La actual crisis política en Bolivia radica en la disfuncionalidad del ordenamiento jurídico y la configuración del poder estatal. En necesario en tal sentido convencerse de una vez que estamos frente a una estructura jurídica (CPE) insuficiente para contener la emergente configuración del poder constituyente (pueblo) y el empoderamiento ciudadano. El poder delegado a las […]
La actual crisis política en Bolivia radica en la disfuncionalidad del ordenamiento jurídico y la configuración del poder estatal. En necesario en tal sentido convencerse de una vez que estamos frente a una estructura jurídica (CPE) insuficiente para contener la emergente configuración del poder constituyente (pueblo) y el empoderamiento ciudadano.
El poder delegado a las instituciones, (Prefecturas, alcaldías, etc.), a los movimientos sociales (Federaciones de campesinos, obreros, comerciantes y otros), a los pueblos y naciones indígenas originaria campesinas, la ciudadanía (desde el derecho individual y el derecho colectivo), y a los movimientos cívicos (Departamentales y provinciales), son hechos que explican la resistencia civil y/o el empoderamiento de la sociedad y desde donde se puede entender el alto grado de conflictividad, y por ende plantear las opciones de solución.
La crisis política y el alto grado de conflictividad nacional analizados desde la resistencia civil lleva inevitablemente a tocar el papel de las prefecturas departamentales y las estrategias políticas (pacíficas y violenta) en las que estas se movieron e involucraron.
El empoderamiento de los movimientos y organizaciones sociales, llevan a visibilizar los derechos consuetudinarios excluidos y el derecho positivo no implementado a lo largo de la vida republicana, fundamentalmente.
Entonces el empoderamiento y la resistencia civil confluyen para afirmar la necesidad de una nueva carta magna donde el imaginario de la colectividad boliviana esté expresado de manera positiva y participativa.
Las demandas
A los gobiernos prefecturales y los cívicos cruceños la historia les confió la responsabilidad de llevar adelante la autonomía y descentralización administrativa departamental en la misma medida que las autonomías indígenas a los movimientos sociales y las organizaciones indígenas.
En ese entendido mientras las autonomías indígenas fueron planteada a las instancias creadas para su tratamiento (Asamblea Constituyente y poderes constituidos) con elementos constitucionales claros y de manera monolítica por el conjunto de las organizaciones indígenas a nivel nacional, las demandas departamentales estaban divididas; por un lados las prefecturas (antes del 10 de agosto) de Oruro y Potosí estaban alineados al poder central con planes de una mera descentralización administrativa, mientras que Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija se proponían implementar regimenes de autonomías sin un marco jurídico que los contenga.
Un papel entredicho ocurrió en las prefecturas de La Paz y Cochabamba donde se jugaban entre lo uno y lo otro, (autonomía o descentralización) con un mando prefectural alineado a los fines opositores, pero con una población mayoritaria afín a las gestión del poder central. Estas dicotomías se resolvió en el referéndum del 10 de agosto cuando por voto universal se revocó al los prefectos de La Paz Y Cochabamba.
Estrategia de oposición.
La dinámica de oposición prefectural y cívica cruceña, particularmente, a partir del 2006 consistió en acopiar y administrar todos los conflictos que la sociedad y el estado generaban en su relacionamiento. En cierta manera la profundización y el manejo a las contradicciones Estado – Sociedad fue la línea de acción opositora y no así el análisis objetivo del ejercicio del poder y sus leyes.
Al intentar profundizar el conflicto, las prefecturas propusieron una nueva norma, para dar significancia a un imaginario radical, altamente inestable exponiendo derechos que privilegian la a las logias de poder con componentes raciales, regionalistas y de clase, cuya manifestación se evidencio, primero en el debate constituyente en la ciudad de Sucre y después en el genocidio de campesinos en el departamento de Pando.
Desde la propuesta y la supuesta aplicación de una nueva norma (Estatutos Autonómicos) las prefecturas y los cívicos cruceños instrumentalizaron los imaginarios y la identidad de la ciudadanía cruceña. Desde el contenido de esta misma propuesta polarizaron el debate. Es la instrumentalización y polarización del conflicto la que configura las primera disfuncionalidades institucionales y el descontrol de sus operadores políticos. (Después de la tomas empezaron a repartirse las instituciones sin ningún criterio a no ser de aquel que de el derecho al que llegó primero)
Perspectiva de negociación
Existió siempre en la oposición la necesidad de consolidar alianzas. En este de alianzas del Comité Cívico cruceño y la prefectura; posiblemente el proyecto mas avanzado se dio en la conformación del Consejo Nacional por la Democracia CONALDE.
