Corrupción, Contraloría y auditorías

Petropress, con el afán de arrojar alguna luz, sobre los mecanismos de control y fiscalización estatales, se acercó al recién nombrado Contralor de la República, Gabriel Herbas, manteniendo más que una entrevista un diálogo sobre los problemas candentes de éste sector.

En este mismo número de Petropress y bajo el título de «Nacionalización petrolera y YPFB; Luces y sombras», se destaca entre otras cosas, el significado vital del proceso nacionalizador dentro del desarrollo integral de Bolivia, así como dentro del proceso de cambio y la agenda de octubre del 2003. Al mismo tiempo, se remarca que: «no fue el control y la fiscalización de parte del legislativo, ni del ejecutivo, menos de la unidad de transparencia recién creada en YPFB, ni el control social, sino un crimen el que ha puesto al descubierto una madeja de corruptelas ya instalada entre un sector público (YFFB) y un sector privado que incluye varios miembros de la oligarquía de derecha. Es más, de acuerdo con las denuncias gubernamentales, también ha estado la Central de Inteligencia (CIA), detrás de la corrupción y la desestabilización a la que el proceso de cambio se encuentra sometido».

El hecho apunta por un lado a fallas estructurales en la estructura vigente de fiscalización en general, y en particular, en la fiscalización de los entes productivos estatales, al tiempo que pone en evidencia la falta de previsión y de la consecuente planificación de la parte gubernamental; esto sin entrar de lleno en el examen del consagrado «Control Social» que ahora se encuentra en la recién estrenada Constitución.

Antes de entrar en el tema, conviene recordar que el proceso nacionalizador impuso la necesidad de varias auditorías, la primera fue la encargada a una comisión de varios ingenieros y expertos encabezada por el ingeniero Enrique Mariaca y, paradójicamente, fue ignorada por el Ejecutivo Nacional. El actual Contralor responde al caso, aclarando que fue Andrés Sóliz Rada, el Ministro de Hidrocarburos en aquel entonces, quién encargó la tarea a la mencionada comisión. El objetivo era tener los resultados para iniciar el proceso de negociación petrolera. Las auditorías cubrieron los campos más importantes, no todos los campos petroleros. Pero los resultados no se obtuvieron a tiempo; creo, dice el Contralor, que éste fue el motivo principal de no tener en cuenta sus resultados. Ahora, continúa, no tengo certeza sobre el tipo de auditorías, si fueron financieras, técnicas o cual fue el tipo de auditorías realizadas. Pero este proceso se truncó en la medida en que no coincidió con el proceso de negociación.

Pero volviendo a examinar el informe de la Comisión encabezada por el Ing. Mariaca, salta a la vista una diferencia sustancial de criterios. Por un lado la Nacionalización Petrolera, tanto en su Decreto Supremo, como en sus reglamentos, excluye cualquier tipo de expropiación y se basa en el concepto de obtener el 51% mas uno de las acciones empresariales. En cambio, la Comisión tenía el criterio de que tres grupos de cuatro, en los que se clasificó los campos petroleros más importantes, ameritaban una confiscación a las empresas operadoras del los mismos, mientras un solo grupo, conformado por Ventage Petroleum, BG (British Gas) Group Bolivia y Repsol YPF Bloque Mamoré, no tenia faltas o violaciones legales suficientes que amerite una confiscación. Obviamente, un proceso nacionalizador no termina con finalizar una negociación inicial, sino que es un proceso continuo, en éste sentido, parece más la sustancial diferencia de criterios, el factor principal, no el único, para no tener en cuenta esta auditoria.

Pero esta fue una comisión ad hoc, formada para una finalidad concreta. En cambio la estructura institucionalizada de fiscalización, tiene otra historia.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el actual Contralor, Gabriel Herbas, el anterior Contralor, Osvaldo Gutiérrez (destituido por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a finales del pasado año), al asumir su cargo ya tenía un juicio pendiente entablado por la Alcaldía de Santa Cruz, por haber causado daños económicos al Estado cuando era Oficial Mayor de la Alcaldía, presidida por entonces por Johnny Fernández.

Una vez asumida la dirección de la Contraloría, Gutiérrez tiene pendientes varias denuncias por contrataciones fuera de las normas vigentes. Pero la última acusación en su contra, es la que procesó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por no cumplir con lo emanado de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, para realizar, en el plazo de 180 días, auditorías a los contratos de las empresas petroleras. Tal mandato data del año 2005 y no se cumplió hasta la fecha. En el transcurso de este tiempo, el ex contralor alegó la falta de presupuesto para la tarea, por lo cual se le dotó de 17 millones de bolivianos. En el momento actual, Herbas afirma, no hay ningún producto terminado, ni siquiera hay un informe preliminar. Hay que tener en cuenta que el proceso es complejo y entre el informe preliminar y el informe final, suele transcurrir largo tiempo y aquí no se dispone ni siquiera del informe preliminar.

