Más allá del discurso y de ciertos hechos positivos en materia de derechos humanos, la matriz de los años noventa parece mantenerse intacta en el país del kirchnerismo.La continuidad de las leyes que garantizan enormes ganancias para las mineras extranjeras al precio de deteriorar el medio ambiente y precarizar las condiciones laborales regionales; la reciente […]
Más allá del discurso y de ciertos hechos positivos en materia de derechos humanos, la matriz de los años noventa parece mantenerse intacta en el país del kirchnerismo.
La continuidad de las leyes que garantizan enormes ganancias para las mineras extranjeras al precio de deteriorar el medio ambiente y precarizar las condiciones laborales regionales; la reciente exención impositiva para las firmas petroleras que se llevan los recursos del subsuelo que alguna vez el peronismo los declaró inembargables; la presencia de inversores internacionales respaldados por el Banco Mundial en las zonas que cuentan con grandes reservas de agua dulce; y la creciente concentración de tierras en manos ajenas, demuestra la concreta y evidente reducción de la soberanía política, una de las tres emblemáticas banderas que tuvo, en su momento, el Partido Justicialista. Desde las organizaciones sociales hasta cineastas, desde simples vecinos a la Conferencia Episcopal Argentina, acá se muestran algunas voces que denuncian la creciente ajenidad del territorio. Un tema preocupante que, más allá de los dichos, todavía no tuvo respuesta parlamentaria ni ejecutiva. Ya no solamente las vaquitas son ajenas.
El triunfo de Rivadavia
El llamado primer presidente de los argentinos, Bernardino Rivadavia, era titular de la River Plate Minning Company, una empresa inglesa dedicada a la explotación y exportación del oro del cerro Famatina, en la provincia de La Rioja.
De tal manera, Rivadavia gobernó de acuerdo a los intereses de sus patrones, los ingleses que se querían quedar con la tierra, el oro y demás riquezas naturales del país administrado por su empleado.
No contaron con la dignidad de los nadies, comandados por un tal Facundo Quiroga, que los echaron de aquel pedazo de mapa.
Pero volvieron, los ingleses y los que siguieron a los ingleses, por el oro argentino.
En los años noventa, otro riojano que decía admirar a Facundo, en realidad terminó gobernando como su enemigo, Rivadavia.
La conclusión fueron leyes siempre favorables a las empresas extranjeras que, con poco y nada, se quedaron con las riquezas del subsuelo argentino.
Según un informe de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, el país tiene yacimientos de oro por casi dieciséis mil millones de dólares.
Una cifra muy importante si quedaran en manos de los argentinos.
Sin embargo, no es así. Los sucesores de Rivadavia van ganando el partido.
Una de esas empresas mineras que hoy anuncia inversiones en el país, MSC, «se apropiará de casi la totalidad de la renta que debería ser captada por el país o la provincia, ya que son los dueños de estos recursos naturales, tal como lo dice la constitución».
Pero las leyes actuales del país rivadaviano dicen que «na vez extraído, el oro y la plata son enviados al exterior, ya que no hay mercado interno. El marco legal permite que estas mineras facturen el ciento por ciento de sus ventas en el exterior, cobren en el exterior y no tengan ninguna obligación de ingresar al país las divisas obtenidas».
«Si a esto el sumamos que el oro y la plata no sufren retenciones a la exportación (como la lana, la carne y el petróleo), sería oportuno preguntarse si realmente exportamos o en verdad regalamos nuestro minerales. Para colmo de males, la ley minera permite que esta empresas giren al exterior el ciento por ciento de su capital o de sus ganancias en el momento que crean conveniente y sin tener que pagar impuesto alguno», sostienen los trabajadores de la Federación.
Todo esto dentro de las leyes argentinas aprobadas en los años noventa y que todavía siguen vigente.
Los redivivos rivadavianos lograron «la inhibición total del Estado Argentino para emprender la explotación de yacimientos minerales; un régimen especial para las Inversiones Mineras, que limita a las provincias el monto de regalías a pagar por estas empresas y que las exima del pago de impuestos provinciales y municipales; la firma de un tratado con Chile que tenga primacía sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar, ya que en plena década menemista las mineras ya habían identificado los mayores yacimientos ubicados sobre la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Santa Cruz; y la garantía a las mineras transnacionales de todos estos beneficios por 30 años, «sin que nadie pueda cambiarles estas reglas, a menos que el cambio que se produzca sea en beneficio de las empresas extranjeras.», sostiene el documento citado.
Rivadavia, entonces, sigue ganando.
Sed de capitales
‘El que no está paranoico es porque está desinformado’, sostuvo la cineasta Mausi Martínez, directora del documental «Sed», estrenado en octubre de 2006 en Buenos Aires.
También aseguró que ‘los mayores reservorios de agua dulce coinciden con las bases de Estados Unidos’
Para Martínez, en una entrevista concedida a la organización «Periodismo Social», los capitales extranjeros «vienen porque es una zona estratégica para todo. Desde controlar los transgénicos, hasta la economía del lugar, hasta negociar instalaciones militares».
Agregó que «es un tema que no está instalado socialmente pero cuando te metés en las redes de organizaciones sociales el tema está incorporado».
