El aniversario de la detención del responsable de Wikileaks impulsa los reclamos y campañas para impedir su extradición a Estados Unidos, mientras su defensa intenta evitar que «enfrente cargos penales por publicar información veraz».
El tercer aniversario del arresto del ciberactivista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, impulsa los reclamos y campañas en redes para impedir su extradición a Estados Unidos, mientras su equipo de defensa señaló que continuarán luchando para evitar que «enfrente cargos penales por publicar información veraz». El australiano de 50 años fue arrestado desde la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019 para enfrentar la justicia estadounidense por cargos de espionaje por la publicación de WikiLeaks de registros militares y cables diplomáticos estadounidenses confidenciales.
Desde entonces se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en Belmarsh, al sureste de Londres, y el mes pasado se casó con la abogada y pareja a largo plazo Stella Moris desde dentro de los muros. Este lunes, tres años después, la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes de Australia solicitó al Gobierno federal -ahora interino antes de las elecciones del 21 de mayo-, que utilice sus vínculos con Washington y Londres para poner fin a la extradición y retirar los 18 cargos contra a él.
El sindicato, del cual Assange es miembro desde 2009, señala que el alcance de los cargos estadounidenses pondrá en peligro a cualquier periodista del mundo que escriba sobre su Gobierno. «El trabajo de Julian Assange con WikiLeaks fue importante y de interés público: exponer evidencia de crímenes de guerra y otras acciones vergonzosas de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán», dijo este lunes la presidenta federal de MEAA Media, Karen Percy.
«Las historias publicadas por WikiLeaks y sus principales socios de medios hace más de una década fueron recogidas por medios de comunicación de todo el mundo. Los cargos contra Assange son una afrenta para los periodistas de todo el mundo y una amenaza para la libertad de prensa. «El Gobierno de Estados Unidos debe entrar en razón y retirar estos cargos, y el gobierno australiano debería hacer todo lo posible para representar los intereses de un ciudadano australiano», indicó.
En tanto, se potencian en redes las campañas #FreeAssangeNow (Liberen ya a Assange) una semana después de que Wikileaks informara que la Corte de Magistrados de Westminster, en Reino Unido, emitirá una orden de extradición a Estados Unidos contra el ciberactivista. «Próxima audiencia: Corte de Magistrados de Westminster, miércoles 20 de abril, por la mañana. El magistrado dictará la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos», escribió el 2 de abril WikiLeaks en su cuenta de la red social Twitter. La orden se enviará luego a la ministra del Interior británica, Priti Patel, para su aprobación, indicó el mensaje. «La defensa de Assange va a presentar sus argumentos ante Patel, con la fecha límite del 18 de mayo», añadió.
En diciembre, el Tribunal Superior del Reino Unido anuló un fallo que dictaminaba que el editor no debería ser extraditado a los EEUU, ya que sus problemas de salud mental significaban que correría el riesgo de suicidarse. Su esposa, Stella Moris, con quien contrajo matrimonio en prisión el último 23 de marzo, denuncia que a Assange -que no fue visto por el público en tres años- no se le ha permitido estar en la corte para sus propias audiencias y que en octubre sufrió un ataque isquémico transitorio (AIT), o mini-ictus.
«La forma en que está siendo tratado es cruel e inhumana, y al público no le gusta. Así que las autoridades lo ocultan del público» denunció repetidamente la mujer en redes sociales. «Julian está siendo desaparecido porque su encarcelamiento es una desgracia nacional, una vergüenza para el estado británico y un movimiento vicioso y autoritario», agregó.
El 13 del mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido había rechazado un pedido de Assange de apelar contra la decisión de un tribunal de extraditarlo. La Corte dijo que denegó el pedido porque «no constituía una cuestión legal discutible». Esa decisión legal prácticamente agotó las vías legales de Assange dentro del Reino Unido para evitar un juicio en tribunales estadounidenses.
Washington reclama la extradición del periodista, editor e informático australiano para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de Espionaje de 1917 y uno de intromisión informática. Las imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años en prisión, se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que desvelan crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.
Antes de eso, pasó siete años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde buscó protección en 2012 para evitar la extradición a Suecia para enfrentar acusaciones de violación y agresión sexual. Suecia abandonó las investigaciones de delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había transcurrido mucho tiempo.
Los fiscales estadounidenses dicen que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde, poniendo vidas en peligro. Los abogados de Assange argumentan que su cliente no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa. WikiLeaks recibió el premio Walkley a la contribución más destacada al periodismo en 2011, uno de los premios de medios más prestigiosos de Australia.