Sobre la alegación del ex Contralor de que el daño causado al Estado, no es de mil millones de bolivianos, sino de mil quinientos millones de bolivianos, la respuesta es contundente; en primer lugar, no se ha realizado la verificación de los aproximadamente 140 contratos de riesgo compartido. De este conjunto, a 18 contratos se les iniciaron las labores de verificación, que no están concluidas y se encuentran hoy en día en varias dependencias. Algunos están en «auditoría externa», otros están bajo una revisión jurídica para remitir luego un informe preliminar. En fin, están aún en la fase inicial. Esto quiere decir que hay una enorme falta en el cumplimiento del mandato que recibió el anterior Contralor. Evaluar el total del daño no es posible por el momento, hay que ir carpeta por carpeta e ir sumando el daño causado. Realizado esto, estaremos completando sólo la fase preliminar, el conjunto del daño puede consolidarse o podemos quedar en nada, ya que las empresas petroleras tienen la oportunidad de descargo cuando reciben el informe preliminar. Por la naturaleza de este proceso, las reglas de la Contraloría no permiten a un funcionario cuantificar el daño. Realizado el informe preliminar, se notifica a las empresas que tienen un periodo de tiempo para que procedan al descargo y el importe del daño puede modificarse con mucha probabilidad. Con posterioridad al descargo, se hace el informe complementario y es entonces cuando se tiene conocimiento del total del daño causado al Estado.

Con el fin de aclarar los varios casos judiciales anteriores entablados por contrabando, fraudes fiscales, etc., a las que fueron sometidas varias transnacionales petroleras y que actualmente sufren «el sueño de los justos», la respuesta del Contralor Gabriel Herbas, pone el dedo en la llaga, dejando en evidencia las carencias, fallas y contradicciones, tanto del sistema judicial, como del sistema de fiscalización. Por un lado señala la innovación que introduce la actual Constitución, de considerar que los daños al Estado no prescriben y por lo tanto, permite revisar cualquier caso. Pero el ordenamiento jurídico boliviano no permite a la Contraloría, intervenir cuando un caso está bajo tratamiento en los estrados judiciales hasta que termine el proceso judicial y señala que no sólo en estos casos, sino en muchos otros, es habitual el proceso de retardación judicial, que termina en que no hay ningún resultado con el consiguiente daño para el país.

Para el Contralor, está en duda la posible relación entre el fin de las actuales auditorías    y la obligación de las petroleras a cumplir con sus compromisos de invertir y producir para superar la actual situación de escasez en el mercado interno y cumplir con los compromisos con el exterior, al apuntar que, finalizadas las auditorías, posiblemente las petroleras se vean obligadas a resarcir al país una determinada cantidad de dinero, lo que no se sabe, es que si una vez logrado esto, las petroleras cambiarían de comportamiento, ya que pueden mantener la misma actitud o incluso llegar a un endurecimiento. Pero al margen de esta cuestión, la labor de la Contraloría es cumplir con las auditorías, y las petroleras tienen que atenerse a los resultados. En cambio el funcionamiento de YPFB, pasa por otros elementos más que por los resultados de éstas auditorías; me imagino, señala el Contralor, que los resultados de inversiones ya realizadas se verán más adelante. Si el sector privado no realizó ninguna inversión, en cambio sí la hubo en el estatal.

Contraloría, YPFB y la corrupción.

En relación a las funciones actuales de la Contraloría respecto a una empresa estatal tan importante como YPFB, el actual Contralor resalta que cuando se demandaron las auditorías petroleras, YPFB era aún empresa residual. Las auditorías se demandan con el fin de definir el posible daño causado a la economía del Estado y de esta manera poder pasar a la fase de negociación de la nacionalización con las empresas petroleras. La transformación de YPFB en un ente corporativo es reciente, por tanto las auditorías no incluyen a la misma, pero de cara a la función principal de la Contraloría, que es ejercer el control gubernamental sobre todas la entidades del Estado donde el Estado tiene puestos recursos, la Contraloría debe entrar en acción automáticamente. En este sentido, YPFB forma parte de las entidades que se tiene que fiscalizar. Actualmente, está en discusión una nueva restructuración de la Contraloría para que pueda cumplir con estas tareas en nuestra nueva realidad, en la que una parte de esta Institución debe dedicarse a fiscalizar todas las empresas donde el estado participa, tanto estatales como mixtas. Obviamente todo esto está enmarcado por la Nueva Constitución.

