La Paz, octubre 16, 2004.- El pueblo boliviano no ha perdido la memoria. La ofensiva popular para castigar a todos los responsables del genocidio de octubre y para nacionalizar el gas y el petróleo se agigantó en las últimas horas con multitudinarias manifestaciones de protesta en la ciudad de La Paz y masivas caminatas que […]
La Paz, octubre 16, 2004.- El pueblo boliviano no ha perdido la memoria. La ofensiva popular para castigar a todos los responsables del genocidio de octubre y para nacionalizar el gas y el petróleo se agigantó en las últimas horas con multitudinarias manifestaciones de protesta en la ciudad de La Paz y masivas caminatas que trepan al altiplano desde los valles y los poblados del interior.
Todos agitan las mismas consignas: «recuperar la riqueza hidrocarburífera para los bolivianos», que aún están en manos de las transnacionales y «cárcel para Goni», el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que intentó defender con bala y metralla la vigencia del neoliberalismo y los millonarios intereses de Repsol, Petrobras, Enron, Shell, British, Total y otras.
Este viernes, como preanuncio de lo que será la próxima semana, una multitud convocada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y la Central Obrera Boliviana (COB), tomó y paralizó por más de seis horas el centro de la ciudad de La Paz, clamando por la inmediata extradición de Sánchez de Lozada, derrocado hace un año y refugiado desde entonces en Estados Unidos.
Entre los marchistas, calculados en más de 80 mil por los organizadores y en sólo 30 mil por fuentes policiales, se encontraban vecinos de los barrios más pobres de La Paz y El Alto, campesinos, mineros, fabriles, estudiantes, desocupados, jubilados, heridos y familiares de las víctimas caídas en defensa de la dignidad nacional.
«Habrá guerra civil si el Congreso no aprueba una ley de hidrocarburos donde haya nacionalización y la industrialización del gas», amenazó el líder de la COB, Jaime Solares. El Parlamento tiene previsto analizar la nueva ley a partir del martes.
El representante de los familiares de las víctimas de octubre, Néstor Salinas, también fue categórico al asegurar que no descansarán hasta ver a Sánchez de Lozada y a todos sus colaboradores en la cárcel. «Vamos a vigilar que las autoridades sean imparciales, que no sean compradas, porque queremos justicia de cara al pueblo», dijo al destacar, una vez más, que «sólo la movilización social logrará que haya justicia».
«La presión del pueblo ha obligado al Congreso a enjuiciar a Sánchez de Lozada y sus cómplices. Ahora hay que llevarlos de por vida a Chonchocoro (la prisión de máxima seguridad de Bolivia)», agregó, por su parte, el máximo dirigente de Fejuve de El Alto, Abel Mamani.
MUCHOS LLEGAN A LA PAZ
La movilización popular será más intensa a partir de este lunes, cuando arriben a la ciudad de La Paz cuatro numerosos contingentes de campesinos, cocaleros, mineros, regantes, fabriles, maestros y estudiantes, que tienen también la intención de doblegar otra vez al Parlamento de mayoría neoliberal.
Todos intentan que se reedite lo que aconteció la madrugada de este jueves, cuando el Congreso, amenazado con el cierre por los sindicatos y organizaciones populares, autorizó el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada y de todos sus colaboradores. Los marchistas ahora quieren hacer lo mismo con la ley del gas.
En La Paz ya se encuentran casi medio millar de combativos mineros de Huanuni. Las continuas explosiones de dinamita marcaron su presencia en todo el camino de más de 12 kilómetros que une El Alto con La Paz.
Hasta ahora, la columna más numerosa que llega a La Paz es la de casi cuatro mil campesinos y cocaleros que vienen de los valles de Cochabamba, a la cabeza del diputado Evo Morales
Desde Warisata, en el altiplano, cientos de campesinos también marchan a la cabeza de Roberto de la Cruz. Desde Achacachi y las regiones aledañas al Lago Titicaca también ya son visibles las concentraciones campesinas que se alistan para marchar bajo la convocatoria del «Mallku» Felipe Quispe.
También hay anuncios, no confirmados, del avance de nuevos contingentes de colonizadores y cocaleros de los Yungas.
En La Paz y El Alto, también son intensos los preparativos de la COB y las organizaciones laborales para multiplicar desde el lunes la presión sobre el Congreso por la nacionalización del gas y por mandar a la cárcel a Sánchez de Lozada y a todos sus colaboradores. Los mandos policiales y militares han instruido alerta máxima y acuartelamiento.