La frase de «todo o nada», acuñada por las autoridades del departamento de Chuquisaca en su demanda de concentrar la sede de los poderes del Estado boliviano, pone en riesgo hoy el futuro de la Asamblea Constituyente. La más reciente decisión del Comité Interinstitucional de Sucre de exigir el retorno del Congreso y de manera […]
La frase de «todo o nada», acuñada por las autoridades del departamento de Chuquisaca en su demanda de concentrar la sede de los poderes del Estado boliviano, pone en riesgo hoy el futuro de la Asamblea Constituyente.
La más reciente decisión del Comité Interinstitucional de Sucre de exigir el retorno del Congreso y de manera paulatina el ejecutivo, despeja toda duda sobre las verdaderas pretensiones de las autoridades de la región.
El gobierno boliviano denunció también que las decisiones de Sucre han recibido las influencias de la oposición de la llamada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
La víspera, el propio Vicepresidente de la República, Alvaro García, quien encabezó las labores de un Consejo Político encargado de dirimir los aspectos más complejos de la Asamblea, lamentó las posturas inflexibles de los dirigentes chuquisaqueños.
García invocó al diálogo a las autoridades de Chuquisaca, para salvar la Asamblea Constituyente, única vía para refundar al país y consolidar el actual proceso de cambio.
En su mensaje, el vice mandatario explicó que el Consejo instaló sesiones el pasado 1 de octubre y de entonces a la fecha logró importantes acuerdos a incluir en la futura Carta Magna, entre ellos la propuesta de un Estado plurinacional y comunitario.
También concluyó el proyecto de un sistema económico mixto para beneficio de todos los bolivianos y los cuatro niveles de autonomías: departamentales, regionales, municipales e indígenas.
García señaló por último que el Consejo se adentraba en las competencias de las autonomías, pero la demanda de Sucre del traslado hacia esa urbe de todos los poderes obligó a crear una subcomisión que atendiera el conflicto entre dos regiones: Chuquisaca y La Paz.
Ratificó que la propuesta de solución a ese diferendo fue consultada y redactada casi en un 90 por ciento por miembros del Comité Interinstitucional de Sucre, los mismos que ahora la rechazan.
También se consultó la propuesta, dijo, a los integrantes del Comité de Emergencia de La Paz.
García aclaró que, entre otros aspectos, la iniciativa establecía que la nueva Constitución incluyera a Sucre como capital histórica de Bolivia.
La llamada Ciudad Blanca, actual sede del poder judicial, alojaría además a la Corte Nacional Electoral, denominado como el cuarto poder, mientras La Paz mantendría el escenario del Ejecutivo y al Parlamento, según el acuerdo.
Entre otras propuestas favorables a Sucre, destaca la distinción de esa ciudad como sede de sesiones especiales del Congreso Nacional: la inaugural, la de clausura y las de honor.
Por su parte, el gobierno central se comprometió a erogar recursos para la construcción de una Terminal aérea internacional y la carretera que une a Sucre con el sureño departamento de Potosí, agregó.
Llamó a abandonar posturas radicales que estimó como temporales y dar paso a la reflexión y al diálogo con un espíritu patriótico, en el que imperen los intereses nacionales.
La Constituyente boliviana está paralizada desde mediados de agosto pasado, a causa de enfrentamientos regionales y políticos provocados por la demanda de Sucre de recuperar la sede de los poderes ejecutivo y legislativo que se trasladaron a La Paz en el Siglo XIX.