Respecto a las fuertes inversiones a realizar por YPFB en el año 2009, Herbas remarca que la Contraloría tiene que completar su nueva estructura; hasta el momento no se contaba con especialistas y técnicos en hidrocarburos, pero ahora se va a contar con ellos. Hasta el momento se dispone sólo con contables, que no es lo mismo que contar con ingenieros petroleros. Anteriormente para suplir esta carencia, se recurría a contrataciones externas complicadas y lentas. Con la nueva estructuración se va a poder superar esta carencia.

En referencia a la trama de corrupción recientemente descubierta, el Contralor puntualiza que la Contraloría lejos de los medios de información, está llevando acabo una labor de investigación sobre el contrato de YPFB con Cutler Service. A esta labor están dedicados 5 auditores y dos abogados, pero es una labor alejada del sensacionalismo y cuando estén los resultados, los vamos a hacer públicos.

Pero Herbas resalta que el hecho pone en evidencia que las labores de la Contraloría estaban enmarcadas en el ámbito neoliberal, ya que planteaba sus labores a posteriori o control posterior, es decir, sucedido el error o el delito, es cuando entraba a la acción. La Nueva Constitución repite este esquema en parte, pero plantea el término «supervisión», que nos permite la discusión sobre un control previo (es una discusión que se ha mantenido a lo largo de la historia de la Contraloría), es decir un «control preventivo». Esto permite a la Contraloría entrar en acción antes que se consuma el acto de corrupción. Dicho de otro modo, frente a la firma de un contrato, la Contraloría lo verifica antes de su firma y no después. Pero esto implica la formulación de una nueva ley que regule esta actuación preventiva y permita a la Contraloría mayor acción en la fiscalización.

Delineado este panorama, salta a la vista que la situación actual de los mecanismos de justicia y de fiscalización, no son obra del actual gobierno, sino una herencia de los anteriores gobiernos de marcado signo neoliberal. Pero también, es un hecho que han transcurrido tres años desde que el Presidente Evo Morales asumió el poder, tres años es tiempo suficiente para desplegar mayor labor y labor sistemática para corregir las carencias y las fallas estructurales. Lo que está claro, es que el Ejecutivo Nacional ha desplegado varias acciones en este sentido, pero han sido medidas a contrapelo de los acontecimientos, a reacciones improvisadas frente a hechos concretos y puntuales, medidas que no han correspondido a una acción sistemática y planificada. Pero quizás la mayor falla, en este contexto, se refleja en el descuido de un arma contundente que se tiene frente a la ofensiva de las oligarquías y las transnacionales petroleras, que es el «Control Social», que debe de ejercer una amplia base popular afecta a la Agenda de Octubre, que encuentra sus elementales intereses afectados por la ofensiva derechista y, lo más importante, ve a su presente como a su futuro, estrechamente ligados a la continuidad y la profundización del proceso de cambio.   
caracteres con espacio.

Petropress, con el afán de arrojar alguna luz, sobre los mecanismos de control y fiscalización estatales, se acercó al recién nombrado Contralor de la República, Gabriel Herbas, manteniendo más que una entrevista un diálogo sobre los problemas candentes de éste sector.

En este mismo número de Petropress y bajo el título de «Nacionalización petrolera y YPFB; Luces y sombras», se destaca entre otras cosas, el significado vital del proceso nacionalizador dentro del desarrollo integral de Bolivia, así como dentro del proceso de cambio y la agenda de octubre del 2003. Al mismo tiempo, se remarca que: «no fue el control y la fiscalización de parte del legislativo, ni del ejecutivo, menos de la unidad de transparencia recién creada en YPFB, ni el control social, sino un crimen el que ha puesto al descubierto una madeja de corruptelas ya instalada entre un sector público (YFFB) y un sector privado que incluye varios miembros de la oligarquía de derecha. Es más, de acuerdo con las denuncias gubernamentales, también ha estado la Central de Inteligencia (CIA), detrás de la corrupción y la desestabilización a la que el proceso de cambio se encuentra sometido».

El hecho apunta por un lado a fallas estructurales en la estructura vigente de fiscalización en general, y en particular, en la fiscalización de los entes productivos estatales, al tiempo que pone en evidencia la falta de previsión y de la consecuente planificación de la parte gubernamental; esto sin entrar de lleno en el examen del consagrado «Control Social» que ahora se encuentra en la recién estrenada Constitución.

