La pelea entre mineros cooperativistas y asalariados colocó nuevamente al Estado en una encrucijada, la que con mucha dificultad está logrando sortear, después de paros nacionales de parte de los cooperativistas por un lado y de parte de la Central Obrera Boliviana, por el otro, incluido muerto y heridos. El Presidente muy suelto de cuerpo […]
La pelea entre mineros cooperativistas y asalariados colocó nuevamente al Estado en una encrucijada, la que con mucha dificultad está logrando sortear, después de paros nacionales de parte de los cooperativistas por un lado y de parte de la Central Obrera Boliviana, por el otro, incluido muerto y heridos. El Presidente muy suelto de cuerpo declaraba que el problema debía ser resuelto mediante el diálogo de los sectores enfrentados, se sobreentiende que con la participación del Estado, presionando y manipulando a los litigantes para lograr una solución acorde a los intereses de la burocracia oficial. Para evitar cualquier responsabilidad sobre un posible descontrol con trágicas consecuencias, el presidente viajó al exterior y para eludir una confrontación con el presidente también viajó el vicepresidente.
Si los cooperativistas y asalariados pudieran, en un arranque de lucidez sentarse a dialogar, demostrarían que no hace falta el Estado para buscar soluciones acorde a los intereses de ambos sectores. Esta situación en las actuales condiciones no es posible porque existen otros sectores cuyos intereses tienen que coordinarse y/o complementarse a los de los mineros, como ser los de educación, salud, caminos, transporte, vivienda, alimentos, etc, etc., además de los intereses propios del Estado.
Los intereses de los distintos sectores y los del Estado, los maneja éste, por supuesto que priorizando los suyos y acomodando todos los demás a ellos. En resumen todo el conjunto trabaja para satisfacer, en primer lugar, los intereses que el Estado representa, esto es la burocracia masista, los banqueros nacionales e internacionales, los intereses de la coca del Chapare y a través de estos, en forma indirecta, los del narcotráfico y no olvidar los exorbitantes recursos para las Fuerzas Armadas y la Seguridad.
Los intereses del Estado son contrarios al de los distintos sectores sociales y económicos. La burocracia como grupo de confianza del ejecutivo apenas logra conformar una deformante oclocracia masista. Los banqueros constituyen el grupo privilegiado, beneficiario del excedente del trabajo producido por el pueblo en su conjunto. El sector cocalero se transforma en el instrumento de explotación patronal del trabajador por el embrutecimiento generado con el masticado de la coca. Lo más grave es que la coca de las federaciones del Chapare, de la cual el presidente Evo Morales es su presidente, es la que se utiliza para la producción de la cocaína, droga con la que se degrada la juventud boliviana y extranjera. Finalmente, no hay que olvidar los ingentes recursos utilizados en las fuerzas armadas y seguridad, recursos que se le quita a los trabajadores y a la juventud impidiendo la atención de la salud, la educación y otros.
Las cooperativas mineras son una forma de organización productiva de la minería, que emerge de las crisis de la misma minería, esto es de la incapacidad de la minería formal para garantizar las fuentes de trabajo, y se consolida en la época de bonanza por su mayor productividad.
Sus antecedentes se remontan a la época colonial, en Potosí. Kajcha se llamaba al trabajo libre, de apropiación directa del producto del trabajo que realizaba el minero fuera del horario normal de trabajo, generalmente los fines de semana. Esto es lo que posteriormente se conoció como cuentapropistas o sea trabajadores por cuenta propia que entregaban su producción a rescatadores o comercializadores mayoristas.
Con la nacionalización de los barones del estaño y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el trabajo libre del minero creció lo suficiente como para adoptar la forma orgánica conocida como cooperativa. Estas son agrupaciones que reciben en alquiler alguna área minera, ya abandonada por Comibol, para su explotación por los cooperativistas, trabajadores en principio, abandonados totalmente a su suerte, sin ninguna protección legal, de seguridad social u ocupacional, sin ninguna planificación técnica que mejore la eficiencia en la recuperación del mineral. Los mineros experimentados, silicosos y tuberculosos, eran expulsados por Comibol para disminuir las cargas sociales, constituyendo el ejército creciente de cooperativistas, reconocidos por ley del 13 de setiembre de 1958 y agrupados en la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin). La organización cooperativa del trabajo minero se va generando en forma espontánea al margen de la organización formal del trabajo y como un complemento de ésta. Es un proveedor de fuentes de trabajo imposibles de ser generadas por el Estado. El sector asalariado de Comibol apenas sobrepasa los 10.000 mineros en la actualidad, mientras que los cooperativistas ya bordean los 100.000.
