COCHABAMBA (BOLIVIA).- Acusado por los delitos de «asesinato, alzamiento armado, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, incendio, conspiración, daño calificado, desastre de medios de transporte, atentado de la seguridad de los transportes, atentado contra los servicios públicos, terrorismo, sabotaje, privación de libertad, atentado contra la libertad de trabajo y coacción», presuntamente cometidos en octubre de […]
COCHABAMBA (BOLIVIA).- Acusado por los delitos de «asesinato, alzamiento armado, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, incendio, conspiración, daño calificado, desastre de medios de transporte, atentado de la seguridad de los transportes, atentado contra los servicios públicos, terrorismo, sabotaje, privación de libertad, atentado contra la libertad de trabajo y coacción», presuntamente cometidos en octubre de 2003, el dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora del Agua y del Gas, Oscar Olivera Foronda, fue citado a declarar el viernes 11 de febrero ante una representante de la Fiscalía General de la Nación.
Con semejantes acusaciones, ¿estaremos ante un peligroso terrorista?, se preguntarán nuestros lectores.
Oscar Olivera Foronda, dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y del Gas, al igual que otros dirigentes como Felipe Quispe, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, David Vargas, Faustino Ugarte y Evo Morales están siendo buscados por la «justicia» boliviana para que declaren por los sucesos de la «guerra del gas».
¿Y el principal culpable de los asesinatos a 67 bolivianos y bolivianas? Bien, muy bien. Gonzalo Sánchez de Lozada y su principal colaborador, conocido como el ex «ministro de la muerte» Carlos Sánchez Berzaín, se encuentra gozando de las playas de Miami bajo la protección del presidente «antiterrorista» George W. Busch.
Aunque el 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional determinó iniciar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y todos sus ministros, hasta ahora no se concretó ninguna acción judicial.
La resolución congresal fue tajante: «El Congreso Nacional autoriza la remisión del proceso relativo al juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial conformado por Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc del Carpio, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal, Guido Áñez, Adalberto Kuajara, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Mirtha Quevedo, Javier Comboni, Carlos Morales, Jorge Berindoague, José Guillermo Justiniano y Jorge Torres, por violación a los derechos y garantías individuales consagradas en el título primero de la Constitución Política del Estado en sus artículos 6, 7, 9, 12, 13 y 21 y el artículo 138, párrafo 2º y 3º del Código Penal, según el requerimiento del 21 de noviembre del 2003. Es dada en el Congreso Nacional a los 14 días del mes de octubre de 2004».
En los últimos días se conoció que Sánchez de Lozada -conocido con el sobrenombre gringo de «Goni»- vendió sus acciones de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) a la empresa suiza Glecore Internacional A.G por la suma de 220 millones de dólares.
El fiscal general de la nación, Pedro Gareca, que asumió el cargo el 17 de diciembre pasado, justificó esa acción por «errores procesales» de sus antecesores y determinó anotar preventivamente el resto del patrimonio del ex Jefe de Estado.
El dirigente fabril ante la fiscal María Luisa Torres declaró: «Quiero añadir que veo con absoluta preocupación e indignación que el Poder Judicial, el Ministerio Público, en ciertos niveles, como el caso del Fiscal General actúa con absoluta negligencia cuando primero se pone en el banquillo de los acusados a los dirigentes y no así a los verdaderos responsables y, el último caso y objetivo es que hace un mes el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada, denunció ante el fiscal que el señor Sánchez de Lozada estaba a punto de vender la empresa que tiene en Bolivia, como es COMSUR y no hizo nada para evitar este hecho».
La proposición acusatoria contra los dirigentes del movimiento popular boliviano fue presentada por la abogada Gislaine Cerball de Mittelstand, según Olivera Foronda, todas las acusaciones son absolutamente falsas. «Consideramos nosotros que esta abogada está siguiendo instrucciones del señor Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para pretender criminalizar y penalizar a las organizaciones sociales y sus portavoces», remarcó.