Antes de entrar en el tema, conviene recordar que el proceso nacionalizador impuso la necesidad de varias auditorías, la primera fue la encargada a una comisión de varios ingenieros y expertos encabezada por el ingeniero Enrique Mariaca y, paradójicamente, fue ignorada por el Ejecutivo Nacional. El actual Contralor responde al caso, aclarando que fue Andrés Sóliz Rada, el Ministro de Hidrocarburos en aquel entonces, quién encargó la tarea a la mencionada comisión. El objetivo era tener los resultados para iniciar el proceso de negociación petrolera. Las auditorías cubrieron los campos más importantes, no todos los campos petroleros. Pero los resultados no se obtuvieron a tiempo; creo, dice el Contralor, que éste fue el motivo principal de no tener en cuenta sus resultados. Ahora, continúa, no tengo certeza sobre el tipo de auditorías, si fueron financieras, técnicas o cual fue el tipo de auditorías realizadas. Pero este proceso se truncó en la medida en que no coincidió con el proceso de negociación.

Pero volviendo a examinar el informe de la Comisión encabezada por el Ing. Mariaca, salta a la vista una diferencia sustancial de criterios. Por un lado la Nacionalización Petrolera, tanto en su Decreto Supremo, como en sus reglamentos, excluye cualquier tipo de expropiación y se basa en el concepto de obtener el 51% mas uno de las acciones empresariales. En cambio, la Comisión tenía el criterio de que tres grupos de cuatro, en los que se clasificó los campos petroleros más importantes, ameritaban una confiscación a las empresas operadoras del los mismos, mientras un solo grupo, conformado por Ventage Petroleum, BG (British Gas) Group Bolivia y Repsol YPF Bloque Mamoré, no tenia faltas o violaciones legales suficientes que amerite una confiscación. Obviamente, un proceso nacionalizador no termina con finalizar una negociación inicial, sino que es un proceso continuo, en éste sentido, parece más la sustancial diferencia de criterios, el factor principal, no el único, para no tener en cuenta esta auditoria.

Pero esta fue una comisión ad hoc, formada para una finalidad concreta. En cambio la estructura institucionalizada de fiscalización, tiene otra historia.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el actual Contralor, Gabriel Herbas, el anterior Contralor, Osvaldo Gutiérrez (destituido por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a finales del pasado año), al asumir su cargo ya tenía un juicio pendiente entablado por la Alcaldía de Santa Cruz, por haber causado daños económicos al Estado cuando era Oficial Mayor de la Alcaldía, presidida por entonces por Johnny Fernández.

Una vez asumida la dirección de la Contraloría, Gutiérrez tiene pendientes varias denuncias por contrataciones fuera de las normas vigentes. Pero la última acusación en su contra, es la que procesó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por no cumplir con lo emanado de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, para realizar, en el plazo de 180 días, auditorías a los contratos de las empresas petroleras. Tal mandato data del año 2005 y no se cumplió hasta la fecha. En el transcurso de este tiempo, el ex contralor alegó la falta de presupuesto para la tarea, por lo cual se le dotó de 17 millones de bolivianos. En el momento actual, Herbas afirma, no hay ningún producto terminado, ni siquiera hay un informe preliminar. Hay que tener en cuenta que el proceso es complejo y entre el informe preliminar y el informe final, suele transcurrir largo tiempo y aquí no se dispone ni siquiera del informe preliminar.

Sobre la alegación del ex Contralor de que el daño causado al Estado, no es de mil millones de bolivianos, sino de mil quinientos millones de bolivianos, la respuesta es contundente; en primer lugar, no se ha realizado la verificación de los aproximadamente 140 contratos de riesgo compartido. De este conjunto, a 18 contratos se les iniciaron las labores de verificación, que no están concluidas y se encuentran hoy en día en varias dependencias. Algunos están en «auditoría externa», otros están bajo una revisión jurídica para remitir luego un informe preliminar. En fin, están aún en la fase inicial. Esto quiere decir que hay una enorme falta en el cumplimiento del mandato que recibió el anterior Contralor. Evaluar el total del daño no es posible por el momento, hay que ir carpeta por carpeta e ir sumando el daño causado. Realizado esto, estaremos completando sólo la fase preliminar, el conjunto del daño puede consolidarse o podemos quedar en nada, ya que las empresas petroleras tienen la oportunidad de descargo cuando reciben el informe preliminar. Por la naturaleza de este proceso, las reglas de la Contraloría no permiten a un funcionario cuantificar el daño. Realizado el informe preliminar, se notifica a las empresas que tienen un periodo de tiempo para que procedan al descargo y el importe del daño puede modificarse con mucha probabilidad. Con posterioridad al descargo, se hace el informe complementario y es entonces cuando se tiene conocimiento del total del daño causado al Estado.

