Desde siempre en Bolivia la corrupción, especialmente en el ámbito del poder judicial, ha sido un secreto más que publico, ya que los litigantes, es decir casi todos quienes por algún motivo deben recurrir a las instancias legales para hacer prevalecer o defender sus derechos, como lo mandan las leyes, deben soportar y padecer además […]
Desde siempre en Bolivia la corrupción, especialmente en el ámbito del poder judicial, ha sido un secreto más que publico, ya que los litigantes, es decir casi todos quienes por algún motivo deben recurrir a las instancias legales para hacer prevalecer o defender sus derechos, como lo mandan las leyes, deben soportar y padecer además de la famosa «retardación de justicia», la necesidad casi obligatoria de tener que sobornar en todas las instancias desde simples auxiliares, pasando por secretarios, fiscales y hasta jueces, para tentar tener una opción de una verdadera «justicia». Hasta hoy día no ha habido Cristo que intente o pueda acabar con la corruptela en este poder del Estado.
Sin señalar nombres, siempre ha sido una especie de deporte cotidiano lo que han practicado los integrantes de ese poder judicial; el Presidente Evo lo llamó alguna vez, el poder de la injusticia, creyendo incautamente que con sólo su llegada al gobierno, ya había logrado acabar con la corrupción.
Es algo común comentarse entre los ciudadanos de que para poder meterse a cualquier litigio, «hay que tener dinero», sino a priori está condenado a que su juicio duerma el sueño de los justos y así perder las esperanzas de salir airoso, aun que tenga la justicia a su favor, como toda regla y deporte tiene su excepción, en este caso concreto las excepciones son las más minoritarias, los triunfadores en los procesos judiciales son los peces gordos, que como corruptores aseguran la inclinación de la balanza a su favor, gracias a la utilización de remilgos legales, pero sobre todo a la voluntad comprada del corrupto funcionario publico del Estado.
Hoy en nuestro país la cuestión de la corrupción llegó a uno de sus topes máximos, cuando gracias a las denuncias reiteradas de un ciudadano norteamericano cuya fortuna de dudosa procedencia, se dice que fue dilapidada y repartida entre variados funcionarios públicos del poder judicial de este país, mediante una armazón cuasi legal que comienza en instancias de altos funcionarios del ministerio del interior y llega a tocar a una serie de fiscales y vaya a saber que otro tipo de implicancias tendrá semejante red de corrupción institucional. Informes que comienzan a ser públicos tanto de corruptos, corruptores o los corrompidos «victimas» expresan de que esta serie de extorsiones que dicha red venía cometiéndolos desde tiempo atrás, y lo más grave aun, es que utilizaban nombres de altos funcionarios del gobierno plurinacional, esto es algo que deberá ser demostrado o desmentido como resultado de las investigaciones que están en curso.
Según declaraciones del Presidente Evo, este caso deberá concluir con las sanciones debidas «caiga quien caiga», pese a que los investigadores por ahora son los miembros del mismo poder judicial de larga tradición de corruptela.
En Bolivia nos vanagloriamos que por primera vez hemos elegido mediante el voto popular, a los altos tribunales de la Corte Suprema de Justicia, donde además hay magistrados «originarios», como garantía de la plurinacionalidad de la justicia. Sin embargo este hecho no amainó que la estructura anquilosada de dicho poder judicial, siga funcionando a su estilo propio de aplicar la justicia acorde a sus intereses personales y de grupos enraizados en dicho poder del estado. Además el gobierno poco y nada ha dispuesto para intentar cambiar esos nichos y otros organismos de corruptos, le bastó que la burocracia, sin conciencia revolucionaria y heredada de gobiernos anteriores, y con recomendaciones y carnet del partido gobernante, se adhiriera (como todo oportunista), servir a cualquier gobierno de turno, siempre y cuando no toquen sus intereses personales y de grupos.
Personalmente sigo confiando que dicho escándalo no salpique a las más altas instancias del Estado, pero si aquellos funcionarios que son responsables en el nombramiento y tutela de dichos corruptos, sí por error ú omisión son responsables deben de renunciar y en el caso que su grado de responsabilidad sea establecido, que también les caiga el peso de la ley sin ninguna contemplación. Hay que dejar en claro que, las Leyes no son el problema (aun cuando muchas deberían revisarse, reformarse o derogarse), sino el problema es el sujeto, es decir quien las administra y las ejecuta a sus intereses políticos, cuyo objetivo en ultima instancia son económicos.
En todo proceso judicial son tres los organismos que deben intervenir para una correcta o incorrecta aplicación de la ley es decir el debido proceso, la policía, la fiscalía y los jueces, ninguno por separado puede ni debe absolver o condenar a nadie, sino que es un trabajo complementario. Así que en este escándalo desatado en nuestro país, las investigaciones que recién comienzan tendrán que abarcar a estos tres sectores, y esperamos que este suceso desagradable para el gobierno plurinacional, no quede opacado y tapado con otro escándalo que pueda suceder. Yo no creo en la justicia (léase los sujetos que conducen la llamada justicia) imperante en nuestro país, pero confío en que tarde el proceso de cambios, deberá llegar a la estructura judicial y mas aun creo en la honestidad del Presidente Morales.
José Justiniano Lijerón es exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.