Continúan los abusos policiales

Mucho se escribió sobre la inusual cantidad de ascensos que, triplicando el número habitual de fin de año, benefició incluso a quienes no podrían haber ascendido de acuerdo a las propias reglamentaciones impuestas por Arslanián. Tan notorio fue el ascenso masivo (casi 10.000 policías) sin secundario completo siquiera que hasta el «sindicato» policial bonaerense, Apropoba, se dio el lujo, en su histórico enfrentamiento interno con Arslanián, de denunciar que uno de los nuevos subtenientes, de apellido Paolini, no podría haber sido ascendido… porque está condenado por un delito, aunque excarcelado. Es decir, tendría que haber sido exonerado hace rato. Por otro lado, se han denunciado ascensos «de favor» como el del chofer y el cocinero de la subsecretaria de formación y capacitación profesional Haydeé Barletta.

Eso sí, los negocios, a la orden del día. Una de las últimas medidas, junto con los ascensos, fue ordenar la compra directa, es decir sin licitación ni concurso ni control alguno, de 250 camionetas para la bonaerense. Ya sabemos los negocios que hacen hasta cuando licitan, así que imaginen los vueltos y retornos en una compra directa.

 

Finalmente, y aunque los medios intentaron mostrar un relajado ministro abrazado a los nuevos cadetes de la Vucetich el día de su graduación, con fotos que parecían estudiantes en Bariloche con el profe de turno, lo cierto es que Arslanian, que fue con el gobernador Solá al acto de colación de casi 4.000 nuevos policías, se tuvo que ir por los fondos, abucheado, ya que muchos de los presentes -conocedores de asuntos intestinos- le gritaban cosas como «tomátelas, gordo ladrón «.

Como frutilla de la torta, se acusó esta semana al saliente ministro de usar fondos oficiales para pagar una suntuosa fiesta de casamiento de una empleada bonaerense, Marta Arriola, subsecretaria del departamento de relaciones con la comunidad. Lo que se dice, una despedida con bombos y platilla. Perdón, platillos.

 

En la madrugada del 27 de noviembre pasado, en San Luis, miembros del cuerpo especial COE (Comando de Operaciones Especiales) desalojaron violentamente con balas de goma, gases y palos, a 60 obreros que estaban ocupando la fábrica textil Pagoda de Villa Mercedes. Desde hace algo más de un mes los obreros reclamaban mejoras salariales y exigían la reincorporación de despedidos con diversas medidas que incluyeron la toma de la planta.

El COE actuó por orden de la jueza de instrucción en lo penal Martha Vallica San Martín de Figari, que accedió al pedido del dueño de la empresa, Alfredo Hang, que denunció la falta de avances en las negociaciones y requirió la toma por la fuerza de la fábrica.

 

El cuerpo de élite puntano rodeó la zona, aislando a los trabajadores, y a las 4:30 am desató la represión. La mayoría de los obreros resultaron heridos, algunos de gravedad. Hay un trabajador internado, y también está herido el delegado de la fábrica, Marcos Reynoso, quien recibió cinco impactos de bala de goma en la cara.

Por supuesto, el ataque no fue noticia para los medios masivos. Tampoco apareció la burocracia de la Asociación de Obreros Textiles (AOT-CGT), ni se horrorizó la clase media, que tiene «normalizada» la represión como parte algo aceptada y es normal, cuyo límite sólo aparece, y por poco tiempo, cuando matan a un trabajador.

Como es costumbre, ante cada reclamo salarial que se escapa del «pacto social» entre gobierno, empresarios y burócratas, el aparato represivo se pone en funcionamiento. Poder político, judicial y fuerzas policiales aplican todo el peso de la violencia organizada sobre los trabajadores, en defensa siempre de la patronal.

La abogada Myriam Bregman del CePRoDH y del Colectivo Justicia Ya!, patrocinante de las querellas en los casos Etchecolatz y Von Wernich, fue denunciada por la presunta comisión del delito de calumnias por un personaje muy particular. Se trata del abogado Roberto Durrieu, que fue nada más ni nada menos que fiscal general de la provincia de Buenos Aires cuando los destinos de los bonaerenses dependían del General Camps y que fue subsecretario de justicia de la Nación, cuando el presidente no era otro que Jorge Rafael Videla.

La denuncia está centrada en las declaraciones de la compañera referidas a las pruebas que existen de la participación de civiles en el genocidio cometido durante la dictadura militar. Durante el juicio que terminó con la condena al cura Von Wernich, varios testigos refirieron el activo protagonismo de civiles en las torturas, como por ejemplo el superior inmediato de Durrieu, el ex ministro Rodriguez Varela. Eso motivó el inicio de una nueva causa ante el Juez Corazza para investigar esa participación. Entre los investigados, está el aquí ofendido Durrieu.