La importancia numérica de los cooperativistas los ha transformado en una poderosa fuerza política, que se multiplica enormemente en su alianza con las comunidades campesinas, quienes reclaman la propiedad de los recursos naturales encontrados en sus territorios, dándoles la posibilidad de que sus movimientos de presión logren bloquear las carreteras de todo el país, como ha sucedido durante las protestas del 24 al 26 del presente mes y ha logrado arrancar del Estado un acuerdo favorable.
En la lucha por las áreas de trabajo entre cooperativistas y asalariados, en un enfrentamiento similar en Huanuni, en octubre de 2006, luego de la muerte de cerca de 20 mineros y un centenar de heridos, el gobierno resolvió el conflicto a favor de los asalariados, incorporando a los cooperativistas a la planilla de Comibol. Ahora en Colquiri, con las adelantadas declaraciones del presidente Morales, atendiendo a sus necesidades electorales futuras, el poder se inclina por los cooperativistas.
La Cooperativa 26 de Febrero, en el anterior acuerdo logrado con el gobierno de Morales, pasaron de marginales a dueños de un sector importante de la mina de Colquiri con lo que, transformados en empresa, están en condiciones de iniciar una etapa de desarrollo minero superior con todos los avances de la técnica moderna. Evidentemente esto exige una nueva legislación de cooperativas, que reconozca su rol como generador de fuentes de trabajo, que a su vez asegure recursos económicos en forma de regalías e impuestos, otorgue los beneficios sociales a sus miembros, además, las cooperativas deben estar prohibidas de transferir sus derechos a terceros, hay que recordar que en 1999 la Cooperativa 26 de febrero (1) ya vendió su concesión a Mercosur por 2.000.000 de dólares.
Los mineros asalariados insisten en su vieja consigna de la lucha de clases y la transformación de la economía en monopolio del Estado, componente esencial del último documento del Congreso de la Central Obrera de Bolivia (COB). Es el Caballo de Troya con el que sueña la agonizante izquierda clasista en busca de su renacimiento, una perfecta estratificación del poder en su beneficio. La arrogante Federación de mineros ya convertida en indiscutidos reyezuelos de la COB busca la consolidación del monopolio del Estado para su administración por el partido único de la nueva dictadura, siguiendo el antiguo modelo soviético.
Al movimiento cooperativista se le plantean dos alternativas extremas: una conservadora y la otra revolucionaria.
La alternativa conservadora estaría enmarcada con su desarrollo hacia la consolidación del poder del Estado, con lo que se reproducirían los defectos de todo Estado verticalista por lo tanto centralista, colonialista y explotador. Como muestras de los efectos deformantes del capitalismo sobre las cooperativas podemos mencionar: las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, que lucran con los intereses de los ahorristas y algunas cooperativas de servicios de Santa Cruz, donde nada más que los consejeros (2) tienen salarios que alcanzan los 50.000 bolivianos.
La alternativa revolucionaria, calificada así por la profundidad de sus propuestas y no por algún contenido violentistas, tiene como objetivo central transformar el Estado autoritario en una administración al servicio de los intereses de las bases propietarias, intermediados por la socialización en las organizaciones comunitarias, esto en otras palabras es la formación de una sociedad administrada por un poder generado en las bases y estrechamente controladas por las mismas.
Evidentemente los valores que sustenta la organización cooperativista minera están estrechamente emparentados con los valores humanistas que sostiene el movimiento nativo comunitario de la cuenca amazónica-platense y de los aynis del altiplano por lo que es en su asociación donde se podrán efectivizar los principios del cooperativismo (3): de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad, finalidad social y no lucro de sus asociados, que es imposible realizar en un Estado escindido en clases.
Notas:
1) Página Siete, 22/09/2012, La Paz.
2) Hoybolivia.com, 24/06/2011, La Paz.
3) Constitución Política del Estado, Art. 55, Bolivia.
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