En un principio, con las 6 prefecturas departamentales y sus respectivos Comités Cívicos con acuerdos en marcha pero no consolidados desde el CONALDE se pensó que sus propósitos se irían materializando, pero su afán por «meter leña a los conflictos» no les permitió evaluar la magnitud y el grado a la que el gobierno había concedido para empoderar a los movimientos sociales y las organizaciones de los pueblos indígenas, empoderamiento que venía acompañada de una construcción ideología contrahegemónica al de dominación de la clase dominante y que se pudieron evidenciar en una serie de hechos (revocatoria de prefectos de Cochabamba y La Paz, resistencias a los paros cívicos en Yapacaní, Montero, San Julián, el Plan tres mil y gremialistas del área urbana, el genocidio en Pando, las tomas y destrucciones de instituciones estatales en la media luna y otros) que en definitiva afectarían la débil alianza del CONALDE y su oculta relación con el Imperio Norteamericano
En ese sentido dos evidencias son importantes resaltarlas:
Primero: El bloque cívico prefectural y el CONALDE, en Santa cruz se ven disminuidos en su representatividad negociadora con la detención del Prefecto de Pando y el nombramiento de uno nuevo que debemos entenderlo alineado al bloque de prefectos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro.
Segundo: Un sentimiento de culpabilidad, si no de derrota, del CONALDE en cuanto pierde legitimidad su pronunciamiento del 3 de septiembre. Es claro que el pronunciamiento fue hecho a los apuros y con la sola finalidad de expresar el repudio y resistencia a la convocatoria del referéndum del 7 de diciembre del 2008. Un bosquejo rápido de este pronunciamiento se hace en el siguiente párrafo.
Se trata ahora de entender el pronunciamiento y sus resultados: a) se buscó masificar el bloqueo de carreteras, (sin resultados positivos); b) seguir boicoteando la propuesta del texto constitucional para impedir llevarla a un referéndum (sin embargo no la evita y avanza la propuesta gubernamental); c) implementación de los estatutos autonómicos (Se deslegitima su implementación inmediata y se negocia); d) conformar un frente amplio para la defensa de la democracia que trabaje para la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia (El CONALDE no pudo estructurar ningún frente amplio por su poca credibilidad; el frente se dio por iniciativa del gobierno y patrocinada por la UNASUR); f) y por último denunciar al pueblo boliviano la persecución política a las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos (la única denuncia pública fue defender a Leopoldo Fernández y a los que participaron en el genocidio de Pando, y sin duda es lo menos acertado desde el punto de vista político; se percibe exacerbación hacia la fidelidad y alianza con el fin de protegerse de posibles demandas jurídicas.
Estas dos evidencias nos deben llevar a reconocer la pésima gestión política del CONALDE, de la Prefectura departamental y del Comité Cívico cruceño, y concluir que estamos frente a quienes vienen postergando todo tipo de autonomías, (departamental, municipal, regional e indígena campesina originaria), confundiendo a la población y propiciando niveles altos de violencia con el único objeto de favorecer intereses transnacionales.
Los sujetos que deben negociar :
Son las partes en conflicto las que deben empezar a negociar, a través de representaciones legítimas.
Las partes en conflicto son los movimientos sociales, el plan tres mil, los pueblos indígenas, los colonizadores (todos con representación legítima a través de las cabezas de sus organizaciones); la Policía, las Fuerza Armadas, las instituciones estatales(que deben ser representados por el Poder Ejecutivo) la comunidad internacional (UNASUR y representantes por el peligro que significa la intromisión Norteamérica para la seguridad de la región) y la población urbana de las provincias y de la capital cruceña (que debiera ser representada por el Comité Cívico, pero por lo que se dijo mas arriba es claro que seguirá transitando senderos de ilegalidad, intolerancia, racismo, violencia y regionalismo)
Ante esto se tiene el gran desafío de conformar una organización representativa de la región, (que no privilegie el poder económico de las élites) que muestre la pluralidad en el ámbito económico, político, productivo, educativo, sindical, corporativo, cultural, etc. con la visión de promover el desarrollo y el progreso, y con criterio de unidad nacional.