Durrieu, además de colaborador de la dictadura, siempre ha sido ideólogo de la derecha, especialmente desde su «Colegio de Abogados de la Ciudad», verdadero think tank de la represión, como se pudo apreciar en años recientes con sus reiteradas columnas de opinión en el diario La Nación exigiendo el castigo de «criminales aberrantes» como … los desocupados que cortaban calles. Además, Durrieu fue el abogado y más estrecho colaborador de Juan Carlos Blumberg.

Querellas como las iniciadas por Durrieu son demostrativas de la intención de estos esperpentos de la derecha de obstaculizar las investigaciones judiciales contra ellos y acallar a los luchadores por los derechos humanos. Myriam Bregman es defendida por los compañeros Liliana Mazea de FIDELA y Daniel A. Stragá de CORREPI.

 

El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos reaccionaron masivamente ante la displicencia cómplice con que jueces, fiscales y policías locales actuaban frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. Una serie de cuestiones, desde la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, pasando por el secreto a voces de las pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas con apoyo policial local, hasta policías y fiscales más dedicados a fraguar causas que a investigar los verdaderos delitos, muchas veces cometidos por ellos, sus patrones o sus amigos, hicieron que el pueblo, luego del entierro de Ariana, se dirigiera a la plaza, exigiendo que saliera el juez a dar explicaciones.

 

Como siempre, primero fueron los presos, y después la justa reacción popular. Ya al llegar la multitud a la plaza había tres detenidos durante el entierro. La negativa del juez o de otras autoridades a aparecer mientras se empezaba a cerrar el cerco represivo generó la repulsa de los manifestantes, más del 15% de la población total, que terminaron incendiando el edificio de los tribunales. Cuarenta y dos personas fueron detenidas, entre ellas dos periodistas que registraban los sucesos. Por un ratito el asunto llegó a los medios nacionales, porque entre los presos estaba… el hermano de un futbolista famoso.

 

Después, como siempre, el silencio. Hoy siguen procesados 42 vecinos y 7 siguen presos en Villa María, a pesar de que casi todos denunciaron, igual que muchos testigos, que fueron amenazados y maltratados para cambiar sus declaraciones, y hay evidencias de tal armado policial y judicial de la causa que todo debería caer fulminado de nulidad.

 

A un año de la pueblada, en Corral de Bustos se suceden las movilizaciones reclamando la libertad de los presos y la investigación de los responsables del cuadro de impunidad y delincuencia oficial que indignaron a los vecinos.

 

 

Que la policía arma causas para simular una eficiencia que nunca podría tener, y/o -según como venga la mano- para recaudar fondos para su «caja chica» es una verdad que nadie ignora en las barriadas populares. La mayoría de las víctimas no hace la denuncia, porque ¿ante qué policía o fiscal podría hacerla, si los que fraguan causas y toleran el fraguado son ellos? A pesar de eso, son frecuentes los casos que salen a la luz, que, insistimos, son sólo un botón (literalmente) de muestra.

 

Esta semana, se supo de un nuevo caso, esta vez en la DDI de Zárate-Campana. Como suele suceder, tres policías (un inspector, un teniente y un sargento) detuvieron a un comerciante, y le pidieron cierta cantidad de plata a cambio de ponerlo en libertad. Si no pagaba, lo involucrarían en una causa judicial con pruebas plantadas.

Como Desiderio Meza en abril de 2000, cuando la brigada de la comisaría 30ª de la PFA lo levantó para extorsionarlo, el hombre hizo la denuncia y los policías fueron atrapados con las manos en la masa. Por ahora están detenidos, pero ya va a aparecer algún juez o fiscal (no hace ni falta que contraten un abogado defensor) que va a argumentar que no fue un secuestro extorsivo, ni siquiera una extorsión lisa y llana, sino alguna otra figurita excarcelable como la concusión, que en realidad es la extorsión cometida por funcionario público, pero que «curiosamente» tiene una pena infinitamente menor que cuando el autor es un civil.

 

No podemos dejar de relacionar el hecho con el juicio que estamos terminando en Lomas de Zamora por la tortura seguida de muerte de Jorge «Chaco» González, justamente detenido, igual que ese comerciante, para extorsionar a su madre, a la que le exigieron $2.000 para no «pasarlo a juzgado con una causa pesada».

 

Tampoco con el sostenimiento y defensa, por parte de los gobiernos nacional y provinciales, de las facultades policiales para detener personas, como la averiguación de antecedentes o las contravenciones, que siempre sirven de pantalla para blanquear estas detenciones que son verdaderos secuestros extorsivos, y sobre los que no hemos escuchado quejarse a ningún periodista de esos que exigen más seguridad.