La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un dictamen de admisibilidad a la denuncia presentada por el pueblo nación Kamiare-Comechingón de la provincia de Córdoba, por violación al Convenio 169 sobre “consulta previa, libre e informada a pueblos o comunidades indígenas y/o tribales”. La querella internacional contra la República Argentina, radicada en jurisdicción internacional por el Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba (CISPREN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cordobesa, se relaciona con la garantía de financiamiento otorgada por el gobierno nacional a la gobernación de Juan Schiaretti en 75 millones de dólares para que la empresa Caminos de las Sierras S.A. construya la “alternativa a la Ruta 38: Costa Azul-La Cumbre”, más conocida en las serranías cordobesistas como Autovía de Punilla.
Mientras tanto, la preocupación por la colmatación (relleno de una cuenca sedimentaria con materiales detríticos arrastrados y depositados por el agua) del lago San Roque, de la turística y comercial Villa Carlos Paz, no pasa desapercibida, y las posibles pérdidas económicas que podría causar la falta de agua en una temporada con las plazas ocupadas al 90%, es un riesgo creciente. Ese mismo lago, además, debe abastecer al millón de habitantes de la ciudad de Córdoba, y ya fue probado entre otres por el doctor Emilio Iosa que existe una cantidad de microsistinas tóxicas 17 veces superior a lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud. Suena la voz de alarma sobre la gravedad del avance inmobiliario y desarrollista que causará la Autovía de Punilla en las laderas occidentales del cordón montañoso de las sierras chicas, fuente de agua del lago San Roque. ¿Será casualidad que la empresa Roggio S.A. es prestataria de Aguas Cordobesas en la capital y licitaria de la obra de Autovía de Punilla? ¿El agua viene del bosque o de la canilla? Ante la posible demanda del vital elemento que requiera la expansión inmobiliaria en las afueras de la capital provincial, y en los valles cercanos donde proliferan lotizaciones y especulaciones varias que requieren de propuestas superadoras, se implementa el corredor bioceánico del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).
La denuncia presentada contra el Estado nacional incluye violaciones a los derechos humanos por coacción policial, detenciones, violencia verbal y psicológica por parte de la policía provincial en ejecución de disposiciones de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien emitió un dictamen de instrucción a esa fuerza para que se garantice la ejecución de la obra vial sobre el territorio habitado por las comunidades indígenas. En absoluta contradicción, un habeas corpus emitido por la jueza Celeste Ferreyra, en arreglo al acuerdo de Escazú, se pronuncia a favor de los defensores ambientales que tomaron la sala de audiencias del Palacio de Justicia cordobés el 28 de julio último. Los 17 ambientalistas permanecieron hasta las once de la noche y se negaron de buen modo a salir de la oficina de Sebastián López Peña, presidente del máximo tribunal, exigiendo respuestas por las más de 150 causas y amparos ambientales sin resolver en Córdoba mientras se ejecutan obras con impactos irreversibles.
La tensión crece en Córdoba y en Punilla porque no existe el principio precautorio y no hay garantías para los activistas. Mientras tanto, se avizora en el horizonte una temporada caliente de incendios con sequía. Los daños irreversibles de la autovía de Punilla y Paravachasca, con la bajante en la provisión de agua a los diques San Roque y Los Molinos, requieren de una respuesta eficaz y eficiente para garantizar la continuidad de los proyectos de expansión urbana. Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe acaban de anunciar la construcción del acueducto interprovincial para trasladar agua desde el Río Paraná a la capital cordobesa.
Las exigencias de reactivación económica pueden causar decisiones precipitadas por parte de las máximas autoridades del Estado, que con una visión cortoplacista no ven la emergencia de lo que se avecina para dentro de diez años. Los pueblos originarios pueden anticipar los impactos humanos y, en este caso, no fueron consultados. En un momento donde la Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y será sede de la próxima reunión de la Runasur (Red de movimientos sociales del Sur Global) el 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires, una denuncia internacional exige la paralización de una millonaria obra pública, mediante una medida cautelar a instancias de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Córdoba. Hasta el momento sus integrantes –Cecilia de Guernica, Humberto Sánchez Gavier e Inés Ortiz de Gallardo– no han emitido un fallo, y se declaran incompetentes sobre los argumentos esgrimidos en el amparo ambiental presentado por los asambleístas. De igual modo, la fiscalía federal de primer turno de Córdoba Capital, a cargo de Enrique Senestrari, tampoco resolvió hasta el momento la denuncia penal por destrucción arqueológica.
La civilización lítica Ayampitín, cuyas ruinas fueron datadas en hasta 12.000 años de antigüedad por el arqueólogo Alberto Rex González, reflejan la existencia milenaria de la edad de piedra en las serranías de Punilla y Paravachasca. Y son las mismas comunidades indígenas las que batallan ante el equipo de la arqueóloga Norma Ratto, contratada por la provincia de Córdoba, a quien acusan de“huaquerismo” (profanación de tumbas ancestrales o ajuares ceremoniales con información que hasta el momento ni siquiera ha sido profundizada por la cultura occidental), denuncia que Senestrari debería resolver. Como corolario a la falta de sentencias, se pelea cuerpo a cuerpo con objetivos distintos: hasta el momento hay 24 imputaciones con detenciones por las protestas frente a las máquinas de Sacde, Roggio y Chediak.
Mientras se destruyen las fuentes de agua del Río Yuspe y la reserva provincial de Los Gigantes, mientras se debate entre cristianos por una resolución judicial urgente que detenga la criminalización de la protesta, el pueblo nación Kamiare-Comechingón le exige a la Argentina que respete su propia Constitución.