Una vez conocida la determinación del Parlamento Nacional, el ex presidente Sánchez de Lozada, desde Washington DC (Estados Unidos), dijo que se resistirá a una posible orden de extradición, exigió una investigación internacional de las muertes ocurridas durante la movilización social que llevó a su renuncia y agregó que el actual presidente Carlos Mesa «fue parte del golpe».
»El vicepresidente fue parte del golpe», dijo Sánchez de Lozada, quien equiparó a Mesa con la figura del socialista moderado ruso Alexander Kerensky que tomó las riendas de su país después de la caída del zar Nicolás y acabó siendo víctima de la revolución bolchevique. »Mesa cabalga sobre el tigre, pero puede acabar en su estómago», advirtió el ex presidente.
El caso de «Pacho» Cortés
La criminalización y penalización de las protestas sociales en Bolivia no es nueva. Hace exactamente 22 meses, el colombiano Francisco Cortés Aguilar conocido como «Pacho» fue detenido acusado de terrorismo, alzamiento armado, espionaje y narcotráfico.
El 10 de abril de 2002, en un espectacular show mediático, Cortés junto a los dirigentes cocaleros Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda y dos menores de edad fueron detenidos en La Paz.
El «operativo antiterrorista»que se realizó durante el gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada estuvo manejado por la misma DEA norteamericana, según reconoció una autoridad boliviana concretamente el Viceministro de Gobierno.
Aunque en todo este tiempo, el Ministerio Público no pudo comprobar contra los «narcoterroristas» ninguna de las acusaciones siguen detenidos.
Cortés estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y San Pedro, luego de pagar una fianza, desde el 24 de enero de 2004, se encuentra con detención domiciliaria en una vivienda ubicada en la Calle Nicolás Acosta, kilómetro 7, pasaje José Palma (Alto San Pedro) de La Paz.
«Cárcel privada, represiva e inhumana» se lee en un cártel al ingreso de la casa de «Pacho». En una carta fechada el 24 de enero y dirigida al presidente Carlos Mesa, el colombiano le pide que se constituya una visita oficial para que pueda verificar su situación de encarcelamiento, recibir en forma directa y verbal su denuncia contra las autoridades judiciales y del Ministerio Público y elevar los correspondientes informes tanto a nivel nacional como internacional sobre la violación a sus derechos y las acciones contra quienes están permitiendo estas irregularidades y atropellos en contra de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales como a la vida, salud y seguridad, a emitir libremente ideas y opiniones, al trabajo, a la educación, a la libre locomoción, a la propiedad privada y relación social, al ambiente natural y a la oportunidad a un juicio justo.
«Es importante recordar que el gobierno boliviano encabezado por usted adquirió un compromiso político y social en el marco de la misión internacional de la Vía Campesina y de Derechos Humanos llegada a Bolivia en el mes de junio del año pasado donde se conformó una comisión interinstitucional que revisaría y vigilaría el caso nuestro, sin embargo hasta el día de hoy no he visto voluntad política ni acciones concretas en ese sentido», dice en su carta.
Cortés asegura que su detención política es parte de la penalización y criminalización de la vida social y popular.
Al lado de las bases
Estos no son los únicos casos en Bolivia. El dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST), Gabriel Pinto, el dirigente de la Federación del Trópico, Marcelino Jancko y otros se encuentran detenidos en forma injusta.
Oscar Olivera en sus declaraciones ante la fiscal dijo que los responsables de los hechos ocurridos en octubre de 2003 están plenamente identificados para todo el pueblo boliviano: «Primero a Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Manfred Reyes Villa, como aliados de este gobierno, a su gabinete de entonces a la cabeza de Sánchez Berzaín, cerebro gris de toda la planificación para asesinar gente».
Ante el oscuro accionar de una parte de la «justicia» boliviana, los movimientos sociales continúan realizando actividades para impulsar el cumplimiento de la agenda de octubre: Asamblea Constituyente Popular, nueva Ley de Hidrocarburos y juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ex ministros.
Diferentes movimientos sociales bolivianos se encuentran en la tarea de buscar alianzas y estrategias para iniciar en los próximos días una serie de medidas de presión y exigir al gobierno y a otras autoridades atención a sus demandas…