Con la llegada de más de tres mil policías federales a Tijuana, estado de Baja California, continúa hoy en México la Operación Conjunta contra el narcotráfico, iniciada desde hace varios días en Michoacán y Guerrero. El Gobierno Federal anunció que bajo el nombre de «Operación Tijuana» los militares enfrentarán al crimen organizado con un esquema […]
Con la llegada de más de tres mil policías federales a Tijuana, estado de Baja California, continúa hoy en México la Operación Conjunta contra el narcotráfico, iniciada desde hace varios días en Michoacán y Guerrero.
El Gobierno Federal anunció que bajo el nombre de «Operación Tijuana» los militares enfrentarán al crimen organizado con un esquema similar al aplicado en las otras dos demarcaciones.
Francisco Ramírez, Secretario de Gobernación, garantizó que ningún estado será rehén de la delincuencia común, ni del narcotráfico.
Adelantó que ese problema será analizado en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Nacional, al que pertenecen los gobernadores, el titular de Seguridad Pública y el Presidente de la República.
En esa reunión se evaluarán los avances del operativo, iniciado en el occidental estado de Michoacán, y se tomarán decisiones para que el Ejército sea el eje de la lucha contra el narcotráfico, aseguró.
Ramírez llamó a la ciudadanía a confiar en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno emprenderán las acciones necesarias para retomar todas las regiones del territorio nacional.
Asimismo explicó las acciones que emprenderá cada dependencia en esta operación coordinada.
Por su parte, el general Guillermo Galván, de la Secretaría de Defensa, señaló que se enviarán unos dos mil 620 militares, 21 aeronaves, nueve helicópteros, 28 embarcaciones, 247 vehículos tácticos y 10 perros adiestrados.
La Secretaría de la Marina se encargará de las operaciones navales en las costas de Baja California, en tanto Seguridad Pública será responsable de los patrullajes en la ciudad fronteriza, de labores de inteligencia e investigación.
También cumplirá órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos, además de coordinar una estrategia de participación ciudadana que se enfocará a la denuncia