Copio, obviando la identidad del personaje: «Ex constituyente… afirmó que el Movimiento al Socialismo (MAS) está gestando un régimen totalitario imperial en Bolivia con el nuevo texto constitucional y que prueba de ello son las recientes acciones del Ejecutivo como la suspensión del contralor de la república». Eludo el nombre de la persona porque, quien […]
Copio, obviando la identidad del personaje: «Ex constituyente… afirmó que el Movimiento al Socialismo (MAS) está gestando un régimen totalitario imperial en Bolivia con el nuevo texto constitucional y que prueba de ello son las recientes acciones del Ejecutivo como la suspensión del contralor de la república». Eludo el nombre de la persona porque, quien dijo esto, repitió lo que declaran varios otros de su misma condición. Por tanto, asumo que es un argumento fabricado para consumo publicitario.
La primera incoherencia que resalta en la afirmación es obvia: ¿para qué se precisa de un texto constitucional, si las acciones supuestamente totalitarias se han hecho antes de aprobar la nueva CPE? La segunda es mucho más pomposa: ¿a título de qué la calificación ‘imperial’? Tiene el mismo tono grandilocuente pero vacío de aquel otro argumento en sentido que este gobierno ha convertido a La Paz, en ‘un gigantesco campo de concentración’ por el hecho de tener detenidos a una decena de acusados por actos de terrorismo.
Pero, lo más preocupante es la esencia misma de esta argumentación. ¿Cómo concilian su aceptación inicial del texto, que luego critican por supuestas alteraciones, que aceptan modificaciones propuestas para dejarlos sin argumentos, para aprobar los referendos en los que el pueblo dirá si está o no de acuerdo con ese texto. Luego de todo ese tortuoso recorrido, dicen no estar de acuerdo con la nueva Constitución y propician el voto por el NO. Uno tiene que preguntarse si creen en sí mismos.
El NO por el NO
Gonzalo Sánchez de Lozada se opuso tercamente a la Asamblea Constituyente. Argumentaba que, de aceptar su convocatoria, ese mismo momento perdía su autoridad, pues quedaba transferida a esa asamblea que, estaba seguro, le sería adversa. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier presión. Tanto es así que, cuando lo abandonaron sus aliados, aconsejado por sus acólitos, se fue a Santa Cruz con la idea de mantener, desde allí, su gobierno. Los militantes de su partido, conociendo la situación y sus intenciones, le mostraron la inconveniencia y eso determinó su renuncia.
No es que sus partidarios, los aliados y hasta quienes fungían como opositores en el marco del neoliberalismo, hubiesen finalmente aceptado la redacción de una nueva ley primordial. Simplemente se aprestaron a imponer, en la Asamblea Constituyente, algunas modificaciones que adornaran el texto para que éste mantuviese el modelo anterior. Era cuestión de engatusar a los constituyentes novatos en el manejo leguleyo.
Para muestra basta un botón y, en este caso, un botón bastante grande. Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial perdedor en diciembre de 2005, hizo campaña presentando un texto constitucional que en nada cambiaba la carta magna.
Es más. Ni siquiera se propusieron discutir alternativas del texto. Se ocuparon, desde el primer momento, en crear obstáculos para que hubiese cualquier avance. No les importó ni siquiera la muerte de algunos partidarios en medio de la violencia que desataron.
El NO por la violencia
Cuando, pese a todas sus maniobras, el texto constitucional debía avanzar a su debate plenario, incluyeron un tema propicio para desatar las pasiones; el cambio de sede del gobierno o capitalía, como ellos llamaron. Los aparentemente autonomistas, que reclaman todos los poderes del Estado para las prefecturas, inventaron el tema de llevar el gobierno a Sucre. ¿Para qué, si no quieren gobierno central?
La respuesta fue inmediata. Con operadores llevados expresamente desde Santa Cruz, de la Unión Juvenil Cruceñista, allanaron violentamente los locales en que trabajaba la Asamblea Constituyente e impidieron sus sesiones. Crearon un Comité Interinstitucional, al que se prestaron opositores y oportunistas. Desde allí exigieron a los vocales de la Corte de Justicia del Distrito que ordene a la Asamblea Constituyente incluir el tema en cuestión. Los vocales, que ya habían emitido opinión previa, pronunciaron un fallo cometiendo, deliberadamente, prevaricato.
En esas condiciones, la asamblea buscó un lugar donde sesionar, pero los delincuentes unionistas fueron hasta allí para impedir la aprobación de la nueva Constitución. La última reunión, en otro distrito, ya no pudieron impedirla. De allí en adelante, todos los actos de la oposición al gobierno violaron la ley.
La teoría del absurdo
Aprobado el texto constitucional, buscaron deslegitimarlo por el absurdo. Teñido en sangre y aprobado en un cuartel, ese texto era antidemocrático. Hicieron giras por varios países cuyos gobernantes ni siquiera los recibieron. Entonces convocaron a referendos sobre estatutos redactados por equipos profesionales, supongamos que con buenas intenciones, pero carentes de cualquier representatividad. Los resultados tenían que resultarles favorables, pero los estatutos simplemente no pudieron aplicarse porque no existía la norma que los viabilice. Eran inútiles, en tanto no hubiese una constitución Política del Estado que reconozca las autonomías.
Entonces, buscaron cambiar las reglas del juego, revocando el mandato del presidente. Fue el peor traspié que tuvieron. Aunque habrá que aclarar que, propuesto por Tuto Quiroga y sus asesores, el referendo revocatorio no contó con la aprobación a la oposición de los comités y prefectos. La contundencia de los resultados (67,4% a favor del presidente) derrotó a Quiroga y arrinconó a los opositores.
Quedaba el recurso del golpe. Lo implementaron al estilo de Luis Arce Gómez: una campaña del terror en ascenso hasta culminar en la matanza de Porvenir. De Mario Cossío a Leopoldo Fernández, todos los prefectos opositores -los que quedaron después del referendo- patrocinaron y protagonizaron actos de terrorismo en sus distritos. Son responsables directos y, en algún momento, deberán rendir cuentas de sus actos.
La mano abierta
El gobierno logró impedir el golpe de Estado. La detención del prefecto de Pando y de otros autores comprobados de los delitos cometidos entre agosto y septiembre pasados, impuso a los tribunales la obligación de juzgar esos actos, pese a la renuencia que mostraron y aún siguen mostrando. El gobierno podía detener a un número muy superior de implicados, cuyas acciones vandálicas constan en documentos públicos.
Prefirió, en aras de un mínimo grado de convivencia, tender la mano y ofrecer caminos de acuerdo para consensuar un texto que fuese llevado a referendo.
Los prefectos y comités cívicos se negaron a hacerlo. Se recurrió al Congreso Nacional y, finalmente, hubo un acuerdo. Para alcanzarlo, debió aceptarse algunas modificaciones, todo en beneficio del objetivo principal: la vigencia de una nueva Constitución inclusiva y representativa del carácter real de nuestra sociedad.
Hay constancia de que, los opositores parlamentarios salieron diciendo que harían campaña por el SI.
Pero está visto que no creen ni en su propia palabra. Los mezquinos intereses de grupo, valen más que cualquier razón, que cualquier principio, que cualquier regla ética. Terminan como están. Si no creen en sí mismos, ¿cómo pretenden que el pueblo les crea en su campaña? Debe darles vergüenza mirarse la cara.