A la hora de contar cómo hizo su documental al que califica de combativo, la realizadora apuntó: «Comencé a investigar y el problema que se me presenta primero es cómo filmar un recurso subterráneo. Cuando investigo más, me doy cuenta de que no sólo hay que hablar del acuífero sino de la problemática del agua en nuestro territorio. Me doy cuenta de que hay dos ejes, dos conflictos: uno está vinculado con la venta de las empresas estatales de servicios, es decir la privatización de recursos y servicios, y el otro la militarización de las zonas donde casualmente están los recursos».
Relató que decidió viajar hacia la Triple Frontera «porque es la zona denunciada como lugar de células terroristas. Y casualmente la Triple Frontera es la zona más fuerte de carga y descarga del acuífero. Además es un puerto estratégico que comunica con el Amazonas, con el río de La Plata, con la hidrovía. Y se maneja un caudal de dinero inconmensurable», afirmó.
Mausi Martínez está convencida de que «quien controla el agua -se dice- tendrá más poder que quien controla el petróleo. Y no me cabe la menor duda, si tenemos en cuenta que sólo el tres por ciento del agua en el mundo es potable. El día que se acabe el agua sonamos, aunque tengamos todo el petróleo del mundo. Otro dato: uno de cada tres bebés muere de sed en el mundo», describió.
En relación a los esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, la investigadora opinó que allí existe «otra zona de carga y descarga de agua y hay una privatización de toda la zona, se están vendiendo kilómetros. Uno de los principales compradores es Douglas Thompkins, que ya compró medio Chile. Este señor adquirió parte de una reserva natural. El dice que la protege, pero de los mismos correntinos. Ha hecho lo que quiso y el dinero para la infraestructura lo pone el Banco Mundial», denunció.
Tierra para pocos y extranjeros
«Una Tierra Para Todos», se llama el libro presentado por Conferencia Episcopal Argentina y realizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, Pastoral Social, Cáritas y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
La idea central del estudio es mostrar «el problema del derecho a la tierra de los pueblos aborígenes, la concentración de tierras en manos de extranjeros o grandes empresas en detrimento de pequeños productores, el uso indiscriminado de los recursos naturales, en especial las minas, los bosques y las reservas acuíferas y la responsabilidad del Estado frente a estas cuestiones».
En el capítulo dos del libro, titulado «Concentración y acceso a la titulación de tierras rurales», se enfatiza en que «la falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como bien social fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración».
Las características del mencionado proceso de concentración de tierras en pocas manos fueron: el marcado endeudamiento que sufrieron los productores agropecuarios a lo largo de la última década, en un momento en el que mercado llamaba a aumentar la productividad; los efectos derivados de las estrategias de los grandes capitales de inversión que ejercían una fuerte presión sobre los pequeños productores; y la imposibilidad en algunos casos de seguir llevando adelante las actividades productivas.
La Iglesia argentina señala que falta una legislación adecuada que «limite la concentración y la generalización de prácticas de corrupción que impiden el acceso a derechos jurídicamente reconocidos».
Además el documento hace un apartado especial para la extranjerización que está sufriendo el país.
«Una causa importante a la hora de hablar de la tierra es el que trae el proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración en capitales extranjeros. Se estima que este fenómeno obedece en gran medida al endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero y, que en suma, se ve favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras», informa el documento eclesiástico.
En forma paralela a la concentración de tierras en pocas manos y la extranjerización de miles de hectáreas, «cientos de miles de pequeños productores pobres y casi un millar de comunidades aborígenes se ven afectadas por el deterioro de los recursos naturales como consecuencia de la sobreexplotación y la falta de políticas de preservación del medio ambiente y de protección de los derechos de los pequeños productores».
El documento avanza en la necesidad de tomar conciencia sobre los efectos de una política que permite la tierra para pocos.
Se deberá enfrentar la crisis del recurso del agua: «al contar con un importante reservorio de agua dulce la Argentina se ha convertido en foco de intereses internacionales que fomentan la privatización de las empresas públicas de aguas», sostiene el informe.
También señala la deforestación y expansión de la frontera agrícola: «según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el país ha perdido el 70 por ciento de sus bosques desde 1935. Los bosques se eliminan y son reemplazados por zonas de explotación agropecuaria que terminan generando la erosión y desertificación de los suelos a costa de un beneficio a corto plazo».
Y en cuanto a la explotación minera: «los emprendimientos mineros, además de ser malos para el trabajador, afectan gravemente a la supervivencia de comunidades indígenas, al tiempo que busca su apoyo mediante dádivas».
La conclusión a la que arriba el texto presentado por la Conferencia Episcopal Argentina es que existe una «ausencia de un Estado con vocación política y de una legislación eficaz, capaz de poner límites a las grandes corporaciones, incentivando un uso productivo racional y equilibrado de la tierra, los recursos naturales y de la capacidad de trabajo de la persona».
Una de las propuestas de la Iglesia es que el estado «tiene su parte de responsabilidad para garantizar y velar por el bienestar de toda la sociedad, como también recae en cada ciudadano la responsabilidad de actuar con la honradez y justicia necesarias para mejorar día a día la convivencia entre todos, en la búsqueda de un bien comunitario en el que todos puedan tener una vida digna», termina diciendo el informe del episcopado argentino.