En estos días varias agrupaciones que pertenecen al Frente de Todos (FMI), entre ellas el Movimiento Popular La Dignidad y parte de los “metrodelegados” emitieron en conjunto un documento crítico del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre las reivindicaciones contenidas en el escrito, se incluyen algunas como que «la deuda la paguen quienes la fugaron» y que el país tiene que destinar sus recursos «al desarrollo de su economía y a la restitución del tejido social severamente dañado».
Asimismo señala entre los responsables del desbarajuste de la deuda impagable, además del FMI y al gobierno de Mauricio Macri, a «los grandes grupos económicos que aprovecharon el escenario favorable para comprar dólares baratos y fugarlos». Esto último resulta un énfasis acertado, ya que los enfoques predominantes sobre la deuda suelen marcar las responsabilidades de los otros dos factores y “olvidarse” del decisivo papel de los grandes conglomerados empresarios que actúan en nuestro país.
No es la primera manifestación crítica de agrupaciones y figuras integrantes del FdT frente al modo en que maneja el gobierno el pago de la deuda. Ya hace un tiempo que hizo su aparición la agrupación “Soberanxs”, desde la que varias figuras conocidas pidieron medidas de investigación, y propiciaron presentaciones ante organismos judiciales internacionales que cuestionen el pago de la deuda.
Estos pronunciamientos más formales son en parte un reflejo de las consignas coreadas y escritas por agrupaciones kirchneristas en el curso de marchas y actos callejeros. El descontento cunde ante la posibilidad de que el gobierno termine allanándose a las exigencias del FMI o a lo sumo opte por conformarse con alguna concesión parcial, para poder presentarla como un “triunfo”.
El lenguaje de la resignación y sus límites
Los signos de disconformidad quedan en contraposición con algunas declaraciones que salen del seno mismo del gobierno. En ellas se describe el camino del pago y ajuste consiguiente como algo inevitable e indetenible.
En esa línea se movió el vicejefe de gabinete nacional, Jorge Neme, en muy recientes declaraciones: «…el acuerdo es una dosis amarga de un remedio que tenemos que tomar, nadie lo hace con alegría». Luego del símil medicinal, el funcionario agregó “…sé que no es un tema fácil ni agradable, y que vamos a tener que sufrir algunos problemas, ajustes. Estamos tratando de que sea lo menos posible, y asegurar un sendero de crecimiento para la Argentina».
El colaborador directo de Juan Manzur presagia así un sendero de sufrimiento para el pueblo argentino. Algo por demás inadmisible en una sociedad con años de deterioro de ingresos de las mayorías y un nivel de pobreza bastante por arriba del 40%.
Mientras tanto ha trascendido que el gobierno nacional está siendo objeto de exigencias acuciantes por parte del Fondo. El reclamo del organismo internacional en materia de déficit fiscal para el corriente año sería de reducirlo al 1,9% del Producto Bruto Interno. Muy distante del 3,1% que sostiene Argentina por intermedio del ministro de Economía, Martín Guzmán. Esa brecha del 1,2% entraña un fuerte impacto sobre jubilaciones, prestaciones sociales y salarios públicos. Un golpe de maza para las clases populares, que ya se encuentran en una situación apremiante.
El panorama se agrava aún más si resultara cierta la proyección del FMI para 2023, año en el que pretendería la reducción del déficit a 1,4% del producto. Agravamiento de los destructivos efectos sociales del ajuste, si se acepta esa pretensión. Y la posibilidad de que de acatarse esas exigencias, se conviertan en una lápida política para el oficialismo, ya que el próximo es un año de elecciones presidenciales.
Quizás esas especulaciones electorales jueguen para Cristina Fernández de Kirchner y su entorno un papel mayor en ciertas reticencias al curso de las tratativas que el de una convicción más profunda acerca de la improcedencia del ajuste.
Los “vencimientos” y la protesta.
Si nos remitimos a la coyuntura más inmediata, en estos días vence un pago de más de 1000 millones de dólares. Mientras el gobierno arrastra su interminable negociación, la deuda tiene efectos bien concretos sobre las finanzas del estado nacional y por extensión en las posibilidades de sustento del pueblo argentino.
En esa situación queda claro que no hay acuerdo posible “que no perjudique el crecimiento económico y las condiciones de vida de nuestra sociedad”, como se complace en proclamar cada tanto el presidente Alberto Fernández.
Y que no alcanza con la firma de manifiestos en desacuerdo o con bienintencionadas apelaciones a instancias internacionales a las que se supone independencia frente al FMI.
Menos aún sirven las quejas por la “incomprensión” del Fondo, o la mera puntualización de las responsabilidades del gobierno anterior
El camino es la movilización; la denuncia pública y en la calle de la ilegitimidad de la deuda odiosa e impagable. Y la apelación a la toma masiva de conciencia de que las posiciones supuestamente “realistas” empujan a nuestra sociedad a la catástrofe. El efecto deletéreo de las contemporizaciones “pragmáticas” ya se han visto en crisis de la deuda como las de 1989 y 2001.
Se ha difundido un llamado de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda a una marcha al ministerio de Economía el próximo 27 de enero. Ver aquí: https://tramas.ar/2022/01/25/primero-lo-primero-ni-un-dolar-mas-al-fmi/
Se hace bajo la consigna “¡Ni un dólar más al FMI¡” Ello equivale a la impugnación de los pagos programados para el 28/1 y el 1/2 y de los correspondientes a todos los vencimientos futuros, que sólo para este año bordean los 20.000 millones de dólares.
Sería más que auspiciosa una asistencia masiva, con la adhesión de la mayor variedad de agrupaciones y la presencia de muchxs ciudadanxs de a pie. La deuda es una causa de todxs, nos van en ella las posibilidades no ya de bienestar, sino de supervivencia.
No caben las “esperas” inconducentes, ni las “prudencias” que se arriesgan a ser cómplices. Sólo la presencia masiva en las calles puede cortar el paso a la alianza de los “factores de poder” locales e internacionales; económicos, políticos y comunicacionales. Una vez más, se está con los trabajadorxs y los pobres, o se contemporiza con el gran capital. La deuda también es parte de la lucha de clases.
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