El derecho a la salud, vivienda, educación y un salario digno son mandatos de la Constitución de México, que este lunes cumplió 90 años. Pero la realidad lo desmiente y otra vez aparecen ofertas políticas para remozar su texto, caduco en muchos tramos según expertos. Entre los cambios que se proponen figuran pasar del sistema […]
El derecho a la salud, vivienda, educación y un salario digno son mandatos de la Constitución de México, que este lunes cumplió 90 años. Pero la realidad lo desmiente y otra vez aparecen ofertas políticas para remozar su texto, caduco en muchos tramos según expertos.
Entre los cambios que se proponen figuran pasar del sistema democrático presidencialista a uno con mayor incidencia del parlamento, abrir a la participación privada el sector energético hoy en manos exclusivas del Estado, introducir la figura del plebiscito, reformar el Poder Judicial y el sistema electoral y reducir la cantidad de diputados y senadores, que hoy suman 628.
En el aniversario de la entrada en vigor de la añeja ley fundamental, que coronó el proceso revolucionario de principios del siglo XX, el presidente Felipe Calderón exhortó a los actores políticos a «renovar el derecho desde el derecho, a renovar la Constitución desde la Constitución para adecuar los órganos del Estado y la relación de éstos con los ciudadanos».
«Las nuevas circunstancias que enfrenta el país en el mundo del siglo XXI nos exigen ir adelante, nos exigen construir los acuerdos necesarios a fin de modernizar nuestro andamiaje constitucional y legal», dijo el mandatario ante gobernadores y representantes de los poderes del Estado, reunidos en una sesión solemne.
Los legisladores tienen listo un proyecto de ley, que en caso de ser aprobado –lo cual prometen para antes de que termine el primer semestre en curso– guiará las negociaciones y marcará los temas en lo que se pretende introducir reformas a las Constitución.
Según los líderes de los diversos partidos políticos, los cambios deberán estar listos en febrero de 2008.
Sin embargo, la tarea se dibuja «cuesta arriba por los disensos y los malos antecedentes», dijo a IPS el abogado constitucionalista Diego Pedroza, luego de recordar que los gobiernos y dirigentes políticos vienen prometiendo desde 1998 concretar una profunda reforma a la Constitución.
La necesidad de cambiar la ley suprema es un objetivo compartido por los tres principales partidos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los opositores Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el tradicional Revolucionario Institucional (PRI).
Pero cada una de esas agrupaciones tiene ideas distintas al respecto. El PAN, de corte conservador, busca impulsar la presencia del sector privado en la vida productiva, el izquierdista PRD tiene la intención de darle mayores poderes al Estado y ampliar el capítulo de las garantías individuales, mientras el PRI, colectivo en el que confluyen diversas tendencias, no hay definiciones claras.
Pedroza, quien trabaja para un despacho privado de abogados, cree que en las propuestas de revisar el sistema presidencialista, mejorar las reglas electorales y acotar el número de legisladores hay consenso. No obstante, en los detalles surgirán divergencias, que podrían extenderse a otros fundamentales como la rectoría del Estado sobre el petróleo, vaticinó.
Además, en el proceso surgirán demandas desde la sociedad civil, que tiene todo el derecho a participar en la definición de las reformas, y que los legisladores deberán considerarlas, añadió.
En la reñida campaña electoral del año pasado, en la que Calderón se impuso al izquierdista Andrés López Obrador, del PRD, por apenas medio punto porcentual de votos, las promesas de alcanzar reformas constitucionales fueron una constante.
Tanto el PAN como el PRD sostienen, en diversos tono, que a México le convendría pasar a un sistema semipresidencialista, donde haya un presidente elegido en las urnas y un jefe de gobierno que debe surgir de la fuerza política que tenga mayoría en el Poder Legislativo, que puede incluso pertenecer a una fuerza opuesta a la del mandatario.
Los defensores de tal sistema aducen que su principal virtud es alentar el consenso político entre partidos, lo cual no sucede con el modelo presidencialista cuando éste no tiene mayoría en el parlamento.
Desde 1997, cuando el PRI, que era gobierno, perdió su mayoría absoluta en el parlamento, los enfrentamientos entre poderes han sido constantes, aunque sin llegar a una crisis de envergadura.
Los roces políticos subieron de tono a partir de 2000, cuando el PRI, que gobernó sin interrupciones desde 1929, cedió la presidencia a Vicente Fox, del PAN, que dio paso el 1 de diciembre a su correligionario Calderón, quien tampoco cuenta con mayoría propia en el parlamento.
Gracias a las mayorías absolutas que tuvo el PRI hasta mediados de los años 90 en el Poder Legislativo, la Constitución de 1917 fue reformada para introducirle cerca de 400 cambios.
«No soy muy optimista de que en este gobierno se produzca la gran reforma constitucional. Pero ojala me equivoque, pues la necesidad de hacer un cambio macro salta a la vista», dijo el abogado Pedroza.
Para reformar las Constitución se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los legisladores y la posterior aprobación de la mayoría de los 32 parlamentos de cada estado en que está divido el país.
Los expertos sostienen que la Constitución tiene mucha carga emotiva debido a su origen revolucionario y postulados sociales, lo cual se conjugó con reformas que permitieron la agresiva apertura comercial de México iniciada en los años 80, las privatizaciones de varias áreas del Estado y la apertura a la libre competencia y mercado.
Aunque en el texto constitucional mexicano de 135 artículos se establecen el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el empleo y a un salario digno, en los hechos cerca de la mitad de los 103 millones de mexicanos son pobres y millones no tienen acceso a varios de esos derechos.
Miguel Carbonell, coordinador del área de derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que la ley fundamental de su país es la más vieja de América Latina. Indicó, además, que antes lo fue la de Argentina de 1853, pero recuerda que ese cuerpo sufrió una reforma integral en 1994.