Ciudad de México: mitin en la Cámara de Senadores, martes 3 de marzo, a las 12:00 horas
El movimiento sindical democrático y clasista ha iniciado la respuesta a la intención neoliberal de imponer, junto a la reforma política que dotará de Constitución a la Ciudad de México, una encubierta reforma laboral que, de aprobarse, afectará regresivamente los derechos de los trabajadores públicos en materia de bilateralidad, contratación colectiva, organización y derecho de huelga. Esta lucha coincide con la masiva respuesta de los comuneros indígenas, los ejidatarios, minifundistas y pobladores en Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y otras entidades federativas en contra de las reformas constitucionales en materia energética, de litorales y zonas fronterizas, que abren las puertas al saqueo y destrucción de las comunidades, ejidos, pequeñas propiedades, bosques, selvas, costas y pueblos por parte de los monopolios mineros, petroleros, gasíferos y eléctricos de Estados Unidos, Canadá y España, así como de los grandes capitalistas mexicanos, al estilo de Germán Larrea del Grupo México.
Para el 3 de marzo está citado un mitin en la Cámara de Senadores, convocado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Nueva Central de Trabajadores (NCT), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Frente Amplio Social y Unitario (FASU), Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Movimiento Urbano Popular – CND, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI y Coordinadora Nacional Plan de Ayala – MN (CNPA-MN), además de algunos abogados laboralistas como Héctor Barba García, Arturo Alcalde Justiniani y Graciela Bensusán.
En el desplegado aparecido el 2 de marzo en la prensa nacional, se plantea: «Que un acontecimiento político tan importante no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía, sobre todo de los trabajadoresy trabajadoras, tampoco puede ser utilizado como pretexto para mantener un régimen de excepción de los servidores públicos, ni para el retroceso en los derechos laborales de los trabajadores en todo el país, ni para limitar los derechos de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Por ello demandamos:
«1. Que la Constitución de la Ciudad de México sea realizada por una Asamblea Constituyente electa de manera directa por la población, cuyo fin exclusivo sea elaborar la Carta Magna de la Ciudad.
«2. Que en todo el proceso constituyente, incluida la elaboración del proyecto de Constitución, se asegure la más amplia participación de la sociedad de la Ciudad de México.
«3. Que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se vulneren los derechos de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, autónomos o paraestatales y que en esta misma reforma, así como en la Constitución de la Ciudad de México, se asegure que la legislación laboral para los trabajadores al servicio de los Poderes de la Ciudad sea formulada por la legislatura local, tal y como está constitucionalmente determinado para todas las entidades federativas.
«El gobierno del Distrito Federal debe reconocer y aceptar que los derechos de sus trabajadores se rijan por el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos pronunciamos por la derogación del apartado B del Artículo 123, por ser discriminatorio de los derechos laborales de los empleados públicos».
Las demandas enarboladas por la UNT, NCT, FNSU, CNSUESIC, CIOAC, CCC, CNPA-MN y otras organizaciones sindicales, campesinas, civiles y urbano-populares corresponden plenamente a los intereses de los trabajadores, el pueblo y la nación. En consecuencia, las autoridades del DF y los partidos políticos de la izquierda electoral deben manifestarse, en formar clara y precisa, en contra de la intentona de tomar como pretexto la reforma política de la Ciudad de México para introducir a escondidas una reforma laboral, como ya ocurrió en el caso del magisterio con la llamada reforma «educativa».
Sin embargo, la movilización ya iniciada por las principales organizaciones sindicales independientes debe continuar en tanto no se frustre el intento de cercenar derechos básicos de los trabajadores de la capital federal, buscando confluir en una sola gran lucha con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para echar abajo la supuesta reforma «educativas»; con los comuneros, ejidatarios y minifundistas en defensa de sus tierras y sus recursos naturales, y, naturalmente, con el resto de la clase obrera y otros asalariados por revertir la reforma regresiva de la Ley federal del Trabajo. En esta lucha, de profundo carácter político, no cabe ninguna clase de sectarismo. Así, pues, a impulsar, concretar y desarrollar la más amplia política de alianzas. El momento así lo demanda, mayormente con la coyuntura abierta por la enorme solidaridad con el estudiantado de Ayotzinapa y los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, Guerrero.
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