído ante los medios de comunicación explica que dicho Comité «tiene como misión ayudar a liberar a las personas que están presas sin haber realizado acciones vandálicas, ni haber agredido a los cuerpos de seguridad, ni a terceros».
Este Comité está integrado, a parte del artista, por abogados y defensores de derechos humanos, mismos que coincidieron en decir que las personas detenidas «han sido trasladas a penales fuera del estado, donde no cuentan con la asistencia de sus familias ni los recursos econòmicos para su defensa jurídica».
Entre los abogados que se han integrado a este Comité se encuentra, Israel Ochoa Lara, quien en 1996 tomó la defensa de los indígenas zapotecos de la región de Loxicha, quienes fueron detenidos y encarcelados, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Ochoa Lara logró la liberación de al menos 150 indígenas zapotecos acusados de guerrilleros, por falta de elementos para procesarlos.
El también coordinador del Bufete Popular de Asesoría Indígena explicó que «nadie de los detenidos y encarcelados, tiene procesos del orden federal, dijeron que Flavio Sosa tiene el delito de ataques a las vías de comunicación, fuera de ahí, todos los inculpados que están en Nayarit, tiene procesos del fuero federal».
Por lo anterio «no se justifica el que se encuentren recluidos en un lugar tan distante a éste (estado) donde se supone se cometieron los delitos de los que se les acusa y aun penal de carácter federal, deberian estar en todo caso en un penal estatal y necesariamente aquí en Oaxaca, porque de otro modo, se están violando sus garantías individuales».
Detalló que al ser trasladados a otros estados, «se está violando su derecho a la defensa y al debido proceso, porque llevar la defensa a distancia, es sumamente complicado, lento y desde luego dificulta para los inculpados la posibilidad del aporte de pruebas y careos e interrogatorios».
Explicó que en el expediente 71/2006 se encuentran los casos de César Mateos y Jorge Sosa, a quienes acusan de los delitos de secuestrio, lesiones calificadas y robo calificado, en contra de los policías estatales, Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz.
En tanto que en el expediente 88/2006 que radica en el juzgado de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ahí se encuentran los casos de 44 personas, acusadas de los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y daños por incendio.
Mientras que en expediente 152/2006 que radica en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, a los presos se les acusa de los delitos de daño por incendio al edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a una sucursal de BANAMEX, indencio a negocios particulaes, sedición y asociación delictuosa.
Ochoa Lara dijo que hasta el momento «el gobierno del estado les ha negado copias de los expedientes, por lo que eso nos ha retrasado en su defensa».
Por su parte Sara Méndez de la Red Oaxaqueña de los Derechos Humanos, mencionó que «las garantías de los detenidos han sido violadas totalmente, en el penal de Nayarit hay cuatro menores de edad y quienes deben tener una atención especial no la tiene».
Agregó que «quienes fueron golpeados durante su detención aun no reciben atención médica».
Mientras que otro de los abogados, Caciano Luis Mejía mencionó que «se ha documentado la situación de violación a los derechos humanos, a los presos los han rapado como si realmente fueran delincuentes, cuando aun no les comprueban ningún delito y las autoridades no nos permiten el acceso a los expedientes, lo cual también es un delito».