Iván Solbes Al final, el presidente francés Sarkozy se ha salido con la suya. Casi. El Parlamento francés aprobó la ley contra las descargas no autorizadas de material con copyright, la ley más dura de Europa en este momento. La ley Hadopi se crea con el poder, tras dos avisos (uno por email, el otro […]
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| Iván Solbes |
Al final, el presidente francés Sarkozy se ha salido con la suya. Casi. El Parlamento francés aprobó la ley contra las descargas no autorizadas de material con copyright, la ley más dura de Europa en este momento. La ley Hadopi se crea con el poder, tras dos avisos (uno por email, el otro por correo certificado), de suspender la conexión internet a los «piratas» sin necesidad de autorización judicial. Además, la ley proporciona a los proveedores de servicio de internet una gran libertad de investigar sospechas de descargas ilegales.
La victoria de Sarkozy, sin embargo, puede resultar pírrica. Una ley de esta trascendencia necesita respaldo político, pero el Parlamento apareció tímido y dividido: en abril la cámara baja rechazó el proyecto y aún ahora, a pesar de la presiones del partido y del Elíseo, 44 diputados afines al presidente francés no votaron la ley. Por ello, Jérémie Zimmermann, director de Quadrature du Net opina que la ley tiene escasa legitimidad política. Por su parte, el economista Jacques Attali considera la ley «inaplicable».
En Europa, las líneas de batalla por el control de internet también están articuladas. Inglaterra apoya la rigidez francesa, e incluso concede más libertad a las empresas. La Italia corporativo-populista de Berlusconi encuentra «muy interesante» cualquier solución de control. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha subrayado, en su reciente reglamento de telecomunicaciones, que la conexión a internet es fundamental para garantizar el derecho de expresión, y que su suspensión precisa autorización judicial.
En la ley francesa, hay que destacar el desnivel entre la levedad del supuesto crimen y la inusual lasitud de las medidas que se toman para combatirlo. El Deep Packet Inspection (DPI), que la ley autoriza, analiza los datos enviados por una gran cantidad de usuarios simplemente porque se sospecha que se haya realizado una descarga ilegal. Es como si se autorizara al dueño de una tienda donde se sospecha de un robo a entrar secretamente en todas las casas del barrio para averiguar si existe mercancía robada.
Lejos de internet, tal medida chocaría contra las garantías constitucionales básicas. En la red, por otro lado, se están intentando promover medidas extraordinarias como instrumentos normales de la aplicación de una ley. Un fabricante de armas no es legalmente responsable si una de sus pistolas es usada en un asesinato. Por el contrario, en este momento en Europa se están celebrando procesos a autores de programas p2p, aún si ellos nunca han descargado nada.
En muchos casos estos poderes extraordinarios de control se otorgan directamente a empresas. Por ejemplo, la enmienda europea Harbour permite a las empresas la discriminación de contenidos, limitando el acceso de usuarios a ciertos servicios. Por ejemplo, se podría impedir a un celular la conexión a Skype.
El p2p, como vanguardia
El control del p2p es sólo la vanguardia de un enfrentamiento más amplio, que decidirá quien controlará los datos que pasan por internet. Los proveedores de contenidos están consiguiendo cada día más derechos, y la dureza de las medidas legales que sus lobby están impulsando contra el p2p sugiere que no cederán ninguno, sin una lucha feroz. Los datos personales que entregamos al entrar en una página web están parcialmente protegidos por ley, pero los datos sobre nuestro comportamiento online pertenecen al sitio web. Éste los puede utilizar como quiere. Otra de las novedades que hemos conocido recientemente es el anuncio de una técnica para reconocer quién visita una tienda web sin comprar nada. Y así poder enviarle, en tiempo real, un email para que reconsidere su decisión de no comprar.
Los gobiernos también se interesan en el flujo de opiniones en internet, y no sólo gobiernos «canallas» como China o Irán. En Italia, el gobierno Prodi (centro-izquierda) presentó un proyecto de ley exigiendo la adscripción al colegio de periodistas de quien publique un blog.
El copyright y el p2p son simplemente un primer experimento de control de la red, un intento que se puede apoyar en la retórica de la protección de los artistas. A la vez sirve para abrir la puerta a un control más completo.
Pero es posible también invertir los términos del problema y utilizar el copyright no como un medio para fortalecer el control industrial, sino como un medio para cuestionar la relación que se pretende establecer entre internet e industria. El copyright moderno, creado en el siglo XVIII, tiene poco que ver con la defensa de los artistas y mucho con la defensa de la industria. Este debate podría ser la ocasión de cambiar la ley de propiedad intelectual, declarando el copyright un derecho natural, no enajenable, de los artistas. Aunque no resolvería el problema del control del material protegido, por lo menos, lo llevaría a su ámbito natural: la defensa de los derechos de los artistas, y no de las empresas.
LA INDUSTRIA NO FUE LA PRIMERA EN LLEGAR
Como mucha tecnología desarrollada durante la Guerra Fría, internet tiene orígenes militares. En los años ’60, en los EE UU, el Pentágono quería un sistema de comunicación que funcionará pese a la destrucción de cualquiera de sus partes. El resultado fue ARPANET, el primer núcleo de internet. El Pentágono, al final, no utilizó la red que, hasta los años ’90, fue usada sobre todo en las universidades para enviar email e intercambiar ficheros en programas como FTP. A finales de los años ’80 aparecieron los primeros programa de consulta, Archie y Gopher, y en 1994 Marc Anderson, estudiante de la Universidad de Illinois, creó Mosaic, el primer navegador moderno, antecesor de Netscape y Firefox. La industria fue lenta en comprender el potencial de internet: hasta 1998 Windows no tenía conexión de red. Sólo tras el éxito de Yahoo, la industria se dio cuenta de que la red podría generar gran cantidad de beneficios.
El autor es profesor de informática en la Universidad Autónoma de Madrid.