Colectivo contra la persecución política y por derechos fundamentales en América Latina
FDCL – Berlín
El lunes primero de agosto cuatro ciudadanos peruanos fueron detenidos por la policía boliviana en la ciudad de El Alto, Bolivia. Los detenidos son José Antonio Cantoral Benavides, Williams Antonio Minaya, Hugo Walter Minaya y Blanca Riveros Alarcón. La policía halló en la oficina en que detuvo a los peruanos textos de corte marxista y volantes contra el «gasolinazo» de diciembre último como se denominó el intento del gobierno de Morales de subir en un 80% los precios de los combustibles y que fue respondido con protestas masivas. En un primer momento se les acusó de instigación a la comisión de un delito y de crear células en Bolivia para la organización guerrillera peruana «Sendero Luminoso»; incluso se les vinculó con el narcotráfico.
Lo cierto es que los peruanos detenidos son conocidos en el seno de los movimientos sociales. Aparentemente algunos de los detenidos están vinculados con el Centro de Estudios Populares (CEP) (http://estudioyrealidad.
Las acusaciones del gobierno son absurdas desde todo punto de vista. A los detenidos se les encontraron volantes llamando a la protesta contra el gasolinazo y textos de análisis político marxista. Primero, llamar a la protesta no constituye instigación a la comisión de un delito. Segundo, la policía no los encontró distribuyendo estos volantes; no se puede probar que realmente lo hayan hecho. Tercero, la Constitución Boliviana y tratados internacionales suscritos por Bolivia reconocen y protegen la libertad de opinión y expresión. Tan grotescas han sido estas acusaciones que han llevado a que el gobierno cambie su versión y pase ahora a negar que se les acuse por posesión de panfletos y literatura marxista (ver artículo en: http://www.erbol.com.bo/
La versión oficial actual da cuenta que tres de los detenidos son miembros de la organización guerrillera peruana conocida como «Sendero Luminoso». Esta organización no está proscrita en Bolivia, no podría constituir delito de pertenecer a la misma en Bolivia sin haber cometido expresamente un acto criminal. Además, «Sendero Luminoso» se reduce hoy en día a grupúsculos diletantes que quasi vegetan en la selva peruana sin ninguna conexión con movimientos populares y aparentemente en contubernio con el narcotráfico. Es absurdo afirmar que los remanentes de un «Sendero Luminoso» sin rumbo, raquítico y extremamente aislado del pueblo esté generando células en Bolivia.
Los ribetes de esta persecusión política son graves teniendo en cuenta que los detenidos son personas altamente vulnerables. Uno es refugiado político y los otros han solicitado el asilo político en Bolivia. La expulsión les significaría a los peruanos la prisión a penas privativas de la libertad de por lo menos 15 años. La legislación anti-terrorista vigente en el Perú es la misma que fue promulagada bajo el régimen autoritario de Fujimori (1990-200). Según esta legislación, por ejemplo, la sola pertenencia a una organización terrorista sin que se haya cometido ningún acto delictivo es penada con 15 años de prisión. Esta legislación anti-terrorista fue la que llevó a la cárcel a decenas de miles de peruanos en la década de los noventa en las que sufrieron un encierro medieval que violaba derechos humanos fundamentales. Pero lo más grave es que el Poder Judicial no garantiza un juicio justo. Los jueces peruanos siguen casi siempre las consignas del poder político. El nuevo gobierno de Ollanta Humala, que muchos califican erróneamente de izquierdista, no representa ninguna garantía de cambio para los perseguidos políticos en el Perú y esto lo acredita su pasado como militar (bajo el seudónimo del «Capitán Carlos») acusado de violaciones de derechos humanos durante la guerra interna.
En este mismo caso se encuentra un ejemplo de la cacería política y la falta de independencia del Poder Judicial en el Perú. Uno de los detenidos en Bolivia, José Cantoral Benavides le ganó una demanda al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. El Estado peruano fue condenado en el año 2001 al pago de una indemnización de 3,000 dólares de los Estados Unidos de América a José Cantoral por los «daños mateiales e inmateriales como consecuencia de los hechos del caso». Este caso se refiere a la persecusión y prisión injustificada de su hermano Luis Alberto Cantoral por el delito de terrorismo (ver la sentencia de la Corte Interamericana: http://www.tc.gob.pe/corte_
La detención arbitraria de los cuatro peruanos ha sido denunciada por activistas de derechos humanos y políticos bolivianos. El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Víctor Vacaflores, ha afirmado que «el gobierno está impedido de presentar las pruebas … porque no se penalizar el libre pensamiento más allá del contenido de los materiales». Por su parte, Felipe Quispe, ex-ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y fundador del Ejército Guerrillero Tupak Katari ha señalado que «el gobierno de Evo Morales aplica el «Plan Orinoca» con el cual pretende eliminar a todos sus adversarios políticos» (para más información a este respecto ver: http://www.erbol.com.bo/
La persecución que hace el gobierno de Evo Morales de estos ciudadanos peruanos no solamente tiene la marca de una sucia persecusión política contra quienes desde la izquierda pongan en cuestionamiento las políticas del gobierno sino que representa un acto de cobardía en tanto se afecta a un colectivo extremadamente vulnerable. Enviar a jóvenes de izquierda a las fauces de un Estado y Poder Judicial peruanos altamente represivos que no les brindan las garantías de un estado de derecho contradice el espíritu de un gobierno popular como se reputa el de Morales en Bolivia. Si el gobierno boliviano pretende ser mínimamente consecuente con principios de un gobierno de izquierda y popular debe poner en libertad inmediatamente a los cuatro ciudadanos peruanos detenidos.
El Colectivo contra la persecución política y por derechos fundamentales en América Latina
FDCL – Berlín demanda la inmediata liberación de los cuatro detenidos peruanos, su no expulsión al Perú y que se les brinden todas las garantías para que puedan continuar residiendo en Bolivia u otro país de su elección.
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