Con el fin de aclarar los varios casos judiciales anteriores entablados por contrabando, fraudes fiscales, etc., a las que fueron sometidas varias transnacionales petroleras y que actualmente sufren «el sueño de los justos», la respuesta del Contralor Gabriel Herbas, pone el dedo en la llaga, dejando en evidencia las carencias, fallas y contradicciones, tanto del sistema judicial, como del sistema de fiscalización. Por un lado señala la innovación que introduce la actual Constitución, de considerar que los daños al Estado no prescriben y por lo tanto, permite revisar cualquier caso. Pero el ordenamiento jurídico boliviano no permite a la Contraloría, intervenir cuando un caso está bajo tratamiento en los estrados judiciales hasta que termine el proceso judicial y señala que no sólo en estos casos, sino en muchos otros, es habitual el proceso de retardación judicial, que termina en que no hay ningún resultado con el consiguiente daño para el país.

Para el Contralor, está en duda la posible relación entre el fin de las actuales auditorías    y la obligación de las petroleras a cumplir con sus compromisos de invertir y producir para superar la actual situación de escasez en el mercado interno y cumplir con los compromisos con el exterior, al apuntar que, finalizadas las auditorías, posiblemente las petroleras se vean obligadas a resarcir al país una determinada cantidad de dinero, lo que no se sabe, es que si una vez logrado esto, las petroleras cambiarían de comportamiento, ya que pueden mantener la misma actitud o incluso llegar a un endurecimiento. Pero al margen de esta cuestión, la labor de la Contraloría es cumplir con las auditorías, y las petroleras tienen que atenerse a los resultados. En cambio el funcionamiento de YPFB, pasa por otros elementos más que por los resultados de éstas auditorías; me imagino, señala el Contralor, que los resultados de inversiones ya realizadas se verán más adelante. Si el sector privado no realizó ninguna inversión, en cambio sí la hubo en el estatal.

Contraloría, YPFB y la corrupción.

En relación a las funciones actuales de la Contraloría respecto a una empresa estatal tan importante como YPFB, el actual Contralor resalta que cuando se demandaron las auditorías petroleras, YPFB era aún empresa residual. Las auditorías se demandan con el fin de definir el posible daño causado a la economía del Estado y de esta manera poder pasar a la fase de negociación de la nacionalización con las empresas petroleras. La transformación de YPFB en un ente corporativo es reciente, por tanto las auditorías no incluyen a la misma, pero de cara a la función principal de la Contraloría, que es ejercer el control gubernamental sobre todas la entidades del Estado donde el Estado tiene puestos recursos, la Contraloría debe entrar en acción automáticamente. En este sentido, YPFB forma parte de las entidades que se tiene que fiscalizar. Actualmente, está en discusión una nueva restructuración de la Contraloría para que pueda cumplir con estas tareas en nuestra nueva realidad, en la que una parte de esta Institución debe dedicarse a fiscalizar todas las empresas donde el estado participa, tanto estatales como mixtas. Obviamente todo esto está enmarcado por la Nueva Constitución.

Respecto a las fuertes inversiones a realizar por YPFB en el año 2009, Herbas remarca que la Contraloría tiene que completar su nueva estructura; hasta el momento no se contaba con especialistas y técnicos en hidrocarburos, pero ahora se va a contar con ellos. Hasta el momento se dispone sólo con contables, que no es lo mismo que contar con ingenieros petroleros. Anteriormente para suplir esta carencia, se recurría a contrataciones externas complicadas y lentas. Con la nueva estructuración se va a poder superar esta carencia.

En referencia a la trama de corrupción recientemente descubierta, el Contralor puntualiza que la Contraloría lejos de los medios de información, está llevando acabo una labor de investigación sobre el contrato de YPFB con Cutler Service. A esta labor están dedicados 5 auditores y dos abogados, pero es una labor alejada del sensacionalismo y cuando estén los resultados, los vamos a hacer públicos.

Pero Herbas resalta que el hecho pone en evidencia que las labores de la Contraloría estaban enmarcadas en el ámbito neoliberal, ya que planteaba sus labores a posteriori o control posterior, es decir, sucedido el error o el delito, es cuando entraba a la acción. La Nueva Constitución repite este esquema en parte, pero plantea el término «supervisión», que nos permite la discusión sobre un control previo (es una discusión que se ha mantenido a lo largo de la historia de la Contraloría), es decir un «control preventivo». Esto permite a la Contraloría entrar en acción antes que se consuma el acto de corrupción. Dicho de otro modo, frente a la firma de un contrato, la Contraloría lo verifica antes de su firma y no después. Pero esto implica la formulación de una nueva ley que regule esta actuación preventiva y permita a la Contraloría mayor acción en la fiscalización.

