Un creciente rechazo se registra hoy aquí a la postura de cinco prefectos opositores que, en detrimento de programas sociales, demandan recursos para sus regiones por el gravamen a la producción de carburantes. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Arce, está prevista una reunión para pasado mañana con el objetivo de conciliar esos […]
Un creciente rechazo se registra hoy aquí a la postura de cinco prefectos opositores que, en detrimento de programas sociales, demandan recursos para sus regiones por el gravamen a la producción de carburantes.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Arce, está prevista una reunión para pasado mañana con el objetivo de conciliar esos fondos, provenientes del llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Arce precisó que además de las máximas autoridades de las nueve regiones, están invitados a la cita el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y la presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Marlene Ardaya.
También se espera la presencia del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
El titular criticó la reacción de los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández y de Cochabamba, Manfred Reyes, que exigen la reposición de esos recursos que hoy se utilizan para pagar una pensión vitalicia de vejez, llamada Renta Dignidad.
A juicio de Arce, la nueva maniobra de las autoridades que integran el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) es boicotear el referendo revocatorio de mandato popular previsto para el próximo 10 de agosto.
El IDH es un impuesto creado por la Ley de Hidrocarburos que exige a las empresas petroleras el pago del 32 por ciento sobre su producción.
Parte de estos recursos financian proyectos sociales como la Renta Dignidad, una ayuda económica que beneficia a personas mayores de 60 años de edad.
Los cinco prefectos opositores reclaman exonerar a sus departamentos del pago de ese tributo, con el objetivo de emplear el dinero sólo en el desarrollo de sus respectivas regiones.
El pasado 1 de julio, Arce anunció que el Estado boliviano presentará al Congreso un proyecto de ley para devolver a las nueve prefecturas el IDH.
El funcionario adelantó que el texto se encuentra listo para ser presentado ante el Parlamento, con lo cual quedaría zanjado uno de los principales debates de la agenda nacional.
El jefe de carpeta explicó a Prensa Latina que el levantamiento de ese gravamen es posible gracias al incremento de algunos precios en el mercado internacional, que han generado un aumento en los ingresos de Bolivia.
Además, el ejecutivo repartirá 13 millones de bolivianos (cerca de millón 830 mil dólares) entre las nueve prefecturas para impulsar el progreso de los departamentos.