La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por unanimidad el miércoles 13 el amparo de revisión que promovieron en 2016 las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras,
En el proyecto de resolución, elaborado por la ministra (jueza) Norma Lucía Piña Hernández, se establece que en ningún momento la sentencia de 2016 contradecía los principios de seguridad jurídica y discrecionalidad, argumentos que invocaron las empresas para levantar la Medida Precautoria.
Los integrantes de la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz destacaron en un comunicado que la resolución posibilita a jueces para que puedan dictar las medidas pertinentes para proteger los derechos e intereses de una Colectividad y destacaron que la Corte rechazó 130 argumentos calificaron como «huecos y falaces».
Y agregaron: «Esta decisión es trascendental para la preservación de los maíces nativos y la milpa, pero también para el sector apícola y para las abejas mismas, como parte de la biodiversidad, que han sido severamente afectadas por el ingreso de los transgénicos como la soya y el maíz, al igual que el uso de agrotóxicos como el glifosato».
Este fallo del máximo tribunal del país significa que en México va a seguir estando prohibido el cultivo comercial de maíz transgénico, mientras que el cultivo experimental está permitido bajo ciertas condiciones, como la previa notificación a un juez.
Aunque la ratificación del SCJN implica un avance en las restricciones que, desde 2002, colectivos y organizaciones en defensa del maíz han promovido para prohibir el cultivo de organismos genéticamente modificados en México, aún quedan temas pendientes en la agenda para lograr este cometido en el país.
Una larga lucha inacabada
Este hecho comenzó a abrir la puerta para que este tipo de pruebas comenzaran a aplicarse con otros cultivos como el maíz, la soja y el algodón.
Los efectos en la contaminación de los plantíos fueron evidentes, particularmente en los de maíz, donde la acelerada introducción de los transgénicos a partir de la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectó a las variedades de maíz nativo, así como a los suelos y otros cultivos asociados a la milpa como la calabaza.
Esto orilló a que, en 1998, la recién formada Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) estableciera una moratoria a la siembra de maíz genéticamente modificado en todo el país, ya que como en otras regiones de Mesoamérica, México es considerado como un centro de origen del cultivo.
Pese a esto, y aunque México es reconocido como centro de origen del cultivo, las relaciones comerciales derivadas del TLCAN fueron introduciendo semillas de maíz transgénico al campo nacional, orillando a que para 2004, de acuerdo con la Revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, el país importara de Estados Unidos un tercio del maíz que consume.
Asimismo, la desaparición de la Conasupo, sistema de distribución y compra que incentivaba la producción nacional y regulaba los precios al interior del país, fue generando que, para inicios del siglo XXI, la presencia de los transgénicos pusiera en peligro a las cientos de miles de familias campesinas e indígenas que por siglos han vivido del cultivo de maíz.
Los beneficiarios de esta nueva modalidad comercial fueron las empresas transnacionales que, desde 2008, controlan más de 80 % del mercado comercial de semillas a través de patentes.
Entre estas empresas se encuentran gigantes mundiales de la biotecnología como Bayer-Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer; todas con negocios en los campos de cultivo mexicano y actualmente integrantes de la mesa directiva de La Asociación Mexicana de Semilleros.
En un estudio elaborado en 2001 por Ignacio Chapela y David Quist, publicado en la revista Nature, se revelaron los altos niveles de contaminación del maíz nativo en regiones de Oaxaca y Puebla a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos.
Esto provocó que, en 2002, cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como organizaciones ambientales y de la sociedad civil, conformaran la Red en Defensa del Maíz, quienes se abocaron a realizar muestreos en otras regiones del país, así como a la promoción de acciones legales, políticas y sociales para la defensa del maíz nativo.
Los foros y encuentros que sostiene la Red desde 2002 han enfatizado la importancia de entender al maíz como un eje rector de la vida en común de miles de pueblos y comunidades campesinas e indígenas de México, pues los usos de este cultivo no solo se atienen a la alimentación, sino que implican toda una relación cultural, orgánica y política de los territorios.
El Estado mexicano, sin embargo, no escuchó las demandas y el eco internacional de las exigencias de la Red en Defensa del Maíz, y en 2004, bajo el mandato de Vicente Fox, se aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como “Ley Monsanto”.
Para 2009, ahora en el periodo de Felipe Calderón, se eliminó la moratoria establecida desde 1998 para frenar la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano y se autorizó la siembra experimental de maíz transgénico operada por las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PH México (una fusión entre DuPont y Pioneer) y Dow.
A partir de esto, y tras una serie de acciones internacionales y amparos en contra de otros cultivos como la soya transgénica, en 2013 la Fundación Semillas de Vida, en conjunto con la Colectividad Demandante en defensa del Maíz Nativo, ganaron un juicio en el que se prohibía la siembra comercial de maíz transgénico en México y se regulaba el cultivo experimental.
Esta sentencia, que implica un avance en comparación con las décadas y legislaciones anteriores, fue ratificada hoy por la SCJN.
Sigue pendiente, sin embargo, la modificación del ordenamiento legal para realmente garantizar la protección del maíz nativo de los cultivos transgénicos, y en dado caso, acceder a una reparación del daño por parte de las empresas que desde la década de los ochenta han atentado contra la vida en el campo mexicano.