Indignación ciudadana por el alza de carburantes y porque autoridades del referéndum sobre el gas reciben dinero de las petroleras. Hay corrupción, dice la COB y llama al boicot. El gobierno habla de una campaña en su contra La Paz, julio 1, 2004.- Una oleada de indignación y repudio recorría hoy vastos sectores de la […]
Indignación ciudadana por el alza de carburantes y porque autoridades del referéndum sobre el gas reciben dinero de las petroleras. Hay corrupción, dice la COB y llama al boicot. El gobierno habla de una campaña en su contra
La Paz, julio 1, 2004.- Una oleada de indignación y repudio recorría hoy vastos sectores de la clase media y trabajadores tras confirmarse que las principales autoridades y funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia recibían honorarios y dinero de las más poderosas transnacionales petroleras.
Las voces de condena y protesta contra el gobierno de Carlos Mesa y las transnacionales emergieron por varias radioemisoras locales y en los sondeos realizados por los canales de televisión.
«Esto es inmoral», «es una vergüenza que cobren de las petroleras», «ya no hay confianza en nadie», «son unos sobornados», «con razón sacan informes favorables a las petroleras», «no es posible que reciban plata de la parte contraria», «el país pierde dignidad», «son intereses creados», «con esto pierde Bolivia», «es una vergüenza que un delegado del Presidente que debe investigar a las transnacionales reciba plata de ellas», «estamos muy mal, ya no hay en quién confiar», dijeron airados muchos vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto.
La molestia ciudadana se acrecentó también por el alza del precio en el gas licuado doméstico y la amenaza latente de incrementos en el precio del pan y de los pasajes del transporte, como efecto de la paulatina elevación de los carburantes, que producen y manejan en su totalidad las empresas petroleras.
«Estamos de mal en peor», «ya es inaguantable», «todas las veces suben los precios», «nos quieren matar de hambre», «ya no sé qué vamos hacer», dijeron molestos los ciudadanos de clase media entrevistados por radioemisoras y canales de televisión.
Protesta sindical
Los sindicatos y organizaciones sociales y populares también repudiaron el alza del precio de los carburantes y exigieron la renuncia del Delegado presidencial para la Capitalización, Francesco Zaratti, que admitió haber recibido honorarios, viáticos y pasajes de Petrobras, Total y otras petroleras.
«La COB (Central Obrera Boliviana) pide la renuncia de Zaratti (…) Este es un extranjero que se hace pasar por muy boliviano, pero practica actos de corrupción para favorecer a las transnacionales. Debe salir del país», dijo el líder sindical Jaime Solares al referirse al italiano que ha recibido varios miles de dólares de las petroleras y que es actualmente el principal responsable del referéndum previsto para el 18 de julio, y que es cada vez más cuestionado por los trabajadores del campo y de las ciudades.
Legalidad y ética
El pedido de renuncia fue, sin embargo, desestimado por la administración gubernamental, que esta mañana, mediante el ministro de la Presidencia, José Galindo, ratificó su respaldo a Zaratti y dijo que eran legales los pagos realizados con dineros de las petroleras.
Según establecen los contratos, las petroleras extranjeras deben financiar el costo de los viajes de trabajo de los funcionarios y autoridades bolivianas, pagar los pasajes y viáticos, los sueldos de los consultores y profesionales contratados por el Estado, financiar la compra de equipos de computación y de comunicación y otros.
«Esto es legal, aunque sea cuestionado por razones éticas», dijo Zaratti durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana, junto al ministro de la Presidencia, que lució extremadamente nervioso en la defensa del italiano.
«Hay gente que se ha organizado para impedir el referéndum», dijo al asegurar que las denuncias eran parte de una campaña contra Zaratti, «que es una persona que tiene una trayectoria impecable, pero que era, probablemente, nuestro adalid, en la defensa del referéndum».
Al servicio de las petroleras
Lo que no dijeron estas autoridades, sin embargo, fue que el decreto del ex presidente Jorge Quiroga, que regula estos pagos de las transnacionales, establece jurídicamente que los fondos que se utilizan para pagar a los funcionarios públicos son «recursos propios» de las petroleras, por lo que todos los bienes y servicios contratados con estos dineros «son de propiedad o van en beneficio» de las petroleras.
Por ello es que el Estado boliviano debe rendir cuentas a las petroleras sobre la cuantía y orientación de estos gastos.
«Las petroleras están pagando a los funcionarios y autoridades bolivianas para que elaboren informes y consultorías que son de propiedad de las compañías o para que vayan en su beneficio (…) Eso es lo indignante», dijo el ex Delegado Presidencial, Juan Carlos Virreira, que había denunciado que no era correcto que los funcionarios y autoridades encargadas de fiscalizar y negociar en representación del Estado boliviano reciban, al mismo tiempo, honorarios y dineros de las petroleras.
El boicot
«Estas denuncias -según dijo el minero Solares– confirman lo que ya ha dicho la COB, que éste es un gobierno servil a las transnacionales (..) Por eso convocamos al boicot del referéndum tramposo que sólo beneficia a las petroleras y es un gran engaño al pueblo».
En las últimas horas, un ampliado de la COB instruyó el boicot del referéndum dirigido por Zaratti, mediante la realización de marchas, movilizaciones de masas y quema de ánforas. La COB exige la nacionalización del gas y el petróleo, demanda que no ha sido incluida en la consulta que intenta llevar adelante el gobierno neoliberal de Mesa.
DECRETO CONVIERTE AUTORIDADES DE BOLIVIA EN ASALARIADOS DE LAS PETROLERAS
El Decreto Supremo 26259 y sus anexos, vigentes desde julio del 2001, han convertido a las autoridades y altos funcionarios del Estado boliviano en asalariados dependientes de las transnacionales petroleras. Este decreto y sus anexos dejan claramente establecido que son las petroleras extranjeras las que voluntariamente y con sus recursos propios las que pagan honorarios, viáticos, pasajes, equipos y consultorías a los funcionarios públicos y autoridades bolivianas.
En la cláusula Adicional del Anexo del Decreto 26259 se lee textualmente que estos fondos «constituyen recursos privados, propios del respectivo Titular (de la petrolera extranjera), y que asimismo los bienes y servicios adquiridos o contratados con dichos recursos, según corresponda, son de propiedad o van en beneficio del Titular, pudiendo hacer YPFB (la empresa estatal boliviana) uso de los mismos en tanto lo vea por conveniente, debiendo rendir cuentas al Titular sobre su aplicación y destino (…)».
Este Decreto establece, además, en el inciso tercero del anexo, que los recursos con los que se pagan a las autoridades y funcionarios públicos «son una colaboración voluntaria que no tiene carácter de impuesto, tributo, gravamen, subvención o contribución permanente al Estado».
Según estas disposiciones legales, todos los equipos y materiales que se compren con estos recursos son de propiedad de la compañías petroleras y no así del Estado. Lo propio pasa con las consultorías e informes que preparan los especialistas y expertos que han sido contratados y pagados con estos recursos, como es el caso del Delegado Presidencial para la Capitalización, Francesco Zaratti, que trabajó en el equipo que elaboró el proyecto de nueva Ley de hidrocarburos. Estos informes y consultorías, como dice el decreto, «van en beneficio» de las petroleras que pagan por ellos.
(ver decreto y anexos en www.econoticiasbolivia.com).