Con más de 23 mil tuits, #InvestiguenLaDeudaM fue tendencia en la red social este lunes. Críticas a la deuda ilegal durante el macrismo, el pago a los buitres, la deuda con el FMI que no fue tratada en el Congreso y la fuga de capitales. Este lunes fue novedad en la red social Twitter el […]
Con más de 23 mil tuits, #InvestiguenLaDeudaM fue tendencia en la red social este lunes. Críticas a la deuda ilegal durante el macrismo, el pago a los buitres, la deuda con el FMI que no fue tratada en el Congreso y la fuga de capitales.
Este lunes fue novedad en la red social Twitter el lema #InvestiguenLaDeudaM, que fue tendencia con más de 23 mil intervenciones. El eje es una exigencia al actual gobierno de Alberto Fernández para que no siga «honrando» la deuda sin antes realizar por lo menos una auditoría sobre su legalidad y destino de los fondos.
Por la mañana se había difundido un reclamo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Argentina por una deuda de U$S 150 millones contraída por el gobierno de Macri. Esta noticia habría despertado malestar respecto del conjunto de la deuda pública engrosada en los últimos años durante la administración de Cambiemos.
La correlación entre la fuga de capitales acumulada en los últimos 4 años y el nivel de endeudamiento había sido una crítica de Alberto Fernández al gobierno de Macri, no obstante anunció su «voluntad de pago» sin realizar una auditoría de la deuda.
Entre los ejes sobresalientes de #InvestiguenLaDeudaM se encuentra el crédito stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 57.000, que fue contraído en 2018 a pesar de haber sido cuestionado por muchos legisladores por no haber sido tratado y aprobado en el Congreso Nacional. Ese préstamo está «flojo de papeles», como describió el periodista Horacio Verbistky.
El Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas de Ayuda al Ciudadano ATTAC), presentó en estos días un documento ante el Ministerio de Economía señalando su preocupación por el comienzo para la Argentina una apurada negociación de su Deuda Pública.
«No puede haber una aceptación a libro de cerrado de la deuda exigida. Tiene que haber una indispensable identificación previa, mediante una auditoria pública con participación ciudadana activa, de los tenedores de títulos, incluyendo la información completa de titularidad, fecha y precio de la secuencias de compra/venta de cada título y agentes de intermediación, entre otros aspectos básicos», señalan en su comunicado.
De acuerdo a Eric Toussaint, economista belga perteneciente a la red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo, Argentina debería desconocer el acuerdo con el FMI. «Macri no tenía potestad para firmarlo y el FMI fue contra sus propios estatutos y bajo presión de Trump para dar semejante crédito, porque además conocía las consecuencias: el pueblo argentino no tiene por qué hacerse cargo», sostuvo.
Alberto Fernández argumentó en distintas oportunidades que la deuda no es ilegítima porque fue tomada por un gobierno constitucional. Sin embargo, la definición jurídica de «deuda odiosa» no refiere solamente a regímenes dictatoriales.
Como sostiene Toussaint, «lo importante es el uso que se hace con la deuda y si la deuda ha sido contraída para un uso que es contrario al interés de la nación, o del pueblo, o del Estado, esa deuda es odiosa al pueblo», independientemente si el gobierno que la tomó fue democrático o cual fue la naturaleza del gobierno, señaló en una entrevista a Reperfilando en La Izquierda Diario.
La deuda bruta del sector público es de 310 mil millones de dólares (Ministerio de Hacienda). El incremento durante el macrismo fue de U$S 70 mil millones , casi un 30 % en cuatro años. A esto debe agregarse también unos U$S 13 mil millones de valores negociables vinculados al PBI (llamados «cupones»).
Con este crecimiento acelerado, aumentó el peso de la deuda en el Producto Bruto Interno (PBI) a más del 80 %. A esto debe agregarse que creció la composición en materia de deuda externa. El 80 % de los bonos están nominados en moneda extranjera.
El gobierno de Fernández comenzó su primer mes de gestión realizando pagos de vencimientos de deuda entre los que se incluyen el cuestionado»bono a cien años» que emitió en forma fraudulenta Luis Caputo, además de un «reperfilamiento» de Letes en dólares hasta agosto de 2020.
En la «ley de solidaridad» plasmó un importante ajuste fiscal para «garatizar la sostenibilidad de la deuda», incluyendo el financiamiento del Tesoro mediante reservas del Banco Central por U$S 4.571 millones, seis veces más que los fondos destinados al bono para los jubilados.
El primer día hábil del año ya hizo uso del 30 % de lo permitido en esa disposición, tomando más de U$S 1.300 millones del Central para pagar deuda.
No sólo eso: la ley también habilita a usar fondos de la Anses (es decir, de los jubilados) para pagar deuda.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.