El retroceso entre el proyecto de Constitución del MAS, aprobado en Oruro, en diciembre del 2007, por la Asamblea Constituyente, y el consensuado por la coalición del oficialismo y los partidos neoliberales, en el Parlamento Nacional, el 21 de octubre pasado, es monumental en materia de hidrocarburos. Los artículos 359 y 362 proyectados en Oruro […]
El retroceso entre el proyecto de Constitución del MAS, aprobado en Oruro, en diciembre del 2007, por la Asamblea Constituyente, y el consensuado por la coalición del oficialismo y los partidos neoliberales, en el Parlamento Nacional, el 21 de octubre pasado, es monumental en materia de hidrocarburos.
Los artículos 359 y 362 proyectados en Oruro fueron inspirados por el Decreto de Nacionalización del primero de mayo de 2006, el que sólo reconocía contratos de prestación de servicios con privados, de manera que el control de las reservas por parte del Estado era inobjetable. Tales preceptos añadían que los acuerdos con las compañías que los incumplían serían nulos de pleno derecho y que las personas que los suscribían, a nombre del Estado, serían enjuiciadas por traición a la Patria.
El Decreto de Nacionalización fue desvirtuado por los contratos de producción compartida firmados con las compañías, en octubre de 2006, los que permiten a estas ser dueñas de un porcentaje de la producción, razón por la que se consideran propietarias de partes sustanciales de las reservas del país.
La coalición parlamentaria MAS – neoliberales dejó intactos los artículos 359 y 362, pero introdujo un artículo transitorio (el octavo), en el que, a tiempo de indicar que las concesiones sobre recursos naturales (lo que incluye gas y petróleo), electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico, añade con sutil mala fe que la migración de esas concesiones al nuevo régimen constitucional «EN NINGUN CASO SUPONDRA EL DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS».
Tales derechos son, como es obvio, los obtenidos por las petroleras extranjeras en los contratos de octubre de 2006, de manera que los enunciados relativos a la nulidad de acuerdos que violen la Constitución y el enjuiciamiento de sus autores por traición a la Patria se han convertido en papel mojado, pese a mantenerse en el nuevo texto.
La frustración por el tema hidrocarburos se suma al desencanto del país por la legalización de latifundios en manos de oligarcas, sobre todo en Santa Cruz, Beni y Pando, al advertirse que la decisión de limitar la extensión de tierras a cinco mil o diez mil hectáreas (la duda será absuelta en el referéndum de enero), sólo tendrá validez en el futuro.
El Vicepresidente Alvaro García Linera, al comentar los retrocesos del nuevo proyecto con relación al de Oruro, indicó que este último era demasiado radical y que debía ser limitado en sus alcances. Los encargado de introducir esos límites en materia petrolera fueron el Ministro Carlos Romero y el senador Roberto Ruiz, de PODEMOS, el partido político de Jorge Quiroga.
Ruiz, en su condición de principal dirigente cívico de Tarija (el año 2004), fue el principal impulsor del Proyecto Pacific LNG, por el que Bolivia debía exportar gas a EEUU en condiciones «africanas», lo que hubiera ocasionado además el rápido agotamiento de sus reservas. Respaldó también al ex Presidente Carlos Mesa en su decisión de vender gas a la Argentina al precio subvencionado de 0.98 dólares por millón de pies cúbicos, en momentos en que Brasil ya pagaba más de tres dólares por esa cantidad.
García Linera, al conocer reclamos al nuevo proyecto constitucional, recordó que se ha logrado un gran avance con el reconocimiento del carácter plurinacional del país. Tal reconocimiento conlleva, si duda alguna, una importante reparación histórica a pueblos y culturas originarias, la que, sin embargo, no debería servir de escudo para continuar con la expoliación de recursos naturales e incumplidas promesas de concesión de tierras a conglomerados étnicos, como viene ocurriendo, con mínimas excepciones, desde la fundación de la República.