Delineado este panorama, salta a la vista que la situación actual de los mecanismos de justicia y de fiscalización, no son obra del actual gobierno, sino una herencia de los anteriores gobiernos de marcado signo neoliberal. Pero también, es un hecho que han transcurrido tres años desde que el Presidente Evo Morales asumió el poder, tres años es tiempo suficiente para desplegar mayor labor y labor sistemática para corregir las carencias y las fallas estructurales. Lo que está claro, es que el Ejecutivo Nacional ha desplegado varias acciones en este sentido, pero han sido medidas a contrapelo de los acontecimientos, a reacciones improvisadas frente a hechos concretos y puntuales, medidas que no han correspondido a una acción sistemática y planificada. Pero quizás la mayor falla, en este contexto, se refleja en el descuido de un arma contundente que se tiene frente a la ofensiva de las oligarquías y las transnacionales petroleras, que es el «Control Social», que debe de ejercer una amplia base popular afecta a la Agenda de Octubre, que encuentra sus elementales intereses afectados por la ofensiva derechista y, lo más importante, ve a su presente como a su futuro, estrechamente ligados a la continuidad y la profundización del proceso de cambio.    
caracteres con espacio.
YPFB; Corrupción, Contraloría y auditorías
Petropress, con el afán de arrojar alguna luz, sobre los mecanismos de control y fiscalización estatales, se acercó al recién nombrado Contralor de la República, Gabriel Herbas, manteniendo más que una entrevista un diálogo sobre los problemas candentes de éste sector.

En este mismo número de Petropress y bajo el título de «Nacionalización petrolera y YPFB; Luces y sombras», se destaca entre otras cosas, el significado vital del proceso nacionalizador dentro del desarrollo integral de Bolivia, así como dentro del proceso de cambio y la agenda de octubre del 2003. Al mismo tiempo, se remarca que: «no fue el control y la fiscalización de parte del legislativo, ni del ejecutivo, menos de la unidad de transparencia recién creada en YPFB, ni el control social, sino un crimen el que ha puesto al descubierto una madeja de corruptelas ya instalada entre un sector público (YFFB) y un sector privado que incluye varios miembros de la oligarquía de derecha. Es más, de acuerdo con las denuncias gubernamentales, también ha estado la Central de Inteligencia (CIA), detrás de la corrupción y la desestabilización a la que el proceso de cambio se encuentra sometido».

El hecho apunta por un lado a fallas estructurales en la estructura vigente de fiscalización en general, y en particular, en la fiscalización de los entes productivos estatales, al tiempo que pone en evidencia la falta de previsión y de la consecuente planificación de la parte gubernamental; esto sin entrar de lleno en el examen del consagrado «Control Social» que ahora se encuentra en la recién estrenada Constitución.

Antes de entrar en el tema, conviene recordar que el proceso nacionalizador impuso la necesidad de varias auditorías, la primera fue la encargada a una comisión de varios ingenieros y expertos encabezada por el ingeniero Enrique Mariaca y, paradójicamente, fue ignorada por el Ejecutivo Nacional. El actual Contralor responde al caso, aclarando que fue Andrés Sóliz Rada, el Ministro de Hidrocarburos en aquel entonces, quién encargó la tarea a la mencionada comisión. El objetivo era tener los resultados para iniciar el proceso de negociación petrolera. Las auditorías cubrieron los campos más importantes, no todos los campos petroleros. Pero los resultados no se obtuvieron a tiempo; creo, dice el Contralor, que éste fue el motivo principal de no tener en cuenta sus resultados. Ahora, continúa, no tengo certeza sobre el tipo de auditorías, si fueron financieras, técnicas o cual fue el tipo de auditorías realizadas. Pero este proceso se truncó en la medida en que no coincidió con el proceso de negociación.