La emergente representación regional tendrá que descubrir la retrógrada finalidad de las logias cruceñas y la antidemocrática representatividad del Comité Cívico cruceño.
Cerco y llegada a Santa cruz de los movimientos sociales
El cerco a Santa cruz, impulsados por los movimientos sociales, lo mineros de Huanuni, los colonizadores y pobladores de Yapacaní y San Julián ya dejan de ser un mero boicot a la feria internacional (símbolo del emprendimiento regional) realizada en la capital cruceña.
El cerco es la materialización política de un proceso de transformación y de la derrota del proyecto oligárquico en el occidente boliviano desde el empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesino. Es pues la capacidad de estos de tomar decisiones políticas de interés nacional desde la construcción de una nueva hegemónica popular.
¿Pero qué pasa en Santa Cruz? El cerco de Santa Cruz, ¿Debe traducirse en una amenaza que demande la capitulación de los prefectos y del comité cívico cruceño? Claro que no, no por ahora, sin embargo el curso de las negociaciones podrían definirlo con más claridad.
¿Es entonces, la muestra de fuerza de un «ejercito» que amenaza y demanda que no se vuelva a destruir los bienes públicos y se respete el papel rector del Estado en la vida institucional?
Probablemente las demandas de los movilizados reflejen algo de esto. Habría que analizarlas con más detenimiento
Lo mas seguro es que el cerco a Santa Cruz sea la actitud que reafirma el sentido de República Unitaria para Bolivia, sea al mismo tiempo la determinación manifiesta de los movimientos sociales de avanzar con las autonomías indígenas construyendo una corriente hegemónica en torno a la república unitaria y con garantía constitucional. Este es el mensaje que jamás pudo posesionar el Comité Cívico y la prefectura, es además las circunstancias a las que se opuso permanentemente, en ese sentido es fácil determinar que las cosas no las hizo nada bien.
El error de las fuerzas reaccionarias en Santa Cruz, se centró en haber jugado con la autonomía, asignándola indiscriminadamente dos caras (de acuerdo a la ocasión); una como separatismo y/o unidad, y otra como elemento de chantaje y/o estrategia de negociación.
Hegemonía y el problema de representación regional.
A principios del 2006 la cara de la burguesía cruceña fue progresista desde sus propuestas mediáticas (Autonomías, democracia, libertad). Esto Antonio Gramsci lo entendería como postura de una revolución pasiva, donde los segmentos políticamente hegemónicos de la clase dominante y dirigentes intentan meterse «en el bolsillo» a sus adversarios y opositores políticos .
La revolución pasiva tendría que haberse traducido en la invisibilización de las contradicciones de clase y las desigualdades socioeconómicas y regionales, dado el supuesto que en el poder no radicaba sus intereses, sino en mantener las relaciones de dominación existente; que es lo que le interesa a toda clase dominante que dirige un estado de corte neoliberal y burgués.
Contrariando esta lógica prefirieron disputarse la administración estatal, porque desde él obtenían su riqueza y su fortaleza.
Entonces dos hechos quedaron descubiertos: a) la existencia de las inhumanas relaciones de dominación en la que se sustenta la oligarquía y los grupos de poder, y b) el rol que jugó el estado (hasta antes de Evo Morales) como subvencionador de las crisis y pérdidas económicas del gran empresariado cruceño.
En ese entendido la representación cívica no fue nunca la del pueblo cruceño, sino la de logias de poder que operan económicamente en la institucionalidad cruceña y las cooperativas de servicio.
Hoy es vital entender esta hegemonía desde la identidad cultural tradicional hacia una construcción ideológica cruceña, contrahegemónica que fortalezca la identidad con miras a Estado Plurinacional, (distinta a la heredada de una generación cívica pasada y difundida aun por Carlos Valverde y la Falange Socialista Boliviana [1] en Santa Cruz)
El empoderamiento de los movimientos sociales y los pueblos indígenas del oriente, mas la construcción de una ideología insurgente urbana va en franca resistencia, contra la instrumentalización de los grupos y logias de poder.
http://carloslaraugarte.blogspot.com/
[1] FSB en la actualidad sintetiza una fracción ideológica del fascismo cruceño