Voy a nadar contra la corriente de la campaña que busca hacer desaparecer las cooperativas mineras y que cuenta con adeptos de todos los signos y colores. Zaratti, Puente, Amalia Pando, Estallani, Córdova el expresidente de Comibol, Trujillo de la COB, Solares de la COD Oruro, Doria Medina y muchos más -en realidad todos- han […]
Voy a nadar contra la corriente de la campaña que busca hacer desaparecer las cooperativas mineras y que cuenta con adeptos de todos los signos y colores. Zaratti, Puente, Amalia Pando, Estallani, Córdova el expresidente de Comibol, Trujillo de la COB, Solares de la COD Oruro, Doria Medina y muchos más -en realidad todos- han adoptando la misma posición. Todos, -además- altamente representativos de los sectores en los que trabajan.
La mayoría de quienes plantean esta consigna respaldan su posición con insultos y no presentan argumentos o propuestas, excepto la de convertir en proletarios a todos los cooperativistas.
Si antes de la marcha del 18 de septiembre hemos escuchado durante horas de programas radiales y leído en columnas en medios escritos, que los cooperativistas son mafiosos, que tienen al Estado de rehén, que no pagan impuestos, que impactan contra el medio ambiente, que son patrones, que son peones; hoy después de la muerte por explosión de dinamita de Hernán Choque, esta campaña cree haber logrado que los cooperativistas sean, por lo menos, todos, asesinos.
Pero el cooperativismo es una realidad. A la fecha, más de cien mil cooperativistas están en sus filas. En esta cifra falta incorporar a decenas de cooperativas que desde varios lugares del país han pedido su afiliación a Fencomin que ya tiene cerca de mil cooperativas entre sus asociadas. Cien mil familias que -a diferencia de los asalariados mineros, públicos o privados- no tienen sueldo ni salario. Si no producen no comen.
Generan regalías por más de 30 millones de dólares anuales. Pagan otros cuatro millones de dólares anuales por canon de arrendamiento y 350 mil por patentes anuales. Es un sector que paga -por compra de insumos para minería- IVA por 90 millones de dólares año y otros 18 millones por el Impuesto a las Transacciones también de manera anual.
Las cooperativas del sector tradicional trabajan en minas viejas que la minería privada, los barones nacionalizados en el 52 y la propia Comibol, administraron hasta 1985. En el sector aurífero no solamente se encuentran cooperativas en Larecaja tropical o en los ríos de Beni. Hoy, los ayllus de Amayapampa, en el norte de Potosí o en Suches en el norte de La Paz han adoptado la forma cooperativa para trabajar oro sin dejar de ser aayllu. También las encontramos en Nor y Sud Yungas, con socios comunarios de Coripata y otros lugares. Consolidaron -además en Santa Cruz- una federación departamental.
Comparando las regalías que el Estado percibe de los actores del sector, las estadísticas sostienen que la minería privada genera regalías anuales por 120 millones de dólares anuales, las cooperativas mineras lo hacen por 30 millones, en tanto que la minería estatal lo hace por nueve millones anuales. Es decir, las empresas mineras del Estado son las que menos regalías pagan. En el primer semestre del presente año, las regalías pagadas por las cooperativas alcanzaron 18 millones, en tanto que las asociadas a la FSTMB llegan a tres millones.
Y si se trata de generar empleo, es importante entender que el 90% del empleo en la actividad minera -100mil cooperativistas- lo genera el sector cooperativo. La minería privada genera el 7% del empleo minero, llegando a 10.000 puestos de trabajo, en tanto que la minería estatal, con 7.000 empleados y obreros alcanza al 5% del empleo del sector. ¿Qué sector recibe más bonos? el estatal.
¿Y qué de las áreas mineras en las cuales estos actores pueden trabajar? Las privadas cuentan con el 56% de éstas; en el léxico minero 91.420 cuadrículas. El Estado controla el 40%, es decir 66.000 cuadrículas y las cooperativas trabajan en 6.900 cuadrículas. Es decir, los «mafiosos y patrones que lo tienen de rehén» controlan el 4% de las áreas mineras del país.
Del 40% de las áreas administradas por el Estado la minería estatal solamente opera en el 6%.
Las estadísticas demuestran que las cooperativas tienen la menor cantidad de áreas, generan más empleo y respecto a la minería estatal generan mayor volumen de producción y pagan más regalías.
Entonces, ¿por qué se las quiere nacionalizar/estatizar? ¿Cuál es la razón por la que la minería estatal quiere controlar el 4% de las áreas cooperativizadas y no trabaja en el 36% de las 66.000 áreas mineras que están destinadas a la Comibol?
Las cooperativas han levantado la agenda de los 13 puntos, y plantean -entre otros temas- que se les otorgue acceso a cuadrículas que el Estado, a través de la Comibol, no ha tenido capacidad de operar.
Colquiri no es parte de esta agenda. Es parte del problema pero no es el problema principal. Es el más importante de la etapa pero -de manera equivocada- algunos funcionarios sostienen que «Fencomin ha perdido la batalla por Colquiri». No entienden que las cooperativas son una realidad más allá de este centro minero y que seguirá creciendo y cuando el Estado efectivamente genere políticas públicas para el sector, cumplirá el rol que se le asigne.
La muerte de Hernán Choque de Colquiri en La Paz, tiene que ser investigada y sus autores tienen que ser castigados. No hay duda en ello. Pero ¿qué hay detrás de la campaña contra las cooperativas? ¿Quién y para qué necesita 100 mil nuevos proletarios en la Comibol? ¿Quién cree beneficiarse de ello?
El problema es de mucho mayor alcance y, a la fecha, no hay liderato que con dimensión de estadista y con políticas de largo aliento, sea capaz de proponer su solución. Ex embajador ante la OEA y ex Cónsul en Chile.