Pero volviendo a examinar el informe de la Comisión encabezada por el Ing. Mariaca, salta a la vista una diferencia sustancial de criterios. Por un lado la Nacionalización Petrolera, tanto en su Decreto Supremo, como en sus reglamentos, excluye cualquier tipo de expropiación y se basa en el concepto de obtener el 51% mas uno de las acciones empresariales. En cambio, la Comisión tenía el criterio de que tres grupos de cuatro, en los que se clasificó los campos petroleros más importantes, ameritaban una confiscación a las empresas operadoras del los mismos, mientras un solo grupo, conformado por Ventage Petroleum, BG (British Gas) Group Bolivia y Repsol YPF Bloque Mamoré, no tenia faltas o violaciones legales suficientes que amerite una confiscación. Obviamente, un proceso nacionalizador no termina con finalizar una negociación inicial, sino que es un proceso continuo, en éste sentido, parece más la sustancial diferencia de criterios, el factor principal, no el único, para no tener en cuenta esta auditoria.

Pero esta fue una comisión ad hoc, formada para una finalidad concreta. En cambio la estructura institucionalizada de fiscalización, tiene otra historia.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el actual Contralor, Gabriel Herbas, el anterior Contralor, Osvaldo Gutiérrez (destituido por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a finales del pasado año), al asumir su cargo ya tenía un juicio pendiente entablado por la Alcaldía de Santa Cruz, por haber causado daños económicos al Estado cuando era Oficial Mayor de la Alcaldía, presidida por entonces por Johnny Fernández.

Una vez asumida la dirección de la Contraloría, Gutiérrez tiene pendientes varias denuncias por contrataciones fuera de las normas vigentes. Pero la última acusación en su contra, es la que procesó la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por no cumplir con lo emanado de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, para realizar, en el plazo de 180 días, auditorías a los contratos de las empresas petroleras. Tal mandato data del año 2005 y no se cumplió hasta la fecha. En el transcurso de este tiempo, el ex contralor alegó la falta de presupuesto para la tarea, por lo cual se le dotó de 17 millones de bolivianos. En el momento actual, Herbas afirma, no hay ningún producto terminado, ni siquiera hay un informe preliminar. Hay que tener en cuenta que el proceso es complejo y entre el informe preliminar y el informe final, suele transcurrir largo tiempo y aquí no se dispone ni siquiera del informe preliminar.

Sobre la alegación del ex Contralor de que el daño causado al Estado, no es de mil millones de bolivianos, sino de mil quinientos millones de bolivianos, la respuesta es contundente; en primer lugar, no se ha realizado la verificación de los aproximadamente 140 contratos de riesgo compartido. De este conjunto, a 18 contratos se les iniciaron las labores de verificación, que no están concluidas y se encuentran hoy en día en varias dependencias. Algunos están en «auditoría externa», otros están bajo una revisión jurídica para remitir luego un informe preliminar. En fin, están aún en la fase inicial. Esto quiere decir que hay una enorme falta en el cumplimiento del mandato que recibió el anterior Contralor. Evaluar el total del daño no es posible por el momento, hay que ir carpeta por carpeta e ir sumando el daño causado. Realizado esto, estaremos completando sólo la fase preliminar, el conjunto del daño puede consolidarse o podemos quedar en nada, ya que las empresas petroleras tienen la oportunidad de descargo cuando reciben el informe preliminar. Por la naturaleza de este proceso, las reglas de la Contraloría no permiten a un funcionario cuantificar el daño. Realizado el informe preliminar, se notifica a las empresas que tienen un periodo de tiempo para que procedan al descargo y el importe del daño puede modificarse con mucha probabilidad. Con posterioridad al descargo, se hace el informe complementario y es entonces cuando se tiene conocimiento del total del daño causado al Estado.

Con el fin de aclarar los varios casos judiciales anteriores entablados por contrabando, fraudes fiscales, etc., a las que fueron sometidas varias transnacionales petroleras y que actualmente sufren «el sueño de los justos», la respuesta del Contralor Gabriel Herbas, pone el dedo en la llaga, dejando en evidencia las carencias, fallas y contradicciones, tanto del sistema judicial, como del sistema de fiscalización. Por un lado señala la innovación que introduce la actual Constitución, de considerar que los daños al Estado no prescriben y por lo tanto, permite revisar cualquier caso. Pero el ordenamiento jurídico boliviano no permite a la Contraloría, intervenir cuando un caso está bajo tratamiento en los estrados judiciales hasta que termine el proceso judicial y señala que no sólo en estos casos, sino en muchos otros, es habitual el proceso de retardación judicial, que termina en que no hay ningún resultado con el consiguiente daño para el país.

