El gobierno de México defendió este lunes la represión de las fuerzas de seguridad federales contra la protesta social en la capital del estado meridional de Oaxaca, en la víspera, pues ello permitió recuperar «la paz y tranquilidad públicas». Pero la evidencia indica lo contrario. «La situación empeoró. Hemos sido objeto de una violenta e […]
El gobierno de México defendió este lunes la represión de las fuerzas de seguridad federales contra la protesta social en la capital del estado meridional de Oaxaca, en la víspera, pues ello permitió recuperar «la paz y tranquilidad públicas». Pero la evidencia indica lo contrario.
«La situación empeoró. Hemos sido objeto de una violenta e inaceptable represión, que dejó (el domingo) tres muertos, más de 50 detenidos, varios desaparecidos y algunos casos de tortura», aseguró a IPS Florentino López, portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Flavio Sosa, otro de los dirigentes de la Asamblea, advirtió que las negociaciones políticas permanecerán cerradas mientras se mantengan en Oaxaca las fuerzas policiales nacionales, que a su entender están integradas por «criminales y violadores».
Pero el presidente Vicente Fox, quien termina sus seis años de gestión en diciembre, ve otro panorama. «Hoy en Oaxaca se ha recuperado la paz social», declaró este lunes.
«Ahí (en Oaxaca) se pudo sumar el diálogo y la búsqueda de acuerdos con la implantación del orden y el respeto a la ley. El valor del diálogo fue fundamental para que hoy tuviéramos el regreso de la paz y la tranquilidad», expuso.
En la tarde de la víspera, miles de policías, vehículos antimotines y tractores de alto poder, ingresaron a Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre. A golpe de garrotes, empujones y con la descarga de bombas de gases lacrimógenos y chorros de agua, los agentes policiales desalojaron los campamentos y barricadas que en calles y parques de esa ciudad mantenía la APPO.
Los rebeldes, que en su mayoría no ofrecieron resistencia y prefirieron atrincherarse en los edificios de la estatal universidad Autónoma Benito Juárez, realizaron este lunes marchas por la ciudad de Oaxaca en demanda de la salida de la policía y la renuncia inmediata del gobernador del estado, Ulises Ruiz.
El conflicto en ese distrito, iniciado el 22 de mayo con protestas de profesores en reclamo de mejoras salariales, escaló a su nivel actual en medio de negociaciones frustradas entre el gobierno y la APPO y sin que las autoridades oaxaqueñas y los legisladores hayan logrado encontrar alguna solución.
La principal demanda hoy de los manifestantes es la renuncia de Ruiz, a quien acusan de corrupto y represor. Pero ese gobernador, que milita en el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), se niega a tomar ese camino, pese a que también es presionado hasta por sus correligionarios y por el gobierno de Fox.
Este lunes, los diputados del gobernante Partido Acción Nacional y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, aprobaron, sin apoyo del PRI, un «punto de acuerdo» en el que exhortan públicamente a Ruiz a renunciar.
Mientras, Emilio Gamboa, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pidió al gobernador «realizar un acto de conciencia para analizar su permanencia en el cargo».
Según López, de la APPO, la incursión policial de la víspera produjo más de 50 detenidos y varias personas desaparecidas que habrían sido conducidos a instalaciones militares, donde estarían siendo torturados. Además, aseguró que se registraron tres muertes.
Sin embargo, portavoces del gobierno nacional negaron tales versiones, aunque reconocieron que la actuación policial del domingo dejó como saldo la existencia de 23 detenciones y un muerto, quien sería un joven que habría sido herido por un petardo (juego artificial hecho con pólvora) que él mismo manipulaba.
La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desplegó a 18 observadores a Oaxaca, coincidió al indicar que por la acción policial tiene registrado un muerto, el mismo joven del que habla el gobierno. Según su versión, murió al ser impactado por una bomba lacrimógena.
El diálogo con la APPO se mantiene abierto y los profesores sindicalizados de Oaxaca, que son el motor central de la revuelta social que se registra en ese estado, suspenderán la paralización de sus actividades y regresarán a clases este mismo lunes, declaró el vocero presidencial, Rubén Aguilar.
Pero la APPO negó que vaya a dialogar con el gobierno si la policía no sale de Oaxaca, mientras que la reanudación de las clases no se produjo.
En las principales calles y parques de Oaxaca, la policía se mantuvo vigilante este lunes, pero en otras, simpatizantes de la APPO volvieron a instalar barricadas. Mientras, las actividades comerciales y turísticas en esa ciudad se mantuvieron a media máquina.
El secretario (ministro) de Seguridad, Eduardo Medina, explicó que la decisión de usar la fuerza en Oaxaca partió de la tesis de que no se podía permitir que la violencia y el desorden sigan imperando en ese estado del sur del país.
«El uso de la fuerza no es la solución de un conflicto social y político. Pero hubo que usarla y ahora lo que viene es el diálogo y la negociación por los cauces institucionales», señaló.
Medina rechazó la tesis de la APPO que indica que la decisión de usar a la policía en Oaxaca apuntó a respaldar al cuestionado gobernador de ese estado. Se trató de una acción dirigida exclusivamente al restablecer el orden, enfatizó.
El ingreso de la policía se produjo un día después de que se registraran violentos enfrentamientos entre miembros de la APPO y grupos opuestos ligados a las autoridades estaduales, los más graves desde que en mayo se desató el violento conflicto social y político en ese distrito.
En esos choques se usaron armas de fuego en ambos bandos, según se constató por las imágenes captadas en el lugar por camarógrafos y fotógrafos, con un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas el estadounidense Bradley Roland Will, colaborador del grupo periodístico independiente Indymedia, hecho que ameritó una protesta de la embajada de Estados Unidos en México.
Los asesinos fueron hombres armados vestidos de civil identificados como policías y autoridades municipales ligadas al PRI.
Diversos grupos humanitarios denuncian que los miembros de la APPO han sido atacados en numerosas ocasiones por esos grupos y aparentes sicarios. La gran mayoría de los 15 muertos en lo que va del conflicto en Oaxaca contabilizados por las autoridades formaban parte de esa organización social.
Para el académico y politólogo del Colegio de México Sergio Aguayo, la incursión de la policía en Oaxaca no resolvió el conflicto y por el contrario podría agravarlo.
Similar opinión expresó el historiador Lorenzo Meyer para quien jugaron en la decisión de usar la fuerza en Oaxaca presiones ejercidas por la embajada de Estados Unidos tras la muerte del periodista Roland Will.
Miguel Granados, columnista del diario Reforma y del semanario Proceso, advirtió que, si el conflicto no encuentra un cauce político inmediato, la policía que ocupa Oaxaca podría terminan siendo atacada por la población. (FIN/2006)