Para el Contralor, está en duda la posible relación entre el fin de las actuales auditorías    y la obligación de las petroleras a cumplir con sus compromisos de invertir y producir para superar la actual situación de escasez en el mercado interno y cumplir con los compromisos con el exterior, al apuntar que, finalizadas las auditorías, posiblemente las petroleras se vean obligadas a resarcir al país una determinada cantidad de dinero, lo que no se sabe, es que si una vez logrado esto, las petroleras cambiarían de comportamiento, ya que pueden mantener la misma actitud o incluso llegar a un endurecimiento. Pero al margen de esta cuestión, la labor de la Contraloría es cumplir con las auditorías, y las petroleras tienen que atenerse a los resultados. En cambio el funcionamiento de YPFB, pasa por otros elementos más que por los resultados de éstas auditorías; me imagino, señala el Contralor, que los resultados de inversiones ya realizadas se verán más adelante. Si el sector privado no realizó ninguna inversión, en cambio sí la hubo en el estatal.

Contraloría, YPFB y la corrupción.

En relación a las funciones actuales de la Contraloría respecto a una empresa estatal tan importante como YPFB, el actual Contralor resalta que cuando se demandaron las auditorías petroleras, YPFB era aún empresa residual. Las auditorías se demandan con el fin de definir el posible daño causado a la economía del Estado y de esta manera poder pasar a la fase de negociación de la nacionalización con las empresas petroleras. La transformación de YPFB en un ente corporativo es reciente, por tanto las auditorías no incluyen a la misma, pero de cara a la función principal de la Contraloría, que es ejercer el control gubernamental sobre todas la entidades del Estado donde el Estado tiene puestos recursos, la Contraloría debe entrar en acción automáticamente. En este sentido, YPFB forma parte de las entidades que se tiene que fiscalizar. Actualmente, está en discusión una nueva restructuración de la Contraloría para que pueda cumplir con estas tareas en nuestra nueva realidad, en la que una parte de esta Institución debe dedicarse a fiscalizar todas las empresas donde el estado participa, tanto estatales como mixtas. Obviamente todo esto está enmarcado por la Nueva Constitución.

Respecto a las fuertes inversiones a realizar por YPFB en el año 2009, Herbas remarca que la Contraloría tiene que completar su nueva estructura; hasta el momento no se contaba con especialistas y técnicos en hidrocarburos, pero ahora se va a contar con ellos. Hasta el momento se dispone sólo con contables, que no es lo mismo que contar con ingenieros petroleros. Anteriormente para suplir esta carencia, se recurría a contrataciones externas complicadas y lentas. Con la nueva estructuración se va a poder superar esta carencia.

En referencia a la trama de corrupción recientemente descubierta, el Contralor puntualiza que la Contraloría lejos de los medios de información, está llevando acabo una labor de investigación sobre el contrato de YPFB con Cutler Service. A esta labor están dedicados 5 auditores y dos abogados, pero es una labor alejada del sensacionalismo y cuando estén los resultados, los vamos a hacer públicos.

Pero Herbas resalta que el hecho pone en evidencia que las labores de la Contraloría estaban enmarcadas en el ámbito neoliberal, ya que planteaba sus labores a posteriori o control posterior, es decir, sucedido el error o el delito, es cuando entraba a la acción. La Nueva Constitución repite este esquema en parte, pero plantea el término «supervisión», que nos permite la discusión sobre un control previo (es una discusión que se ha mantenido a lo largo de la historia de la Contraloría), es decir un «control preventivo». Esto permite a la Contraloría entrar en acción antes que se consuma el acto de corrupción. Dicho de otro modo, frente a la firma de un contrato, la Contraloría lo verifica antes de su firma y no después. Pero esto implica la formulación de una nueva ley que regule esta actuación preventiva y permita a la Contraloría mayor acción en la fiscalización.

Delineado este panorama, salta a la vista que la situación actual de los mecanismos de justicia y de fiscalización, no son obra del actual gobierno, sino una herencia de los anteriores gobiernos de marcado signo neoliberal. Pero también, es un hecho que han transcurrido tres años desde que el Presidente Evo Morales asumió el poder, tres años es tiempo suficiente para desplegar mayor labor y labor sistemática para corregir las carencias y las fallas estructurales. Lo que está claro, es que el Ejecutivo Nacional ha desplegado varias acciones en este sentido, pero han sido medidas a contrapelo de los acontecimientos, a reacciones improvisadas frente a hechos concretos y puntuales, medidas que no han correspondido a una acción sistemática y planificada. Pero quizás la mayor falla, en este contexto, se refleja en el descuido de un arma contundente que se tiene frente a la ofensiva de las oligarquías y las transnacionales petroleras, que es el «Control Social», que debe de ejercer una amplia base popular afecta a la Agenda de Octubre, que encuentra sus elementales intereses afectados por la ofensiva derechista y, lo más importante, ve a su presente como a su futuro, estrechamente ligados a la continuidad y la profundización del proceso de cambio.